Iván Restrepo
La semana pasada el
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ser partidario de que los
estudiantes sean aceptados en las universidades y preparatorias del
sector público sin realizar los exámenes de admisión ahora vigentes.
Consideró que han sido durante décadas un mecanismo de exclusión. Y que
todos tienen que tener la oportunidad de estudiar e incluso si llegan con rezagos, que haya un periodo de actualización, de mejora educativa... es mil veces mejor tener a un joven estudiando que en la calle... la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo.
Varios rectores señalaron que no es viable eliminar dichos exámenes,
pues la demanda de ingreso superaría la capacidad de recepción de
alumnos. El rector Enrique Graue, concuerda en que se necesita ampliar
la matrícula en las instituciones de educación superior. Pero que no es
factible eliminar los actuales sistemas de admisión en la máxima casa de
estudios del país, pues cada año buscan ingresar a ella más de 500 mil
jóvenes, y la institución no tiene la capacidad para admitir a todos.
Jaime Valls Esponda, secretario de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), destacó
que
cuando los jóvenes no tienen las capacidades para estudiar, se inicia el proceso de deserción y eso también es frustrante para ellos, como ocurre en otros países.
López Obrador reiteró y explicó su propuesta y su plan para crear 100
universidades públicas gratuitas y así revertir el rezago existente en
la educación superior. Lo hizo ante invitados de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), que tuvo una reunión en México.
Dijo que los últimos 30 años se dejó de invertir en la educación
pública y por eso no hay cupo para todos y se rechazan 300 mil jóvenes
cada año en las universidades del Estado.
Seguramente el Presidente ya sabe lo que fiscalmente costará
establecer esos 100 nuevos centros del saber; las ciudades donde estarán
ubicadas y las instalaciones para albergar a los alumnos. Las carreras
que se impartirán y los equipos de alta especialidad indispensables en
algunas; el profesorado calificado y el personal administrativo idóneo
para su exitoso funcionamiento y no ser universidades de cuarta
categoría; los estudios de mercado que demuestren que, al terminar su
carrera, los egresados tendrán empleo. ¿Habrá sindicatos manejados
caciquilmente?
Lo del empleo preocupa por la realidad que hoy viven miles de jóvenes
profesionistas: están desocupados. Eso ocurre en el área que mejor
conozco. Carecen de trabajo miles de agrónomos, biólogos, economistas
agrícolas, botánicos, limnológos, especialistas en ambiente y los
recursos naturales. Para sobrevivir se ocupan en variados oficios: desde
taxistas hasta vendedores de seguros o en el comercio informal. Las
dependencias oficiales tienen datos sobre esa triste realidad. Y no
ejercen la profesión para la cual estudiaron porque el sector público
carece de recursos para utilizarlos y el empresarial se nutre de los
egresados de universidades privadas. Además, en el actual sexenio la
austeridad dejó sin trabajo a miles. Sumemos los que salieron mal
preparados para el desempeño de su especialidad.
En contraste faltan especialistas para laborar en las áreas naturales
protegidas o vigilar el estricto cumplimiento de la ley en la zona
marítima federal terrestre; combatir la contaminación que genera la
industria, el comercio y los servicios; garantizar la calidad del agua
que se consume en las ciudades e impedir que las 300 cuencas
hidrográficas del país sean basurero de centros urbanos y los sectores
productivos; evitar el uso indiscriminado de los plaguicidas, y combatir
el calentamiento global. Agrego los egresados con empleo público que no
reciben los salarios que merecen.
Mientras el Presidente cumple su promesa de crear 100 universidades,
urge apoyar con más recursos a las existentes y elevar el nivel
académico de varias; acabar con el manejo caciquil en más de una y
transparentar el uso de los recursos que reciben del Estado para que
nunca más haya otra estafa maestra.
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