Por: Lucía Lagunes Huerta*
Han
pasado dos semanas del crimen de la defensora Nadia Vera Pérez y del
fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, así como de tres mujeres más y
lejos de vislumbrarse justicia para las cinco personas asesinadas en la
colonia Narvarte de la Ciudad de México, la opacidad de la
investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF) permea la indignación.
No han sido suficientes las reuniones con periodistas y defensoras, con
las distintas autoridades capitalinas desde la Secretaría de Gobierno
del DF, con el procurador y el subprocurador, para insistir que las
principales líneas de investigación que hay que seguir son las de
libertad de expresión y la defensa de los Derechos Humanos.
Al parecer nada ha valido: la PGJDF se empeña en encuadrar los
asesinatos en el móvil de robo, pese a las evidencias que se han
mostrado, pese a que la abogada de Nadia Vera Pérez mostrara la
relación entre su defensa de Derechos Humanos y las amenazas y golpizas
que recibió en Xalapa, Veracruz.
Amenazas que llevaron a Nadia y a Rubén abandonar el estado de Veracruz.
Por el contrario, a la insistencia que ha hecho la abogada de Nadia,
Karla Micheel Salas, de agotar la línea de defensa de Derechos Humanos,
la respuesta de la PGJDF han sido las filtraciones que ponen en tela de
juicio la honorabilidad de la víctima.
Filtraciones hechas a periódicos y periodistas sensacionalistas,
quienes han hecho del crimen un espectáculo morboso, de la agresión
sexual, e incluso los resultados toxicológicos de las víctimas para
tratar de responsabilizarlas por sus muertes.
Todas estas acciones de la PGJDF sólo han acrecentado la indignación y
las movilizaciones en la Ciudad de México, porque no se le cree.
Por más declaraciones, por más actos protocolarios tras la publicación
de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos
Humanos del Distrito Federal, el actuar de la Procuraduría capitalina
sigue siendo de opacidad y sospecha.
Si bien anunció por todos los medios la declaración que se haría al
gobernador del estado de Veracruz, hasta ahora se desconoce qué ocurrió
en dicha diligencia ministerial; es más, la organización que funge como
coadyuvante en el caso de Rubén Espinosa ha tenido que aclarar que NO
estuvo presente en esa diligencia, y por tanto desconoce las respuestas
al cuestionario que preparó y el cual fue responsabilidad de la
autoridad de justicia capitalina aplicar a Javier Duarte.
En tanto, las tensiones para defensoras y defensores y periodistas de
Veracruz siguen creciendo. Los rumores de las listas con nombres para
ser asesinados van y vienen. Se saben en peligro y por ello buscan la
visibilidad internacional, la solidaridad de voces de renombre que
eleven la voz para parar la violencia y salvar sus vidas.
Personas defensoras y periodistas están hartas de poner ellas y ellos a
los muertos, de que las discusiones institucionales se queden en una
pequeña burocracia de la “protección” sin resultados reales.
Diez son las inconsistencias que marca la abogada Karla Micheel Salas
en la investigación de Nadia y Rubén, una de las principales es que
pese a todas las filtraciones y los juicios mediáticos, ni el
expediente ni las investigaciones han demostrado el móvil del crimen.
Por ahí tiene que empezar la PGJDF: por explicar a las familias y a la
sociedad por qué los mataron, sin trampas ni mentiras chiquitas.
Nada bueno para el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera,
tener que sostener mentiras, sobre todo si quiere ser candidato
presidencial en 2018.
Lo mejor será para Mancera que se ponga del lado de la justicia para las víctimas.
Twitter: @lagunes28
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC.
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | México, DF.- 
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