A pesar de que la Constitución consagra del derecho a tener un intérprete que hable su lengua materna durante cualquier proceso jurídico, la mayoría de los indígenas de México que denuncian un delito o son acusados de haberlo cometido, están condenados a vivir una experiencia kafkiana: enfrentar un proceso sin poder comprender nada.
Foto: Juan José Estrada/ Cuartoscuro
Por Priscila Hernández/ Iteso-Magis*
Cuando
era niña, Felipa Reyes Jiménez vio a su mamá peregrinar de una
dependencia pública a otra sin poderse defender porque no hablaba
español. Su familia, proveniente de la zona purépecha de Michoacán,
había migrado a Guadalajara para vender muebles de madera. Los
inspectores del Ayuntamiento los maltrataban, los extorsionaban, incluso llegaron a robarles su mercancía.
Entonces, Felipa se prometió que sería abogada. Y que trabajaría
para aminorar esta desventaja que enfrentan los pueblos indígenas.
Egresada de Derecho por la Universidad de Guadalajara, Felipa trabaja hoy en la Comisión Estatal Indígena
(CEI), donde hace “gestiones” —como ella dice—, para que tratar de que
todos los indígenas tengan un intérprete. Ha auxiliado a personas en
escuelas, dependencias de gobierno, hospitales y hasta en morgues.
Desgraciadamente, su esfuerzo es excepcional e insuficiente.
Detenidos por un par de horas o hasta presos por años la mayoría de los
indígenas que han sido detenidos en Jalisco no tienen un intérprete
certificado que hable su lengua materna. Lo mismo viven aquellos que
fueron víctimas de un delito y que, al querer denunciar, no tienen
quien les permita traducir de su lengua al español.
“Ni siquiera en las agencias del ministerio público de la región
[Norte de Jalisco], donde prácticamente caen un gran porcentaje de
indiciados wixaritari existen intérpretes”, lamenta el abogado
Ramón Chivarras López, de la Comisión Estatal Indígena (CEI). En el
país hay 583 intérpretes certificados, según el Padrón Nacional de
Intérpretes y traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (Inali). Ninguno de ellos está en Jalisco. Si no
hay intérprete de la lengua wixárika, lengua materna del
principal pueblo indígena del estado, tampoco para el zoque, nahua,
tsotsil, zapoteco o alguna otra de las lenguas que hablan los indígenas
que han migrado a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Población indígena
En México el 15 por ciento de la población es indígena,
según el Censo del 2010 del inegi. Esta población habla 68 lenguas
maternas distintas. El Artículo 2º de la Constitución Mexicana consigna
su derecho a tener un intérprete en su lengua materna durante un
proceso jurídico. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas señala que, para garantizar este derecho
constitucional, el Estado deberá apoyar a la formación y acreditación
profesional de intérpretes y traductores.
Al no tener un intérprete o abogado defensor que conozca su lengua,
los detenidos se explican ante el Ministerio Público “como dios les da
a entender”, dice Felipa Reyes Jiménez.
Para los cursos de capacitación o diplomados de formación de
intérpretes es necesario que cada entidad, en coordinación con el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) abran la convocatoria.
En Jalisco, hasta el momento, no se ha realizado ningún curso de
capacitación para futuros intérpretes, según confirmaron el Inali y la
CEI.
El director de acreditación, certificación y capacitación del Inali,
Genaro Cerna Lara, aseguró que “tenemos planeado realizar en los meses
de julio y septiembre un proceso de formación de intérpretes para
Jalisco”. Al cuestionarle por qué no había ocurrido esto antes,
respondió que “son las cuestiones de prioridades. Tenemos estados donde
tenemos una gran cantidad de hablantes de lenguas indígenas. Eso se va
priorizando de acuerdo al número de personas hablantes de cada entidad
federativa, así como los números de casos que se presentan en el censo
penitenciario”. Según información del Padrón Nacional de Intérpretes y
traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas, en Oaxaca hay 77 intérpretes, en Chiapas 40, en el Distrito
Federal 32, en San Luis Potosí 37 y en Veracruz 61.
Aunque los números pueden parecer que en algunos estados las cosas
no están tan mal, si los comparamos con el porcentaje de hablantes
indígenas, la perspectiva cambia: en Chiapas hay un intérprete por cada
37 mil indígenas; en Michoacán, uno por cada 19 mil; en Yucatán, uno
por cada 11 mil.
Cerna Lara señala que un intérprete debe cumplir el estándar de
“interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa en el
ámbito de impartición y procuración de justicia”. El instrumento el
Inali evalúa estas habilidades de los candidatos a través de un examen
y de la simulación de un juicio oral. En este juicio, el intérprete
debe demostrar que conoce los términos jurídicos en lengua indígena y
en español.
Sin intérpretes certificados, la Comisión Estatal Indígena atiende a
quienes necesitan un intérprete de las siguientes maneras. Felipa Reyes
habla purépecha, así que cuando la persona detenida habla su lengua
materna ella misma le auxilia; cuando el detenido pertenece a la
comunidad indígena wixárika, Ramón Chivarras López lo apoya. Y
en el municipio de Colotlán hay dos voluntarios que auxilian en la
traducción. Uno es estudiante de derecho y otro de antropología.
Los abogados de la CEI tratan de paliar las deficiencias
institucionales través de una red de personas que conocen o hablan
alguna lengua indígena. Tienen un directorio con los datos de quienes
han acudido a CEI a realizar algún trámite, y cuando necesitan apoyo
para interpretar, los contactan y les piden colaboración voluntaria.
También buscan ayuda en el Centro Rural de Educación Superior Estipac.
Chivarras explica que cuando un indígena no tiene un intérprete “se les está vulnerando las garantías de acceso a la justicia”
y su derecho al debido proceso. La mayoría de las ocasiones, señala,
los casos de indígenas sin intérprete llegan con el defensor de oficio,
que tampoco habla su lengua materna.
“Muchas veces el juzgador no entiende las características
culturales de los pueblos indígenas y los distintos modos en que se
desenvuelven las comunidades”, asegura el abogado wixárika
Samuel Salvador Ortiz, de la Unidad de Atención de Comunidades
Indígenas de la UdeG. Por eso es necesarioa que los intérpretes no sólo
tengan conocimientos legales, sino que conozcan los usos y costumbres
de las comunidades.
Felipa Reyes coincide: como abogada indígena analiza el peso de las
palabras durante una declaración deben ser interpretadas por un
conocedor de la cosmovisión de las comunidades. Por ejemplo, palabras
como “metralleta” o “cigarro” no existen en el purépecha. Entonces, el
intérprete “lo que hace es decir la acción”, para decir cigarro se
explica que es algo con lo que se fuma y para decir metralleta se hace
referencia “a algo que daña”.
En 2013, la Procuraduría Social de Jalisco y la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) firmaron un convenio
para ofrecer asesoría y defensoría jurídica, para
crear un padrón de presos indígenas y dar apoyo financiero para los
procesos legales; sin embargo hasta el momento no existe este padrón
actualizado, uno de los puntos a los que se comprometieron a través de
este convenio.
Lo anterior en el marco del “Programa para la excarcelación de
presos indígenas” para que personas indígenas privadas de su libertad,
o en riesgo de perderla, y que no hablen el español dispongan de apoyo
para el seguimiento de sus casos e incluso pago de fianzas por parte de
la cdi.
Sin padrón actualizado en Jalisco no se conoce cuántos indígenas y
en qué reclusorios regionales están, tampoco se tienen conocimiento de
su proceso legal. Se solicitó entrevista con la delegación Jalisco de
la cdi pero no se tuvo respuesta.
Según los abogados entrevistados, hay entre 70 y 90 indígenas presos
en los reclusorios de Jalisco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos
en el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012”
documentó que “hay deficiencias en el servicio de intérpretes en los
casos necesarios” en los reclusorios de Jalisco.
*Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para
el Periodismo de Investigación en las Américas, proyecto impulsado por
el International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con
Connectas.
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