Eduardo Ibarra Aguirre
Una serie de iniciativas de ley para apuntalar la Estrategia nacional para la prevención y el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, fue enviada por el titular del Ejecutivo federal al Congreso, y de inmediato suscitó diversas reacciones.
Con asegunes impuestos por la distancia al encontrarse en Afganistán y desconocer los textos presidenciales, Edgardo Buscaglia no dudó en expresar “¡Bravo, señor presidente!”, pero siempre y cuando las iniciativas de ley contemplen lineamientos establecidos por convenciones y tratados.
La expresión del que me parece el experto más crítico, documentado y propositivo en materia de seguridad, sin demérito de nadie, da cuenta de la importancia de un tema que pretende colocarse en el centro cuando a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa le falta, como él mismo lo anunció el 27 de agosto, dos años, tres meses y cinco días como inquilino principal de Los Pinos.
Dicho de otra manera: cuando el núcleo de todos sus programas de gobierno, la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, cumplirá un cuatrienio el 11 de diciembre y ya produjo 28 mil 353 homicidios, apegados a los datos del novel vocero gubernamental en la materia y que --como su jefe optimista en los discursos pero agotado en la oportuna foto de José Antonio López--, pretende tranquilizar a los ciudadanos indignados y críticos de la estrategia militarista con la cantaleta de que la mayoría de los crímenes “son atribuibles a la lucha entre bandas criminales”.
Es la misma tesis que Juan Camilo Mouriño Terrazo decía a su jefe y querido amigo al oído y que ahora le repite Genaro García Luna. Están convencidos de que por esa vía la plana mayor de los cárteles sufrirán severas bajas, sin reparar en que los vacios que aquélla y el accionar de las fuerzas armadas provocan, desatan incontrolables y sanguinarios ajustes de cuentas. Los que a su vez ya provocaron “3 mil 174 daños colaterales”, que no son otra cosa que civiles inocentes asesinados por los actores de la guerra legitimadora de Calderón.
Pero el señor que se definió en los términos de “he sido un presidente abierto porque creo en la tolerancia y en la democracia; creo que a ningún presidente le han dicho las cosas que le han dicho a éste”, amenazó durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga: “Aquí a cada rato vienen a decir que las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar”. Caricaturizó las políticas del “viejo sistema” hacia el narco, mismas que como presidente de Acción Nacional jamás denunció, y disfrazado de siquiatra, como antes fue gastroenterólogo, declaró “totalmente locos” a los autores de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
La verbosidad no le impidió al michoacano asumir, frente al rector de la Universidad Nacional y los que viven del tema de la inseguridad pública como Luis de la Barreda Solórzano y María Elena Morera, que el mero uso de la fuerza no resuelve la inseguridad, como que sin ella no se puede solucionar, o que el establecimiento de una política social no resuelve el problema, como que sin ella tampoco se podrá solucionar. Y la creciente violencia como producto de la percepción quedó en el olvido.
El debate se avizora interesante y es de obligado registro la propuesta de René Arce Islas para que se investiguen las fortunas surgidas en dos décadas, porque asegura que en los últimos años se lavaron 300 mil millones de pesos.
Datos oficiales indican que anualmente se lavan 29 mil millones de dólares en Estados Unidos y México. Y entre los dos gobiernos tan sólo decomisan mil millones, la mayoría por Washington.
Acuse de recibo
El reportero Ramsés Ancira agrega dos hechos a El mal y sus autores (18-VIII-10): “No es la primera vez que el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez quiere usar sus influencias para torcer la justicia. En los archivos de la PGR consta un video (y yo tengo copia) donde una mujer llamada Catalina Rivadeneyra lo acusa de presionarla para que dijera que en el asesinato del cardenal Posadas había intervenido Guillermo Cossío Vidaurri, exgobernador de Jalisco. Como Carlos Salinas de Gortari acababa de modificar la Constitución, la Iglesia podría administrar directamente muchos bienes que había confiado a particulares. Una versión es que Posadas llevaba en el portafolios una lista de nombres de esos particulares que le entregaría al nuncio papal, Girolamo Priggione (...) Antes de ser cardenal, Sandoval también estuvo ligado a una investigación federal por la introducción a México de máquinas tragamonedas, las cuales estaban prohibidas por la Ley de Juegos y Sorteos de la Segob”… Al cumplirse 100 días del fallecimiento de Angélica Méndez Zamora, su hijo Diego Alberto Prado Méndez reivindica: “Qué hermoso es tener a una persona que está dispuesta a dar hasta la vida para que uno esté bien, esa persona es alguien que nunca podrá ser reemplazada, es una persona que te tiene un amor incondicional y totalmente sincero (…)”
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