Con
todo, lo fundamental para Peña Nieto es convencer a los grupos de poder
trasnacional, que sin ninguna oposición podrán convertirse en
propietarios de los recursos energéticos nacionales, al fin que habrá
de encabezar un “gobierno”
Mientras
aquí en el país Felipe Calderón se esmera en cumplir a cabalidad sus
compromisos espurios con la elite empresarial ultra reaccionaria, de
gira por Europa Enrique Peña nieto comienza su labor de zapa en contra
de México, como lo demostró su encuentro con la canciller de Alemania,
Ángela Merkel, a quien le prometió que trabajará incansablemente para
crear las condiciones que permitan la venta de Pemex al mejor postor
extranjero, pues no otra cosa se concretaría con la reforma energética
y con la ampliación de la política de libre comercio durante su
administración.
Con un grupo gobernante como el que padecemos desde hace muchas décadas, los mexicanos estamos llamados a ser ciudadanos de quinta en nuestro propio país. Esta situación es favorecida por quienes no se ponen a pensar en las consecuencias de nuestra dramática realidad, y desgraciadamente su número es aún muy alto, como lo prueban los votos “duros” de un PRI que llega de nuevo a la palestra política con el objetivo primordial de acabar de depredar las riquezas nacionales.
Claro que tal número de ciudadanos inmaduros es posible porque existen condiciones para ello, no porque la gente actúe de manera consciente en contra de sus propios intereses. Aquí es oportuno señalar que las fuerzas de izquierda han tenido una gran responsabilidad en esta situación, debido a su falta de compromiso de clase con el pueblo, a su oportunismo y a su fragilidad ideológica. Obviamente, mientras no cambien, los conservadores ultramontanos tendrán magna ancha para seguir actuando en contra del país.
Esto, curiosamente, lo han entendido mejor quienes no han tenido un pasado izquierdista ortodoxo, como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal y, para nuestra sorpresa, incluso Manuel Bartlett, quien está actuando de manera patriótica en su calidad de senador.
Ellos saben que México no tendrá otra oportunidad para garantizar un futuro a sus ciudadanos, si la oligarquía se sale con la suya de imponer su proyecto a la nación, con el firme apoyo de las instituciones bajo el mando de una clase política apátrida, voraz y mezquina. De ahí su firmeza para oponerse a medidas que tienden a clausurar toda posibilidad de lucha patriótica en los años venideros, pues en este sexenio se podrían afianzar condiciones que neutralizaran una mínima posibilidad de organización social en favor de causas democráticas elementales.
Por eso es vital en este momento la lucha de los trabajadores en contra de la reforma laboral, pues su aprobación, tal como la quiere la elite empresarial, sería la sentencia de muerte para las nuevas generaciones de asalariados: se retrocedería a los tiempos nefastos de los inicios de la Revolución Industrial, de fines del siglo diecinueve y principios del veinte. Es una perversidad monstruosa la manera como la titular de la Secretaría del Trabajo, Rosalinda Vélez, defiende la traída y llevada reforma laboral: la pinta de color de rosa cuando en realidad es un pozo negro que acabaría ahogando a la clase trabajadora.
Ni que decir tiene que eso es precisamente lo que quiere la oligarquía: una clase trabajadora totalmente indefensa, al borde de la extenuación, incapaz de defender sus legítimos derechos. Por eso es una grave traición del PRI prestarse a servir de peón de brega de la oligarquía, cuando su compromiso histórico debería ser con las clases mayoritarias, como sí lo cumplió (a medias) durante los primeros treinta años de su gestión política.
Sin embargo, ha sido de tal magnitud el retroceso de la sociedad en México durante las últimas tres décadas, que hasta los organismos rectores del neoliberalismo, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), se muestran preocupados por la situación mexicana. En varias oportunidades, los últimos meses, ambos organismos han señalado la necesidad de que no se fuercen las circunstancias, que se atiendan también las necesidades del pueblo.
Tal preocupación fue externada el jueves en Tokio, durante la asamblea anual conjunta del BM y del FMI, por el economista en jefe de la primera institución, Augusto de la Torre, quien afirmó que antes de propiciar la inversión privada en Pemex es indispensable lograr un consenso social. “Hay dos áreas, no son las únicas, que son claves para el crecimiento de México: la laboral y la energética” (La Jornada. 12-10). Por eso mismo deben contar con el suficiente consenso social, a fin de que su aprovechamiento sea más fructífero, afimó.
Con todo, lo fundamental para Peña Nieto es convencer a los grupos de poder trasnacional, que sin ninguna oposición podrán convertirse en propietarios de los recursos energéticos nacionales, al fin que habrá de encabezar un “gobierno” con la fuerza suficiente para imponer condiciones a las fuerzas opositoras. Tal es el sentido de su viaje a Europa, asiento de otro de los principales bastiones del Nuevo Orden Económico que implantó la plutocracia mundial a fines de los años setenta.
Con un grupo gobernante como el que padecemos desde hace muchas décadas, los mexicanos estamos llamados a ser ciudadanos de quinta en nuestro propio país. Esta situación es favorecida por quienes no se ponen a pensar en las consecuencias de nuestra dramática realidad, y desgraciadamente su número es aún muy alto, como lo prueban los votos “duros” de un PRI que llega de nuevo a la palestra política con el objetivo primordial de acabar de depredar las riquezas nacionales.
Claro que tal número de ciudadanos inmaduros es posible porque existen condiciones para ello, no porque la gente actúe de manera consciente en contra de sus propios intereses. Aquí es oportuno señalar que las fuerzas de izquierda han tenido una gran responsabilidad en esta situación, debido a su falta de compromiso de clase con el pueblo, a su oportunismo y a su fragilidad ideológica. Obviamente, mientras no cambien, los conservadores ultramontanos tendrán magna ancha para seguir actuando en contra del país.
Esto, curiosamente, lo han entendido mejor quienes no han tenido un pasado izquierdista ortodoxo, como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal y, para nuestra sorpresa, incluso Manuel Bartlett, quien está actuando de manera patriótica en su calidad de senador.
Ellos saben que México no tendrá otra oportunidad para garantizar un futuro a sus ciudadanos, si la oligarquía se sale con la suya de imponer su proyecto a la nación, con el firme apoyo de las instituciones bajo el mando de una clase política apátrida, voraz y mezquina. De ahí su firmeza para oponerse a medidas que tienden a clausurar toda posibilidad de lucha patriótica en los años venideros, pues en este sexenio se podrían afianzar condiciones que neutralizaran una mínima posibilidad de organización social en favor de causas democráticas elementales.
Por eso es vital en este momento la lucha de los trabajadores en contra de la reforma laboral, pues su aprobación, tal como la quiere la elite empresarial, sería la sentencia de muerte para las nuevas generaciones de asalariados: se retrocedería a los tiempos nefastos de los inicios de la Revolución Industrial, de fines del siglo diecinueve y principios del veinte. Es una perversidad monstruosa la manera como la titular de la Secretaría del Trabajo, Rosalinda Vélez, defiende la traída y llevada reforma laboral: la pinta de color de rosa cuando en realidad es un pozo negro que acabaría ahogando a la clase trabajadora.
Ni que decir tiene que eso es precisamente lo que quiere la oligarquía: una clase trabajadora totalmente indefensa, al borde de la extenuación, incapaz de defender sus legítimos derechos. Por eso es una grave traición del PRI prestarse a servir de peón de brega de la oligarquía, cuando su compromiso histórico debería ser con las clases mayoritarias, como sí lo cumplió (a medias) durante los primeros treinta años de su gestión política.
Sin embargo, ha sido de tal magnitud el retroceso de la sociedad en México durante las últimas tres décadas, que hasta los organismos rectores del neoliberalismo, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), se muestran preocupados por la situación mexicana. En varias oportunidades, los últimos meses, ambos organismos han señalado la necesidad de que no se fuercen las circunstancias, que se atiendan también las necesidades del pueblo.
Tal preocupación fue externada el jueves en Tokio, durante la asamblea anual conjunta del BM y del FMI, por el economista en jefe de la primera institución, Augusto de la Torre, quien afirmó que antes de propiciar la inversión privada en Pemex es indispensable lograr un consenso social. “Hay dos áreas, no son las únicas, que son claves para el crecimiento de México: la laboral y la energética” (La Jornada. 12-10). Por eso mismo deben contar con el suficiente consenso social, a fin de que su aprovechamiento sea más fructífero, afimó.
Con todo, lo fundamental para Peña Nieto es convencer a los grupos de poder trasnacional, que sin ninguna oposición podrán convertirse en propietarios de los recursos energéticos nacionales, al fin que habrá de encabezar un “gobierno” con la fuerza suficiente para imponer condiciones a las fuerzas opositoras. Tal es el sentido de su viaje a Europa, asiento de otro de los principales bastiones del Nuevo Orden Económico que implantó la plutocracia mundial a fines de los años setenta.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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