Académicas y activistas ven insuficiencia de políticas públicas
El
gobierno mexicano debe garantizar que las pocas políticas públicas y
acciones que ha impulsado a favor de las mujeres migrantes –la mayoría
promovidas por grupos civiles– cuenten con presupuesto, y sean operadas
con apego a Derechos Humanos (DH), para que ellas tengan condiciones de
tránsito y de trabajo más dignas, dijeron expertas en migración
femenina.
Al concluir la III Semana de la Migración “Género y Migración”, que se
celebró los días 17, 18, 19 y 20 de agosto, en la Universidad
Iberoamericana (UIA) en esta ciudad, académicas y activistas abordaron
los problemas que afrontan las migrantes centroamericanas en su
tránsito por México, así como las connacionales en Estados Unidos y las
migrantes internas.
Berenice Valdez, coordinadora de políticas públicas del Instituto para
las Mujeres en la Migración (Imumi), detalló que la sociedad civil ha
hecho mucho por incidir para que la política migratoria no se centre en
los varones, sino que tenga un enfoque de género y considere la
diversidad del fenómeno migratorio.
Con este impulso –destacó– se han logrado avances importantes como el
Programa Especial de Migración (PEM) –con líneas de acción específicas
para la atención de las mujeres–, y otras acciones afirmativas para
garantizar los derechos específicos de niñas, jóvenes y adultas
migrantes, observó.
No obstante, en la realidad prevalecen violaciones a DH de las mujeres
en contextos migratorios, muchas de ellas trabajadoras que son
explotadas y vulneradas en sus empleos por falta de documentos
oficiales.
Según la experta, esta situación se debe a que el Instituto Nacional de
Migración (INM) –mecanismo de la Secretaría de Gobernación (Segob)
encargado de operar la política migratoria– y otras autoridades
desconocen las leyes en la materia, o bien algunas normas no toman en
cuenta la condición particular de la migración femenina.
Berenice Valdez puso como ejemplo el Programa Temporal de
Regularización Migratoria, acción anunciada este año por el Ejecutivo
federal como una medida para que las trabajadoras del hogar migrantes
adquieran permisos de trabajo, lo que reduciría su vulnerabilidad.
No obstante, observó la activista, se requieren 20 salarios mínimos
para pagar ese trámite y las migrantes trabajadoras del hogar apenas
ganan como máximo dos salarios mínimos.
A ello se suma que sus empleadoras no estarían dispuestas a darse de
alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni les
extenderían otros documentos por escrito requeridos para este programa,
abundó la integrante de Imumi.
Valdez cuestionó: “Estamos trabajando políticas concretas para
implementar en este país. ¿Cuál es el reto? La implementación en lo
local y la asignación de recursos, que las y los funcionarios que
operan conozcan estas políticas migratorias que mandatan los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que además las implementen con un
enfoque de género”.
Agregó que parte de la solución sería que los gobiernos locales tomen
sus propias decisiones descentralizadas, además de que haya una
política de implementación medible y con recursos, pues hasta ahora el
PEM no tiene dinero etiquetado, y no hay manera de saber cuánto dinero
se destinó este año para atender a la población migrante.
Mónica Corona, de ONU-Mujeres, precisó que en general la política
migratoria “es ciega” ante la condición de las migrantes; sin embargo
–acotó– los grupos civiles trabajan para que la sociedad y el Estado
mexicano dejen de mirar como víctimas a las mujeres migrantes, y
empiecen a tomarlas como “sujetas activas” de la migración y
protagonistas del desarrollo de las entidades.
La experta explicó que a pesar de que México no está brindando mejores
oportunidades de empleo para las migrantes, una de cada dos es jefa de
hogar y participa en la economía del lugar de residencia y del de
origen, a través del trabajo de cuidado y el envío de remesas que
ayudan a aumentar el nivel educativo de las y los niños.
“Algo que falta en los estudios migratorios, en la sociedad y en la
prensa es visibilizar que la migración de las mujeres implica aportes
de origen y de destino”, demandó Corona.
A fin de garantizar que la política pública sea efectiva, la
representante de ONU-Mujeres propuso sensibilizar, capacitar e informar
a las y los funcionarios y legisladores en enfoque de género.
BASTA DE FIRMAR ACUERDOS, RECLAMAN
Reyna Torres Mendívil, embajadora y directora general de Protección a
Mexicanos en el Exterior, enumeró como logros de las autoridades el
número de mujeres repatriadas a México y los más de 30 consulados en
Estados Unidos para atender a las y los connacionales.
Javier Urbano, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la
UIA, aprovechó la presencia de la diplomática para criticar la firma de
acuerdos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que
no han garantizado la integridad de la población migrante.
“No dejaremos de decir que hay fallas garrafales en la atención,
protección y la promoción de los derechos. No se trata de sólo firmar
acuerdos, se trata de operarlos (...); no podemos seguir en el discurso
de ser campeones en sólo firmar acuerdos. No sirve”, sentenció el
académico.
Ximena Gallegos, también del Programa de Asuntos Migratorios de la UIA,
detalló como otros problemas para las migrantes la falta de guarderías
y medidas de protección para las jornaleras; así como la necesidad de
asegurar el resguardo internacional para las mujeres que huyen de sus
países; revisar la situación de quienes están encarceladas
injustamente, y garantizar el acceso a la salud de las migrantes con
VIH/Sida y para quienes presentan embarazos no deseados.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa, Cimacnoticias | México, DF.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario