Plan B | Lydia Cacho
Al embajador Carlos Pascual lo corrió Calderón de México (o Washington se adelantó a sacarlo) porque siguió las reglas del juego del Plan Mérida. Éste establece que para erradicar la corrupción estructural, que inicialmente permitió a los cárteles convertirse en lo que son, resulta indispensable identificar a los servidores públicos involucrados en el lavado de dinero, así como a los agentes del Estado metidos en actividades criminales, que bloquean la reconstrucción del nuevo sistema de justicia penal.
Aunque todas y todos sabemos que el narco no se va a erradicar, el verdadero éxito del Plan era erradicar, hasta lo posible, la corrupción estructural del Estado, implementar candados para disminuir las posibilidades de lavar dinero de la delincuencia organizada y, ante todo, renovar el sistema de justicia penal y así lograr que en México se cumpla la ley. Los derechos humanos, supuestamente, quedarán mejor protegidos en tanto la justicia no sea un privilegio, sino un derecho efectivo.
Las masacres, asesinatos, la justicia paramilitar y los presos ejemplares presentados con espectáculos mediáticos, pero sin transparencia en términos jurídicos, son el precio a pagar por la intervención estadounidense. Una intervención que Calderón firmó gustoso al principio de su sexenio, cuando creyó que a balazos ganaría credibilidad y se desharía de los mafiosos que el PRI nos heredó.
Pero a Calderón no le gusta que le investiguen a sus fieles servidores. Los cables de WikiLeaks que vienen hablan sobre las razones por las cuales la embajada estadounidense negó el visado a Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF), y argumenta el veto de visado a otros miembros del Ejército mexicano, por claros vínculos con la delincuencia y por otras formas de corrupción.
Explican cómo el Ejército sigue protegiendo a El Chapo Guzmán en Ciudad Juárez. Detallan la relación del Ejército con Nacho Coronel, el capo abatido en Guadalajara. Ahora ya no es información de periodistas que somos sistemáticamente descalificadas por Gobernación como “alarmistas”; es información producto de la investigación de Inteligencia estadounidense, misma que la Presidencia ha adulado tanto al explicarnos los sofisticados sistemas que se están montando en México para perseguir mafias y fortalecer a las instituciones. Pascual, nos guste o no, simplemente hacía lo que ambos gobiernos acordaron; porque la cooperación del Plan Mérida pasa necesariamente por permitir que Washington fiscalice el uso de sus recursos y preste apoyo estratégico; aunque a Washington nadie lo fiscalice (ese es tema de otra columna).
No llegará el suplente de Pascual hasta el otoño y, según especialistas, con ello ganan los narcos.
La salida histórica del embajador revela los indicios de que el poder inconmensurable otorgado a García Luna, y gente como Cárdenas Palomino, podría convertirse en caso similar al creado por el PRI con las mafias policiacas de Durazo. Sin embargo hay un matiz que lo hace más peligroso: el debilitamiento del Cisen, que sería contrapeso de la PF, y la creciente aceptación de policías militarizadas, como la del general Carlos B. Villa, entrevistado valientemente por Sanjuana Martínez. Son militares que no creen en la justicia, sino en el asesinato estratégico. ¿Qué harán con ellos cuando se acabe la guerra? O más bien, ¿qué harán ellos con nosotros cuando ya no le sean útiles al Estado?
En una verdadera crisis, en la que dominan la violencia y el miedo, lo mejor que podemos hacer es decir la verdad con sus complejidades y claroscuros, y asumir los costos; limpiar la casa a fondo. Hay en la PF y en otras instituciones hombres y mujeres de bien, honestos y que se han capacitado para cambiar al sistema, pero necesitan líderes limpios y, según los cables de la embajada, hay evidencia de que los que están no lo son. Calderón ya no tiene tiempo, ni voluntad, para resolverlo, algo trágico para México. Por fortuna hay miles dentro de las instituciones dispuestos a seguir trabajando a la espera de mandos comprometidos e íntegros.
www.lydiacacho.net Twitter @lydiacachosi
Aunque todas y todos sabemos que el narco no se va a erradicar, el verdadero éxito del Plan era erradicar, hasta lo posible, la corrupción estructural del Estado, implementar candados para disminuir las posibilidades de lavar dinero de la delincuencia organizada y, ante todo, renovar el sistema de justicia penal y así lograr que en México se cumpla la ley. Los derechos humanos, supuestamente, quedarán mejor protegidos en tanto la justicia no sea un privilegio, sino un derecho efectivo.
Las masacres, asesinatos, la justicia paramilitar y los presos ejemplares presentados con espectáculos mediáticos, pero sin transparencia en términos jurídicos, son el precio a pagar por la intervención estadounidense. Una intervención que Calderón firmó gustoso al principio de su sexenio, cuando creyó que a balazos ganaría credibilidad y se desharía de los mafiosos que el PRI nos heredó.
Pero a Calderón no le gusta que le investiguen a sus fieles servidores. Los cables de WikiLeaks que vienen hablan sobre las razones por las cuales la embajada estadounidense negó el visado a Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF), y argumenta el veto de visado a otros miembros del Ejército mexicano, por claros vínculos con la delincuencia y por otras formas de corrupción.
Explican cómo el Ejército sigue protegiendo a El Chapo Guzmán en Ciudad Juárez. Detallan la relación del Ejército con Nacho Coronel, el capo abatido en Guadalajara. Ahora ya no es información de periodistas que somos sistemáticamente descalificadas por Gobernación como “alarmistas”; es información producto de la investigación de Inteligencia estadounidense, misma que la Presidencia ha adulado tanto al explicarnos los sofisticados sistemas que se están montando en México para perseguir mafias y fortalecer a las instituciones. Pascual, nos guste o no, simplemente hacía lo que ambos gobiernos acordaron; porque la cooperación del Plan Mérida pasa necesariamente por permitir que Washington fiscalice el uso de sus recursos y preste apoyo estratégico; aunque a Washington nadie lo fiscalice (ese es tema de otra columna).
No llegará el suplente de Pascual hasta el otoño y, según especialistas, con ello ganan los narcos.
La salida histórica del embajador revela los indicios de que el poder inconmensurable otorgado a García Luna, y gente como Cárdenas Palomino, podría convertirse en caso similar al creado por el PRI con las mafias policiacas de Durazo. Sin embargo hay un matiz que lo hace más peligroso: el debilitamiento del Cisen, que sería contrapeso de la PF, y la creciente aceptación de policías militarizadas, como la del general Carlos B. Villa, entrevistado valientemente por Sanjuana Martínez. Son militares que no creen en la justicia, sino en el asesinato estratégico. ¿Qué harán con ellos cuando se acabe la guerra? O más bien, ¿qué harán ellos con nosotros cuando ya no le sean útiles al Estado?
En una verdadera crisis, en la que dominan la violencia y el miedo, lo mejor que podemos hacer es decir la verdad con sus complejidades y claroscuros, y asumir los costos; limpiar la casa a fondo. Hay en la PF y en otras instituciones hombres y mujeres de bien, honestos y que se han capacitado para cambiar al sistema, pero necesitan líderes limpios y, según los cables de la embajada, hay evidencia de que los que están no lo son. Calderón ya no tiene tiempo, ni voluntad, para resolverlo, algo trágico para México. Por fortuna hay miles dentro de las instituciones dispuestos a seguir trabajando a la espera de mandos comprometidos e íntegros.
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