Por: Emma Martínez /
5 junio, 2015
(05 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Después de 180 días
de plazo establecido para el cumplimiento de los artículos transitorios
de la Ley General de Derechos de niñas, niños y adolescentes, “el
balance es muy pobre en todos los ámbitos: escasa armonización de leyes
estatales, nula evidencia de rediseño presupuestal para el próximo año,
resistencia en los Estados a la participación de la sociedad civil,
retrocesos de leyes locales frente a avances de la Ley General y
retraso en la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral
que presidiría el propio Presidente de la República”, afirma Juan
Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de
la Infancia en México (REDIM).
Dicha Ley se promulgó el 4 de Diciembre del 2014, donde los
principales puntos son: el reconocimiento de las niñas, niños y
adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad; garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y
promoción de sus derechos humanos; crear y regular la integración,
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; establecer las
bases generales para la participación, tanto del Estado, como de los
sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la
protección y el ejercicio de los derechos, así como a prevenir su
vulneración.
En su momento, Enrique Peña Nieto afirmó que el cumplimiento de lo
anterior sería la principal responsabilidad del Estado, donde
garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los
derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados, por
medio de los principios rectores y criterios que orientarían la
política nacional en materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes, sería prioritario.
Sin embargo, a decir por Pérez García, “en REDIM celebramos que el
proyecto de Ley General fuera enviado con carácter preferente y
especialmente felicitamos la gran tarea que realizó el Senado de la
República para modificar y actualizar el proyecto acorde a los
estándares internacionales. Desafortunadamente desde el Poder Ejecutivo
no se envió un proyecto económico, lo cual ha obligado a que las
dependencias reorganicen a lo interno su presupuesto e incluso que en
algunas entidades federativas decidan ‘a priori’ no cumplir con el
estándar y diseño institucional que establece la Ley General, ante la
incapacidad financiera para ejecutarla”.
Es así como la falta de presupuesto para la implementación federal y
estatal hoy representan el principal obstáculo para la implementación
de una nueva institucionalidad. Lo cual permite el rezago que desde
hace más de dos décadas mantiene el Estado mexicano respecto a la
garantía de derechos de la infancia.
“Dentro de los principales problemas que mantiene México, se
encuentra la eterna pobreza infantil y adolescente, la cual llegará un
momento, en pocos años, que será permanente, lo cual es altamente
probable, basado en estudios que demuestran que el gobierno actual y el
del sexenio anterior mantienen apoyos y esfuerzos limitados y por lo
tanto, faltos de eficacia”, afirma la activista Sandra Andraca.
Al mismo tiempo asegura que son también altos los niveles de
carencia por seguridad social en la población infantil y adolescente,
ya que nuevamente ni Congreso, ni Gobierno, atienden ni implementan
mecanismos y estrategias para garantizar que esta parte de la sociedad
pueda acceder y participar en mejores condiciones en el mercado de
trabajo, que les permitan el acceso a condiciones de protección ante
eventualidades fuera de su control, además de que estos mecanismos
facilitarían una cobertura más integral de los servicios de salud.
“A esto se debe agregar el desequilibrio absoluto en los escasos
programas para infantes y adolescentes, el gobierno desde siempre ha
implementado una estrategia que aplique a todo el país (o hasta donde
puedan llegar sin mayor esfuerzo), sin que exista un análisis de fondo
de las diferencias abismales que existen entre un punto del país y
otro. Y es que mientras en el norte del país se pueden establecer
medidas que de alguna manera puedan llegar a obtener un resultado
medianamente satisfactorio de forma más rápida, y menos complicada, en
el sur se requieren políticas mucho más integrales y profundas que,
además de contribuir con el cumplimiento y respeto de sus derechos
sociales, colaboren en la erradicación de la pobreza extrema, primero
con empleos, salarios dignos y después con políticas de educación que
cambien el futuro de los niños y adolescentes”, comenta Andraca.
“Miramos con preocupación que menos de la mitad de las entidades
federativas lograron armonizar su ley estatal con la Ley General. Es
preocupante que los proyectos de Ley locales quedaran para el último
momento en varios estados y que ahora nos encontremos con una lluvia de
aprobaciones de leyes que carecen del debido proceso para entender y
atender la realidad local. Y decepcionante la negativa de varios
congresos y gobiernos locales para abrir la discusión con las
organizaciones sociales expertas en derechos de la infancia”, afirma
Pérez García.
Y afirma que Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación deben
ratificar el carácter preferente de la Ley General y su presupuesto
para el Estado mexicano y al mismo tiempo presentar un proyecto
económico que permita avanzar a dicha ley, esto con la finalidad de
avanzar en la protección a los menores y adolescentes y que el gobierno
demuestre su interés y compromiso, pasando del mero discurso a los
hechos.
Pérez García también pide al gobierno transitar del actual
asistencialismo hacia la restitución de derechos desde el Subsistema de
Protección Especial (Sistema DIF y nueva Procuraduría), ya que no se
cuenta con los mecanismos claves para superar la lógica asistencialista
que ha tenido en rezago la garantía de los derechos de la infancia por
décadas. Así como la creación inmediata de un grupo de trabajo entre
dependencias federales, la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO), municipios, OSC y academia (con apoyo técnico de Naciones
Unidas) para realizar una ruta de trabajo que permita avanzar en el
rediseño del presupuesto nacional y estatal en materia de infancia para
los próximos años, de esa manera no existiría pretexto alguno para
asegurar un mayor beneficio a las nuevas generaciones.
UNICEF ha enviado una carta recientemente a Enrique Peña Nieto
insistiendo en la urgente implementación de la Ley General de Derechos
de niñas, niños y adolescentes, apuntando que es necesario que dicha
legislación, pueda cambiar las siguientes problemáticas:
Hay 6.1 millones de niños entre 3 y 17 años que no asisten a la
escuela, a pesar de que la cobertura en educación básica y el promedio
de escolaridad han aumentado; la tasa de mortalidad en menores de 5
años (por cada mil nacidos vivos) sigue siendo alta en estados como
Guerrero (19.4), Chiapas (19.5), Puebla (19.7) y Oaxaca (20), a pesar
de que la tasa nacional ha disminuido considerablemente (de 41 en 1990
a 16 en 2012) por cada mil nacidos vivos; seis de cada 10 niños, niñas
y adolescentes, han vivido directamente alguna forma de violencia en su
casa o en la escuela; en 2013 fueron repatriados de Estados Unidos a
México, 15,561 niños, niñas y adolescentes que migraban solos,
expuestos a toda clase de peligros y violaciones a sus derechos; 2.5
millones de niños, niñas y adolescentes trabajan, a pesar de los
esfuerzos en los últimos años por reducir la tasa de trabajo infantil.
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