Personal sanitario y judicial antepone creencias religiosas
Aunque
a nivel nacional las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo
cuando es producto de una violación sexual, en los hechos muy pocas
mexicanas –sobre todo niñas y adolescentes– pueden acceder a esta
causal legal de aborto.
Lo anterior sucede, en gran medida, por la falta de voluntad política
para generar los mecanismos que hagan accesible ese derecho, y debido a
que el personal sanitario y de procuración de justicia opera a partir
de “creencias personales”, e incluso desconoce que tienen la obligación
de garantizar el aborto legal.
Uno de los temas que especialistas de diversas disciplinas debatieron
durante el coloquio “Debates contemporáneos en derechos reproductivos”
–que hoy concluyó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)–
fue el acceso al aborto legal en casos de violación sexual, derecho
íntimamente ligado al acceso a la justicia para las víctimas de este
delito.
Alma Beltrán y Puga, abogada integrante del Grupo de Información en
Reproducción Elegida (GIRE), presentó el caso de “Rosa”, niña de 14
años de edad, habitante del Estado de México, quien luego de ser
víctima de violación por parte de su padre durante dos años
consecutivos, y amenazada para que no denunciara los hechos, presentó
un embarazo.
La gestación fue detectada por su madre y su madrina tras 16 semanas de
embarazo, cuando la adolescente pidió que la llevaran a un médico por
malestares físicos. Acudieron ante el Ministerio Público para denunciar
los hechos y solicitar el aborto legal, pero fue negado debido a lo
avanzado de la gestación.
De acuerdo con el artículo 151 del Código Penal del Edomex, si bien se
permite el aborto por violación, sólo procede durante las primeras 12
semanas.
Con el apoyo de GIRE y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos
(Ddeser), “Rosa” pudo interrumpir su embarazo, ya que éste representaba
un riesgo para su salud.
A decir de la abogada, el caso ejemplifica a la perfección la realidad
de miles de niñas y adolescentes que no pueden acceder al aborto legal
y seguro en caso de violación, incluso cuando es su derecho, al mismo
tiempo que evidencia la falta de acceso a la justicia, que además de
una sanción penal al agresor tiene que ver con que la víctima acceda a
una reparación integral del daño.
En ello coincidió Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las
Libres, organización civil guanajuatense que desde 2000 ha acompañado a
niñas víctimas de violación sexual a quienes se les ha negado el
derecho al aborto legal.
Contó que desde su experiencia puede asegurar que “aunque la violencia
sexual es la causal vigente en todo el país, es la más inaccesible para
las mujeres”.
Lo que tiene que ver con que las y los servidores públicos anteponen
sus “creencias personales, religiosas o partidarias” a los derechos de
las mujeres, y se ha detectado que parte del personal médico no sabía
que la causal de aborto por violación es legal.
A lo que se suma que cuando las mujeres denuncian, las autoridades
judiciales “les niegan la información o les mienten: no les dicen que
pueden interrumpir ese embarazo, pero sí que pueden dar en adopción al
producto, e incluso el sistema de atención a víctimas las acompaña a
los servicios de salud para que ahí las supervisen en el proceso de
gestación, con lo que se garantiza que el embarazo llegue a término”,
criticó Cruz Sánchez.
Aunque se trate de menores de edad –casos en los que es evidente que el
embarazo es producto de violación sexual–, “en las autoridades siempre
está la duda y la sospecha de que mienten y que están denunciando la
violación sólo porque quieren interrumpir su embarazo”.
Gustavo Ortiz Millán, doctor en Filosofía, expuso que el tema de
discusión no debe ser si se está en contra o no del aborto, sino la
forma en que se respetarán los derechos de las mujeres, pues todas las
posturas extremas que penalizan la interrupción del embarazo desconocen
la realidad y las transgresiones a las garantías de las mexicanas.
Puso como ejemplo que según cifras oficiales, al año se denuncian 112
mil violaciones sexuales, siendo el Edomex la entidad con más casos (2
mil 900) seguida del Distrito Federal.
En el 13 por ciento de casos en los que las mujeres reportaron la
violación, el ataque ocurrió antes de los 10 años de edad; 65 por
ciento, entre los 10 y 25 años, y en 70 por ciento las víctimas son
familiares.
Además, entre el 7 y 26 por ciento de las violaciones sexuales derivan
en un embarazo no deseado, lo que generará consecuencias negativas en
la vida de las mujeres.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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