Niñas y mujeres sin justicia

   CRISTAL DE ROCA

Por: Cecilia Lavalle*

Así tituló su informe el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE): “Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México”. Y, al parecer, en Nuevo León apuntalarán el título.

 

Divulgado a principios de la semana pasada, el informe elaborado junto con la Red de Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida, da cuenta de la situación de las mujeres y las niñas con respecto a la anticoncepción, el aborto, la violencia obstétrica, la muerte materna, la reproducción asistida, y la vida laboral y reproductiva.

 

En 300 páginas se pone en evidencia lo que Regina Tamés, directora de GIRE, resume así: en México persisten la discriminación y violación de los derechos de las mujeres, lo cual no es un tema que al Estado le interese atender.

 

Y no sólo no le interesa, sino, lo que es peor, esos derechos se utilizan como moneda de cambio en los congresos estatales.

 

Este miércoles, por ejemplo, tal y como ha sucedido en otros estados del país, se prevé en Nuevo León la aprobación de una ley que “protege la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”.

 

Y, me dicen, la reforma se aprobará con votos del PAN, por supuesto, en alianza con el PRI. ¿A cambio de qué? A cambio de lo que el PRI quiera. Y el PRI lo que quiere es la aprobación de las cuentas públicas.

 

Este tipo de reformas, impulsadas de manera similar en más de una decena de estados, basadas en dogmatismos religiosos y que utilizan como fuentes de información lo mismo a Univisión que al diccionario Larousse, son parte de la realidad que detalla el informe de GIRE.

 

“La criminalización en materia de aborto es una constante”. De agosto de 2012 a diciembre de 2013 se presentaron casi 700 denuncias por aborto. Y, con una celeridad que no se aprecia ni en casos de robo, secuestro y desaparición, se han realizado juicios que, por lo pronto, tienen a nueve mujeres en cárcel definitiva y a 13 en cárcel preventiva.

 

Las denuncias, afirmó Regina Tamés durante la presentación, las hace el propio personal de salud; y las entidades que más denuncias han hecho contra las mujeres son DF, Quintana Roo, Baja California, Veracruz y Guanajuato.

 

“Nuestro país –señaló Tamés– está invirtiendo en perseguir a mujeres sin recursos económicos o informativos, por el hecho de no haber querido continuar un embarazo”.

 

El informe también pone en evidencia que en México no hay derechos, hay privilegios. Todo depende de dónde se vive y de cuánto dinero se tiene.

 

Así, por ejemplo, en las 32 entidades el aborto es legal en casos de violación; pero, por peligro de muerte de la madre sólo en 23; por alteraciones genéticas graves sólo en 16; por inseminación artificial no consentida apenas en 12, y por causas económicas en dos.

 

Y lo de abortar legalmente en casos de violación, tiene matices, porque el informe señala que en algunos estados se otorga el permiso previa resolución de un juez, y ya sabemos lo que eso puede significar.

 

Sólo en el DF existe la posibilidad de realizar un aborto de manera voluntaria durante las primeras 12 semanas de gestación. Por eso no sorprende que uno de cada cuatro abortos sea de mujeres que no radican en la capital del país.

 

Sin duda no tardarán en llegar las mujeres neolonesas que dispongan de los medios económicos. El resto deberá contentarse con saber que su embarazo impuesto o su aborto inseguro fue moneda de cambio para aprobar la cuenta pública del PRI.

 

Regina Tamés resume así la situación: “Niñas violadas que son obligadas a ser madres, mujeres que pierden su trabajo por estar embarazadas, niñas a las que se les niega un método anticonceptivo y a otras a las que se les obliga a usarlo. Mujeres que desean tener hijos y el Estado les pone barreras, niñas y mujeres para las que la sala de parto es una tumba. Esas, dijo, también son ejecuciones”.

 

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com.

 

*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

Rebeca Ramos, coordinadora de investigación, durante la presentación del informe 

CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | México, DF.-