La última respuesta es que les manden las preguntas a los militares por escrito, lo cual, dijo, no es aceptable para el informe que elabora el grupo de la CIDH.
Foto: Karina Maciel
La cerrazón del Ejército Mexicano
para que sus elementos no sean entrevistados por los expertos de la
CIDH que investigan el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ”produce
un mal sabor de boca, una sensación negativa, porque nos han dicho que
no tuvo nada qué ver, que fueron los policías municipales, y luego el
crimen organizado”, expuso Santiago Corcuera, académico e integrante
del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU.
“Si a la hora de que se les quiere interrogar, ¿oye, tuviste algo qué ver?, ¿o qué sabes?, te dicen no quiero hablar contigo, lo único que produce eso es un mal sabor de boca, una sensación de suspicacia: ¿por qué no quieren hablar conmigo?, ¿por qué no me quieren decir dónde estaban esa noche?”, preguntó en entrevista para Aristegui CNN.
Recordó que este es un caso emblemático y botón de muestra de lo que
ocurre con los desaparecidos en el país, un caso muy conocido por la
sociedad, muy cuidado, al grado de que tenemos expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos investigándolo, y no obstante “nos
enteramos de evidencias que no fueron dadas a conocer a las familias”
como ropa de los normalistas.
“Si estas cosas pasan en un caso tan cuidado, donde los reflectores
están puestos sobre este asunto, ¿qué no pasará en otros casos?..
permanecen en absoluta impunidad”, indicó.
Mencionó que en Guerrero hay padres y familiares que buscan a los
desaparecidos sin los reflectores que tiene el caso de los normalistas.
Por ello consideró que en México la impunidad es “prácticamente
absoluta”.
Lamentó que las instituciones castrenses del país no se han
democratizado; “me da una envidia los procesos que se han abierto en
Chile”, refirió sobre casos contra generales.
Señaló que con el absoluto hermetismo de las fuerzas armadas, por el
cual no se puede penetrar a las instituciones castrenses para que digan
la verdad y no se les pueda entrevistar, quedará pendiente este tema en
el informe que presentarán los expertos en septiembre próximo.
“Los expertos dicen que no entienden porqué no han podido entrevistar a militares”, mencionó.
En teoría la autoridad civil está por encima de la militar y debería
intentar la apertura del batallón de Iguala, pero hasta ahora “no han
podido entrevistarse con el batallón, ¿para qué dicen que hay mucha
apertura si no la hay?”, preguntó Corcuera y calificó el tema como una
“sombra” en el caso.
En materia de desaparición forzada, precisó que “necesitamos una
buena ley que subsane los gravísimos errores y lagunas que tiene el
orden jurídico mexicano en esta materia”, por la falta de
profesionalismo de las legislaturas estatales y el propio Congreso de
la Unión.
El académico abundó que “el tipo penal de desaparición forzada está
mal a nivel federal y, para mayor vergüenza, en algunas entidades no es
delito desaparecer personas”.
Y agregó que se necesita “una buena ley general que subsane errores,
que tenga buenos tipos penales, la declaración de ausencia por
desaparición…”, para avanzar en la materia.
Actualmente ”vamos bien”, “hemos estado participando en foros”, por
lo que confió que la iniciativa que se presente satisfaga las
expectativas de los familiares de personas desaparecidas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario