Los incidentes involucran a Rubén y Nadia, dos de las víctimas del multihomicidio, y en ellos se advierte la participación de la policía estatal. Organizaciones pidieron a la PGJDF desde el 4 de agosto que se declarara a jefes policiacos por estos casos. Veracruz dice que DF no tiene jurisdicción pero colaborarán.
La represión de una protesta en 2012, un desalojo de una plaza en 2013,
un ataque en un domicilio de Xalapa en junio pasado, y el seguimiento
de encapuchados a activistas con lista incluida, son los cuatro hechos específicos ocurridos en Veracruz que investiga la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por su probable relación con el multihomicidio del 31 de julio en la colonia Narvarte.
Los cuatro incidentes, según lo denunciado ante la Procuraduría capitalina por organizaciones de periodistas y defensoras de derechos humanos, están conectados con dos de las víctimas del homicidio, el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera.
En todos esos hechos, según las denuncias incluidas en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, existe la posible participación de policías del estado que gobierna Javier Duarte.
Es por este motivo, confirmaron autoridades de la Procuraduría capitalina, que se enviaron a Veracruz a dos agentes de la Fiscalía de Homicidios para recabar la declaración del actual secretario de Seguridad Pública de Veracruz Arturo Bermúdez Zurita y de su antecesor en el cargo Sergio López Esquer.
Además,
dado el perfil de comunicadores y activistas de las víctimas, se
recabará el testimonio de la presidenta de la Comisión estatal de
Atención y Protección a Periodistas en Veracruz.
Karla Michel
Salas, abogada coadyuvante en la indagatoria de la Procuraduría en
representación de la familia de Nadia Vera, señaló que estas
declaraciones serán tomadas a petición expresa de las organizaciones de periodistas y derechos humanos, solicitud que se había hecho desde el pasado martes 4 de agosto.
“De los primeros testimonios se desprendían todas estas amenazas, hechos de hostigamiento y persecución ocurridos en distintos momentos en Veracruz tanto en agravio de Nadia como de Rubén” dijo en entrevista con Animal Político.
De
acuerdo con Salas, quien también es presidenta de la Asociación
Nacional de Abogados Democráticos, existía la preocupación de que las
autoridades capitalinas no atendieran la línea de investigación del
multihomicidio que apunta a Veracruz, por lo que se insistió en que se
recabaron dichos testimonios.
El procurador capitalino Rodolfo
Ríos Garza confirmó el traslado de sus elementos a Veracruz. “Esto se
lleva a cabo a través de los indicios, de diversas declaraciones, de
videos que se tienen en la averiguación previa de aquí de la ciudad de
México, y que ha surgido, que pudieran tener algún vínculo en aquella entidad (Veracruz)” dijo.
Además,
los agentes permanecerán en Veracruz para recabar las declaraciones de
otros activistas y demás testigos que pudieran aportar información al
caso. En un comunicado la Fiscalía veracruzana accedió colaborar con las autoridades capitalinas aunque reiteró que no tienen jurisdicción en su territorio.
La conexión con Veracruz es una de varias líneas que la PGJDF ha señalado que mantiene abiertas por el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte.
A continuación Animal Político enumera los cuatro incidentes que están bajo la lupa de los investigadores.
La “protesta pacífica” del 2012
Nadia Vera, integrante de la Asamblea Estudiantil de Xalapa narró en un video
la forma en como presuntos policías actuaron en contra de ellos durante
una manifestación pacífica en contra del gobierno de Javier Duarte y de
los asesinatos contra periodistas.
De acuerdo con Vera, quien es
estudiante egresada por antropología social de la Universidad
veracruzana, la actividad que tenían planeada era la colocación de unos
globos con mensajes políticos pero elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública estatal se los impidieron.
“Unas mujeres civiles que eran policías del Estado estaban golpeando a unas compañeras yo grabo y llegan por mi otras mujeres que me quitan el celular y nunca me lo devolvieron. Me jalaron y golpearon” dijo Vera
A
partir de ese hecho según los testimonios, comenzó la presunta
persecución sobre Nadia Vera que entre otras cosas incluyó el
allanamiento de su departamento y una presunta detención irregular.
El desalojo del 2013
El 13 de septiembre de 2013, dos días antes de los festejos patrios, la policía estatal desalojó por la fuerza un plantón que mantenían profesores y activistas de la Plaza Lerdo en Xalapa en las vísperas de los festejos patrios.
De
acuerdo con las declaraciones de los maestros, la acción policial fue
un “exceso” pues supuestamente ya existía un diálogo previo con las
autoridades para replegarse voluntariamente.- El gobierno de Duarte
dijo por su parte que un grupo ajeno al de los maestros intentó
mantener ocupada la plaza por lo que se decidió proceder con el
operativo.
Durante ese hecho se denunciaron múltiples
agresiones en contra de periodistas y fotógrafos de parte de los
uniformados, quienes reportaron además de los golpes el robo de sus
equipos
Rubén Espinosa fue uno de los periodistas afectados y por ese hecho levantó
una denuncia formal la ante la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR) la cual continúa abierta hasta la fecha.
Espinosa
no se fue de la entidad después de ese hecho pero según lo reportado
por sus colaboradores y activistas, a partir de ahí fue intimidado en
varias ocasiones para que retirara la denuncia interpuesta.
Ataque a los estudiantes
La
madrugada del 5 de junio un grupo de sujetos irrumpió en un domicilio
del centro de la capital de Veracruz en donde están reunidos
estudiantes de la Asamblea Estudiantil de Xalapa quienes fueron
golpeados brutalmente. Las victimas describieron a los atacantes como
personas con cortes tipo militar y algunos armados con toletes.
Después del ataque, según la versión de los jóvenes agredidos, policías estatales llegaron al domicilio
pero no le brindaron apoyo a la víctima. En vez de ello, permitieron
que civiles que se identificaron como supuestos representantes del
Consejo estatal de Derechos Humanos intentaran interrogarlos.
El ombudsman estatal confirmó días después que las personas que acompañaban a los policías estatales no eran visitadores.
Familiares
y activistas denunciaron que varios de los jóvenes agredidos eran
amigos cercanos de Nadia Vera pues pertenecían a la misma red. Ella no
se encontraba en el sitio pues meses antes había decidido salir del
estado.
Tres días después, el 8 de junio, se organizó una marcha
en contra del ataque en contra de los estudiantes y al misma fue
cubierta por Rubén espinosa quien en un momento fue agredido por
sujetos encapuchados. El propio gobernador Javier Duarte reconoció este hecho el cual motivó que el fotoperiodista decidiera irse del estado.
Intimidaciones y “listas negras”
Además
de los hechos señalados, en la averiguación de la PGJDF se asentaron
reportes de los activistas y coadyuvantes sobre presuntas
intimidaciones o ataques continuados que sufrieron tanto Rubén como
Nadia
“En el expediente están asentados testimonios que en el caso de Nadia apuntan a que fue levantada por integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública
quienes la subieron a un carro un largo tiempo en el que la amenazaron
y le pidieron que dejara el activismo sino algo malo le iba a pasar”
dijo la abogada Michel Salas en entrevista.
En otro video de finales del 2014
Nadia responsabilizó al gobierno de Duarte de “cualquier cosa que
pudiera sucederle”. El procurador del DF Ríos Garza dijo confirmó que
estos videos ya están incluidos en la averiguación previa
FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 iniciada por el multihomicidio.
Las
organizaciones de activistas y periodistas también denunciaron ante la
PGJDF que el gobierno de Veracruz persigue sistemáticamente a
personajes críticos e incluso tiene listados de estudiantes activistas
o investigadores que considera “enemigos”.
Una de estas listas ya fue publicada por Animal Político y se trata de un documento oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en donde se incluye a estudiantes e investigadores de la Universidad Veracruzana.
Esta
presunta persecución sistemática, según lo denunciado por las
organizaciones, ha obligado a salir de la entidad a periodistas y
activistas como Rubén y Nadia.
Veracruz reitera “deslinde categórico”
A través de un comunicado
emitido por la Fiscalía General de Veracruz, el gobierno el gobierno
del estado de Veracruz insistió nuevamente en su deslinde del
multihomicidio en la colonia Narvarte.
“El Gobierno de Veracruz y, en especial el Gobernador del Estado, se deslindan total y categóricamente de este lamentable hecho ocurrido en la Ciudad de México,
donde, como se ha repetido en múltiples ocasiones, es responsabilidad
de las autoridades de aquella entidad resolver el caso” dice el
comunicado .
La Fiscalía aclaró además que la Procuraduría del
Distrito Federal no tiene jurisdicción en su territorio, por lo que
será a través de un mecanismo de colaboración que se realizarán las
declaraciones referidas.
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Veracruz ficha a 20 activistas como “personas peligrosas”
durante las elecciones
Antes de las elecciones del domingo 7 de junio la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Veracruz
elaboró un informe en el que varias personas fueron identificadas y
señaladas -entre ellas estudiantes, maestros de la CNTE y líderes
sociales y políticos- como potenciales amenazas a los comicios y
estabilidad del estado.
La existencia de ese informe fue
denunciada públicamente por activistas, luego del ataque que 48 horas
antes de la votación sufrió un grupo de estudiantes de la Universidad
Veracruzana por un comando de personas encapuchadas y armadas, caso que
sigue bajo investigación y cuyo móvil no se ha esclarecido.
Animal Político tuvo acceso al documento de la Secretaría de Seguridad estatal denunciado por los activistas.
Se trata de una presentación titulada “Avance del proceso electoral
federal 2015” en donde aparecen, entre otros datos relativos al proceso
electoral, una lista de 20 personas la mayoría de ellos con nombre completo y fotografía.
En los distintos casos se hace referencia al grupo o institución con la
que está ligada la persona y se incluye el motivo por el cual se les
considera de interés, desde ser protagonistas de actos vandálicos hasta
promotores de abstencionismo. En algunos perfiles se mencionan
relaciones con otras personas o grupos.
El gobierno de Duarte ha evitado hasta ahora hacer referencia a los señalamientos públicos hechos por los activistas.
Lo que sí ocurrió el fin de semana, confirmado por este medio, es un encuentro
entre Fiscal general del estado Luis Ángel Bravo Contreras con
defensores de derechos humanos y víctimas del ataque a los estudiantes, a quienes les dijo que todas las líneas están abiertas y que el motivo del ataque, incluida una posible participación de autoridades, es investigado.
Ignacio, uno de los estudiantes de la Universidad veracruzana víctima del ataque del 5 de junio, sostuvo en entrevista con Animal Político
que las condiciones para aquellos que tienen una postura crítica en
cuanto a las políticas públicas en el estado no es sencilla.
“Aquí en este estado cualquiera que se solidariza con una causa es visto con un criminal… No estar de acuerdo con algo parecer ser un delito” dijo.
Los estudiantes
La
presentación, en la que aparecen los logotipos del Gobierno de
Veracruz, de la secretaría de Seguridad Pública y de la Policía
Estatal, describe en la primera parte las condiciones de seguridad en
torno a los comicios en el estado y recoge de la prensa datos sobre
ataques en contra de candidatos en el país.
Pero en la segunda
parte enumera a 20 personas en total que por distintas razones podrían
incurrir en un intento de boicot en contra de los comicios o de las
instituciones. Los casos más detalles son los de líderes estudiantiles a los que incluso se titula como “anarquistas”.
En
primera instancia se menciona a Julián Fernando Ramírez Olivares alias
“Canek” estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad
Veracruzana (UV) y Bitari Genaro Martínez Romero, perteneciente a la
Facultad de Filosofía de la misma casa de estudios.
A Ramírez la
SSP le atribuye entre otras cosas agresiones con petardos y
proyectiles, pintas y arengas en bloqueos y estar al frente de un grupo
de 50 a 100 activistas de quienes no se aporta mayor información.
Además
a “Canek” se le señala por “tener vínculos con activistas de izquierda”
como literalmente dice el documento y se nombran a seis personas más
de los que no se difunden fotografías. Entre esas personas están Juan
González Garrido quien es consejero local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz.
Los
otros activistas supuestamente vinculados con el estudiante son
Guillermo Rodríguez Curiel quien preside una ONG ambientalista de
nombre Lavida; Guillermo Rodríguez Curiel quien es ex catedrático de la Facultad de Biología de la UV e integrante también de Lavida;
el investigador Alejandro José Saldaña Rosas: la defensora de derechos
humanos Mayra Ledesma Arronte, así como René Cancino Burfasson y Arturo
Hinojosa Loya.
En cuanto a Bitari Genaro, además de identificar
su facultad de estudios la SSP le atribuye pintas en edificios públicos
y quema de propaganda política del PRI, así como su cercanía con
“Canek”.
Los otros estudiantes señalados son Andrea Franco López,
estudiante de la Facultad de Comunicación y miembro de la asamblea
libre estudiantil de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, e
isidro González Valerio quien preside la confederación de Estudiantes y
Jóvenes del estado de Veracruz (CEJEV).
Además de calificarlos de “anarquistas” el informe identifica a ambos como participantes activos en marchas y plantones.
Maestros y opositores
Además
de los estudiantes y activistas mencionados, la Policía estatal también
colocó en el informe a otros personajes a los que señala como
instigadores del abstencionismo, todos con fotografía. Entre ellos
están Víctor Moreno Bolaños y Sandra Romero Agustín, a quienes señaló
como maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) y organizadores activos de manifestaciones,
marchas y plantones,
En el caso de Romero Agustín, el informe
hace hincapié en que “se ha hecho acompañar de profesores de estados
como Oaxaca y Michoacán” sin otros detalles.
También es
mencionada María Carolina Eugenio Aragón, ahora ex diputada federal
por el Distrito XII de Movimiento Ciudadano, y que según la policía es
“activista del Comité de Lucha Magisterial de Veracruz afiliado al
CNTE” y participante en manifestaciones, marchas y plantones.
Otros
dos integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (cercano
a la CNTE) e incluidos en el documento por su supuesto vínculo con
“manifestaciones y plantones” son su dirigente Ramón Tepole González y
su vocero Zenyazen Roberto Escobar García.
A continuación se
mencionan a dos ejidatarios Pascual Lorenzo Ruiz e Inocencio Bautista
Luis, a quienes se señala como incitadores de bloqueos y toma de
instalaciones debido a la desatención de sus demandas.
La lista
la completan cuatro personas que según el informe están vinculadas con
“grupos partidistas y organizaciones con móviles políticos”: Bonifacio
Aguilar Linda alcalde de Soledad; Rafael Carvajal Rosado, representante
del PT ante el consejo local del INE en Veracruz; y finalmente
Gerónimo Zárate Rodríguez y Carlos Manuel Sosa, integrantes de la
Coordinación Nacional Obrero Popular.
“Nos pasaron factura”
Ignacio tiene quince heridas en el cuerpo que requirieron puntos de sutura,
pero lo más grave son las múltiples fracturas en su mano izquierda
producto de los golpes que por cinco minutos le dieron con un bate y
con un palo con clavos, la madrugada del 5 de junio.
Foto: Arturo Ángel (@arturoangel20).
Para
el estudiante de 22 años de edad no existe duda de que en la agresión
que sufrieron él y otros siete de sus compañeros de la Universidad
Veracruzana, que les dejaron heridas que incluso aun requieren
cirugías, existe una responsabilidad por acción u omisión del gobierno
de Javier Duarte. ¿El motivo? El activismo de los grupos con los que
colaboran.
– ¿Crees que defensa les pasó factura?- se le pregunta.
–
Si indudablemente nos pasaron factura. Aquí en este estado se da eso,
cualquier persona que intenta solidarizarse con los que resisten y una
resistencia por demás justa pues empiezan a criminalizarla (…) se
desvirtúan esas luchas para hacer pensar a la sociedad en general que
activistas y ambientalistas y personas en general que no están de
acuerdo con algo son criminales.
En entrevista con Animal Político
tras una reunión en el Consejo Estatal de Derechos Humanos, Ignacio
recuerda las circunstancias del ataque y subraya que no hay forma de
que lo ocurrido hubiera sido “una confusión”. Dice que él y sus
compañeros estaban reunidos para festejar el cumpleaños de uno de
ellos, pero no había ni música ni otra cosa llamativa que hiciera notar
que estaban ahí.
Fueron una decena de personas encapuchadas
quienes utilizaron bates de beisbol, palos con clavos salidos y
bastones retractiles para destrozar las ventanas de la casa e ingresar
al sitio donde estaban los estudiantes. Lo que siguió, fue el ataque en
contra de los estudiantes.
Pero además de la agresión, para los
estudiantes es clave la intervención que tuvieron los policías
estatales que llegaron junto con personas que se hicieron pasar por
representantes de Derechos Humanos con la complicidad de los agentes.
“Solo nos tomaron fotografías y nos interrogaron sobre si éramos
estudiantes, nunca llamaron ni una ambulancia” dijo.
Ignacio
reconoció que él y sus compañeros participan en movimientos sociales
en contra de políticas públicas y privadas como minería a cielo
abierto, la privatización del agua, pero no solo a través de marchas
sino de expresiones culturales y de protesta como la música o la poesía.
“Pero
aun con los riesgos vamos a seguir alzando la voz porque este es en
estado en el que se está secuestrando, asesinando, y no podemos
callarnos” añadió Ignacio.
El jueves 18 de junio los estudiantes
sostuvieron una reunión de dos horas con el presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Luis Fernando Perera
Escamilla, quien confirmó que el organismo tiene abierto un expediente
de queja por la agresión que sufrieron y el posible involucramiento de
autoridades del estado.
Posteriormente se realizó un encuentro
con el fiscal del Estado, quien según las fuentes consultadas por
Animal Político, les dijo que las indagatorias se encuentran en marcha
y que no se descarta ninguna posibilidad en el ataque aunque no existe
una fecha probable en que se darán a conocer los resultados.
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