La consecuencia más dramática del régimen vigente, es la violencia que ha colocado a la sociedad nacional al borde del caos. En la actualidad, es de lo más natural que los medios llenen sus espacios con información sobre los crímenes en los que las víctimas son luchadores sociales, periodistas y jóvenes que se ven obligados a delinquir porque no les queda otro camino. Lo terrible es que la sociedad se esté acostumbrando a ver sin estupor una realidad espeluznante, realidad conveniente para la camarilla que secuestró a las instituciones con el fin de utilizarlas en su exclusivo beneficio.
De ahí que sea muy oportuna la carta de protesta que hicieron llegar a Enrique Peña Nieto intelectuales y artistas de nivel mundial, con el fin de exigir seguridad para periodistas mexicanos. En el documento, que empezó a circular el fin de semana en el blog del Pen American Center, rama regional de la asociación mundial de escritores Pen Club International, se afirma: “Nosotros, periodistas, escritores y artistas creativos de todo el mundo… vemos con indignación los ataques contra los reporteros de México. Cuando se ataca a un periodista se atenta contra el derecho a la información de la sociedad entera”.
Entre los firmantes destacan Noam Chomsky, Paul Auster, Salman Rushdie, Sergio Ramírez y Margaret Atwood, todos ellos escritores de talla universal, a quienes sería impensable acusar de estar al servicio de intereses espurios. Asimismo, participan periodistas de Estados Unidos y de diversas partes del mundo, además de los cineastas mexicanos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Gael García Bernal y Alicia García Bergua, entre otros destacados intelectuales de primerísimo nivel en el mundo de la cultura y las artes.
En la misiva se puntualiza que los asesinatos del reportero gráfico Rubén Espinosa y de cuatro mujeres en la colonia Narvarte, son “un parteaguas” que obliga a un llamado de alerta sobre una situación dantesca en México que debe ser firmemente reprobada. “La ciudad de México era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico. Ahora no parece haber santuario alguno para los reporteros perseguidos en México”, afirman. Se refieren en particular al estado de Veracruz, donde “las amenazas, los maltratos y asesinatos de periodistas han alcanzado cifras sin precedentes”.
Así es, y no hay manera de desmentir aseveraciones tan contundentes. Por eso puede afirmarse que es dinero tirado los millones de dólares que el gobierno federal gasta en propaganda engañosa, con el fin de mantener una imagen positiva en el mundo que la propia realidad se encarga de poner en su justa dimensión. México es, en la actualidad, uno de los países con más altos índices de violencia contra periodistas, situación que agrava una impunidad inconcebible en naciones que se precian de vivir en democracia. Esta situación es consecuencia de la dramática descomposición del tejido social, que invade como un cáncer maligno a todo el Estado mexicano.
Lo terrible del caso es que las cúpulas del poder económico y político siguen sin darse cuenta de tan terrible realidad. Pero si la conocen fingen no verla, porque les favorece enormemente tener secuestradas a las instituciones, con el fin de obtener beneficios que de otro modo serían imposibles. Aquí radica el origen de la crisis generalizada que estamos viviendo, por eso es impostergable rescatar la soberanía del Estado, pero con la finalidad de iniciar un proceso democratizador de fondo, real y concreto, que permita poner fin a la impunidad de las élites, a la fuerza del crimen organizado y a la irresponsabilidad y corrupción de la alta burocracia.
La impunidad que priva en el país es una consecuencia más de la descomposición del tejido social, problema que se gestó a partir de que la tecnocracia se hizo del poder para medrar y apuntalar su hegemonía. Carlos Salinas de Gortari se encargó de hacer las modificaciones necesarias, a la Carta Magna, para que su grupo de compinches gozaran de plena libertad para depredar a la nación. A partir de entonces, México se convirtió en el paraíso de los llamados “delincuentes de cuello blanco”. De ahí la urgencia de cortar de raíz el flagelo de la impunidad, del que han disfrutado sin cortapisas los gobernadores. Esto es ya del dominio público a nivel internacional, causa fundamental de que el régimen esté cavando su tumba.
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