Sin solución, miles de juicios por despidos y violencia laboral
En
la primera mitad de 2015 miles de capitalinas se vieron envueltas en
algún conflicto laboral; las que iniciaron juicios podrían tardar hasta
cuatro años en lograr justicia.
En la Ciudad de México –donde trabajan, tanto en el sector formal como
informal, un millón 773 mil 302 mujeres, según datos oficiales– existen
mecanismos legales para denunciar la violencia y discriminación en los
centros de trabajo; pero Cimacnoticias documentó que los juicios
laborales aún no son expeditos debido al gran rezago de casos ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).
Según el informe del primer semestre de 2015 de la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo en el DF (PDTDF), 4 mil 947 trabajadoras
solicitaron una “asesoría” por un conflicto o abuso laboral, cientos
vinculados a su condición de género.
Por su parte, la JLCyA durante este primer semestre dio entrada a 670
nuevos juicios iniciados por mujeres. En general, de los más de 8 mil
casos que tiene rezagados desde el año 2000, sólo logró conciliar 692 y
ejecutó únicamente 78 laudos condenatorios (sin desagregar los datos
por sexo).
Este rezago corresponde sólo a los juicios que promovió la PDTDF ante
la Junta, de los que 3 mil 145 fueron solicitados por trabajadoras y
246 deben efectuarse “con enfoque de género”, aunque la instancia no
precisa a qué abusos laborales se refiere.
A lo anterior se suma que la JLCyA reportó en su informe trimestral más
reciente 97 mil “expedientes en trámite”, tanto de mujeres como de
hombres.
En esa Junta cada demanda laboral desde que se ingresa hasta su
sentencia (laudo) dura entre tres y cuatro años y medio, dijo la
presidenta de la JLCyA, Margarita Darlene Rojas Olvera, durante la
presentación del informe “Discriminación laboral hacia la mujer en la
Ciudad de México; Despido por embarazo”, que revela que desde 2013, 163
trabajadoras presentaron quejas por este motivo sin que haya alguna
empresa sancionada.
“Si se trata de esta situación, las mujeres no tienen justicia (...);
estamos frente a una situación en la que a pesar de que las leyes lo
prohíben, los empleadores siguen reproduciendo este tipo de conductas”,
observó la presidenta de la Junta.
Agregó que a fin de garantizar justicia expedita para las mujeres que
sufren discriminación en el trabajo, en 2014 el GDF creó dos juntas
especiales para grupos vulnerables –que en el caso de las mujeres sólo
atiende abusos por razón de género–, en las que cada juicio debe
resolverse a más tardar en seis meses.
Rojas detalló que 100 por ciento de las demandas que reciben estas
juntas por parte de mujeres son por despido injustificado, la mayoría
por embarazo, seguidas de discriminación por género y violencia.
LAS QUE RESISTEN
Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y
Asesoría Sindical, aseguró que para una adecuada impartición de
justicia es fundamental rescatar el derecho de las trabajadoras a un
empleo estable y digno, bien remunerado, con seguridad social, y que
permita la libre asociación.
Criticó que aunque México “tiene un amplio marco laboral, su alcance se
ve limitado porque los mecanismos para hacer justicia son
insuficientes y débiles; sólo hay que ver los expedientes rezagados o
la irrisoria cantidad de inspectores con los que cuenta la Secretaría
del Trabajo y Fomento al Empleo”.
El activista agregó: “Si los patrones cometen violaciones y la sociedad
y el Estado los ignoran y no reciben sanción, sus acciones serán
recurrentes”.
Según la PDTDF, 3 mil 745 de las asesorías que brindó en el primer
semestre de 2015 fueron para trabajadoras individuales y 509 para
colectivos de mujeres. Del total, 221 asesorías las solicitaron adultas
mayores, siete niñas y ocho mujeres con alguna discapacidad.
Por abusos vinculados con violencia de género, la PDTDF registró 32 por
ciento por hostigamiento; 30 por ciento por violencia contra
trabajadoras del hogar; 29.1 por despido por embarazo; y 8 por ciento
por discriminación y violencia laboral.
Desde 2013 y en lo que va de 2015, Cimacnoticias documentó al menos
tres casos de colectivos de mujeres que mantienen plantones y otras
formas de resistencia por conflictos laborales que la JLCyA no ha
resuelto.
Por ejemplo, un grupo de mujeres de más de 40 años de edad –algunas a
punto de jubilarse– mantienen un plantón afuera de la quebrada Maquila
Cartagena, en la calzada de Tlalpan.
Tras dos años de resguardar el equipo de la empresa porque su patrón,
Ernesto Kuri Seur, se negó a pagar sus liquidaciones, siguen a la
espera de que la JLCyA valide la huelga para que el empresario negocie
con ellas.
A pesar de que las trabajadoras (enfermas y desempleadas) demostraron
que Kuri contrató sindicatos “charros” por más de 10 años y cometió
diversos abusos laborales, la Junta sigue aplazando las audiencias y
admite documentos apócrifos que retrasan el juicio, según denunciaron
las mujeres.
En tanto, al menos 12 despachadoras de la gasolinería “Súper Servicio
Coapa”, también en Tlalpan, iniciaron un juicio laboral desde 2014 para
obtener la titularidad de su contrato colectivo, pues encontraron que
su sindicato negociaba con el patrón, Eduardo Cohen Carabier, y
permitía que éste les cobrara “derecho de piso” para poder trabajar y
las hostigara.
Hasta ahora, la Junta sigue sin ceder el contrato colectivo y posterga
las audiencias argumentando que “aparecen” más sindicatos
(presuntamente también “charros”) que pelean la titularidad, a decir de
las despachadoras.
Mientras, ellas ya fueron despedidas y han sido amedrentadas por la
policía capitalina para que dejen de vender mercancías cerca de la
gasolinería, como una medida simbólica de resistencia.
La JLCyA también alberga 200 demandas que presentó desde 2014 personal
de Bomberos del DF, porque su representación sindical despidió a
quienes empezaron a exigir mejoras.
En consecuencia, al menos seis mujeres bomberas perdieron su empleo
–una por estar embarazada–, y sobreviven con un sueldo mensual que les
da el GDF a cambio de ninguna actividad, ya que no ha sido reinstaladas
en sus puestos.
Todas las trabajadoras presentaron quejas ante la Quinta Visitaduría de
la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), la cual no se ha
pronunciado al respecto, y se negó a dar una entrevista a esta agencia.
Y es que según personal de la CDHDF, la quinta visitadora Patricia Juan
Pineda fue separada recientemente de su cargo debido a quejas en su
contra, por presuntos malos tratos a una de sus trabajadoras.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 
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