(Reportaje especial)
Temen que sus nombres completos, direcciones y fotografías estén en manos de gente cercana a Gutiérrez de la Torre.
Foto: Rubén Espinosa/ Cuartoscuro
Reportaje Especial/ Por Irving Huerta y Sebastián Barragán
Las mujeres que denunciaron al líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
analizan acogerse a un programa de cambio de residencia temporal, luego
de que la Procuraduría de General de Justicia del DF (PGJDF) violó la secrecía sobre sus datos personales y las amenazas que ha recibido su defensa legal.
Ahora, las víctimas no saben si sus nombres completos, direcciones y fotografías están en manos de gente cercana a Gutiérrez de la Torre o funcionarios que quieran afectarlas, por lo que temen por su seguridad y la de sus familiares.
Las mujeres, quienes escaparon del esquema de reclutamiento que
operaba en las oficinas del PRI capitalino, denunciaron a Gutiérrez
ante la Procuraduría General de la República (PGR), con sus identidades
resguardadas con nombres clave y documentos empaquetados en un sobre
sellado.
Pero el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, declinó llevar la
averiguación y la remitió a la procuraduría capitalina, donde al final
se decretó el no ejercicio de la acción penal. Las denuncias habían
llegado a la procuraduría local con esos nombres clave y con sellos en
el sobre que contenía sus identificaciones oficiales.
Una de las mujeres que denunciaron contó a Aristegui Noticias
cómo fue que miembros de la Procuraduría del DF acudieron a su
domicilio particular, a notificarle del no ejercicio de la acción penal
y la buscaron por su nombre verdadero, de acuerdo con testimonios de la
víctima y sus familiares.
“Todo este tiempo he sido la más tranquila, pero con esto que pasó, que se revelaron nuestros datos, sí tuve miedo”,
dijo ella, quien es una de las muchachas cuyo testimonio dio pie a la
investigación que se publicó el 2 de abril de 2014, en la Primera
Emisión de Noticias MVS que conducía Carmen Aristegui.
Todas las notificaciones anteriores habían llegado con sus nombres
clave y al domicilio de su abogada, Teresa Ulloa, directora de la
Coalición contra el Tráfico de Mujeres y niñas en América Latina y el
Caribe (Catwlac).
La mañana del martes 28 de julio, a las 7:30 am,
tres funcionarios de la procuraduría del DF se presentaron en el
domicilio de las víctimas: el agente del Ministerio Público Guillermo
Santamarina Zepeda, el notificador Nicolás Sánchez González y quien se
identificó como integrante de la dirección de derechos humanos de la
procuraduría, Cynthia Mendoza Arellano.
Primero preguntaron por el nombre clave de la víctima, pero uno de
los familiares negó que allí viviera alguien con ese nombre. Entonces mencionaron la verdadera identidad de la joven y los miembros de su hogar entraron en alarma. No permitieron que la víctima se encontrara con los funcionarios.
El agente del Ministerio Público llevaba anotados los nombres reales
de las jóvenes en una libreta, aunque no estaban escritos en el
documento oficial que finalmente dejaron en la vivienda.
Además, los funcionarios de la Procuraduría no incluyeron la
argumentación de la procuraduría para no seguir investigando el caso,
algo inusual para denuncias penales y los avisos que se entregan a
denunciantes.
Después de 30 minutos, la representante de la dirección de derechos
humanos recomendó a los familiares un lugar donde la víctima puede ser
tratada psicológicamente, en la colonia Del Valle, de la ciudad de
México.
La directora de Catwlac, Teresa Ulloa, dijo que la
violación del acuerdo de resguardo de identidad es una falta grave a
los protocolos de investigación y representa un bloqueo más al proceso
de impartición de justicia.
La abogada sostuvo que este derecho aplica para víctimas de delitos
como el secuestro, la violación y trata de personas, de acuerdo con el
artículo 20 de la Constitución, y existen sanciones graves para las
personas que rompan este secreto, las cuales se agravan si se trata de
funcionarios públicos.
Teresa Ulloa es representante legal de las víctimas pero la
procuraduría capitalina no le ha notificado el no ejercicio de la
acción penal contra Gutiérrez de la Torre; sin embargo, durante el
proceso ministerial su oficina recibió todos los requerimientos de las
autoridades.
La titular de Catwlac mostró al equipo de Aristegui Noticias
oficios que normalmente enviaba la PGJDF sobre el caso. En ellos se
aprecia el seudónimo elegido por las denunciantes y la dirección de su
representante legal.
Negó que el no ejercicio de la acción penal sea motivo para dejar de
cuidar la identidad de las denunciantes, pues en términos legales el
proceso aún está lejos de terminar porque las víctimas tienen
mecanismos para exigir la actuación de la procuraduría capitalina.
Teresa Ulloa afirmó que la diligencia que practicaron funcionarios de la PGJDF es un acto de intimidación y representa una amenaza a la seguridad de las denunciantes,
pues ahora no se sabe qué otras personas tienen acceso a sus nombres
completos, direcciones y fotos de identificaciones personales.
Ulloa afirmó que ha recibido amenazas de violación por celular y que
diversas personas se han acercado a las movilizaciones que realiza para
fotografiar la cara de todas las personas que participan. Sostuvo que
fuera de sus oficinas hay personas que registran todos los movimientos,
incluyendo un registro de visitantes.
Para la activista con más de 45 años de experiencia en el tema de
trata de personas, la filtración de información y la obstaculización de
la defensa de las víctimas en este caso, por parte de la procuraduría,
son condiciones que no había visto en toda su carrera y que ameritan
medidas de protección urgentes para las mujeres que denunciaron a
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
Aristegui Noticias pidió una postura a la oficina de
comunicación de la PGJDF, que dirige Rodolfo Ríos Garza, pero hasta el
momento no ha respondido
No hay comentarios.:
Publicar un comentario