OPINIÓN
Imagen retomada del sitio pressenza.com
Por: Isabel Villar*
Cimacnoticias | México, DF.- En 2008, el entonces presidente uruguayo Tabaré Vázquez vetó
una ley aprobada por el Congreso, que despenalizaba el aborto voluntario realizado durante las primeras 12 semanas de gestación, la primera que, luego de 70 años, había logrado completar el trámite parlamentario.
El veto fue cuestionado por su propio partido (el Socialista de Uruguay), que anunció que persistiría en su lucha por la aprobación de la norma.
Vázquez renunció al partido y se retiró momentáneamente de la política. Hoy es de nuevo candidato a la Presidencia por el Frente Amplio y quien tiene más posibilidades de triunfo en las elecciones de 2014.
Hace pocos días, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, con el apoyo de legisladores oficialistas contrarios a la despenalización del aborto por la causal de violación, declaró que si esos parlamentarios “muy desleales” insistían en su propósito, “inmediatamente” dejaría la primera magistratura. “Para defender la vida estoy dispuesto a renunciar a esto y la historia sabrá juzgarme”, abundó.
Antes que él, otro presidente latinoamericano –Daniel Ortega en Nicaragua– se comprometió con la Iglesia católica a derogar la legalidad del aborto terapéutico, a cambio de que la influyente comunidad religiosa apoyara su candidatura. Lo obtuvo y cumplió la promesa.
Resulta cuando menos sorprendente que mandatarios que se proclaman de izquierda y defensores de los Derechos Humanos ofrezcan una resistencia tan tenaz a un derecho de las mujeres absolutamente fundamental, como el de decidir sobre su propio cuerpo y el ejercicio de su maternidad. No guarda coherencia alguna con los principios que dicen defender.
En Uruguay, Nicaragua, Ecuador y el resto del planeta las mujeres abortan desde que el mundo es mundo cuando lo consideran necesario, por razones muy profundas y a conciencia, con independencia de las leyes que se lo prohíban.
Claro que, donde rigen normas penalizadoras como las que pretenden Vázquez, Ortega o Correa, lo hacen de manera insegura, a riesgo de su salud y hasta de su vida. El resultado es que esas leyes son letra muerta y la realidad pasa muy lejos de ellas, sin que los gobernantes parezcan preocuparse por el asunto.
En Uruguay la situación pudo revertirse gracias al esfuerzo denodado y consecuente de la sociedad civil –particularmente de los grupos de mujeres y feministas, junto a sus aliados políticos, sindicales, académicos, etcétera–, y a que el presidente que sucedió a Vázquez –José Mujica– se comprometió a no vetar lo que respecto al aborto aprobara el Poder Legislativo y cumplió.
Hoy la ley de despenalización del aborto –que no es la querida, pero es la que pudo conseguirse luego de muchas negociaciones– se aplica y es firme la convicción de que no tiene marcha atrás.
En Ecuador, en cambio, la amenaza de Correa surtió efecto inmediato: la iniciativa para despenalizar el aborto, formulada en el marco de un nuevo Código Integral Penal que moderniza la tipificación y las sanciones de los delitos, fue retirada por la legisladora Paola Pabón, de la gobernante Alianza País, que la había presentado con el apoyo de una veintena de legisladores oficialistas y de la oposición.
Dijo que lo hacía “por la unidad de la bancada”, “para que ese bloque (que lidera el Legislativo con 100 de sus 137 miembros) no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura”.
En Ecuador se producen alrededor de 125 mil abortos al año, una cifra altísima. Se realizan en consultorios obstétricos conocidos y fáciles de localizar. El costo oscila entre 150 y 600 dólares por cada intervención (entre unos 2 mil y 8 mil pesos mexicanos).
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 2011 se denunciaron mil 962 violaciones. Se estima que entre el 10 y el 15 por ciento de las mujeres agredidas pueden presentar embarazos.
El nuevo Código Penal en discusión criminaliza el aborto excepto cuando la víctima tenga discapacidad mental. Lo mismo que dice el antiguo, aunque éste usa el calificativo de “mujeres idiotas o dementes”. Una diferencia semántica y nada más, luego de 70 años.
Y todavía se debate un artículo que pone en riesgo el aborto terapéutico, que ya es una conquista de las mujeres, puesto que propone inhabilitar por seis meses a los médicos que atiendan un aborto.
La interrupción voluntaria del embarazo no es el único punto polémico del nuevo ordenamiento ecuatoriano: también la inclusión del delito de feminicidio.
Los derechos de las mujeres pisoteados no parecen ser importantes para los gobernantes que, con énfasis patriarcal, invocando la defensa a ultranza de la vida las condenan a la muerte.
*Artículo retomado del suplemento semanal La República de las Mujeres.
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