Por: Edgar Rosas
(20 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Teniendo como
idea central que la batalla por echar abajo la reforma energética de
Peña Nieto aún no acaba, diversas organizaciones sociales y personajes
del ámbito nacional llamaron este miércoles a la ciudadanía a mantener
la lucha contra estos cambios “contrarios al interés nacional” y
adherirse a la solicitud que desde abril pasado se hizo a la Comisión
Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) para que intervenga en el tema
y emita recomendación al Estado mexicano para que se desarrolle la
consulta popular en la materia.
Al participar en el foro El derecho humano a la consulta popular previa, libre, informada, eficaz y respetuosa por parte de las autoridades, personajes
como el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas y el Dr. Miguel Concha Malo,
recordaron que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) de no validar la consulta popular, violentó DD.HH. del pueblo
mexicano al no permitir participar de manera directa en hechos
trascendentes de la vida nacional.
Durante el evento, Jorge Fernández Souza, magistrado del tribunal de
lo contencioso administrativo de la Ciudad de México, manifestó que las
solicitud entregada al Congreso para desarrollar la consulta popular,
estuvo fundamentada en el artículo 35 de la constitución así como en la
Ley de Consulta Popular. Recordó que esta reforma impulsada por Enrique
Peña Nieto “pone en manos de intereses particulares los recursos
energéticos del país, en detrimento de su anterior orientación al
desarrollo nacional”.
“(Esta reforma) fue considerada por muchos mexicanos como un
atentado a los recursos y a la soberanía de la nación, llevado a cabo
por los representantes formales, diputados y senadores, sin el
consentimiento y en contra de la opinión de la mayoría de la población.
“Inconformes con la reforma, considerando que los representantes
habían actuado en contra de os interés nacionales, dos grupos de
ciudadanos presentaron ante los diputados y senadores, sendas
solicitudes de consulta popular a fin de que los ciudadanos mexicanos
pudiéramos opinar y expresar nuestra aceptación y/o rechazo a la
reforma energética”, puntualizó.
El magistrado expuso que la SCJN actuó contra la Constitución al no
validar las solicitudes de consulta popular, además que los argumentos
que utilizó para avalar su resolución son insostenibles.
“El 30 de octubre de 2014, actuando en contra de la Constitución y
de la ley, la SCJN resolvió que la materia de las consultas solicitadas
sobre la participación de privados en la exploración y explotación de
hidrocarburos es inconstitucional y por tanto que no procedía la
consulta.
“En uno de los casos, la SCJN argumentó que el tema de la consulta
tenía que ver con los ingresos del Estado, que es uno de los temas
excluidos constitucionalmente para ser sometidos a consulta, y en el
otro caso que el resultado de la consulta podría derivar en un cambio a
la Constitución. Ambos argumentos son insostenibles puesto lo que se
pretendía poner a consulta no eran los ingresos del Estado sino quién
puede explotar los recursos energéticos de la nación y por otra parte
porque nadie impide constitucional o legalmente que como consecuencia
de una consulta popular deba de hacerse una reforma a la constitución
por el Congreso de la unión.
“Las resoluciones de la corte dejó en estado de indefensión a los
solicitantes de las consultas de las reformas, violando sus derechos
ciudadanos y humanos en un temática de trascendencia nacional”, apuntó.
Ante la resolución de la SCJN, Jorge Fernández recordó que se
agotaron todas las instancias en México para acudir y exigir el respeto
al derecho humano a la consulta popular, por lo que se acudió a la CIDH
para que atraiga el caso y se pueda ejercer este derecho reconocido en
la Constitución.
“Al no haber ningún recurso jurídico en México al que los ciudadanos
hubiéramos podido acudir ante esta resolución de la Corte, que es
violatoria de DD.HH., el sistema normativo nacional quedó cerrado como
opción para que se ejercería el derecho humano y ciudadano a la
consulta popular.
“Precisamente porque en el país ya no habría recurso legal para
acudir, un grupo de ciudadanos y de organizaciones sociales y de DD.HH.
se dirigió a la CIDH presentando una petición para que emita una
recomendación al Estado mexicano a fin de que este haga efectivo el
ejercicio del derecho a la consulta popular en materia energética. Si
el Estado mexicano no cumplió con el derecho humano, como el de la
consulta, procede que a petición de un grupo de personas y asaciones
mexicana, la CIDH emita una recomendación para que cumpla con el
derecho”, indicó.
En este sentido, el jurista detalló que con la resolución de la
SCJN, no sólo se violentaron DD.HH. de los mexicanos, sino además se
infringió artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos,
como el 28 que se refiere a los derechos políticos. Reiteró que el
derecho a la consulta popular es un derecho humano y ciudadano, y en el
caso mexicano el derecho a opinar sobre el destino de la riqueza, los
bienes energéticos y nacionales.
“Si el ejercicio de ese derecho era totalmente pertinente a los
momentos en qué fue solicitado a la instituciones mexicanas, lo es más
ahora cuando vemos los primeros resultados de la subasta del petróleo y
se informa mediáticamente que las reformas constitucionales en la
materia fueron orientadas, sino es que francamente dirigidas desde
oficinas del Departamento de Estado estadounidense y de otros interés
económicos privados.
“Por eso la petición a la CIDH sigue siendo tan importante, no se
pide nada más que se emita una recomendación para que los ciudadanos
mexicanos se nos consulte, se nos oiga sobre el destino de los bienes
de la nación. Si logramos que ese ejercicio sea efectivo, lo que
resulte de ese ejercicio podrá contribuir a la reorientación del país
de esos recursos”, finalizó.
“La reforma energética se nos metió sin consulta y desde arriba”
Para el Dr. Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos
humanos Fray Francisco de Vitoria, es importante no perder de vista que
al hablar de consulta popular sobre la reforma energética, es hacer
referencia de uno de los DD.HH. fundamentales. En tal sentido
manifestó que la consulta debe ser respetada por parte de las
autoridades.
Manifestó que el Estado mexicano ha ratificado diversas convenciones
internacionales en las que se establece el respeto a los derechos
humanos, entre ellos, el de la consulta popular.
“En 1966 cuando la ONU aprobó el pacto internacional de derechos
civiles y políticos, entre los derechos políticos fundamentales de la
ciudadanía estableció su participación activa en los asuntos públicos:
de una manera indirecta, a través de sus representantes, entendiendo
que estos efectivamente los iban a representar, y no nada más que iban
a ‘representar que los representaban, sin representarlos nunca’. Pero
no sólo de una manera indirecta, sino de una manera directa. La
ciudadanía tenemos el derecho político de participar en los asuntos
públicos que nos afectan de una manera directa (como la reforma
energética). Este pacto internacional de derechos civiles y políticos,
fue ratificado por el Estado mexicano en 1981”, expuso.
Concha Malo reiteró que al ser negada la consulta popular, el pueblo
de México está ante un caso de violación a los DD.HH., por lo que
diversas organizaciones han acudido ante la CIDH.
“Con esa reforma energética, que se nos metió a la ciudadanía de
manera inconsulta, desde arriba y de forma simulada, se establece como
prioritario, de forma absurda, la explotación de energéticos, atentando
contra la posesión y el usufructo de muchos pueblos y comunidades
indígenas. Y ahí cabe más que nunca la consulta libre, previa e
informada.
“Estamos en un asunto claro de violaciones a los DD.HH. y fue por
eso que se acudió a la CIDH para presentarle esta petición que
resolviera sobre la violación de nuestro derecho humano a la consulta
(…) Consulta libre previa e informada y respetuosa por parte de las
autoridades porque puede haber una aceptación de la consulta que
después no signifique nada, y ahí es donde tenemos que exigir
resultados”, comentó.
“Es importante hacer conciencia y rescatar nuestro derecho a ser consultados”
En palabras del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, esta acción de presentar
la solicitud ante la CIDH cobra mucha importancia en el contexto de
lucha contra la reforma, ya que “empieza por reconocer la validez sobre
consulta popular”.
Cárdenas calificó como muy grave la resolución de la SCJN que niega
la consulta popular. Dijo que con esta acción se violentó los DD.HH. de
siete millones de personas que pidieron ser consultados.
“Hemos vivido una muy grave resolución de la SCJN, en donde se nos
ha negado de manera muy directa a 7 millones de personas que
presentamos estas solicitudes de consulta, el derecho a ser
consultados; se nos está negando este derecho, por la violación de la
SCJN a sus principios.
“Es muy importante que se haya hecho esta solicitud ante la CIDH,
porque a pesar que sabemos que esto va a llevar a tiempo, queremos
confiar que este cuerpo va a darnos la razón para que primero se
reconozca que la ley de consulta popular y los planteamientos que se
hicieron ante la SCJN estaban correctamente apegados a los que
establece la ley de consulta y nuestra Constitución”, sentenció.
El Ing. Cárdenas añadió que la interpretación que dio la SCJN a la
consulta popular solicitada fue errónea, pues nunca se buscó ser
consultados sobre los ingresos. Asimismo manifestó la importancia de
que el pueblo de México tome consciencia y exija su derecho a ser
consultados.
“Es falsa esta interpretación y si esto subsistiera, por cualquier
motivo, la SCJN podría volver a negar el derecho a la consulta (…)
tenemos que rescatar los mexicanos, justamente con demandas como esta
ante la CIDH y con la que espero, el replanteamiento que podamos hacer
en su momento una consulta que eche abajo estas reformas al artículo
26, 27 y 28 que abren la puerta para entregar el dominio del subsuelo
de nuestro país y los recursos a intereses ajenos, y en mucho,
contrarios a los interés del pueblo de México. Por eso es importante
este recurso presentado ante la CIDH y por eso es importante que
tomemos conciencia los mexicanos que es importante rescatar nuestro
derecho a ser consultados en todas aquellas cuestiones que en una u
otra forma puedan afectar nuestra vida como ciudadano, trabajadores,
residentes, como el que tengamos derecho a que todo aquello que pueda
afectar los interés del país deba ser consultado al conjunto de la
ciudadanía”, dijo.
Los panelistas insistieron en el hecho de que la ciudadanía se
adhiera a la petición hecha ante la CIDH. Recordaron que uno de os
puntos solicitados es que la CIDH emita una medida cautelar la cual
ordene detener la implementación de la reforma hasta que este organismo
de una resolución y emita la recomendación respectiva sobre el tema de
la consulta.
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