Le imputa el delito de desaparición forzada de una persona en Nuevo León
Juez federal condena a un militar a purgar más de 31 años de cárcel
El afectado está desaparecido desde 2012 y fue privado de su libertad en el municipio de Los Herreras
Este caso es uno de los primeros en que autoridades civiles juzgan a personal castrense
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de agosto de 2015, p. 3
En el año 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
determinó que los miembros de las fuerzas armadas que cometan crímenes
contra civiles deberán ser procesados por jueces que no formen parte
del fuero castrense.
En una tarjeta informativa emitida por el juzgado, en la que se
omitió informar los nombres del acusado y de la víctima, se dio a
conocer que la persona afectada fue privada de su libertad en el
municipio de Los Herreras, Nuevo León, el 20 de mayo de 2012, y hasta
la fecha permanece desaparecida. Luego de consultar la lista de
notificaciones del juzgado primero de distrito en materia penal en
Nuevo León se pudo conocer que el sentenciado de la causa penal
104/2013 se llama Danny Hernández Sánchez.
‘‘El juez Eustacio Salinas Wolberg basó su sentencia en la grave
afectación o peligro a los bienes jurídicos tutelados, a saber, la
integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa
del delito, así como el ámbito de protección a los familiares, víctimas
indirectas del mismo, por el sufrimiento que atraviesan en su afán de
lograr información sobre el paradero del desaparecido, además de la
violación al derecho a la verdad’’, informó la Judicatura Federal.
Asimismo,
‘‘ponderó el perjuicio causado al propio Ejército Mexicano, el cual
desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la
seguridad nacional y de las personas, al colaborar con las
instituciones civiles, dentro del marco constitucional y legal, para
hacer frente a los actos de la delincuencia organizada’’, añadió.
Hernández Sánchez es técnico en administración militar, egresado en 2002 de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea.
El militar también fue destituido del Ejército e inhabilitado por 15
años y tres meses para el servicio público, aunque puede impugnar la
condena ante un tribunal unitario.
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