Gloria Leticia Díaz
MÉXICO,
D.F. (apro).- Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) que realizan una investigación paralela sobre los
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos confirmaron la negativa del
gobierno de Enrique Peña Nieto de acceder a los testimonios de 26
militares del 27 Batallón de Infantería que estuvieron activos la noche
del 26 de septiembre del año pasado.
La negativa gubernamental para recabar los testimonios de los
soldados constituiría una trasgresión al convenio de colaboración con
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que
constituyó el GIEI a petición del Estado mexicano y representantes de
los familiares de las víctimas.
En conferencia de prensa, Claudia Paz, Carlos Beristáin, Alejandro
Valencia y Francisco Cox lamentaron la respuesta del gobierno de Peña
Nieto, y señalaron que las observaciones sobre el factor militar en la
desaparición de los 43 estudiantes serán incluidas en el informe final
que se dará a conocer el 6 de septiembre próximo, cuando se culminen
los primeros seis meses de su mandato, que podría prolongarse por un
tiempo similar si el Estado mexicano y la CIDH lo aprueban.
La exfiscal de Guatemala, Claudia Paz y Paz, recordó que desde el
inicio de su mandato, en marzo, el GIEI solicitó formalmente
entrevistar a los 26 soldados destacamentados en Iguala hace un año, y
fue hasta el 3 de agosto que a través de la Secretaría de Gobernación y
la cancillería se les notificó la disposición de que la “solicitud sea
atendida en el marco del proceso penal”.
Aunque manifestaron su sorpresa por la respuesta, los expertos
consideraban que la propuesta de las autoridades era similar a un
ejercicio anterior en el que la Procuraduría General de la República
(PGR) tomó 10 testimonios de normalistas –gracias a los buenos oficios
del GIEI–, declaraciones en las que estuvieron presentes los expertos y
se les dio oportunidad de repreguntar.
Sin embargo, en el caso de los militares, la negativa fue
fulminante. El domingo 16 en la respuesta definitiva los representantes
de Peña Nieto instruyeron al GIEI a formular las preguntas por escrito,
entregarlas al Ministerio Público y que “derivado de las
características de esta diligencia, en ella sólo estará presente la
autoridad ministerial y quienes deban desahogar la posiciones que sean
formuladas”.
Ante esa respuesta, explicó Francisco Cox, los miembros del GIEI
decidieron no entregar preguntas, “porque no tendríamos el control ni
la posibilidad de repreguntar” y dar a conocer los cuestionamientos
durante su próxima evaluación.
Cox agregó que el gobierno de Peña Nieto argumentó que su presencia
en la diligencia de la PGR con los miembros del 27 Batallón y formular
directamente preguntas “pondría en riesgo la legalidad de la
investigación”, lo que para los expertos no es entendible es “por qué
no hay preocupación por qué se dañe la legalidad de las declaraciones
que se prestaron por los normalistas”.
El experto chileno reconoció que el obstáculo para acceder a los
militares ha derivado en una “diferencia de opinión fuerte con el
gobierno en cuanto cuáles son nuestras atribuciones y lo que es el
marco de la legalidad de cumplir nuestro mandato, consideramos que
tenemos una visión una interpretación distinta del convenio a la que
tiene el gobierno”.
Sobre la posibilidad de extender el mandato de la GIEI, Alejandro
Valencia explicó que en una reunión sostenida este sábado con padres de
familia de desaparecidos, el titular de Segob, Miguel Osorio Chong, y
el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, se
notificó que los familiares de los desaparecidos y los expertos
informaron a la CIDH su disposición de que se amplié el mandato otros
seis meses.
Valencia informó que en ese encuentro, se acordó reanudar los
operativos de búsqueda llevados a cabo por la Policía Federal, y que se
habían suspendido sin explicación aparente.
Claudia Paz y Paz resaltó que, por los buenos oficios de los
expertos, 10 estudiantes de Ayotzinapa, “testigos clave” rindieron su
declaración ministerial ante la PGR, con lo que se suman a otros ocho
testimonios que ya había tomado la dependencia con anterioridad, en
tanto que la procuraduría estatal había consignado de 35 a 40
testimonios de normalistas.
La abogada guatemalteca contó que a sugerencia del GIEI “las cuatro
causas principales se han acumulado en un juzgado”, en tanto que se
espera que “otras de las causas que aun se encuentran en el fuero
común, en el estado de Guerrero sean trasladadas y su conocimiento sea
reclamado por la justicia federal”.
El médico español Carlos Beristáin dio a conocer que en la revisión
de los 115 tomos de que consta el expediente, advirtieron que peritos
de la PGR y de la procuraduría estatal, tenían en su poder 19 objetos
pertenecientes a los estudiantes y que fueron localizados en dos de los
camiones en los que viajaban.
Dijo que esa evidencia será analizada en la Universidad de Insbruck,
Austria, en tanto que los familiares serán confrontados ante la
evidencia para reconocer las pertenencias de las víctimas.
En la conferencia de prensa, representantes de medios de
comunicación sobre las evidencias de que a casi un año de su
desaparición los estudiantes de Ayotzinapa se encuentren con vida, a lo
que Beristáin respondió que en su informe final se remitirán a las
pruebas.
“Con las pruebas que tenemos disponibles no tenemos evidencia de que
los chavos estén con vida como no tenemos evidencia, con las pruebas
disponibles, de cuál es el destino de los chavos, estamos basando todo
en las pruebas disponibles”, dijo el médico español.
Advirtió que los expertos no pretenden “especular, no es una buena
manera de trabajar en casos desaparición forzada, cuando tengamos
información la daremos al punto en que tengamos certeza”.
Los expertos resaltaron la probabilidad de que se realice una
necropsia a los restos de Julio César Mondragón, joven que fue
desollado, ante datos que no habían sido considerados en el primer
análisis.
Asimismo lamentaron la destrucción de material de video de los
hechos que fueron entregados al poder judicial y que fue destruido.
Los expertos informaron que a cinco meses de su trabajo 48% de las
solicitudes de información a la PGR han sido atendidas; en 12% no han
podido acceder por considerarse información inexistente; 13% se ha
entregado de forma parcial y 27% está pendiente de ser abastecida.
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