La guerra contra el narcotráfico en México es una guerra contra la población
La
violencia y la criminalidad en México no son fenómenos inéditos. Tienen
larga raigambre histórica en el país. Pero esa violencia y criminalidad
muta al compás de las transformaciones y reformas de Estado. Es decir,
las modalidades de violencia y criminalidad que definen el presente
nacional están orgánicamente entretejidas con los contenidos de la
“situación” estatal. Es casi imposible no advertir la correlación entre
el aumento de la violencia y criminalidad, o las formas específicas de
esa violencia y criminalidad, y los procesos de despojo patrimonial en
curso. El agua, el gas, el petróleo, las tierras y todo el conjunto de
recursos naturales, materiales y humanos domésticos están puestos
solícitamente a disposición de los múltiples capitales foráneos
golondrinos. Las políticas de Estado condenan a la población al
subempleo informal sin prestación, al trabajo alienante estandarizado y
precariamente remunerado, y en no pocos casos al autoempleo en la
industria criminal. En ese desierto de aspiraciones y horizontes
cercenados, la violencia y la criminalidad cobran un rol definitorio en
la construcción de materialidades e imaginarios colectivos. La guerra
contra el narcotráfico es una política de Estado que dota de
direccionalidad y coherenciaa esa sórdida trayectoria nacional. No es
un asunto circunstancial que los controles de seguridad reporten un
relajamiento obstinado, mientras que la violencia y la criminalidad
(humanamente inenarrables) se extienden por toda la geografía nacional
con absoluta impunidad.
La guerra contra el narcotráfico no es
una guerra contra el narcotráfico. En este espacio se sostiene
reiteradamente esta tesis. Y no es por un mero capricho teórico. La
realidad provee evidencia extensa para sostener con hechos esta
conjetura. Las pruebas arrojan una conclusión categórica: que la guerra
contra el narcotráfico es una guerra contra la población. Las
principales notas de la semana son un muestrario de esta realidad.
México es un catálogo de vandalismo institucional, crímenes de Estado,
delitos de lesa humanidad. La masacre, que fue una táctica de
exterminio utilizada rutinariamente por las juntas militares
latinoamericanas, es una modalidad de asesinato cada vez más extendida
en el país. En México la masacre es rutinaria. En casi todos los casos
el Estado es el victimario, por acción u omisión. A continuación, un
inventario de las más recientes masacres, y una recapitulación de otros
asesinatos masivos que enlutan e indignan al país en estos años aciagos
de la guerra.
1. En Villa Purificación, Jalisco,
testimonios y familiares de desaparecidos coinciden en señalar que el
Ejército abatió a decenas de civiles después de los enfrentamientos
ocurridos el 1 de mayo en el marco de la Operación Jalisco. Algunas
familias reclaman la entrega de los cuerpos. Otros ni siquiera se
atreven a reclamar por el temor que produce la presencia de efectivos
militares en la región. En la zona hay aproximadamente 11 mil
elementos. Las autoridades hacen caso omiso a los reclamos. El Ejército
no permite a la gente reconocer a los muertos. Hasta el viernes 22 del
mes en curso, “el número de ‘víctimas fatales’ de la Operación Jalisco
sumaban al menos 104, incluidos los civiles de Villa Purificación…” (Proceso 24-V-2015).
2. Entre el 9 y el 14 del mes en curso se reportó la desaparición de al
menos 15 personas en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Otras fuentes señalan que la cifra de personas desaparecidas asciende a
30. La prensa atribuye la autoría del crimen a las policías
comunitarias. Pero algunos líderes de las CRAC-PC insisten en señalar
que se trata de una falsa acusación. Hasta ahora la información está
envuelta en un manto de opacidad. Algunos medios registran el hallazgo
de un cadáver, presumiblemente de una persona que estaba entre el grupo
de desaparecidos.
3. En el municipio de Heliodoro
Castillo, en la región sur de la Sierra Madre en Guerrero, se reportó
la semana pasada una balacera entre presuntos grupos de la delincuencia
organizada. El enfrentamiento dejó un saldo de al menos 10 personas
muertas y 20 lesionadas. Las autoridades locales y federales se
enfrascan en una querella por imponer su respectiva versión acerca de
la cifra real de decesos. La averiguación pericial del crimen no es un
asunto prioritario. El gobierno apuesta al olvido. Algunos municipios
contiguos se vaciaron. Los habitantes abandonaron sus hogares o huyeron
por la violencia en la región.
4. Elementos de la Policía
Federal, la Secretaría de Defensa Nacional y la Procuraduría General de
la República abatieron a 43 presuntos delincuentes en el municipio de
Tanhuato, Michoacán, que se presume son miembros del cártel Jalisco
Nueva Generación. Las autoridades hablan de un choque o enfrentamiento
entre narcos y fuerzas federales. Pero el saldo de la supuesta
“confrontación” hace suponer que se trató de una masacre equiparable a
Tlatlaya, pues la cifra de “criminales” caídos se estima en 43 mientras
que en el bando de los elementos federales tan sólo hubo una baja. Las
declaraciones oficiales de las autoridades están plagadas de
inconsistencias. Según el gobierno, los hechos se produjeron tras un
“operativo de investigación luego de que presuntos delincuentes armados
invadieron un predio”.
5. Michoacán es un compendio de masacres. En 6 años se contabilizan al menos 8 masacres. (Quadratin
23-V-2015). El estado es un tiradero de cadáveres. En Uruapan y Lázaro
Cárdenas, es habitual el hallazgo de cuerpos abandonados en vialidades
públicas concurridas. A las 43 víctimas de la más reciente masacre en
la comunidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, se suman
72 personas más que perdieron la vida en ocasiones de crimen análogas.
La última que acaparó la atención de la prensa nacional e internacional
fue la ocurrida el 6 de enero de 2015 en Apatzingán. Según fuentes
extraoficiales, en el acto fueron ejecutadas 16 personas. La evidencia
sugiere que participaron policías federales y personal del Ejército
Mexicano del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona Militar. La
revista Proceso registra: “De acuerdo con declaraciones
ministeriales, a las 2:30 horas de ese día, un convoy de la Policía
Federal irrumpió por el costado sur del Palacio Municipal. Momentos
después un destacamento militar lo secundó por el costado norte. Dichos
testimonios describen una operación de pinza en la cual federales y
militares dispararon al plantón de 70 rurales y autodefensas que,
armados sólo con palos, pernoctaban en el sitio” (Proceso
24-V-2015). En el parte oficial los militares arguyen que intervinieron
en respuesta a un “reporte ciudadano”. Pero testigos coinciden en
destacar que escucharon a policías y elementos castrenses gritar
repetidamente: “¡Mátenlos! ¡Mátenlos!”. Pero acaso más ilustrativa de
la inacción institucional de la autoridad o su connivencia con el
crimen en Michoacán es la masacre que tuvo lugar en Los Reyes, durante
una marcha organizada por un grupo de autodefensa para protestar por la
complicidad de agentes estatales con la delincuencia organizada, en la
que un comando armado disparó contra el contingente en frente de la
presidencia municipal. Cinco personas resultaron muertas. Los
responsables del crimen siguen prófugos.
6. En Nuevo
Laredo, Tamaulipas, una madre de familia presentó una denuncia ante la
Comisión de Derechos Humanos por la presunta ejecución extrajudicial de
su hija, de tan sólo 21 años de edad. De acuerdo con testigos,
efectivos militares del decimosexto regimiento de caballería de la
Secretaría de la Defensa Nacional dispararon sin motivo contra un grupo
de jóvenes. En el acto, mataron a la joven de 21 años e hirieron a una
más.
7. Hay quienes piensan que la equiparación de México
con Irak es una exageración. Pero acaso la única diferencia es que
allá, en Irak, se reconoce públicamente que el país está en guerra, o
bien que está involucrado en un conflicto armado. En México el poder
constituido y consortes heráldicos insisten en alimentar la ficción de
la normalidad democrática. El reciente informe del Instituto
Internacional de Estudios Estratégicos de Londres advierte que Siria,
Irak y México son los países que reportan más muertos por conflictos
armados en 2014. De acuerdo con el informe, en México hubo cerca de 15
mil muertes relacionadas con la narcoviolencia. Acerca de la
situación nacional, el reporte estima: “El país sigue sufriendo altos
índices de violencia debido a bandas criminales... En todo caso, el
Estado mexicano siguió dependiendo sobre todo de sus fuerzas armadas
para combatir a pandillas criminales. La violencia en México sigue
distribuida de manera irregular, con 70 por ciento de las incidencia de
violencia concentrada en diez estados ubicados en las principales rutas
de tráfico de drogas hacia Estados Unidos” (La Jornada 21-V-2015).
8. Las masacres referidas se suman al acervo de asesinatos colectivos y
ataques contra civiles que ensangrientan en suelo nacional en el marco
de la guerra. Destacan los siguientes episodios de una secuencia
criminal con visos de genocidio: Masacre de Villas de Salvárcar (2010),
con un saldo de 16 jóvenes asesinados y 12 heridos; Masacre de
Chihuahua (2010), que dejó un saldo de 19 muertos; Masacre del 27 de
octubre, con un saldo de 15 jóvenes muertos (2010); Las dos Masacres de
San Fernando, Tamaulipas (2010-2011), que conjuntamente suman cerca de
265 muertos; Masacre de Torreón, que arrojó un saldo de 18 muertos y 18
heridos; Masacre de Durango (2011), cuyos datos todavía son inexactos,
pero se calcula que el número de muertos encontrados en fosas comunes
oscila entre 250 y 340; Masacre de Monterrey (2011), que ocurrió en el
Casino Royale, y que produjo la muerte de 52 personas; Masacre de Boca
del Río, Veracruz, donde fueron abandonados 35 cuerpos sin vida en la
zona turística de ese municipio; Masacre de Cadereyta, con un saldo de
49 personas asesinadas, cuyos cuerpos fueron dejados a los largo de la
carretera en Nuevo León; Masacre de Tlatlaya, donde elementos
castrenses ejecutaron a 22 civiles en una bodega en la comunidad de San
Pedro Limón; Masacre y Desaparición Forzada en Iguala, cuyos hechos
dejaron un saldo de seis personas fallecidas, 27 heridos, y 43
normalistas desparecidos. El crimen sigue impune.
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