Hermanos sin palabra

Utopía



Eduardo Ibarra Aguirre


Apenas fue electa Luisa María Calderón Hinojosa candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Michoacán, el domingo 4, y el jueves 8 su hermano Felipe ya se encontraba en gira de trabajo por el estado.

Inaugurar carreteras, hospitales y circuitos turísticos fue el motivo de la jornada del primer fin de semana de agosto “en el estado más hermoso del país, o uno de los más hermosos para no entrar en polémicas”, en la que estuvo ausente el caro tema de la inseguridad pública en el discurso presidencial, mientras que el gobernador lo reiteró una y otra vez, y el alcalde de Apatzingán fue ovacionado ostensiblemente.

Genaro Guízar Valencia fue una de las más de 30 víctimas encarceladas con el michoacanazo –polémico operativo policiaco y militar diseñado por la hoy jefa del Ministerio Público federal, la abogada que de un manotazo despidió a más de la mitad los delegados de la PGR--, mismo que reforzó la percepción de que la procuración de justicia en éste como en el sexenio de la “pareja presidencial”, se utiliza con fines políticos y hasta familiares, amén de que terminó en un sonado fracaso ministerial, como en los casos de Julio César Godoy y de Jorge Hank, y está por suceder con Gregorio Sánchez, con todo y los reconocimientos que acumula Marisela Morales.

Fue precisamente en Michoacán donde el 13 de diciembre de 2006 comenzó la más costosa de las estrategias gubernamentales en muertos con más de 51 mil, 120 mil desplazados, 10 mil desaparecidos (según cifras de Emilio Álvarez Icaza), desempleados, huérfanos y emigrados en el país. Estrategia aplicada de común acuerdo con el primer Ejecutivo estatal perredista que reconoció a Calderón Hinojosa, lo que abrió paso a una temporada de cooperación institucional hasta que apareció el michoacanazo sin decir “agua va” al gobierno estatal –pero sí a la hermana que nunca fue incomoda--, y Leonel Godoy empezó a caer en la cuenta de la proyección electoral y familiar del quehacer policiaco y militar del general de cinco estrellas.

Tan extendida es la percepción sobre el faccioso uso y abuso de las instituciones y sus planes para favorecer a Luisa María –presuntamente madre de un hijo de Jesús Ortega Martínez--, que el mismo abogado, economista y administrador público reconoció con singular cinismo ante sus paisanos: “Quizá sea la última o de las últimas veces que venga a Michoacán, precisamente para no interferir en el proceso electoral que empieza en septiembre”.

Con cinismo ilimitado, el señor que en sus ratos libres despacha como secretario de Salud y puja por la candidatura panista para gobernar Guanajuato, plaza exclusiva de la Organización Nacional El Yunque, organizó un informe de actividades sobre el sector en Michoacán, con carácter “de privado”, y la candidata Calderón Hinojosa ocupó lugar en la mesa principal y recibió la promesa del subordinado de su hermano de “apoyar a Michoacán con todo lo que se requiera”.

Si el hermano de Luisa María interviene abiertamente a favor de ella --quien durante cuatro años y medio dispuso de las estructura y recursos de las delegaciones federales en Michoacán y de un numerosísimo equipo del Estado Mayor Presidencial--, además de que carga los dados a favor del imberbe secretario de Hacienda, por qué se van a negar el mismo derecho los cinco suspirantes a la candidatura presidencial panista. El jefe marcó la tónica y el febril activismo preelectoral domina a su gris e incompetente gabinete.

Por lo demás, las palabras empeñadas por ambos Calderón Hinojosa: “No ocuparé espacios públicos” y “Seré el presidente del empleo” los muestran también hermanados en la falta de valor de sus compromisos.

Acuse de recibo

El periodista y editor José Sobrevilla pregunta y contesta: “¿Qué sería --mi querido Eduardo-- la vida sin utopías? La realidad es tan fría que no nos cobijaría la esperanza; y sin ésta, seríamos más destructivos entre nosotros, porque ya lo somos de la naturaleza. Mil Utopías. Los que te conocemos un poco sabemos la obsesión con que enfocas tus temas y lo que te cuesta darles luz a cada uno. Vaya a ti mi felicitación por esta meta y mi esperanza de seguir siendo testigo de las mismas”... La doctora Ana Isabel Sanz, de Toledo, España, agrega: “Sencillamente, mi querido Eduardo, es un inestimable regalo poder leer tus reflexiones. Gracias”… Y concluye el reportero Ramsés Ancira: “Junto con mi felicitación por tu milenaria Utopía, me permito solicitarte oportunidad y espacio para este mensaje social: Agradeceríamos a personas que consideren haber sido afectadas por falta de ética profesional del abogado Felipe Rayo Mares o el doctor Gustavo Romero Pérez, del Grupo Médico del Valle, enviar sus quejas al teléfono 36-24-77-80 o al correo electrónico nuevaupd@gmail.com (,) para integrarlas en diversas averiguaciones previas en curso. Estas personas están indiciadas por falsedad de declaraciones que pudieron causar daños irreparables en perjuicio de una persona detenida por agentes adscritos a la fiscalía antisecuestros”.

forum@forumenlinea.com
www.forumenlinea.com

Con Calderón, 300% más desapariciones que en Guerra Sucia

Flor Goche

En la “guerra” antidrogas, aumentan las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. El caso más reciente, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas. De 2007 a la fecha se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, documenta la ONU; 300 por ciento más que los ocurridos durante la Guerra Sucia. Al menos, 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos formarían parte de la lúgubre lista

Soldados y marinos son señalados como los autores de decenas de desapariciones forzadas de civiles, cometidas en el contexto de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico. La más reciente denuncia implica a elementos de la Secretaría de Marina en la desaparición de 15 personas entre el 1 y el 22 de junio pasado. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay fotografías y videos que comprueban la participación de los representantes del Estado mexicano en esos crímenes.

Apenas tres meses antes de esos hechos, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó México, por considerar “alarmante” el número de quejas que ha recibido entre 2007 y principios de 2011. Al finalizar su recorrido, el 31 de marzo, dicho Grupo denunció que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo; esto es 300 por ciento más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987).

No obstante, la cifra podría ser mayor. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son elevadas.

Para que un extravío se catalogue como desaparición forzada, se debe demostrar que el civil fue privado de su libertad por agentes del gobierno o por terceros contratados por un agente de gobierno.

En la presente administración panista, los móviles políticos –que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional se enfocaban en guerrilleros y activistas– sí se estarían reeditando. Al menos 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han desaparecido forzadamente en el actual sexenio. De éstos, se desconoce el paradero de 20; ocho fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro liberados.

Las cifras negras

El 22 de junio pasado se publicó en el Diario oficial de la federación el nuevo marco legal para castigar a los responsables de estos delitos (Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Pese a ello, el gobierno de México no parece estar realmente comprometido con el esclarecimiento de estos hechos.

Considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, estos crímenes permanecen impunes, al igual que las más de 1 mil desapariciones forzadas que se registraron en la Guerra Sucia; las de decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de 1990; y las de cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, ocurridas en noviembre de 2006.

A pesar de que las desapariciones podrían llevar al Estado mexicano a un juicio internacional, ninguna de las instituciones del gabinete de seguridad lleva registro de ellos, se desprende de respuestas a solicitudes de información ciudadanas consultadas por este semanario.

El problema tampoco se resuelve en el ámbito local. En cada entidad federativa, son las comisiones estatales de derechos humanos y las organizaciones civiles las que van engrosando sus listas con nombres y datos de las víctimas.

Un caso dramático es el de Coahuila. Los reportes de las autoridades locales refieren 219 denuncias por ese delito. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Larios, adsctrito a la diócesis de Coahuila, también tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en la entidad.

En Michoacán, uno de los estados que más ha sufrido la violencia de la supuesta “guerra” contra las drogas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 165 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2010 y lo que va de 2011.

En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que su registro de denuncias es de sólo 48 desaparecidos forzadamente entre 2008 y 2010. Las cifras se potencian en Guerrero. Ahí, el Taller de Desarrollo Comunitario ha documentado 1 mil 694 casos de desapareciones forzadas entre 2005 y 2011.

Pero los estados fronterizos del Norte del país no se quedan atrás. A inicios de junio, Leonel Aguirre Meza, presidente de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, denunció que en Sinaloa se han registrado 230 desapariciones de civiles en el marco de lucha contra el narcotráfico.

Durango también se suma a los estados con dramáticos registros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento e investiga 176 desapariciones forzadas de personas entre 2009 y abril de 2011. Según sus estadísticas, 89 por ciento de las víctimas son hombres y 11 por ciento mujeres.

De las decenas de denuncias, la CNDH sólo ha informado de 238 casos de desaparición forzada registrados en México desde la década de 1960, según constaría en un informe que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, entregó al Grupo de Trabajo de la ONU el pasado 23 de marzo. Éste es confidencial, pues “contiene averiguaciones previas”, refieren funcionarios de la Comisión.

Militares implicados

En enero pasado, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó a Contralínea que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de 74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.

Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado y 24 personas más, a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar de Chihuahua; y el de Raúl Evangelista Alonso y Roberto González Mosso, en manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM/26/201.

Pero éstos no son los únicos crímenes de lesa humanidad en los que se habría probado la participación de militares. El de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el único caso reciente de desaparición forzada de luchadores sociales que, a través de la recomendación 7/2009, reconoce la CNDH. También, el único en el que se ha logrado establecer una interlocución con el gobierno federal, con duración aproximada de un año.

Recientemente Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aceptó la recomendación que la CNDH dirigió a la administración de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz. No obstante, la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perpetrada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, continúa impune.

El 21 de abril de 2009, la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal –un grupo de intelectuales creado en 2008 con el objetivo de posibilitar la presentación con vida de estos militantes– dio por terminada su misión ante la “falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta” de las autoridades.

“Lo que veíamos era una intención de hacer sesiones, de sacar fotografías, de usarlo en los medios, pero no realmente de resolver el problema”, manifiesta José Enrique González Ruiz, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México e integrante de la Comisión.

A más de cuatro años de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, no se sabe de servidores públicos o militares a los que se les haya llamado a declarar o fincado responsabilidad; no hay evidencia de avances en la localización de los activistas; tampoco se ha llevado a juicio a los culpables; además, en la investigación de la PGR el delito que aparece es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad plagio o secuestro y no el de desaparición forzada.

A decir de González Ruiz, este caso es “simbólico y paradigmático” por lo que “si podemos esclarecerlo y llevar a los responsables ante los tribunales, se puede abrir una rendijilla por la que se cuele la justicia para los demás casos de desaparición forzada en México”.

Desde su creación, en la década de 1980, el Grupo de Trabajo de la ONU ha transmitido al gobierno de México 412 casos. De éstos, 233 (el 57.76 por ciento) siguen sin resolverse; 16 se han discontinuado; 24 se han esclarecido con base en la información proporcionada por los demandantes; y 134, a partir de los informes gubernamentales.

Estos datos “no son representativos de la dimensión del tema en cuestión”, advierte el Grupo de Trabajo en su informe preliminar de su reciente visita a México. “El incremento de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”.

Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular”.

A los representantes de la ONU únicamente se les informó de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en contra de servidores públicos, mismas que actualmente se encuentran en proceso de apelación. Respecto de las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia, tuvieron noticia de que sólo el 2.5 de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal; que 20 de éstos fueron consignados ante una autoridad judicial; y que si bien las investigaciones ministeriales continúan, ningún funcionario ha sido sentenciado, detenido o está en espera de juicio.

En su informe de observaciones preliminares, en el que dirige 34 recomendaciones al Estado mexicano, el Grupo asegura que la PGR “no aportó ninguna información específica respecto a las líneas de investigación, los avances significativos en las investigaciones, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente”.

Para la realización de este trabajo, se solicitó una entrevista con Omeheira López Reyna, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; con Irving Barrios Mojica, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, y con Ricardo Nájera Herrera, coordinador General de Investigaciones de la misma dependencia. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Restricción del fuero militar: “sólo un paso”

El pasado 14 de julio, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) dictaminó la restricción del fuero militar para los casos de violaciones a derechos humanos, que ahora pasarán a los tribunales civiles. La resolución se dio en el marco del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974.

Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos celebran el fallo de los ministros: “Un triunfo de las víctimas que durante muchos años han enfrentado la impunidad”. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, señala, sin embargo, que se trata sólo de un paso en la lucha por la verdad y la justicia.

Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), asociación civil que acompaña el caso Radilla, explica que recientemente el gobierno de México publicó un libro con la semblanza de la vida del líder comunitario. Sin embargo, “no es un documento que muestre el arrepentimiento o reconocimiento del Estado mexicano para con las víctimas”.

En abril de 2008, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien sería responsable de la desaparición de Rosendo Radilla y de, al menos, otros 600 guerrerenses, fue condecorado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.

Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuraduría General de la República solicite a los tribunales militares sus investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares; y que el tema del fuero militar salga de las discusiones de la Ley de Seguridad Nacional.

Además, exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que califican de “omisa”, que se pronuncie sobre el tema y que en futuras recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos perpetradas por militares, “cese su práctica de solicitar que se le dé vista al Ministerio Público Militar, para que sea la autoridad civil la que conduzca las investigaciones”.

De acuerdo con datos de la Sedena, al menos, 216 militares deberán estar sujetos al fuero ordinario. También, comentan las organizaciones de derechos humanos, los elementos castrenses que violaron y torturaron a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa; así como los que torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas.

“Crimen organizado, autor del 40 por ciento de las desapariciones”

Tomás Pérez Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que, en los últimos años, al menos entre el 40 y el 45 por ciento de los casos concluidos está relacionado con la delincuencia organizada.

A la fecha, el organismo autónomo sólo ha emitido cuatro recomendaciones por desaparición forzada. La 26/2001, en la que reconoce la desaparición, durante la Guerra Sucia, de 275 luchadores sociales; la 9/2005, sobre el caso de Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez, quienes fueron desaparecidos el 30 de junio de 2001 por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Colima; la 15/2005, que refiere la desaparición de Luis Verea Falcón perpetrada en 1997 por agentes de la Policía Judicial de Morelos; y la 7/2009, respecto de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez durante un operativo a cargo de militares y policías de Oaxaca.

Ninguna de estas recomendaciones ha sido satisfecha por el Estado mexicano, refiere Tomás Pérez Serrano. “Ninguna de ellas se ha concluido porque no se han alcanzado a cumplir en su totalidad, sino de manera parcial, sus puntos”.

Cuestionado sobre el escaso número de recomendaciones que emite la CNDH en relación con las quejas que recibe (de 2000 a la fecha ha recibido al menos 679 por desaparición forzada) y los casos que demandan las organizaciones no gubernamentales, Pérez Serrano lamenta que sólo en estos cuatro casos se haya podido acreditar fehacientemente la desaparición forzada.

No obstante, asegura que todas las quejas que llegan al Programa continúan abiertas, en tanto se desconozca el paradero de las víctimas. Los casos son radicados en el Sistema Nacional de Información de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, integrado por alrededor de 1 mil expedientes.

A decir de Pérez Serrano, al gobierno mexicano le ha faltado objetividad, un poco de voluntad política, pero sobre todo, plena comprensión de que para que los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos funcionen, se requiere además del consenso de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno.

El titular del Programa de Presuntos Desaparecidos asegura que con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, promulgada el pasado 9 de junio, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la competencia de su Comité “van a ser más importantes y más de fondo”, por lo que ese y otro temas “se van a empezar a trabajar en su conjunto”.

Los cambios constitucionales favorecerían, asimismo, las investigaciones de desapariciones forzadas. Las restricciones para que la CNDH acceda a los expedientes de los Ministerios Públicos quedarían en el pasado; además, los funcionarios que no colaboren con el organismo autónomo, como los gobernadores que se niegan a aceptar sus recomendaciones, tendrían que responder ante los tribunales, expone Pérez Serrano.

Con Calderón, 32 activistas desaparecidos

Fuente: Contralínea 245 / 07 agosto 2011

San Luis de la Paz busca a sus hijos

Gerardo Ramos Minor

Diecisiete campesinos, hombres trabajadores que buscaban llegar a Estados Unidos, fueron interceptados por uno de los comandos paramilitares que pululan en el México de Felipe Calderón. Los secuestraron en algún lugar de Tamaulipas. Desde entonces no se sabe nada de ellos. Sus familiares se organizaron para buscarlos. Por sus propios medios decidieron emprender un viaje con la esperanza de regresar de vuelta a sus desaparecidos. El grupo se enfrentó a la indiferencia de las oficinas gubernamentales, al desprecio de funcionarios y un sistema anquilosado

Gerardo Ramos Minor/Contralínea Tamaulipas-Hora Cero

Ésta es la historia de cuatro hombres y un pueblo llamado San Luis de la Paz, Guanajuato, que decidieron emprender un viaje en busca de 17 de los suyos desaparecidos cuando iban hacia Estados Unidos. Llegaron a Matamoros para confirmar o descartar que estuvieran entre los muertos encontrados en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. Es también la crónica del dolor de cientos de familias mexicanas que lloran la ausencia de un desaparecido, narrada en el documental Con las manos vacías.
En San Luis de la Paz la población está acostumbrada a la rutina del que emigra a Estados Unidos: lo despiden en la central de autobuses con un abrazo, lágrimas y muchas bendiciones. Y después, esperan las remesas para tener una vida mejor con el sueño de salir de la pobreza.
Guanajuato es el estado que ocupa el tercer lugar nacional como expulsor de migrantes hacia Estados Unidos. Ahí crecieron José Manuel Pérez Guerrero, Valentín Alamilla Camacho, Fernando Guzmán Ramírez, Alejandro Castillo Ramírez, Samuel Guzmán Castañeda, Ricardo Salazar Sánchez, Héctor Castillo Salazar,
Miguel Ángel Ramírez Araiza, Mariano Luna Jiménez, Gregorio Coronilla Luna, Antonio Coronilla Luna, Isidro González Coronilla, Ángel Padrón Sandoval, José Luis Duarte Cruz, Juan Manuel Duarte Cruz, José García Morales y José Humberto Morín López.
Todos salieron el pasado 21 de marzo hacia Estados Unidos, con la esperanza de ingresar a ese país como indocumentados. Para la mayoría, no era la primera vez que realizaban esta travesía por necesidad económica.
Con el mínimo de ropa y de dinero tomaron un autobús de pasajeros hacia la frontera sin imaginarse que en alguna parte de la ruta se iban a esfumar.

Y aunque nadie sabe con exactitud qué fue de ellos, sus familiares temen que hayan perecido a manos de grupos del crimen organizado, que los hayan secuestrado y posteriormente matado, porque no pudieron pagar un rescate por su liberación o porque se negaron a unirse a sus filas.

Tuvo que suceder una masacre como la de los 72 centroamericanos asesinados en un rancho del municipio de San Fernando, en agosto de 2010, para que el resto del país se diera cuenta de algo que para los migrantes –mexicanos o extranjeros– ya no era novedad: estaban siendo secuestrados y asesinados impunemente.
Cuando San Luis de la Paz quedó atrás, el autobús entró a Tamaulipas y, según los informes de la Procuraduría General de la República, fue interceptado por un grupo de hombres armados.

La mayoría de los 17 hombres iban a cruzar el Río Bravo con destino final a Houston, Texas, para encontrarse con familiares que trabajan ahí.
Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, entre otras ciudades fronterizas sirven como trampolín para ingresar sin papeles a Estados Unidos; una vez que llegan al destino bastan cinco minutos para tomar el teléfono, llamar a casa y decir que todo está bien.
Por eso los familiares que se quedaron en San Luis de la Paz sabían que pasarían días o algunas semanas –pero no meses–, sin tener noticias del que se fue. Y en ocasiones una remesa con algunos cientos de dólares es la única señal de que el viaje tuvo un final feliz.
Sin embargo, en marzo pasado las reglas habían cambiado, y en San Luis de la Paz lo sabían. Por eso una a una, madres y esposas de los 17 viajeros les pidieron que no se fueran, que la pobreza es más llevadera con toda la familia junta. Pero la decisión estaba tomada: cada uno tenía una urgencia que atender: terminar de construir un cuarto para la casa, tener dinero para la familia o juntar un patrimonio que le permitiera contraer nupcias.

No había pasado ni un mes desde que el grupo partió hacia el Norte, cuando los noticieros dieron la trágica noticia: se habían encontrado más de 70 cuerpos enterrados en fosas clandestinas en San Fernando, nuevamente.
Desde entonces los días dejaron de ser tranquilos, en espera de alguna señal de los ausentes.
Fue entonces cuando el pueblo, reunido en una improvisada asamblea, decidió enviar a cuatro emisarios a Tamaulipas a buscar noticias de los desaparecidos; a hurgar entre más de 70 cadáveres encontrados en las fosas para saber si estaban los suyos.
Entre ellos estaba Raúl Pérez, el delegado de la comunidad, el hombre que una década antes estuvo a un paso de morir abandonado en las áridas praderas del Sur de Texas, después de que el coyote que guiaba a su grupo decidiera escapar asustado por la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza.

Raúl tenía un motivo muy poderoso para desafiar el camino a Tamaulipas: su hijo José Manuel, Meme, como todos lo conocían, estaba entre los desaparecidos.
Junto a Raúl viajarían Erick Salazar, quien iba en búsqueda de su hermano Ricardo y de su primo Héctor Castillo Salazar, y Hugo Guzmán Ramírez, quien buscaba a su hermano Fernando y a sus primos Alejandro Castillo Ramírez y Samuel Guzmán Castañeda. También iría Hugo Coronilla en representación de las esperanzas de ocho familias.

Con 2 mil pesos, una carpeta con fotografías, copias de actas de nacimiento y credenciales de elector, los cuatro viajaron a Matamoros, Tamaulipas.

Con el paso de los días cientos de personas comenzaban a llegar al Servicio Médico Forense buscando terminar con la incertidumbre: saber si su pariente estaba entre los cuerpos desenterrados en San Fernando.

Muchas preguntas

Es sábado 9 de abril por la tarde. En las oficinas de la Dirección de Servicios Periciales de Matamoros hay mucha actividad. Decenas de personas –mujeres en su mayoría– esperan que alguien las atienda.
Callados, resignados y con aspecto humilde, van de oficina en oficina según las instrucciones de un funcionario público; les explica que su trámite tienen que hacerlo en otra parte. Finalmente encuentran una mujer amable que empieza a tomar los datos de cada uno los 17 desaparecidos. Esperanzados, comienzan a dictarle nombres, edades y señas particulares que son anotados en hojas de papel blanco. Nadie protesta.

El olor a muerte que impregna el lugar –ya que los cadáveres son almacenados a unos metros de distancia en una caja de tráiler– no desanima a estos cuatro hombres: siguen firmes en su objetivo de ver los rostros de los muertos con la esperanza de reconocer a uno de los suyos.

Pero no fue posible. Los cuerpos desenterrados presentan un avanzado estado de putrefacción y la mayoría están irreconocibles.
A cambio, las autoridades de Tamaulipas representadas por Rubén González Chapa, delegado regional de la Procuraduría de Justicia en Matamoros, ofrece mostrarles las fichas con datos de los cadáveres encontrados, hasta ese momento, en más de 10 fosas clandestinas de San Fernando.

La tarea fue hurgar en su memoria, y con el apoyo de otros familiares en San Luis de la Paz, recordar el color del cabello, algún tatuaje, cicatriz o cualquier otro detalle que ayude a su identificación. Cumplida la tarea no queda más que esperar.

Dolor compartido

La quietud de la mañana del domingo 10 de abril en Guanajuato sólo se rompe con el repicar de una campana. A paso lento, familias completas se dirigen a una pequeña capilla ubicada en la comunidad de Maguey Blanco, de donde son originarios varios de los desaparecidos.
La liturgia transcurre; sólo hay una petición: que aparezcan vivos o muertos, pero que aparezcan.

Mientras, los cuatro emisarios visitan la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Matamoros para hacer la misma plegaria. Terminadas las gestiones con Dios, es momento de reiniciar las gestiones oficiales.
Aunque amable y solidario con el dolor de los cuatro originarios de San Luis de la Paz, Osvaldo Salinas, encargado de Servicios Periciales, les explica que va a ser imposible que entren a ver los cuerpos a la morgue.

Pero no todo está perdido. Raúl puede someterse a un examen genético cuyos resultados serán comparados con los realizados a los muertos en las fosas. De hecho, todos los padres y madres de los desaparecidos tienen que hacer lo mismo, pero para ello se necesita el apoyo de las autoridades de Guanajuato.

El grupo decide separarse y enviar de vuelta a casa a Erick. Él debe convencer a los familiares de interponer las denuncias penales por las desapariciones y hacerse las pruebas del ADN. Pero la tarea no es fácil. En sus comunidades pocos son los que quieren cooperar; están atrapados entre la tristeza, la desesperación y la esperanza de localizarlos vivos; están indecisos entre viajar a la capital de Guanajuato para exigir una investigación o esperar a que la ayuda de las autoridades les caiga del cielo.

El lunes 11 de abril por la mañana, mientras Erick viaja con destino a Guanajuato, un grupo de familiares sale a la capital del estado para exigir informes al gobierno. Pero les dicen que primero tienen que interponer las querellas por las desapariciones y hacerse las pruebas genéticas, en San Luis de la Paz.

Son casi las cinco de la tarde y Erick ha regresado a casa; reunidos los familiares de los 17 desaparecidos, les explica que en Matamoros fue imposible entrar a ver los cadáveres, y que la única opción para identificarlos es realizarse la pruebas genéticas.

Las palabras del joven son el último empujón que se necesitaba para actuar. Horas después se ven atiborradas las oficinas de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato para levantar las denuncias; al mismo tiempo se realizan las exámenes genéticos a los familiares, que serán enviadas a los laboratorios.
En Matamoros, el lunes 11 de abril inicia con la noticia de que los tres emisarios restantes podrán ver las primeras fichas de identificación de 43 cadáveres, las cuales podrían coincidir con sus familiares. Estas fichas contienen datos generales y una descripción de la ropa que vestían las personas al momento de morir.
Es también una escueta descripción de la causa de su muerte: un golpe en la cabeza con un objeto contundente.

Para agotar el tiempo antes de la cita, el grupo decide dirigirse al puente nuevo internacional que une Matamoros con Brownsville. Ésta es la primera vez que Hugo Coronilla, Hugo Guzmán y Raúl Pérez ven el Río Bravo desde lo alto y seco.

Mientras observan la puerta de entrada a Estados Unidos, un grupo de deportados pasan a su lado. La esperanza de que sea uno de sus hermanos, primos, amigos o hijos apenas dura unos segundos.
Pero la visita no es en vano. Un agente del Grupo Beta de Migración Mexicana les pide hablar con los repatriados. Ellos acceden. En pocos minutos relatan su triste peregrinar que los trajo desde su pueblo natal, donde trabajan como albañiles y realizan labores en las áridas tierras de cultivo, hasta esta frontera.

De vuelta a casa

De regreso en las oficinas de Servicios Periciales, los tres están listos para buscar a sus parientes entre las fichas de identificación; tras un par de horas, hurgando entre papeles, descartan que alguien de los 17 desaparecidos sea alguno de los cadáveres trasladados desde San Fernando.

En cada experiencia son evidentes los sentimientos encontrados. Saben que sus familiares no están muertos, pero su angustia continúa por no saber en dónde están. Toman la decisión de volver a San Luis de la Paz, donde la espera de noticias será más llevadera junto a sus familias. Cuando deciden volver a Guanajuato, se enteran que el número de cadáveres encontrados en San Fernando se incrementó a casi 150.
Devastados, saben que podrían pasar semanas, quizá meses, sin recibir noticias de sus familiares desaparecidos desde el 21 de marzo.
Así, la mañana del miércoles 13 de abril inician el largo camino de regreso a San Luis de la Paz. Su deseo es el mismo: que junto con ellos vinieran los de su propia sangre.

Y aunque no tienen noticias, ninguno ha perdido la fe. Piensan que aún existe la posibilidad de que el autobús donde venía el grupo haya pasado de largo los retenes de la delincuencia organizada, que hayan llegado a la frontera y continuado su ruta hacia el interior de Estados Unidos.
“Tenemos fe”, repiten una y otra vez cuando hablan de su viaje, de su misión y la esperanza de que aparecerán con vida.
Es casi el mediodía y el sol inclemente cae sobre los áridos campos de San Luis de la Paz. Nadie en el grupo sabe mucho de Erick, quien decidió quedarse en casa. Desde que llegó ha confortado a su madre, a su cuñada y a su pequeña sobrina, con el sueño de volver a ver un día a Ricardo.
El primero en reencontrarse con su familia es Raúl, el delegado, quien abraza a sus hijos. Tuvo 10 con su esposa, quien ya no sabe cuántas veces le ha pedido a Dios que le regrese a Meme. María de Jesús sólo tiene una petición: si su hijo está muerto quiere que se lo digan, que no se lo oculten: “De lo contrario voy a perder las ganas de vivir”.

En los últimos días su salud ha empeorado. En varias ocasiones ha ido al dispensario médico donde le recomiendan no angustiarse más.
La felicidad por volver a ver a su esposo sano y salvo se opaca porque no tiene noticias de Meme.

En otro ejido cercano, a Hugo Coronilla lo recibe una pequeña multitud conformada por sus familiares. Sólo con ver su rostro saben que no trae buenas noticias. Agobiado, se quiebra al ver a su madre, su hermana y sus primos. Es la primera vez en días que suelta una lágrima.

Finalmente, tras más de 1 mil 700 kilómetros de viaje, Hugo Guzmán regresa a su humilde hogar. En el zaguán de la puerta de su casa, su madre lo espera con un gesto derrotado. La mujer apenas escucha la explicación de su hijo, quien le detalla que vieron las fichas de más de 40 cadáveres y ninguno de ellos era su hermano Fernando.
“No coincidía con la ropa, ni nada”, dice a su madre, quien rompe el silencio con una desgarradora pregunta: “¿Ni uno?”.

La mujer regresa a su casa, mientras Hugo camina despacio detrás de ella, cabizbajo, con su mochila que casi arrastra. No derrotado del cansado viaje, pero sí con las manos vacías.

El otro San Luis de la Paz

No todo es seco y desesperanzado en San Luis de la Paz. También hay aires de vida. Un poco desenfadado, el lugar despierta tarde. Las calles y callejones se ven lavados entrada la mañana. El olor a tierra mojada recibe el nuevo día. La actividad matutina empieza como a las ocho de la mañana, cuando hombres y mujeres acuden al trabajo, y los niños, tomados de la mano de sus madres, se dirigen a la escuela. Se puede escuchar el andar de las bicicletas, intercaladas con el sonido de las campanadas que invitan a los fieles a misa. El mercado Hidalgo se llena de colores, y una fiesta de olores y sabores se sucede. En las calles, los perros juguetean.
La rosada plaza principal, hecha toda de cantera, con su kiosko central y sus múltiples bancas rodeadas de frondosos árboles y flores, comienza a recibir gente. Junto a la iglesia, adornada por los rayos del sol, ya se venden gorditas y tamales, en los primeros albores del día.
Nuevamente, las bicicletas recorren la plazuela: los más viejos se sientan en las bancas con gelatinas y nieves, y los más jóvenes toman la ruta que los lleva hacia la alameda, a la cual se llega por una larga calleja empedrada. Es un oasis en el desierto.
Con sus fuentes, sus altísimos árboles, las cómodas bancas, el trinar de los pájaros y todo su verdor, la alameda es un lugar inolvidable.

Los más deportistas salen a ejercitarse; los canófilos encuentran lugar para pasear a sus mascotas, y los glotones pueden sentarse apaciblemente a comer las moras que ahí, generosa, la madre naturaleza les ofrece. El tiempo se detiene, la aridez de los ejidos vecinos parece no alcanzarlo.
En los alrededores, casonas con fuentes adornan las calles, y los callejones invitan a perderse en ellos. El sol recorre el cielo y cae la tarde; luego el anochecer trae consigo la brisa nocturna. Las mujeres comienzan a hacer gorditas, las últimas del día.
Otra desbandada de olores ocurre: migaditas, chicharrón, rajas con queso, chocolates y atoles se hacen presentes. Después de la espléndida cena, San Luis, cobijado por sus colinas, se prepara para dormir. Los pobladores van a casa, los pájaros callan, y un cielo estrellado y limpio se deja ver. Es momento de soñar.

Con las manos vacías
El Ejército Mexicano detectó en abril pasado una decena de narcofosas ubicadas en el municipio fronterizo de San Fernando, Tamaulipas. El número de cadáveres encontrados aumentó hasta llegar a 183 conforme los días transcurrieron.
En su mayoría se trataba de migrantes procedentes de los estados del centro y Sur de la República, quienes viajaban con destino a la frontera con Estados Unidos para intentar cruzar ilegalmente, pero en su ruta fueron secuestrados y asesinados por el crimen organizado.
La mayor parte de estos migrantes viajaban como pasajeros de autobuses foráneos que eran detenidos por hombres armados.
Tras conocerse la noticia de la ubicación de las fosas, cientos de familiares de personas desaparecidas llegaron hasta el Servicio Médico Forense de Matamoros –donde fueron trasladados los cuerpos encontrados–, en busca de sus padres, hijos, hermanos y amigos perdidos.
Entre estas personas se encuentran Raúl Pérez, Erick Salazar, Hugo Coronilla y Hugo Guzmán, originarios de San Luis de la Paz, Guanajuato, quienes fueron encomendados por sus coterráneos para buscar a 17 personas originarias de este pequeño poblado, desaparecidas desde el pasado 21 de marzo, cuando viajaban en un autobús con destino a la frontera.

Durante cinco días, un equipo de reporteros del periódico Hora Cero siguió a estos hombres en sus pesquisas, en un recorrido que comprueba que en México los familiares de una persona desaparecida están condenados a sufrir el dolor de la incertidumbre y el olvido oficial.

Al mismo tiempo, en San Luis de la Paz, familiares de los 17 desaparecidos cuentan la historia de estos hombres y los motivos que los llevaron a abandonar todo en búsqueda del llamado “sueño americano”.
Con las manos vacías es un desgarrador relato del dolor que enfrentan cientos de familias en este país, cuyos seres queridos están perdidos por la “guerra” contra la delincuencia declarada por el gobierno federal.

También es el testimonio de las mujeres y niños que se quedan, en México, añorando el recuerdo de un esposo y padre que se fue de mojado para ofrecerles una vida mejor.

Fuente: Contralínea 245 / 07 agosto 2011

Beltrones y Peña: López Obrador y Ebrard: del PAN ninguno

Álvaro Cepeda Neri *

A reserva de opinar, analizando, la competencia interna y externa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) (con su chuchismo, camachismo, lópezobradorismo y demás pedacería), está claro que el Partido Acción Nacional (PAN), no obstante sus inclinaciones derechistas y ultraderechistas, es un cero a la izquierda, y es que sólo tiene precandidatos y ni en la licuadora de su cómplice Gordillo, mezclándolos con el calderonismo se hace uno de Creel, Vázquez Mota, Lozano (el troglodita), Cordero (el mago de las cuentas alegres, acompañado de Poiré y Gerardo Cajiga) y el resto, incluyendo al “periodista” Manuel Espino expulsado por órdenes de Calderón. No se hace de todos un sólo candidato para la contienda a la Presidencia. Así que todo se reduce al PRI, y los perredistas con el Partido del Trabajo y Convergencia que ya cambió de piel con su nuevo nombre.

Los priístas habrán de escoger entre Peña y Beltrones. Para esto, es necesario que al menos se celebren dos debates de cara a los electores, para ver de qué “cuero salen más correas”. Sobre todo, porque Peña insiste, con su grupo Atlacomulco y anexos, en autopostularse como el galán de Televisa, al estilo de una caricatura de Luis Miguel, por lo del copete-copeteado y políticamente descerebrado. En cambio, Beltrones ha propuesto que se muestre primero “para qué quieren los priístas el poder presidencial”, y quién de los plañideros puede aspirar a ser un mandatario, que es lo que le urge a la Nación. Peña es un cascarón vacío. No tiene nada en su bonita cara-cabeza, y su mal gobierno mexiquense lo pinta incapacitado para el trabajo político.

López Obrador, es por mucho mejor que su traidor y oponente Ebrard, quien no da la talla. El tabasqueño es un auténtico político de izquierda (como Peña de la derecha y Beltrones del centro). Ebrard no tiene la calidad moral de Andrés Manuel López Obrador, y ha sido toda su vida de priísta (de 1978 a 1995), un oportunista empollado por Manuel Camacho Solís, ambos alimentados con cargos por Salinas, hasta que este no escogió a Camacho para la sucesión, prefiriendo a Colosio (asesinado por el salinismo), y se rebelaron, para terminar ingenuamente acogidos por López Obrador al que ahora han traicionado en complicidad con el chuchismo y la bendición de Calderón.

En cuanto al PAN ninguno pinta. Creel, el más echado para delante ya está derrotado. No puede volar porque le cortaron las alas, por timorato. El reato son ceros, a tal grado que Calderón quiere imponer a De la Fuente y hasta suena José Woldenberg. Los panistas tienen un desastre político, a tal grado que la esposa de Calderón, Margarita Zavala sigue, en la sombra, intentando que la seleccionen y ni así el PAN lograría levantarse. Lo de Vázquez Mota es una ilusión. Los panistas ni con su candidato externo estarían en condiciones de competir. Si el PRI quiere tener un candidato, no hay más opción que el senador Beltrones Rivera; en el PRD sólo López Obrador, y el PAN cualquiera está descartado. Si Peña con su dinero y sus cómplices se impone, nadie se sorprenda que lleve al PRI a una derrota enfrentado a López Obrador.

*Periodista

Restricción del fuero militar: triunfo de víctimas y sociedad civil

Abel Barrera Hernández *

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo hace unos días un debate histórico. En varias sesiones continuas al analizar las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso de Rosendo Radilla, el máximo tribunal de nuestro país determinó que la jurisprudencia de la CIDH en casos que no involucran a México debe fungir como un criterio orientador para los jueces en el país; que las sentencias condenatorias contra la nación emanadas de esa instancia son obligatorias; que compete a todos los jueces, estatales o federales, verificar que se cumplan los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, pudiendo incluso impedir la aplicación de normas secundarias que les contravengan; que el nuevo artículo 1 constitucional impone a todas las autoridades la obligación de garantizar los derechos humanos, empleando las normas más favorables, y, finalmente, que al analizar judicialmente los alcances del fuero militar los jueces mexicanos tienen que ajustarse a lo que determinó el tribunal interamericano.

Esto último implica que, en todos los casos que lleguen a los tribunales federales donde se impugne la extensión del fuero militar y que involucren a civiles, los jueces deberán fallar en contra del Ejército, por ser dicho fuero una jurisdicción incompetente para conocer de delitos que a su vez constituyan violaciones a los derechos humanos cometidos contra civiles.

La necesidad de restringir el fuero militar, plenamente aceptada por la SCJN en su reciente discusión, da un impulso renovado al cumplimiento de las sentencias dictadas por la CIDH. Esto resulta especialmente relevante, pues el Estado mexicano ha escamoteado el acatamiento de sus obligaciones internacionales. Frente a esa decisión, conviene destacar y volver a enumerar los argumentos a favor de restringir el fuero militar.

Un primer argumento surge de las obligaciones impuestas al Estado mexicano por la CIDH en los casos de Rosendo Radilla, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. En dichos casos, la CIDH estimó que la actual extensión del fuero militar en México es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, y ordenó reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

En las sentencias dictadas en los casos de Fernández Ortega y de Rosendo Cantú, la Corte insistió en que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional, encaminándose solamente a la protección de bienes jurídicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. Por eso, frente a casos donde se vulneran los derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar. Además, precisó el tribunal que la violación sexual de una persona por parte de elementos castrenses no guarda, en ningún caso, relación con la disciplina militar.

Para llegar a esta determinación, la CIDH revisó el análisis que había hecho en el caso Radilla sobre el artículo 57, fracción II, inciso A, del Código de Justicia Militar y reiteró que ésta es una disposición imprecisa que impide determinar la conexión de los delitos del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado. El Tribunal regional señaló también que por virtud de ese artículo en México el fuero militar actúa “como una regla y no como una excepción” (párrafo 179, en el caso de Fernández Ortega; párrafo 163 en el caso de Rosendo Cantú).

El profundo análisis realizado por la CIDH no es ajeno a posiciones que se han sostenido en el plano nacional, de las cuales surge un segundo bloque de argumentos favorables a la restricción del fuero militar. Frente a quienes erróneamente insisten en que el acotamiento del fuero castrense es una exigencia que proviene del exterior, es menester recordar que en el plano nacional se han sostenido criterios concordantes con lo dictado por el tribunal interamericano.

La lucha por acotar los fueros personales, que en México han sido siempre sinónimo de prebendas, data del siglo XIX y fue una de las grandes batallas de la generación de la Reforma. En 1855, la llamada Ley Juárez buscó eliminar todos los fueros personales, incluso el que amparaba a los militares, al establecer que la jurisdicción militar sólo se extendería sobre delitos “puramente” militares. Este acotamiento fue fortalecido en la Constitución de 1917, tras varias discusiones en las que diversos diputados del constituyente insistieron en erradicar, de una vez por todas, el fuero militar. Precisamente, por estos antecedentes entre 1917 y 1933 la SCJN mantuvo una jurisprudencia constante en el sentido de entender el fuero militar de una manera acotada y restrictiva. Esta comprensión sobre el fuero sólo se vio relegada cuando en 1933 fue expedido el Código de Justicia Militar, legislación que por cierto nunca fue discutida en el Congreso de la Unión. A partir de entonces prevaleció una concepción ampliada del fuero militar que perduró hasta antes de la reciente e histórica determinación de la SCJN.

No obstante, cuando se planteó en la SCJN la necesidad de verificar la constitucionalidad del Código de Justicia Militar, y confrontar el artículo 57 de dicha ley con el artículo 13 constitucional, algunos ministros sostuvieron posiciones muy cercanas a las que enarboló la CIDH en sus sentencias. Efectivamente, las pautas que surgen de las sentencias del tribunal interamericano coinciden, en lo esencial, con la posición sustentada por el ministro José Ramón Cossío Díaz, en la resolución del amparo en revisión 989/2009 promovido por Reynalda Morales Rodríguez y acompañado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mismo que fue atraído por el pleno de la SCJN y resuelto en esa instancia en agosto de 2009.

En su voto particular sobre ese asunto, el ministro señaló que los límites de la jurisdicción castrense están establecidos con claridad en el artículo 13 constitucional y que es el numeral 57 del Código de Justicia Militar la norma secundaria que, dada su ambigüedad, propicia una inconstitucional extensión del fuero.

Entre otras cosas, el ministro Cossío señaló que el artículo 13 constitucional prohíbe extender la jurisdicción militar a civiles y que su ubicación en el capítulo de garantías individuales, ahora renombradas derechos humanos, indica que dicho artículo estaba destinado a proteger a los ciudadanos de cualquier posible abuso derivado de una indebida extensión del fuero militar. Además, consideró que la afectación a la disciplina militar, como criterio material de competencia, se identifica con aquellas conductas específicas que cuando son realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas atentan o transgreden principios inherentes a la actividad que éstas realizan; es decir, conductas que llegan a constituir delitos o faltas que solamente tienen sentido dentro de la dinámica militar. Tal sería el caso, por ejemplo, de la deserción. No obstante lo anterior, el límite impuesto por el artículo 13 es inacatado por el apartado A de la fracción II del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Para el ministro Cossío, esta norma adopta un criterio meramente personal para determinar la existencia de delitos contra la disciplina militar, y por tanto, para dotar de competencia a los tribunales militares, lo que convirtió al fuero militar en una prebenda personal.

A los argumentos legales que provienen tanto del derecho internacional de los derechos humanos como de la propia tradición jurídica mexicana, habría que agregar los relacionados con la necesidad de reforzar los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en una coyuntura marcada por el despliegue masivo de los cuerpos castrenses en todo el territorio nacional, para la realización de labores de seguridad pública.

La administración de Felipe Calderón ha impulsado una política de seguridad frente a la delincuencia organizada de marcados rasgos punitivos, cuyos ejecutores principales han sido el Ejército y la Armada. Situaciones que antes sólo se veían en estados como Guerrero o en regiones como La Montaña, hoy se han extendido por toda la República. La militarización ya no es privativa del ámbito rural o indígena. En ese contexto, el empleo de parámetros de uso de la fuerza propios de la lógica militar, pensados para eliminar a un enemigo y no para investigar y someter a proceso a un ciudadano, ha llevado a un dramático incremento de las violaciones a derechos humanos. En el sexenio calderonista han aumentado en un 600 por ciento. Los militares, como indican las cifras, no han sido entrenados para tratar con la población civil.

Este aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas por militares exige que se restablezcan controles civiles sobre las Fuerzas Armadas. La rendición de cuentas ante procuradurías y tribunales civiles es uno de esos controles. No es, sin embargo, el único: para establecer controles democráticos sobre las Fuerzas Armadas es necesario hacer una profunda revisión institucional que ajuste la relación cívico militar a los márgenes aceptables en una democracia y que reste autonomía a un poder –el militar– que en México creció sin contrapesos durante todo el siglo XX.

Aunado a todo lo anterior, existen otras consideraciones sobre la pertinencia de restringir el fuero militar. Una de ellas es de especial relevancia para organizaciones de derechos humanos como Tlachinollan: surge del hecho irrebatible de que el fuero militar ha sido en México un sinónimo de impunidad. Los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú son representativos de ello. Ambas mujeres, sobrevivientes de actos de tortura y violación sexual cometidos por militares, aún esperan que se investigue y se juzgue a los responsables, mientras las indagatorias continúan en el fuero militar a pesar de las sentencias de la CIDH y de la reciente determinación de la SCJN.

Los casos de Inés y Valentina son emblemáticos, además, del modo en que el fuero militar no sólo es incompetente y parcial, sino también una fuente permanente de revictimización y riesgo. La propia CIDH fue contundente al señalar que las actuaciones realizadas por el Ministerio Público Militar tendieron a desestimar el testimonio de ambas mujeres me’phaa como víctimas y a producirles una reexperimentación de los sufrimientos causados por los agentes estatales. Además, constató el tribunal que por alzar la voz en contra de los abusos de las Fuerzas Armadas, ambas mujeres han experimentado graves riesgos: Inés, Valentina, sus familias, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y Tlachinollan cuentan hoy con medidas provisionales por buscar justicia.

En suma, a favor de la restricción del fuero militar existen suficientes argumentos jurídicos de derecho nacional y de derecho internacional. También hay razones de peso que surgen al constatar el aumento exponencial de las violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Finalmente, en el que sin duda es el argumento más contundente, la impunidad que prevalece en casos emblemáticos y la permanente insistencia de las víctimas en derribar ese oprobioso muro, también ponen de relieve la urgente necesidad de restringir y limitar el fuero castrense.

La determinación de la SCJN es un paso firme en ese sentido. Sin embargo, su fuerza está por verse. Dos serán las pruebas de fuego: por un lado, la remisión inmediata de los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú a la Procuraduría General de la República; por otro, la resolución de los otros casos donde víctimas civiles han impugnado la ilegal extensión del fuero militar. Adicionalmente, la determinación de la SCJN también deberá ser acatada cuando el Poder Legislativo analice las diversas iniciativas presentadas para reformar el Código de Justicia Militar. En este renglón, donde los generales del Ejército mexicano ya han adelantado que seguirán cabildeando en contra del cumplimiento de las sentencias de la CIDH y que presionarán a favor de una Ley de Seguridad Nacional a modo como moneda de cambio, nuevamente estará a prueba la sujeción de los militares al poder civil y con ello, sin duda, la posibilidad de reconducir esa relación a la normalidad democrática.

*Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, AC

Fuente: Contralínea 245 / 07 agosto 2011

Lozano, un gallo sin plumas que le cacarea al Congreso

Opinión

Hace unos días, el ahora exaspirante presidencial del Partido Acción Nacional, Javier Lozano Alarcón, volvió a “vetar” las decisiones internas de la Cámara de Diputados al dar por descontado que en el pleno de San Lázaro pueda aprobarse la iniciativa de ley que autorice la creación de una empresa, en sustitución de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Martín Esparza Flores*

En la víspera de su “descarte” como precandidato, Lozano despotricó ante los micrófonos de un programa radiofónico contra el Poder Legislativo, del que dijo “desafortunadamente ocupa buena parte de su tiempo en hacer política, y política muy barata”. Esto en alusión a la pregunta de cuál era su opinión sobre el posible apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sacar adelante la iniciativa en cuestión.

Según la perspectiva del secretario del Trabajo, los diputados tienen la obligación de tomar con “seriedad” otras propuestas que están pendientes para sacar adelante las reformas que le den “otro rostro” al desarrollo social, económico y político del país. Sólo le faltó aderezar a su sermón el exigir a los diputados aprobar a la voz de ya su deplorable reforma laboral, que busca aniquilar los derechos laborales de millones de trabajadores en el país.

Textual y retador, el funcionario dijo al aire: “Yo sí anticipo que no va a haber tal creación de una empresa, no va a haber porque tiene que pasar por las dos terceras partes en el pleno de la Cámara de Diputados, luego tiene que pasar por la mayoría en el Congreso… y tiene que pasar por el veto del presidente de la República (sic); es decir, que ya saben que esto no va a ocurrir”. ¡Vaya con los galimatías jurídicas del desplumado gallo azul!

No sólo descarta las decisiones del Congreso sino que se atreve a manejar línea desde Los Pinos. ¿Dónde queda la división de poderes? Es delicado el trasfondo de sus palabras, pues da por hecho que la eventual aprobación de los diputados para crear una nueva empresa será vetada por Felipe Calderón. ¿Entonces, para qué convocar a periodos extraordinarios si el presidente no va a respetar lo que el Congreso disponga, si sólo va a permitir que ocurra lo que a él y su partido les conviene? ¿Dónde quedan la convivencia y la pluralidad democráticas?

En sus dislates radiofónicos, Lozano insiste en que la extinción de LFC se dio por tratarse de un organismo caro e ineficiente que le costaba a las finanzas públicas 42 mil millones de pesos anuales. Es necesario, para refutar sus inexactitudes, citar aquí un dato extraído del análisis de la propia Cuenta Pública de 2010: la llamada empresa de “clase mundial”, la Comisión Federal de Electricidad, tiene adeudos por 450 mil millones de pesos cuando su valor estimado es de alrededor de 350 mil millones de pesos; es decir que técnicamente se encuentra quebrada.

Además, lo que Lozano no explicó a los radioescuchas es que esos 42 mil millones de pesos eran subsidios que se aplicaban a las tarifas eléctricas. Hoy, al no existir el recurso, miles de usuarios de la zona centro están pagando las consecuencias al encontrarse imposibilitados para sufragar con sus mermados salarios los altos cobros que la Comisión Federal de Electricidad les aplica en sus recibos. Esta cantidad de ninguna manera representaba “privilegios” para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), como insiste en cacarear a los cuatro vientos el “autoexcluido” gallo azul.

Tampoco existe, como lo aseguró el secretario del Trabajo, algún acuerdo entre el SME y el PRI para otorgar el voto duro de nuestra organización a favor de éste o cualquier otro partido. Lo que sí hay, e ignoran Lozano Alarcón y los panistas, es un creciente compromiso de los diputados de todos los partidos con una sociedad indefensa ante los abusos en el cobro de la electricidad y un servicio cada vez más pésimo.

Ante esta inconformidad social, los cacareos del plumífero al que su capacidad de “crecimiento” no le alcanzó para lanzarse a la grande, salen sobrando.

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Fuente: Contralínea 245 / 07 agosto 2011

De Fox a Peña Nieto y otros alborotados

Jorge Melendez Preciado

No hay enemigo pequeño, y mucho menos si es un bocón resentido. Es el caso de Vicente Fox, quien ha sido desdeñado y hasta maltratado por Felipe Calderón. En ocasiones, a través de interpósita persona: en este caso, de Manuel Espino, expulsado del Partido Acción Nacional (PAN), aunque con una demanda en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No ha sido la única agresión ni desprecio del michoacano quien, todavía, se siente agraviado al ser prácticamente despedido del gabinete cuando lo destapó Francisco Javier Ramírez Acuña. Y tampoco es la desamparada contestación del expresidente, el cual en muchos lugares, sobre todo en el extranjero, ha discrepado de la errónea política del actual sexenio.

Hace poco, desde el periódico La Nación de Costa Rica ?al tiempo que exhibe el bajo nivel de la clase política mundial al impartir conferencias y embolsarse inusitadamente miles de dólares? señaló nuevamente que la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico es incorrecta. Asimismo, criticó al PAN por no haber hecho bien su trabajo.

Pero lo más curioso es que dijo: “Hay una nueva generación de priístas cuyos miembros crecieron en un ambiente democrático”. Seguramente Fox piensa que él propició la democracia moderna. Basta rememorar, empero, la sucia elección de 2006 y el casi desafuero de López Obrador.

Fox agregó que Enrique Peña Nieto pertenece a esa generación. Lo que ratifica la tesis foxista de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganará en 2012. Algo que muestra, a las claras, la ruptura blanquiazul en momentos que se necesita unidad para sacar adelante una candidatura. Tal vez por ello, Calderón insistió en una conferencia de prensa que no descarta un aspirante ciudadano, pues entiende que no avanzará en su propósito de imponer a su delfín (Ernesto Cordero).

Fox también expresó que no habrá regresión, que es necesario legalizar las drogas, que habrá cambio de régimen y atacó a la izquierda ?algunos de cuyos integrantes impulsaron el voto útil por él en 2000?, a la que llamó “desdibujada, sin sentido y sin Norte”. En esto último mostró su verdadero espíritu, el de un reaccionario de pura cepa.

Vicente Fox supo entender lo que piensan sus correligionarios: hay muchos panistas que dicen “que se calle ese pinche Fox, que todo el día dice pendejadas”. Aunque señaló que es su libertad –en lo cual tiene razón–, muestra la caricatura de los políticos que nos han gobernado. Autosicoanálisis en unas cuantas líneas.

Por su parte, Enrique Peña Nieto publicó un artículo titulado “El PRI ante el 2012” (Reforma, 23 de julio de 2011). No es la primera ocasión que lo hace. En los dos pasados años ha incursionado en diferentes tribunas, quizá con la pretensión de hacer creer que reflexiona y escribe coherentemente. Pero igual que en el caso de Miguel Alemán Velasco, sus críticos señalan que ha publicado más líneas de las que ha leído, exceptuando sus informes de gobierno.

En el texto, curiosamente, está de acuerdo con su adversario más priísta, Manlio Fabio Beltrones, cuando dice que es necesario “en primer lugar, construir de manera colectiva un proyecto de gobierno que ofrezca un rumbo claro para el futuro del país”. Es decir, inicialmente el programa y luego el hombre, algo que sorprende.

¿En qué se basará ese documento? Dice Peña que en “un piso sólido: la declaración de principios y el programa de acción del partido”, el PRI. Y entonces, nos damos cuenta que el gobernador del Estado de México no piensa en el futuro, sino que está en el conservadurismo, pues el tricolor no plantea ninguno de los graves desafíos que enfrentamos ahora y ni en los años turbulentos por venir.

Señala que debe haber un “Estado eficaz” (sic). ¿Cómo lograrlo? Dando tres pasos: “que todos los derechos, de todos los mexicanos, pasen del papel a la práctica; que el país crezca a su verdadero potencial; y recuperar nuestro liderazgo como potencia emergente”.

Lo primero es realmente imposible dada la crisis actual. El empleo, la educación, la vivienda, la salud y otros derechos no se resolverán con un copete mágico. Los otros dos enunciados son eso, no hay metas serias, sólo verborrea.

Una definición neoliberal: construir “una sociedad en la que el mérito individual se convierta en el principal motor de la innovación y el progreso del país”. Es decir, negar la Constitución y los principios del antiguo partidazo. Contradicción evidente y total.

No hay propuestas de cómo gobernar, ni de lo que señalan otros analistas, la rendición de cuentas y la transparencia (Salvador Camarena).

Pero también en Michoacán hace aire. Marko Antonio Cortés Mendoza, quien aspiraba a la gubernatura de esa entidad, recordó las palabras que Luisa María Calderón, la Cocoa, expresó el 24 de septiembre de 2006: “Hemos hecho un acuerdo Felipe y yo, y estaré fuera de la vida pública mientras él es presidente de la República” (Reforma, 26 de julio de 2011). Ya vemos que no es así, la hermana de Calderón va con todo en sus aspiraciones de suceder a Leonel Godoy, el desastroso gobernador que no ha podido ni siquiera unificar a la izquierda en su estado.

Por todo lo anterior, es importante leer el artículo “¿Por qué quieren ser políticos?”, de Javier Marías (El País Semanal, 3 de julio de 2011). Dice el escritor que hay cinco clases de políticos: sujetos mediocres, aquellos que quieren enriquecerse, los que sólo ansían tener el poder, los fanáticos de sus ideas y, los que se salvan, individuos con espíritu de servicio y ganas de ser útiles, la minoría.

En las encuestas españolas aparecen como segundo problema nacional los políticos, en las mexicanas están peor evaluados que los gendarmes. Por ello se pregunta Marías, algo que ya criticó Pérez Reverte: “Nuestros políticos gozan de muy mala fama desde hace mucho. Tan mala que lo que cabe preguntarse es por qué quieren serlo”.

*Periodista

Fuente: Contralínea 245 / 07 agosto 2011

Guerra cibernética, la nueva amenaza

Miguel Badillo *

Una nueva amenaza global apunta a la seguridad de los Estados. Esta vez no se trata del gobierno de Estados Unidos, el policía del mundo, que impone mediante las armas su democracia y su libertad a naciones sometidas y pueblos marginados. Ahora la amenaza es más sofisticada, más sutil, no usa armas ni municiones ni ejércitos, se trata de la guerra cibernética que infiltra todos los sistemas tecnológicos y es capaz de someter gobiernos, quebrar economías y desquiciar a grupos sociales.

Hace menos de un año, en noviembre de 2010, en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se anunció este nuevo concepto estratégico para la seguridad de las naciones y las amenazas internacionales que podrían afectar sus intereses. En lo general, el concepto estratégico aprobado manifiesta que la OTAN podrá actuar en cualquier lugar del mundo donde considere que su seguridad puede estar amenazada, más allá de los límites geográficos de sus países miembros.

Además de que la OTAN acordó en esa cumbre crear un sistema de defensa antimisiles para proteger sólo a Europa y Estados Unidos, precisó como las nuevas amenazas globales el terrorismo internacional; las armas de destrucción masiva (químicas, biológicas, radiológicas y nucleares); la ciberguerra; el cambio climático y las catástrofes naturales; los trastornos del suministro de energía; el crimen organizado, y las crisis económico-financieras.

De esos siete conceptos de amenazas globales, en el caso mexicanos la prioridad del gobierno de Felipe Calderón está centrada en los cárteles de la droga y el narcotráfico, sin importarle la enorme violencia que su “guerra” ha desatado (con más de 40 mil muertes sin investigar); tampoco el crecimiento desbordado de la pobreza extrema de la población; ni la crisis económica que aumenta el desempleo, cierra empresas y disminuye el poder adquisitivo; mucho menos le interesa el cambio climático o los problemas energéticos, y ni que hablar del terrorismo o armas de destrucción masiva.

Para el Ejército las cosas son distintas. Además de hacer el trabajo que le corresponde a los cuerpos de seguridad pública y ser el principal responsable de hacerle frente al crimen organizado, ahora se ocupa y se preocupa por la seguridad nacional ante cualquier amenaza cibernética que pueda sufrir el Estado mexicano. Por instrucciones del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, se integra un grupo especial de defensa en contra de cualquier intromisión cibernética a los órganos de seguridad nacional y que puede afectar las estructuras económicas, políticas y sociales.

En un análisis militar que alerta sobre los riesgos para México de enfrentar una “ciberguerra”, el Ejército explica que “históricamente los ambientes en los que se desarrollan las guerras son el terrestre, el aéreo, el naval y el espacial, sin embargo, en las últimas décadas y como resultado de la modernización exponencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se ha creado un nuevo ambiente de confrontación o de guerra, que para los expertos constituye el quinto dominio de la guerra y que hoy ocupa el interés y la preocupación de políticos y militares para la defensa.

“La ciberguerra, se refiere al desplazamiento de un conflicto, en principio de carácter bélico, que toma el ciberespacio y las tecnologías de la información como escenario principal en lugar de los campos de batalla convencionales. En este campo de batalla se busca alterar la información y los sistemas del oponente, a la vez que se protegen los propios.

“Esta amenaza puede ser resultado de las acciones que lleve a cabo un Estado contra otro. También pueden manejarlo grupos del crimen organizado o individuos llamados hacker que cometen el delito informático al acceder de manera indebida, sin autorización o contra derecho a un sistema digital, con el fin de obtener información gubernamental reservada o dañar sistemas establecidos.

“Los blancos de los ataques generalmente enfocan sistemas financieros, bancarios, transportes, industria, comunicaciones y militares, que pueden afectar gravemente la vida de un país. No obstante que durante los últimos años la presencia de este ambiente de guerra ha aumentado significativamente, por sus características especiales las naciones no tienen respuesta dentro del derecho internacional para limitar sus efectos”.

El problema es tal, que en 2009 el Pentágono organizó un comando de ciberseguridad nacional de Estados Unidos, y en mayo de 2010 el presidente Barack Obama lo denominó cibercomando, con la misión de realizar operaciones militares en el espacio virtual.

El 22 de junio de 2011, el gobierno de Estados Unidos anunció la preparación del proyecto Espacio Cibernético Nacional (National Cyber Range) para dotar a un grupo de científicos y militares del departamento de Defensa, de un campo de pruebas virtual para estudiar, prevenir y luchar contra amenazas en la Internet. El propósito es entrenar “ciberguerreros” capaces de enfrentarse a las nuevas amenazas en las redes de comunicaciones y perfeccionar tecnologías para proteger sus sistemas de información.

La guerra cibernética dejó de ser una amenaza abstracta, por lo que el tema de seguridad a las redes informáticas se ha transformado en una prioridad fundamental de defensa para los Estados. En términos de movilización estratégica para enfrentar esta amenaza, para el Ejército es importante la creación de un centro de investigación de defensa nacional para proteger los sistemas cibernético vitales de la nación.

El análisis militar sobre la guerra cibernética explica que “en el panorama geopolítico mundial, prácticamente ha desaparecido el comunismo como amenaza a los Estados, sin embargo ha surgido el terrorismo como una nueva amenaza que acentúa su presencia luego de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.

“Este factor internacional ha generado la revisión de la doctrina militar en general, en particular en América Latina, que afecta la percepción en aspectos de defensa y seguridad nacional, así como sus implicaciones en la organización, equipamiento y adiestramiento de unidades especializadas.

“Hoy se menciona una interrelación entre terrorismo y el ciberespacio, que se conoce como ciberterrorismo, término reciente en su empleo que se aparta del convencional que se había ubicado principalmente en el marco de conflictos internos o nacionales. También se estudia al terrorismo global, que tiene como característica fundamental su dimensión internacional y sus efectos en la sociedad mundial, que son mayores al terrorismo tradicional.”

Fuente: Contralínea 245 / 07 de agosto de 2011