PROTESTAS Activistas pro derechos de las mujeres acudirán a Ginebra para exponer los casos de violación a sus derechos (Foto: Julieta Martínez )
Para constatar que no es delito ejercer su derecho a la maternidad y decidir sobre su cuerpo, un grupo de activistas tomó la pastilla del día siguiente ante las oficinas del Ministerio Público, otra portó una pancarta en la que refiere que abortó en el Distrito Federal, y una más reveló que utiliza el dispositivo intrauterino (DIU).
Fue una expresión de protesta contra la ratificación del artículo séptimo constitucional de Baja California que protege la vida humana desde la concepción, explicó Meritxell Calderón Vargas, representante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos.
En septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso de anticonstitucionalidad que presentó en el 2009 el entonces procurador de los Derechos Humanos del estado, Francisco Javier Sánchez Corona, por considerar que dicho apartado de la Carta Magna atenta contra las garantías de las mujeres.
Calderón Vargas señaló que al no haber una acción penal por parte de la autoridad se demostró que usar esos métodos no implica un delito, y en consecuencia la mujer puede recurrir a ellos en caso de encontrarse en las causales que marca la NOM 046 (violación, riesgo para la vida de la mujer y malformación del feto).
Sin embargo, esa posibilidad no siempre se aplica, pues muchos de los médicos bajacalifornianos se apegan a la objeción de conciencia y evitan hacer esas intervenciones y además no cumplen con su responsabilidad jurídica de canalizarlas con algún colega.
El próximo 26 de octubre, activistas pro derechos de las mujeres acudirán a Ginebra, Suiza, ante la Comisión para Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer, donde expondrán los casos de violación a los derechos humanos de la población femenina.
Entre otros se planteará la historia de una joven mexicalense que abortó a los cinco meses de embarazo y estuvo presa más de dos años, pero que finalmente quedó en libertad tras comprobar que fue una situación espontánea.
La intención es que el organismo recomiende a Baja California que no continúe en esa línea, pues aseguró que hay otro caso de una joven de Mexicali que se encuentra presa por un supuesto aborto, el cual será investigado para determinar si tiene responsabilidad penal.
Además, en mayo del 2012 se presentará un amparo colectivo contra la aplicación de la reforma al artículo séptimo constitucional, una iniciativa de la fracción panista aprobada en el 2008 por la 19 Legislatura local.
Meritxell Vargas pidió a las mujeres que estén en esta situación que se acerquen a los grupos defensores de los derechos humanos y recomendó que en caso de que necesiten interrumpir un embarazo pidan apoyo para acudir al Distrito Federal.
En el Distrito Federal existe un fondo denominado "María" que sufraga los costos para el viaje y la intervención, dijo y mencionó la posibilidad de acudir a Estados Unidos para quienes cuentan con documentos.
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