El reclamo de justicia no cesa, a pesar del tiempo transcurrido.
lasillarota.com
Apenas
había transcurrido un mes del trágico 5 de junio de 2009 cuando pude
conocer los restos de la guardería ABC en la ciudad de Hermosillo
Sonora. Recuerdo que al acercarme apenas unos metros del inmueble que
ocupaba la guardería me impactó observar esas negras paredes, ese olor
a carbonizado, penetrante, tan fuerte que me hizo estremecer.
Unos cuantos policías cuidaban el lugar. Me lo imaginaba con mucha
gente alrededor, pero apenas tres vigilantes deambulan; se percibía una
soledad de mucha tristeza.
De esos cuartos destruidos, carbonizados, de esas paredes con
boquetes hechos a la fuerza por la desesperación, emanaban de él un
impresionante silencio. Mi piel se erizaba de sólo pisar esos espacios
llenos de tanta irresponsabilidad.
Hubo momentos que al permanecer observando el lugar sentía una gran
incomodidad, molestia e impotencia; preferiría no haberlo conocido por
tan sólo imaginar el horror de niños atrapados en medio de las llamas y
humo negro que se esparcían rápidamente.
Esa tarde pude presenciar una marcha silenciosa por las calles de
Hermosillo de familiares y de miles de personas que los acompañaban, de
todos los estratos sociales, vestidas de blanco, consternadas,
exigiendo justicia. Llevaban fotografías de los niños y niñas víctimas
de ese horror, sus juguetes, sus carriolas. Fue impresionante haber
estado en ese lugar.
No más de 30 días antes que conociera la guardería ABC estaban
registrados 220 niños, en un servicio subrogado por el Instituto
Mexicano del Seguro Social a particulares de alta alcurnia (como una
prima de Margarita Zavala). Su capacidad era de 180 niños, pero había
mucha demanda de padres de familia, por la escasez de ese servicio.
Todos los límites se podían romper y se rompieron.
En un breve recorrido que hice por la ciudad de Hermosillo vi con
sorpresa, que algunas guarderías, como la de ABC, son enormes galerones
que con el calor agobiante de la zona, requieren del uso constante del
aire acondicionado.
Deberían tener entonces todas las medidas de seguridad, de primeros
auxilios, de salidas de emergencia, de equipo anti incendio, de
servicio médico, de suficiente personal, pero la sorpresa que eran
condiciones precarias las que tenía la guardería ABC.
Estas medidas de seguridad, el deber de cuidado, correspondía a los
particulares subrogados tener todos los equipos para ese fin. Las
autoridades del IMSS tenían la obligación de supervisar el servicio,
pero nunca se pararon por ahí y si apareció un acta en esos expedientes
perdidos, tendría el rutinario visto bueno de esos burócratas incapaces.
La consignación que hizo la PGR el pasado 4 de agosto a 22 maestras
y trabajadores acusándolas de homicidio y lesiones culposas, tras
considerar el Ministerio Público que abandonaron a los 49 niños que
murieron es un hecho incomprensible después de 6 años de
“investigación”.
Nunca tuvo la PGR la virtud de consignar a particulares y
funcionarios directamente involucrados. El trato con ellos fue de
protección, negligencia y hasta de complicidad.
Las 22 consignadas son maestras, cocineras, personal de intendencia
y enfermeras que a juicio de la autoridad ministerial deben pagar su
irresponsabilidad.
A pesar de la magnitud del incendio pudieron rescatarse 150 niños,
esas trabajadoras, con ayuda de vecinos, rescatistas improvisados, que
rompieron paredes a riesgo de su vida, algunos pudieron ingresar y
salir con niños en brazos de las salas invadidas de humo negro
asfixiante.
Las trabajadoras nunca fueron reconocidas como víctimas, estuvieron
sujetas a un contrato de protección de la CTM por ser prestadoras de
servicios particular. Fueron llamadas a declarar una y otra vez y como
consecuencia de un amparo en que resolvió que la investigación no se
realizó de manera adecuada, la justicia se inclinó por lo más fácil
acusando a las trabajadoras.
Ellas también fueron víctimas de una gran irresponsabilidad de los
dueños de la guardería y de los funcionarios implicados y ello ahora no
se visibiliza. Ahora se les considera presuntas responsables de graves
delitos.
¿Dónde estuvo en su momento el gobierno del estado de Sonora para
vigilar las condiciones de trabajo, las medidas de seguridad en lugares
de tan alto riesgo? ¿Dónde estuvieron las autoridades de inspección de
la secretaría de trabajo para prevenir medidas y riesgos de trabajo?
¿Dónde los funcionarios del IMSS?
¿Dónde los dueños de la guardería? ¿Dónde estuvo el sindicato
cetemista que eso si cobraba cuotas sindicales para solapar a los
dueños de la guardería?
Ellos no están a la vista de la procuradora general para ser
consignados, porque ello implica que el sistema se juzgue a sí mismo, y
una acción así es inaceptable para los juzgadores.
Pero el reclamo de justicia no cesa, aun a pesar del tiempo transcurrido.
La justicia que se vive en México, es una justicia torcida, una
justicia de simulación que solo se atreve a cortar el hilo por lo más
delgado.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx Twitter: @Manuel_FuentesM
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