Fueron reportadas por bancos de EU y GB
Involucrados, familiares y personas cercanas al aún ministro de la SCJN, según información de la SEIDF
Con base en la denuncia presentada por la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), en la
primera quincena de agosto la Fiscalía General de la República (FGR)
inició una carpeta de investigación que involucra a Eduardo Medina Mora,
ministro y ex embajador de México en Estados Unidos y Gran Bretaña, en
la posible realización de operaciones financieras consideradas
irregulares (con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero) por
103 millones de pesos.
Funcionarios federales confirmaron que el organismo que encabeza
Santiago Nieto Castillo solicitó al Ministerio Público Federal
investigar la presunta realización de transferencias ilícitas reportadas
por autoridades financieras de Estados Unidos y Gran Bretaña.
El área de la FGR encargada de la indagatoria es la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y es la
misma que meses atrás llevó a cabo las indagatorias relacionadas con los
sobornos entregados por Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, ex director
de Pemex, y las referidas a Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de
Desarrollo Social, vinculada a proceso por la presunta comisión de
ejercicio indebido del servicio público, lo que ocasionó un daño
patrimonial al erario federal por más de 5 mil millones de pesos.
Reportes financieros
De acuerdo con la información obtenida de funcionarios
federales, la indagatoria se concentra en 60 operaciones realizadas por
Medina Mora y sus dependientes económicos, sin que se haya determinado
si en realidad existieron irregularidades, ya que la información que
envíen las sucursales de HSBC, tanto en Estados Unidos como en Gran
Bretaña, debe ser confrontada con los reportes financieros que la
defensa de Medina Mora deberá aportar para que se desestime cualquier
comisión de actos ilícitos.
Presuntamente se transfirieron a las cuentas de Medina Mora
cantidades que no corresponden a sus ingresos reportados de manera
oficial, por lo que se considera que incurrió en operaciones con
recursos de procedencia ilícita, delito que no merece prisión preventiva
oficiosa.
La FGR no ha emitido ningún citatorio para Medina Mora, quien
presentó el jueves ante el presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN). Ahora corresponderá al Senado aceptar la
dimisión y designar al sustituto.
La FGR ha solicitado información a Estados Unidos y Gran Bretaña para
confirmar los datos aportados por la UIF, ya que los presuntos
movimientos financieros irregulares involucrarían a familiares y
personas cercanas a Medina Mora.
En junio pasado, el ex titular de la Procuraduría General de la
República (de diciembre de 2006 a septiembre de 2007) difundió una carta
en la cual rechazó haber recibido en sus cuentas traspasos o depósitos
por más de 100 millones de pesos, y aseguró que esas cantidades son
cuatro veces mayores que los ingresos que declaró durante el periodo
comprendido entre 2013 y 2017, cuando ya se desempeñaba como ministro de
la Corte.
El funcionario acudió ayer a sus oficinas poco después de la una de
la tarde y antes de las 10 de la mañana todos sus colaboradores en la
ponencia (como se denomina al área que como ministro le apoya en las
tareas de análisis y realización de proyectos de sentencia) retomaron
sus labores cotidianas, luego de que la tarde del jueves todos se
retiraron y había trascendido que muchos de ellos renunciarían.
Acción sorpresiva
Por otra parte, funcionarios del Poder Judicial de la
Federación señalaron que Medina Mora no dio a conocer de manera
anticipada su decisión de dimitir al cargo a los integrantes del pleno
de la SCJN, por lo que la noticia de su renuncia tomó por sorpresa a
todos los ministros. Presuntamente fue un abogado quien se encargó de
entregar la carta de renuncia al consejero jurídico del Poder Ejecutivo,
Julio Scherer, así como a la presidencia de la Corte el documento que
formalizó la renuncia del ex embajador.
El lunes el pleno reiniciará labores y, a decir de algunos
integrantes, la ausencia permanente de uno de sus miembros ocasionará
que no se alcancen los votos necesarios para determinar la
inconstitucionalidad de alguna norma impugada.
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
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