Las autoridades cerraron la cortina a las víctimas. Ninguna entidad –excepto Coahuila y Nuevo León– cumplió con crear comisiones estatales para atender a los mexicanos afectados por la violencia
A un año de haber sido instalado el Sistema
Nacional de Atención a Víctimas, este mecanismo no puede operar porque
los estados han incumplido con la constitución de las comisiones
estatales de atención a víctimas del delito.
Hasta el mes de enero –después de 6 meses de que se venció el plazo
legal -sólo dos estados de 32 entidades han conformado sus organismos
estatales de apoyo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del
Delito (CEAV)
Hasta el mes de enero sólo Nuevo León y Coahuila han reformado su
ley y constituido legalmente sus comisiones estatales de atención a
víctimas del delito.
El retraso en el que han incurrido los estados en la constitución de
sus comisiones estatales está documentado en el acta de la primera
sesión del CEAV celebrada el pasado 6 de enero.
“Por lo que se refiere a los integrantes del SNAV, el pleno
determinó que en virtud de que a la fecha sólo se han constituido las
comisiones estatales de víctimas de los estados de Coahuila y Nuevo
León, se les hará llegar la propuesta para que designen entre ellas a
un representante en términos de la fracción V del artículo 82 de la Ley
General de Víctimas”, señala la acta de la primera sesión ordinaria
2015 del pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El documento está firmado por Sergio Jaime Rochín del Rincón,
comisionado presidente del CEAV, y los comisionados Adrián Franco
Zevada, Susana Thalía Pedroza de la Llave, Julio Antonio Hernández
Barros y Carlos Ríos Espinosa.
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas es la máxima instancia
del gobierno mexicano y es responsable de definir y aplicar las
políticas públicas de apoyos a las víctimas.
Entre sus atribuciones están las de diseñar programas y acciones
para la protección, ayuda, asistencia y defensa de los derechos humanos
y la reparación de las víctimas.
Sin homologar
La operación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas recae –de
acuerdo a la Ley General de Víctimas- en la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) y en las comisiones ejecutivas de antención
a víctimas de los estados y del Distrito Federal.
Esto está establecido en la Ley General de Víctimas, aprobada en el 2012 pero que entró en vigor hasta enero del 2013.
La Secretaría de Gobernación no ha logrado operar con los gobiernos
estatales la homologación en sus leyes para la la creación de las
comisiones estatales de atención a víctimas del delito.
Pese a ser uno de los temas prioritarios que heredó la actual administración federal del sexenio del panista Felipe Calderón.
El funcionamiento o no del Sistema Nacional de Víctimas del Delito
no es un tema tampoco para los activistas mexicanos, preocupados más
por casos como el de Nestora Salgado, comandante de la Policía
Comunitaria de Olinalá, en Guerrero, recluida desde hace un año acusada
de secuestro.
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas estará integrado –además
del CEAV y las comisiones estatales-por el Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo, el Poder Judicial y el presidente de la CNDH y
representantes de organismos públicos.
En enero del 2014 el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Entre los compromisos asumidos por este organismo está el construir
el Registro Nacional de Víctimas, que debe ser alimentado por las
comisiones ejecutivas estatales que hoy no existen en México.
Entre los propósitos del SNAV también estaba definir las reglas de
operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, un
mecanismo que apenas se concretó hace un mes una vez que el presidente
mexicano lo incluyó como parte de la reforma al sistema de seguridad y
justicia que impulsó a raíz de la tragedia de los estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa.
... En proceso
Este periódico presentó a través del IFAI solicitudes de información
a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con la intención
de conocer la operación, tanto del Registro Nacional de Víctimas como
del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
El responsable de la Unidad de Enlace de la CEAV contestó que ambos
mecanismos estaban en proceso de creación por lo cual la información
solicitada era inexistente.
“Sobre el particular, le informo que el Registro Nacional de
Víctimas actualmente se encuentra en proceso de creación…”, contestó el
titular de la Unidad de Enlace de la Comisión, Gustavo Baltazar
Guerrero.
Hasta el momento no existe la certeza de que este Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral, esté operando ya en México para las
víctimas.
La Ley General de Víctimas fue aprobada en el Congreso el 30 de
abril de 2012, pero entró en vigor hasta 8 meses después, cuando el
nuevo presidente priista Enrique Peña Nieto ordenó -en enero de 2013-
desistirse de la controversia que había presentado Calderón.
Coahuila, el primero
En el evento de la instalación del Sistema Nacional de Atención a
Víctimas el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
calificó como un paso fundamental la creación del SNAV y aseguró que
era la respuesta del Estado mexicano a un “legítima demanda” de la
sociedad mexicana.
Sin embargo, hasta hoy sólo Nuevo León y Coahuila han constituido
sus comisiones estatales de atención a víctimas del delito como obliga
la Ley General de Víctimas.
El primer estado que instaló su comisión ejecutiva fue Coahuila.
El 24 de septiembre del año pasado el Congreso del Estado de
Coahuila tomó protesta a los cinco integrantes que conformarán este
organismo de atención a las víctimas del estado norteño.
Los diputados eligieron como presidente de la Comisión a Eduardo
Calderón Domínguez y como integrantes a María Antonieta Leal Cota,
Sandra Luna González, Luis Efrén Ríos Vega y Magdalena López Valdez.
Por su parte, en Nuevo León el 1 de noviembre se instaló el Sistema
Estatal de Atención a Víctimas en un evento privado que encabezó el
gobernador Rodrigo Medina.
Un mes antes el Congreso del Estado había designado a Aixa Alvarado
como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en
Nuevo León, un nombramiento criticado por organismos como CADHAC que
preside Consuelo Morales.
Alvarado trabajaba antes de su nombramiento como titular del Centro
de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas del Delito de la
Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.
El 15 de octubre pasado, en su comparecencia ante la Comisión de
Derechos Humanos, Sergio Jaime Rochin del Rincón, presidente de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), reconoció el gran
retraso que existe en los estados que no han homologado su normatividad
con la Ley General de Víctimas del 2013.
“Los estados que más victimización tienen, en buena medida coinciden
con los que no están armonizados (con la Ley General de Víctimas)”,
declaró Rochín del Rincón en ese entonces.
El presidente de la CEAV reveló que en ese momento los estados de
Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado
de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Sonora, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas ni siquiera han iniciado el proceso de homologación
con la nueva Ley General de Víctimas.
Según la nueva ley, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas
estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las
víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos
cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.
“Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva
Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta
dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se
hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado”,
establece la legislación.
Esa es la importancia de las comisiones ejecutivas en los estados:
son el primer acercamiento que hay con una posible víctima de un delito.
Reporte Indigo publicó el pasado 22 de septiembre del año pasado que
el sexenio más sangriento en la historia de México no había dejado
víctimas… oficialmente.
Esto debido al retraso en la aplicación de la Ley General de
Víctimas, aprobada en el sexenio de Felipe Calderón, pero congelada por
una controversia constitucional que interpuso el exmandatario federal.
El reportaje consignaba que ni el Registro Nacional de Víctimas ni
el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, contemplados en la
nueva legislación federal estaban, operando por parte de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario