Ayotzinapa
A
cada día nuevas hipótesis y atropellos hacen desde las altas esferas
del poder político y económico, pero de las responsabilidades nada
claro presentan, con precipitación abren aquí y allá fosas comunes de
las tantas que tienen y saben, sólo en un principio permanecen firmes,
impedir que la verdad sea conocida. Tal es la complicidad, manejar el
caso con opacidad y negligencia peor aún, facilitar a algunos de los
responsables su fuga de la justicia y la ejecución extrajudicial de
algunos implicados incómodos para sacar algún provecho político si es
que tal cosa es posible. De acuerdo con la información difundida
ampliamente y la actuación del régimen, se sostiene la hipótesis de que
el gobierno federal incitó o instigó por omisión premeditada y dolosa
la masacre de Iguala, es decir, dejó hacer y dejó pasar, para que los
policías sicarios y pistoleros sicarios asesinaran a los estudiantes.
Hay testimonios de estudiantes que un convoy del ejército a distancia
observó el tiroteo, o el testimonio de que los soldados decían que
“querían medirse o actuar como hombrecitos, ahí está el resultado”. Es
claro que el aparato de espionaje federal sabía por adelantado, que
esos crímenes iban a suceder, siendo su obligación impedir que
sucedieran, por el contrario omitieron para que pasaran.
Lo
que sí es concreto es el conjunto general de aspectos en que se ve
implicado el sistema. La represión de Iguala puso en claro que para la
juventud humilde de este país los derechos sociales serán arrebatados
por el poder político. Ejercer la protesta, o simplemente pedir
recursos al pueblo en un boteo es considerado un delito de subversión
al gobierno.
Pero yendo a las conexiones internas de esta
situación, el caso de Ayotzinapa pone en entredicho las bonanzas
reformadoras con que la burguesía transnacionalizada, los monopolios
internacionales y la autoproclamada clase política impusieron sus
condiciones de “gobernabilidad”. Pues la educación del pueblo queda
completamente al margen de sus beneficios, según esas castas son
pérdidas que la nación debe evitar cerrando esos centros de enseñanza.
Por si había duda, el sistema de partidos queda identificado como medio
de control para que en el país nada suceda fuera de la geometría del
poder. El espectro político burgués que va de la derecha demencial
vende-patria a la izquierda legal demostró su complicidad en uno u otro
sentido de acuerdo con su actuación en el problema.
Policías
y Ejército están suscribiendo por su parte su larga lista de violencias
y culpabilidades frente a la población, en este y otros hechos vienen
desenmascarándose, sea por evidencias, rastros o conflictos internos en
que al ajustarse las cuentas entre mandos y políticos acusan la
violencia a que se han dedicado durante largo tiempo.
Que el
narco-Estado es ya una faceta del Estado burgués mexicano tan
interesado en dominar a las clases y sectores populares como lo están
los Slim o Azcárraga, se hace patente por toda la información que en
estas semanas ha salido sobre su intervención en el caso y el ajuste de
cuentas a que tiene lugar entre sus distintas camarillas.
La
ineptitud de la mano de la corrupción más que centros de la
problemática como nos quieren vender las versiones socialdemócratas en
el sentido de que esto es lo fundamental que ocurre en el Estado
mexicano, asoma como la condición en que opera y seguirá gestionando el
sistema político sin ser para nada un puro escollo que se remedie
sustituyendo las burocracias de una camarilla (PRIAN) por las de otra
(PRD).
Ayotzinapa golpea contundentemente a un régimen que
simula una catarsis correctiva, desenmascara también a quienes aseguran
que ya en México sólo queda el problema de la violencia, que el
capitalismo se ha salvado y la democracia se ha instaurado.
Que frente a la grave situación económica la clase dominante tiene un
programa de recetas y paquetes al cual consideran inamovible no
importando la miseria que los rostros de México presentan, para lo cual
seguirán elevando la violencia institucional en comandita con el crimen
organizado adentro y afuera de las instituciones. Pues a pesar de la
legitimidad de la denuncia popular contra este crimen de Estado, este
mismo hace todo cuanto está en sus medios para negar el acceso a la
clarificación de los hechos y castigo a los culpables. La crítica de
los hechos demuestra que la política tradicional de encubrir y reprimir
seguirá en su espiral instrumentándose por todo el país a toda marcha
desde los poderes de la república tanto como desde los partidos
políticos.
Con Ayotzinapa se abre una gran crisis social y
política en medio del estancamiento económico; el Estado mexicano, la
democracia burgués representativa y el capitalismo en sí además del
desgaste muestra síntomas de agotamiento preparándose para restablecer
viejos esquemas dictatoriales.
Por tanto es importante
esforzarnos por la cohesión de las clases populares hacia un amplio
movimiento que se prevé multisectorial y anticapitalista. El
protagonismo clasista es una necesidad en esta lucha para que emerjan
posiciones proletarias más allá del gremialismo, el sindicalismo
tradicional o los sectarismos, en la proyección de tendencias
revolucionarias que rompan con el capitalismo imperante inaugurando un
nuevo proceso de lucha.
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