Foto: @katiusca
Artículo por Catalina Vásquez Cardenas
Comunicadora con estudios en Ciencia Política
Comunicadora con estudios en Ciencia Política
En
un informe de 73 páginas, la Ruta Pacífica de las Mujeres le entregó
a las mujeres de Medellín, el primer informe sobre los avances de la
Ley de Restitución de Tierras y el acceso de las mujeres a la propiedad
rural, una información de sumo valor, toda vez que se ocupa de una
situación compleja para las mujeres del campo en cuanto a la
inseguridad jurídica de las mismas con respecto a la tierra, un asunto
del cual poco se sabe y en donde el Gobierno Nacional no cuenta con las
herramientas para leer y entender las necesidades de las población
campesina, en especial de las mujeres.
Y
es que las mujeres rurales no han sido ajenas al conflicto armado
colombiano, toda vez que son ellas quienes se han visto afectadas
directamente por el despojo y el abandono forzado de sus territorios.
Si bien lo señala el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, son los varones quienes han perdido la vida en la guerra colombiana, cabe destacar dentro del informe de la Ruta Pacífica, que son las mujeres quienes se han desplazado mayoritariamente.
La
investigación se llevó a cabo en los departamentos de Santander,
Antioquia y Cauca, regiones altamente afectadas por la concentración
de la tierra; solo en Urabá se han presentado 5.912 solicitudes de
restitución, y donde los programas de desarrollo rural del Estado han
hecho algunos avances como las restituciones colectivas a cuatro
comunidades indígenas del Chocó.
Políticas rurales contrarias a la realidad de las mujeres campesinas
Otro
de los temas clave que arrojó la investigación, son la poca o nula
información que tienen las mujeres rurales sobre cómo acceder a la
tierra, así como la ausencia de aplicación del enfoque diferencial, en
especial en la ley 1448 según lo ha sentenciado la Corte
Constitucional en varias ocasiones.
En
este capítulo, las voceras de la Ruta Pacífica hicieron un llamado a
las instituciones y a los funcionarios encargados de aplicar la ley,
para que la política rural y de víctimas, responda a las necesidades
reales de las mujeres rurales y no a enfoques familistas que lo que
hacen es invisibilizar a las mujeres dentro del grupo familiar,
indicaron.
Al
respecto, señaló la abogada Alejandra Coll, quien presentó el informe
ante cerca de 150 mujeres de organizaciones sociales de Medellín, que
según la información recogida en la investigación, “en Colombia hay
3.480.000 mujeres registradas como víctimas del conflicto armado, de
esas, 1.704 han solicitado en nombre propio predios despojados y no hay
claridad sobre las mujeres que pueden estar incluidas en otros núcleos
familiares en procesos de restitución de tierras.”
La
situación se agrava toda vez que las mujeres al no ser propietarias no
les es posible acceder a créditos tal como lo exige el sistema
financiero para apoyar proyectos productivos, lo que significa que
además de la restricción para el acceso a la tierra en razón del
conflicto armado, las mujeres también encuentran obstáculos para
acceder a los servicios de las entidades financieras.
En
lo que tiene que ver con la restitución de tierras, todo el proceso
presenta obstáculos, señala el informe, comenzado por el conflicto
armado que se sigue expresando en ciertas regiones como el Cauca y el
Bajo Cauca Antioqueño, pasando por las trabas y obstáculos jurídicos y
administrativos que no permiten un claro desenlace en beneficio de las
mujeres campesinas.
Pese
a esto y a la precaria relación jurídica que tienen las mujeres
rurales con respecto al uso y tenencia de la tierra, indica el informe
que es de vital importancia avanzar en una política rural y de
restitución “que sirva como herramienta para alcanzar una paz real,
duradera y con justicia social.”, no en vano el tema de desarrollo
rural fue el primer punto en los diálogos de la Habana entre el
Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC.
En
esa misma línea lo indicó la coordinadora de la Ruta Antioquia, Teresa
Aristizabal, quien se refirió a que parte del objetivo del informe es
avanzar en un proceso conjunto con organizaciones de mujeres para que
se creen las condiciones necesarias para el acceso por parte de las
mujeres rurales para el uso, tenencia y productividad de la tierra.
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