Estafan con 294 millones de pesos al Instituto de Salud de Guanajuato

La empresa acusada de fraude y falsificación aportó como suyo un domicilio ajeno: la sede de Phillips en el DF. Foto: Especial

Gobierno de Oliva benefició a empresa ‘fantasma’, con domicilios inexistentes. OFS ordena denuncia penal por falsificación de documentos.

Por RAÚL OLMOS
Publicada el 10/18/2012

Una empresa con domicilios falsos recibió contratos por 294 millones de pesos durante el sexenio que encabezó Juan Manuel Oliva.
Tras concluir una auditoría a la Secretaría de Salud, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado determinó que la citada empresa incurrió en fraude y falsificación, por lo que ordenó promover una denuncia penal.
También pidió sancionar a los funcionarios que toleraron que se otorgaran contratos multimillonarios a la proveedora ‘Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A. de C.V.’, que es acusada de falsificar documentos de un corporativo con sede en Nueva York y de dar como propios domicilios de empresas ajenas, como la zapatería ‘Van-Vien’, en Naucalpan, y la trasnacional Phillips, en Huixquilucan, ambas en el Estado de México.
El presunto fraude ocurrió en el año 2010 en la Secretaría de Salud, cuando el titular de esa dependencia era Jorge Armando Aguirre.
La auditoría integral a la Secretaría de Salud correspondiente a 2010, concluyó hace cuatro meses, pero apenas ayer fue hecha pública por el Órgano de Fiscalización Superior.
La empresa beneficiada vendió más de mil 200 equipos médicos a hospitales.
Muchos equipos adquiridos jamás se utilizaron.
Además de las denuncias de fraude y falsificación, se descubrieron compras ‘infladas’ de equipos médicos, a un precio hasta 2.6 veces superior al que cotizaban otras empresas.

Denunciaron ‘mafia’

En abril de 2011, una integrante del Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Salud denunció que altos funcionarios de la dependencia operaban una organización con perfil delictivo, que repartía contratos a cambio de comisiones.
La funcionaria anexó a su denuncia ante la Gestión Pública documentos que detallaban compras irregulares por 238 millones realizadas a la empresa ‘Mantenimiento Preventivo y Correctivo’, la misma que ahora es acusada de fraude y falsificación de documentos.

Empresa ‘fantasma’ cobró $294 millones

La pasada Administración estatal, encabezada por Juan Manuel Oliva, adquirió más de mil 200 equipos médicos a una empresa que incurrió en falsificación de documentos y de datos.
Las compras irregulares a dicha empresa sumaron más de 294 millones de pesos, revela una auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Por estas compras irregulares, el Órgano fiscalizador del Congreso del Estado ordenó una denuncia penal por presuntos delitos cometidos por la empresa que reportó domicilios inexistentes y presentó documentos falsos para acreditar su capacidad.
Los contratos para abastecer cientos de equipos médicos los obtuvo la empresa ‘Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A.”, mediante 7 licitaciones públicas internacionales.
El Órgano de Fiscalización instruyó a las autoridades estatales a sancionar a los funcionario implicados en esta compra presuntamente fraudulenta, ya que debieron haber verificado la veracidad de la información aportada por la empresa que participó en la licitación.
En una auditoría integral realizada al Instituto de Salud Pública de Guanajuato (nombre legal de la Secretaría de Salud estatal), se descubrió que la empresa proveedora obtuvo siete contratos con información falsa.

Domicilios falsos

Para justificar su capacidad instalada para servicio de mantenimiento, la empresa señaló como su domicilio la avenida Palma número 6, colonia La Herradura, en Huixquilucan, Estado de México.
Sin embargo, al acudir a realizar una inspección física, los auditores encontraron que el citado domicilio corresponde a la empresa trasnacional Phillips, y no a la empresa a la que el Gobierno estatal le asignó los contratos.
Y como evidencia, los auditores adjuntaron fotografías de las instalaciones de Phillips.
Luego, los auditores acudieron a otro domicilio aportado por el proveedor, en Parque Molino de las Flores número 1, colonia El Parque, en Naucalpan, Estado de México.
Y nuevamente, encontraron que el domicilio es falso.
“Dicho domicilio no corresponde a la empresa Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A. de C.V., sino al negocio ‘Van-Vien’”, detallaron los auditores, en un oficio al que adjuntaron evidencias gráficas.
En su revisión, encontraron un tercer domicilio falso.
“Con respecto al centro de atención con dirección en Francisco de Quevedo número 117, planta baja, colonia Los Arcos Vallarta, en Guadalajara, en esta dirección no se encuentra el centro de atención señalado”.

En el citado domicilio hay una sucursal de banco Santander y un estacionamiento.
Al realizar la verificación física del equipo, se encontró que quien realiza la instalación y mantenimiento es el fabricante y no el proveedor, quien actúa como un mero intermediario.
Los auditores determinaron que “la empresa incurre en presentación de información falsa”.

Se justifican

En un oficio enviado al Órgano de Fiscalización, la Secretaría de Salud alegó que no se pudo corroborar la autenticidad de los documentos presentados ni la capacidad de la empresa proveedora, porque “no contaba con una estructura de apoyo” para realizar una investigación.
Además, la dependencia estatal alegó que los tiempos establecidos para la licitación “estaban muy limitados como para realizar dichas investigaciones”.

Más documentos falsos

Al analizar la documentación que presentó la empresa para participar en la licitación internacional, los auditores descubrieron más falsificaciones.
Por ejemplo, la proveedora se ostentó con documentos falsos como representante de la empresa Welch Allyn Inc., MD International, con sede en Estados Unidos.

“La hoja membretada en la que está impresa la carta no corresponde a las que utiliza la compañía, en adición a que la firma no corresponde con mi firma”, advirtió la representante de la empresa norteamericana, en un oficio enviado al Órgano de Fiscalización.
A partir del hallazgo de ese documento falsificado, se amplió la investigación del caso.
“Se procedió a enviar compulsa (...) a Welch Allyn Latin America, en el cual se le solicitó informar si el corporativo Welch Allyn, Inc., a través de sus representantes legales extendió una carta compromiso respaldando la proposición técnica presentada en las licitaciones públicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato”.
En respuesta a la compulsa de documentos, un representante legal del corporativo de Welch Allyn, con sede en Nueva York, advirtió al Órgano de Fiscalización que las firmas habían sido falsificadas.
“Confirmó que Damaris Vázquez no cuenta con facultades legales para actuar como representante para Latinoamérica. En adición, la firma que ostenta la carta de la compañía no corresponde”, escribió el representante de Welch Allyn.
“Los nombres y firmas (en 3 de 4 documentos presentados) no corresponden a personal autorizado por nosotros”.

Responsabilidad penal

En el dictamen de la auditoría, se determinó que en esta asignación multimillonaria se incurrió en los posibles delitos de fraude y falsificación de documentos, contemplados en los artículos 201, 233 y 234 del Código Penal del Estado.
“La empresa en cuestión proporcionó domicilios falsos”, determinaron los auditores.
Además, “la empresa incurrió en la presentación de información falsa en los documentos solicitados en las bases de las licitaciones” y se adjudicaron tres contratos con oficios falsificados a un corporativo ubicado en EU.
El Código Penal determina que estos ilícitos se castigan hasta con cinco años de cárcel.

Inician 5 auditorías más

La secretaria de Transparencia, María Isabel Tinoco, informó que la dependencia realiza otras cinco auditorías al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (Isapeg), nombre legal de la Secretaría de Salud.
Las cinco revisiones son integrales, es decir, a toda la dependencia y todas sus operaciones.
Se auditarán los ejercicios de 2010 a la fecha.
Tres de las auditorías ya estaban iniciadas cuando ingresó la funcionaria a la administración estatal y las otras dos son preventivas, que se acaban de iniciar.
Pero no quiso dar ningún detalle respecto a los hechos, áreas y motivos de las auditorías.

Lo comparan con ‘la mafia’

En abril de 2011, una ex integrante del Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Salud denunció que en esa dependencia operaba una organización con perfil delictivo, que encabezan altos funcionarios estatales.
La denuncia la hizo ante la Secretaría de la Gestión Pública, que en aquel entonces encabezaba Luis Ernesto Ayala.
La ex funcionaria anexó a su denuncia documentos que detallaban las irregularidades en las compras por 238 millones de pesos realizadas a la empresa ‘Mantenimiento Preventivo y Correctivo’, la misma que ahora se ha comprobado obtuvo contratos con documentación falsa.
La denunciante aseguró que altos funcionarios de la Secretaría de Salud incurrieron en posibles delitos como Ejercicio Indebido del Servicio Público, Concusión, Cohecho, Enriquecimiento ilícito, Peculado, Abuso de Autoridad, Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, Tráfico de Influencias, Ejercicio Indebido del Propio Derecho, Asociación Delictuosa y Delincuencia Organizada.
De acuerdo con la denuncia, uno de los directivos de la Secretaría citaba a los proveedores en el restaurante Campo Viejo, ubicado en la capital del Estado, para negociar contratos y el pago de comisiones a “la organización”.
“Les presentan el listado de lo que pretendía comprar el Isapeg (Secretaría de Salud) y que escogieran lo que pudieran surtir, obviamente con un porcentaje para la organización”, narró en el escrito que presentó a la Gestión Pública.
Según la denuncia, en la licitación 40056001-014-10 el alto funcionario de Salud ordenó a los miembros de “la organización” que las compras más fuertes fueran dadas a la Empresa Mantenimiento Preventivo y Correctivo S.A. de C.V.

Compran a precios inflados

La auditoría a la Secretaría de Salud puso al descubierto la adjudicación de múltiples contratos a precios inflados.
Un ejemplo es la licitación nacional 40056001-014-10, en la que se compraron equipos especializados para atención en cardiología a un precio hasta 2.6 veces más caros.
El ‘Electrocardiógrafo multicanal con accesorios pediátricos’ fue cotizado por una empresa en 40 mil 600 pesos, pero el Gobierno descalificó esa propuesta para asignarla a una empresa que vendió el mismo equipo en 107 mil pesos.
El cardiotocógrafo, utilizado para medir el ritmo cardiaco fetal, fue cotizado por la empresa Fisher Medical Group en 57 mil pesos. Y pese a que fue la propuesta más económica, se decidió otorgarle el contrato a una empresa que cotizó cada equipo en 92 mil pesos.
En total, se adquirieron 82 ‘cardiotocógrafos’, con un desembolso de 7 millones 609 mil pesos.
Las propuestas más bajas fueron descalificadas con el argumento de que no cumplían con las bases de la licitación, pero tampoco cumplieron las ganadoras.

UN EJEMPLO

Cotización de 82 equipos de cardiología:
$4.7 Millones, precio al que cotizó los equipos la empresa más económica
$7.6 Millones, precio al que vendió los equipos la empresa ganadora
$2.9 Millones, el sobreprecio que pagó la Secretaría de Salud estatal
Fuente: Auditoría del Órgano Superior de Fiscalización