Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Dentro de un grupo de ocho países de América Latina (AL) y después de Brasil, México ocupa el último lugar en desarrollo económico. Para 2012-2014 su tasa de crecimiento del PIB es de 2.5, frente a 5.1 de Perú, o 3.4 de Guatemala.
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Por tanto, México es uno de los países donde la pobreza y la indigencia aumentaron entre 2011 y 2013. En contraste Paraguay, El Salvador, Colombia, Perú, Chile y Argentina mostraron disminuciones significativas tanto en sus niveles de pobreza como en los de indigencia.
Se considera línea de indigencia (el precio de una canasta básica de alimentos) o de pobreza (monto mínimo necesario para satisfacer las necesidades esenciales).
Es información generada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su documento más reciente: “La Unión Europea (UE) y AL y el Caribe ante la nueva coyuntura económica y social”.
El documento refiere las enormes brechas entre AL y la UE, en especial las referidas a los niveles de inversión en protección social y a la cobertura en seguridad social y que tanto afecta a las mujeres del país.
Para el primero, el porcentaje del PIB en los países de AL están todavía muy por debajo de los observados en la UE. Para AL el gasto en protección social representaba el 6.2 por ciento del PIB en 2012, mientras que el promedio de 15 países de la UE era casi cinco veces mayor (29.1 por ciento).
En lo concerniente a la cobertura de seguridad social alrededor de 2010, en 15 países de la UE el porcentaje de población activa afiliada a sistemas de seguridad social que garantizan una pensión se acercaba a la universalidad (91.6 por ciento), mientras que en AL y el Caribe menos de la mitad de la población activa (46.9 por ciento) estaba afiliada. Sin duda las brechas son enormes y sus efectos en la pobreza son evidentes para el caso de México.
Cepal advierte que las perspectivas de un menor dinamismo del comercio internacional conducen a esperar un menor crecimiento entre 2015 y 2017 para AL y desde luego también para México, lo que haría menos probable que se acorten las brechas de ingreso por habitante con los países de la UE.
Desde esta mirada, el grupo Nuevo curso de desarrollo de la UNAM en su documento “México frente a la crisis” hace referencia a la situación actual del país –tanto económica como política– y formula una propuesta de medidas de política económica, donde se plantea que tras la profunda crisis de 2009 seguimos sin lograr una recuperación económica y social sostenida, generalizada y compartida.
“El mediocre desempeño económico mostrado por México obedece tanto a causas estructurales como de corto plazo. La baja de los precios petroleros y otros factores recientes están operando sobre un telón de fondo de baja inversión pública y privada, y de una política macroeconómica desfavorable al crecimiento que lleva operando por lo menos década y media.
“Por ello, y en el contexto globalizado al que nos hemos insertado, consideramos indispensable instrumentar nuevos impulsos internos para un crecimiento centrado en la generación de empleo digno, como prerrequisito de una recuperación sostenida, robusta e inclusiva”.
La esencia de las propuestas es una política económica activa para el desarrollo, dentro de las cuales destacan: las relativas al presupuesto público federal, así como retomar de manera prioritaria en el Congreso la discusión sobre las reformas propuestas para la protección social universal, las pensiones, el seguro de desempleo, la recuperación salarial y otros puntos pendientes de la reforma social, y determinar sus necesidades de gasto para el presupuesto 2016.
Otra importante propuesta es iniciar una discusión pública organizada sobre la reestructuración presupuestal en curso y el presupuesto base cero para 2016, convocada por la Cámara de Diputados, en la que se expongan los diagnósticos de los principales programas públicos y sus oportunidades de mejora y necesidades de gasto, los criterios de modificación presupuestal y la racionalidad social y económica de los cambios a realizar.
En este ejercicio conviene mantener al menos cuatro grandes prioridades:
a) Consolidar los recursos para superar la pobreza y promover el desarrollo social. Aquí son cruciales los recursos destinados a la equidad de género.
b) Ampliar la inversión pública en áreas y proyectos detonadores de crecimiento y desarrollo regional.
c) Fortalecer la capacidad de la política tributaria de avanzar hacia una distribución más progresiva y sostenible del ingreso y,
d) Fortalecer radicalmente la transparencia del ejercicio del gasto, conocer con oportunidad su destino, medir su eficiencia y efectividad y lograr la honestidad en su ejercicio.
En general todas las propuestas del documento de Nuevo Curso de Desarrollo son viables y muy necesarias, sin embargo es notorio que el gran ausente en estas campañas electorales ha sido el tema del desarrollo económico.
El próximo domingo 7 de junio hay elecciones intermedias en todo el país, se eligen gobernadores en más de siete entidades y las campañas han carecido de propuestas; lo que sí ha estado presente es el clima de irritación social que se vive, así como la falta de credibilidad en las instituciones públicas. Un clima político muy inquietante, por decir lo menos.
Twitter: @ramonaponce
*Economista especializada en temas de género.
Cimacnoticias | México, DF.-
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