HERMOSILLO,
Son. (apro).- Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, coordinador de la línea
telefónica Protege, creada para reportar a niños en situación
vulnerable y adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia, fue acusado de cobrar hasta 20 mil dólares por entregar un
pequeño en adopción de manera irregular.
El exfuncionario público se valía del apoyo de José Hernández López,
exdirector jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, quien fungía como
intermediario entre la parte oficial y los padres adoptivos.
Según la información difundida por Michelle Rivera, de Larsa
Noticias, la “cloaca” se destapó el pasado 8 de mayo, cuando un grupo
de supuestos padres adoptivos realizaron una manifestación afuera de
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de esta ciudad.
Allí, los inconformes denunciaron que los antes mencionados
solicitaban sumas de dinero que iban de los 100 mil hasta 180 mil
pesos, pero si los interesados provenían de Estados Unidos la cuota se
elevaba hasta los 20 mil dólares, unos 300 mil pesos al tipo de cambio
de esa fecha.
Este dinero se entregaba a los “gestores” conforme avanzaba el
ficticio trámite de adopción, que podría prolongarse hasta tres meses.
Ante esto, un día después, el 9 de mayo, la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) solicitó la presentación urgente de Arzate
Carbajal, quien fue localizado en Cancún, Quintana Roo, donde se
encontraba de luna de miel acompañado de su esposa Marisol Espinoza,
misma que también labora en la Fiscalía estatal.
La acción penal fue encabezada por el director de Averiguaciones
Previas, Luis Enrique Verdugo Toledo, quien integró un expediente en la
Agencia Primera de Querellas contra Vladimir Alfredo Arzate Carbajal,
bajo el número 01/015, por la presunta trata de personas, al gestionar
adopciones irregulares, incluyendo entrega de menores de edad a
personas radicadas en el extranjero.
Arzate Carbajal confesó en su declaración ministerial que había
“intercedido” en la adopción irregular de 13 menores, a quienes las
autoridades hasta el momento no han podido localizar.
De acuerdo con la investigación, el exservidor público escogía a sus
víctimas de entre mujeres drogadictas o en situación de calle para no
enfrentar resistencia alguna.
Además, el expediente ministerial se extiende al Hospital Infantil
del Estado de Sonora (HIES) sobre todo al área denominada Centro de
Atención Integral a Menores (CAIMS), dependencia encargada de
determinar si los niños recién nacidos son aptos para continuar con sus
madres.
Justo al realizar este trámite, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal
negociaba la sustracción de menores, con la ayuda de las encargadas del
área.
Según datos del departamento de Neonatología del HIES, mensualmente
se detectan 16 casos de drogadicción materna, situación conveniente
para el tráfico de menores. De manera extraoficial, se sabe que de 2009
a la fecha el número de adopciones ilegales rebasa los 100 casos.
Durante la averiguación también fue detenida por la Fiscalía
sonorense, la abogada Ariadna Burruel Burruel, jefa jurídica del CAIMS;
en tanto la pediatra Gladys Ceballo, la psicóloga Andrea Ortiz y la
trabajadora social Martha Liliana Moreno, fueron llamadas a declarar.
En la lista de comparecencias fue incluido el personal de
Neonatología del hospital, entre quienes identificaron a Vladimir
Arzate Carbajal como quien hacía tratos con la jurídica Ariadna Burruel
Burruel.
Fuentes de la Procuraduría del Menor y la Familia informaron que
sólo han recuperado cinco de los niños dados en adopción en forma
irregular, incluyendo a una pequeña quien estaba en poder de José
Hernández López, el ahora exjurídico de la Unión Ganadera.
Ninguno de los dos señalados como presuntos responsables de la venta de menores ya no labora en el mismo lugar.
En los estrados del Cereso de Hermosillo, los nombres de los
presuntos inculpados nunca aparecieron en la lista de personas que
integran al sistema penitenciario a manera de arraigos, es decir, nunca
fueron canalizados a ese sitio por estos hechos.
Vladimir Arzate Carbajal, promovió el pasado 15 de mayo un amparo
ante la Juzgado Primero de Distrito un día después le fue concedido
este recurso legal y ahora goza de total libertad.
Los inculpados alcanzaron fianza porque no se les consignó por el
delito de venta de infantes sino por simples actos de corrupción, con
la aparente intención de cobrar “moches” para acelerar el proceso de
entrega del menor.
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