La evaluación de los docentes no una política en materia educativa sino una campaña propagandista gubernamental.
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Como
héroes salvadores de la educación aparecieron tanto el presidente de la
República como sus secretarios de Educación y de Gobernación para
pregonar que los exámenes de evaluación se llevarán a cabo a como dé
lugar, así llueva o truene.
Dicen en discursos (yo digo demagógicos) que se transmiten por todos
los medios de comunicación que con exámenes (así de fácil) se mejorará
la educación en nuestro país para beneficio de millones de niños y
jóvenes que reciben la educación básica y media superior en todo el
país. Pero todo esto es falso.
En diversos lugares los directores de escuelas están formando
listados al vapor para que los maestros se presenten a los exámenes
para acatar la orden gubernamental. Todavía no se tienen lugares ni
definido quiénes lo realizarán, pero la orden debe acatarse de
inmediato. Hay mucha confusión porque ni siquiera se les están
entregando de manera personalizada los avisos de presentación al examen.
En muchas partes hay confusión, pero también mucho enojo magisterial
porque se les trata ante la opinión pública como si fueran
delincuentes. Varios miles decidieron marchar en la capital del país y
oponer la resistencia civil para buscar un diálogo para que se
respetaran sus derechos laborales, pero la respuesta gubernamental a
través de la Secretaría de Gobernación fue darles un portazo y la
amenaza a toda resistencia. Sin embargo, su lucha no cesa.
En otros lugares del país miles de maestros han decidido presentar
amparos contra los lineamientos que fijan los criterios para la
aplicación de los exámenes porque no se les dan elementos mínimos de
preparación. Dos jueces de distrito en materia federal, uno en Jalisco
y otro en Michoacán han otorgado suspensiones provisionales (que son
amparos provisionales mientras dura el juicio) para impedir que los
docentes sean obligados a presentarse a realizar los exámenes ante el
riesgo que se afecten sus derechos humanos previstos en la Constitución.
Otros maestros que han decidido presentarse a los exámenes de
evaluación lo estarán haciendo “Bajo Protesta” presentando escritos
ante la autoridad estatal en materia educativa en el que expresan no
reconocer la legalidad de esta medida al ser contraria a tratados
internacionales y a sus derechos humanos. Todo ello sin abandonar la
organización, defensa legal y movilización como acción principal en su
lucha.
La inconformidad magisterial permea en todo el país y por eso los
gobernantes alzan la voz amenazante para buscar amainar el descontento
que crece sin que lo puedan impedir.
Al no convencer con amenazas ahora usan la represión como método.
Apenas un día después de terminado el proceso electoral se detuvo
arbitrariamente al profesor Miguel Guerra Castillo dirigente del
Consejo Magisterial Poblano y uno de los tres secretarios generales del
CEND-SNTE de cometer supuestamente ataques a las vías de comunicación
mientras realizaba una marcha de protesta el 14 de septiembre de 2013
con motivo de la reforma educativa.
Casi dos años después ejercen esta acción penal maquinada ahora que
las protestas crecen. Todo para dejar una advertencia que quien se
oponga a medidas gubernamentales enfrentará la cárcel.
Como venganza el gobierno estatal y federal, a pesar de las
inconsistencias y contradicciones de las acusaciones en contra del
maestro Guerra Castillo, el juez segundo de distrito en materia de
procesos penales en el estado de Puebla le dictó auto de formal
prisión, que ahora mientras sigue el proceso, lo hará en libertad
provisional al pagar una fianza de 116 mil 140 pesos que tuvo que
reunir con el apoyo de organizaciones sociales.
En Oaxaca se sabe de la aprehensión arbitraria de 25 personas con el
fin de pretender detener la movilización magisterial masiva en contra
la reforma educativa.
A pesar de estos actos represivos, las autoridades no dan
explicación alguna en sus discursos recalcitrantes del por qué todos
los exámenes que pretenden aplicar son iguales, sin distinguir nivel
académico, años laborados, especialización o lugares de trabajo, muchos
de ellos con grandes carencias económicas y de comunicación.
Con los exámenes, el gobierno federal pretende sustituir políticas
de mejora nacional educativa con simples mediciones de conocimientos de
información no contempladas en los planes de estudio. Lo hace con
amenazas, desacreditando al magisterio y estableciendo sanciones
imparciales y sin defensa en contra de ellos.
No dicen esos altos funcionarios que el gobierno federal ha ignorado
la preparación constante de los docentes y la incorporación de éstos
para la mejora de los proyectos de educación.
Es la evaluación de los docentes no una política en materia
educativa sino una campaña propagandista gubernamental para aparentar
que el gobierno federal se ocupa de mejorar la infraestructura escolar
y el nivel académico de los docentes. Pero todo es una falsedad que
pronto se ira develando al quedar en descubierto el abandono
gubernamental en el sistema escolarizado obligatorio.
Quedará en evidencia que esos desplantes amenazantes son únicamente
posturas demagógicas que esconden la incapacidad gubernamental; esa
visión corta que da el autoritarismo estatal.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx twitter: @Manuel_FuentesM
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