Luis Hernández Navarro
Las
elecciones del próximo domingo serán cualquier cosa menos normales. A
unos días de concretarse priva la violencia, las guerras de lodo entre
partidos políticos, la desconfianza hacia las autoridades electorales,
la manipulación de las encuestas, el llamado al boicot y a la anulación
del voto, el empate técnico en siete de las nueve gubernaturas en
disputa y la posibilidad de triunfo de un candidato independiente.
Aunque el gobierno federal ha tratado de subestimar el clima de
violencia alrededor de los comicios, la magnitud del problema no se
puede ocultar. Formalmente, en el transcurso de la campaña han sido
asesinadas cinco personas: una precandidata, tres candidatos y el
coordinador delegacional de una campaña en el Distrito Federal. Sin
embargo, al sumar los dirigentes partidarios, acompañantes y familiares
fallecidos en los ataques, la cifra sube a 11 muertos y hasta 20.
Pero, más allá de los homicidios, ha habido más de 70 arremetidas violentas: bombazos contra instalaciones electorales, levantones, peleas no verbales, amenazas y agresiones directas contra políticos y aspirantes a ocupar un puesto de elección popular.
El problema es de tal magnitud que las mismas autoridades que
públicamente desestiman el clima de violencia, tienen bajo la lupa
siete entidades asoladas por el crimen organizado, tres de las cuales
merecen
especial atención: Guerrero, Jalisco y Tamaulipas. Las otras son Michoacán, Nuevo León, Veracruz y el estado de México.
Miedo o precaución. De acuerdo con fuentes oficiales, durante la
jornada electoral, más de 12 mil elementos del Ejército, la Marina, la
Policía Federal, el Cisen y la PGR, en coordinación con autoridades
estatales, participarán en tareas de seguridad en las entidades bajo
observación. En estos focos rojos al menos 18 candidatos a diputados
federales y dos a gobernador cuentan con escoltas asignados por la
Secretaría de Gobernación. Asimismo, más de 40 aspirantes a cargos
municipales son vigilados por cuerpos de seguridad estatales.
Las guerras de lodo entre candidatos y partidos siempre han existido en las campañas electorales. Son como el queso de una cheeseburger.
Sin embargo, en esta ocasión han alcanzado una extensión y profundidad
inusitadas, al punto de convertirse en uno de sus sellos distintivos.
Filtraciones a la prensa y redes sociales sobre negocios turbios y
asuntos privados de los candidatos, acusaciones de todo tipo en su
contra, denuncias sobre rebase de topes de campaña, verdaderas y
falsas, han terminado por oscurecer cualquier posibilidad de discusión
(en caso de que las haya) sobre las distintas propuestas programáticas.
De la mano de ataques y denuestos, caminan las encuestas en las que,
amparados por sus resultados, los distintos candidatos se proclaman
ganadores. No es nuevo el uso de los sondeos para inducir el voto de
los indecisos y fabricar un clima de credibilidad hacia la posibilidad
de triunfo de un aspirante. Sabemos que muchas encuestas se hacen al
gusto del patrocinador. El que paga manda. Pero es de locos la
diferencia en los resultados de unas y otras que las compañías que las
realizan difunden estos días.
La
confrontación no sólo se da entre partidos, sino entre éstos y las
autoridades electorales, que no aciertan a resolver la crisis que se
vive en el INE. Sus autoridades aparecen debilitadas e incapaces de
llevar a buen puerto el proceso electoral. La vergonzosa manipulación
de Rigoberta Menchú, a cambio de 10 mil dólares pagados por el
instituto –y unos 30 mil más de diversas fundaciones–, para promover el
voto en Guerrero y tratar de lavar la imagen del consejero presidente
como racista, no hizo más que profundizar este descrédito.
La situación se complica aún más por la decisión del Movimiento
Popular Guerrerense de boicotear los comicios en el estado, y de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de
obstaculizar su realización en otras 10 entidades. En lo inmediato,
este acuerdo propició ya la militarización exacerbada de Guerrero, y la
decisión gubernamental de suspender indefinidamente la evaluación
docente. En municipios como Tixtla, Ayutla, Tlapa, Chilapa e Iguala
(por citar sólo algunos) existe riesgo real de que se produzcan choques
violentos.
De manera diferenciada de quienes auspician el boicot, una corriente
ciudadana poco articulada orgánicamente, con escasa presencia en los
medios pero muy activa en el ciberactivismo está llamando a anular el
voto. Señala que una convocatoria similar en 2009 cosechó 5 por ciento
de los votantes y abrió la puerta a una nueva reforma política.
En los comicios para gobernador en nueve estados el resultado final
es incierto. El PRI parece tener garantizado el triunfo en Campeche y
el PAN en Baja California Sur, pero en el resto de las entidades hay
empates técnicos. El tricolor ha visto cómo su ventaja inicial en varios de ellos se desvanece. El pleito allí es de pronóstico reservado.
El encono, sin embargo, no se da exclusivamente entre partidos
distintos, sino dentro de éstos. Está en disputa quién asume su
dirección después de las elecciones, y las distintas facciones en pugna
dentro de los partidos se meten zancadillas unas a otras, para evitar
que triunfen los candidatos identificados con sus compañeros rivales.
Destaca, por sus consecuencias en la política nacional, la contienda
de Nuevo León, donde el candidato independiente Jaime Rodríguez, El Bronco,
aliado con Fernando Elizondo, tiene posibilidades reales de derrotar al
PRI y al PAN. Sus promotores han querido presentar este episodio como
un parteaguas en la vida política nacional: el del inicio del fin de la
partidocracia.
Está en juego también la fuerza con que Morena irrumpirá en el
escenario político electoral y su pelea por ganar la mayor cantidad de
posiciones en la ciudad de México. ¿Logrará desfondar al PRD y a Miguel
Ángel Mancera? ¿Podrá convencer a abstencionistas y anulistas de que
voten por su sigla?
El fantasma de la violencia atraviesa las próximas elecciones, aún antes de que se efectúen. Muy poco habrá en ellas de
normalidad democrática.
Twitter: @lhan55
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