Axel Didriksson
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- La violencia que se está extendiendo en el país ocurre
en la escuela, en la calle, en la familia, en los lugares de trabajo y
en los de convivencia social, aunque tendenciosamente ahora se ha
pretendido concentrarla, como si fuera algo aislado, en las escuelas
públicas de educación básica. Para variar, algunos senadores y
diputados han reaccionado, por una serie gravísima de hechos, sin el
debido análisis, y están de nuevo falseando la realidad con pretendidas
salidas de “tolerancia cero”, punitivas y normativas, que no atacarán
de frente el problema general.
La escuela es parte y
reflejo de la sociedad. El acoso escolar que ha cobrado cientos de
víctimas inocentes (habría que sumarlos a las estadísticas de la guerra
no reconocida que se ha profundizado en gran parte del territorio
nacional) es la expresión de la incapacidad gubernamental para regular
y hacer frente a la violencia cotidiana. De acuerdo con los estudios
realizados, alrededor del 70% de los estudiantes en educación básica
han participado en acciones de acoso y violencia, ya sea como
agresores, como observadores pasivos, como observadores activos
(quienes graban los hechos en sus celulares y los comparten en las
redes sociales) o como víctimas. Esto es más frecuente en los planteles
públicos que en los privados; tiene como líderes a alumnos con
extra-edad escolar (mayores que los de su clase), con bajas
calificaciones o que presentan esta condición como pretexto para
agredir; pertenecen a sectores de clase media baja y media en crisis
económica recurrente, y carecen de alternativas en sus tiempos libres.
La extensión del fenómeno en México está asociado también
a la violencia que se presenta en la mayoría de los programas de
televisión que ven los niños y jóvenes, y a la imagen de éxito
(efímero) pero muy ostentoso de los delincuentes, narcotraficantes y
políticos corruptos, porque para la población en general no hay entre
ellos ninguna diferencia.
El desempleo laboral de los jóvenes y de sus familias es
otro de los factores que influyen en la reproducción de la violencia
dentro y fuera de los espacios escolares, sobre todo con el crecimiento
de la subcontratación y el desmantelamiento de las conquistas
históricas de estabilidad laboral y del empleo fijo. Los hijos de estos
trabajadores resienten de manera dramática dichas condiciones y la
escuela se vuelve un entorno favorable, pero también agresivo, en donde
expresan sus insatisfacciones contra el otro. Además, son alumnos que
tienen acceso a un aparato celular o presumen de su capacidad para
enviar mensajes ofensivos, y gozan con ello, porque la agresión y la
humillación se magnifican con la exhibición de los acontecimientos en
las redes sociales, con lo que la víctima se ve sometida a un escarnio
generalizado, aun ante desconocidos.
Asimismo, esa violencia ocurre porque la SEP, las
autoridades escolares y los maestros no promueven elementos educativos
de prevención para afrontarla, porque no existen ni se organizan cursos
transversales de proyectos de vida, de sexualidad y de conciencia
ciudadana que ataquen frontalmente el acoso escolar, la tragedia que se
vive con la humillación o los golpes que pueden llevar a la muerte de
estudiantes, como ya está ocurriendo, desde la perspectiva de la
defensa y conciencia de los derechos humanos.
Por ello, el factor directo de la expansión del acoso
escolar es la crisis de la escuela, la baja autoridad que tienen los
directivos y educadores, que se ven asociados a la corrupción y control
que han mantenido el SNTE y los gobiernos en turno durante décadas.
Esta situación ha provocado que el maestro y la autoridad sean
considerados, todos, sujetos corruptibles; que la escuela haya perdido
su legitimidad social, y que más bien se haya vuelto parte del paisaje
de la violencia y la corrupción, del desenfado y de la inmoralidad que
reproducen los líderes sindicales y los políticos.
Para evitar el acoso escolar se requiere transformar la
escuela y la sociedad. Así como están, y cuando se pretende sólo
reproducir los métodos y formas de control sobre los maestros y
directivos, no podrá hacerse gran cosa para erradicarlo. La SEP debe
estar consciente de que está impulsando una política que fomenta la
desigualdad, la inequidad, y que eso siembra la violencia y la
diferenciación del uno frente al otro. Desde hace un año, ha provocado
un conflicto magisterial sin resolverse, y ha agudizado las condiciones
de atraso en el sistema, sobre todo en algunos estados del país, y esto
ha fertilizado la descomposición de la escuela y de su autonomía
pedagógica y educativa; ha puesto a los maestros en contra de los
padres y a los padres en contra de los maestros; criminaliza a los
jóvenes y reprime a los mentores que no tienen capacidad para enfrentar
la aguda problemática infantil y juvenil y aun se ven rebasados en el
ritmo al que deben adecuar sus conocimientos en estos tiempos. No es la
SEP la que mejor está representando la idea de una escuela armónica,
solidaria y equitativa, sino todo lo contrario, porque es parte activa
de la descomposición política, económica y social que se vive.
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