Se requiere consenso de periodistas y activistas de Morelos
“Es
inviable” impulsar una Ley de Protección para Periodistas y Activistas
en el estado de Morelos “sin socialización y sin una revisión adecuada
y fundamentada”, consideró Jade Ramírez Cuevas, ex consejera del
Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Defensores
y Periodistas.
Ramírez Cuevas llamó al gremio periodístico en Morelos a involucrarse
y auditar el proceso mediante el cual el PRD en el Congreso local
pretende aprobar sin la consulta suficiente una ley de protección.
Explicó que la ley federal y el propio mecanismo son “muy buenos”, pero
han sido ineficaces en su operación “por falta de seguimiento puntual
de las autoridades federales, para que se cumplan los tiempos y formas
del principio ‘pro persona’ que estipula la ley”.
Por ello, Jade Ramírez consideró que en los estados el tema de
protección para periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos
(DH) “no puede tomarse a la ligera”, y consideró que en Morelos “las
cosas se han hecho al revés (…); existe un mecanismo de respuesta que
se activa, pero no hay una reglamentación, no hay un ABC de cómo tiene
que operar”, dijo.
Al no existir una reglamentación que especifique cómo se debe operar,
“pone en riesgo a los responsables del mecanismo y de las activaciones
(porque) deslinda responsabilidades de las autoridades de Morelos, y
no hay cómo garantizar que causen buen efecto las medidas”, explicó.
Ramírez Cuevas remarcó que “no debe aprobarse con urgencia la
iniciativa de protección de Morelos”. Precisó que debe surgir de la
revisión y consenso del mayor número de periodistas y defensores, para
que “desde la visión de los de a pie se hagan las observaciones, y que
esa iniciativa no pase porque tenga que pasar, sino porque es la
adecuada. Sin dejar vacíos”.
La ex integrante del Mecanismo Federal de Protección para Defensores y
Periodistas alertó sobre la intención del gobierno federal “de regresar
la responsabilidad a los Estados, pero (con eso) vuelve más delicado
el asunto, porque ¿cómo podrá asumir el gobierno local la seguridad de
periodistas y defensores vulnerados por las propias autoridades del
estado?”.
Para que opere una ley general como la de protección para periodistas y
activistas “no se necesita que cada gobierno tenga su ley estatal sino
que los gobiernos locales acaten las disposiciones de las autoridades
federales”, detalló.
Jade Ramírez recomendó que se vigile “que la ley esté redactada en
términos de estándares internacionales no violatorios de los Derechos
Humanos”.
Por: la Redacción Cimacnoticias | México, DF.-
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