La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para instituir la pensión universal para adultos mayores y el seguro de desempleo, aunque sin definir cómo se financiará este último y dejando fuera a los burócratas.
Los legisladores modificaron la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, para excluir como beneficiarios del seguro de desempleo a los trabajadores regidos por el apartado B del artículo 123 constitucional, es decir, los servidores públicos de todo el país.
Miguel Alonso Raya, vicecoordinador de los diputados del PRD, explicó que los burócratas tienen poca movilidad laboral y, por ello, pocas posibilidades de hacer uso del seguro de desempleo.
“Por eso se explica por qué esta reforma está dedicada fundamentalmente al apartado A (trabajadores de la iniciativa privada), porque son los que tienen más movilidad y son los que tienen más entradas y salidas al mercado de trabajo”, dijo el perredista.
Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, criticó la decisión, al afirmar que millones de trabajadores quedarán fuera de la posibilidad de tener seguro de desempleo.
“Se trasquiló la iniciativa presidencial; se tenía muy claro que el seguro de desempleo era para todos los trabajadores (...) se está dejando fuera a millones de trabajadores que trabajan para el Estado, se está dejando fuera a los maestros, por ejemplo”, aseveró el diputado.
El perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados –quien encabezó el análisis de la iniciativa del gobierno–, desestimó las declaraciones de Mejía Berdeja y lo acusó de no haber acudido a las sesiones de dictaminación, a pesar de ser su obligación, para defender la postura expuesta.
... ¿Y CÓMO SE FINANCIARÁ?
Diputados comentaron que la decisión de cambiar la propuesta se acordó debido a que el Ejecutivo había planteado fondear el seguro de desempleo con recursos del ahorro de vivienda de los trabajadores, mismos que se verían disminuidos al tomar un porcentaje de ellos.
Así, en las negociaciones, los burócratas quedaron fuera para no lastimar sus ahorros en el Fondo de la Vivienda Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
Al no llegar a un acuerdo sobre cómo fondear esta prestación, los diputados decidieron aprobar la reforma constitucional sin todavía tener un acuerdo sobre el esquema de financiamiento, el cual debe estar detallado en la Ley del Seguro de Desempleo.
Así, el debate sobre el origen de los recursos seguirá durante la discusión de la legislación secundaria.
Peña Nieto planteó –como parte del paquete fiscal y de seguridad social enviado al Congreso el 8 de septiembre– en su iniciativa de Ley de Seguro de Desempleo que este seguro se financie con dinero del ahorro de vivienda de los trabajadores. Esta legislación reglamentaria fue turnada a comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, donde aún no ha sido dictaminada.
El presidente propuso que, del 5% del sueldo base que constituyen las aportaciones para la vivienda, dos puntos porcentuales fueran utilizados para un fondo mixto y otro punto más para un fondo no recuperable. De ambos fondos, según la iniciativa original, se financiaría el seguro de desempleo.
Solo los dos puntos porcentuales restantes de los recursos continuarían formando parte del fondo de vivienda de los trabajadores, con lo que sería más difícil acceder a un crédito y pagarlo, pues al ser destinado un menor porcentaje, el número de años para liquidarlo aumentaría.
Esta forma de financiamiento dividió a los diputados, quienes afirmaron que el seguro de desempleo era una "falacia", pues no sería una prestación social otorgada por el gobierno sino estaría financiada por los propios trabajadores, sacrificando los fondos de vivienda.
Marcos Aguilar, diputado del PAN, criticó que se quiera afectar a los trabajadores al mermar sus fondos de vivienda.
“¿Cómo pretende el presidente de la República obtener el financiamiento para el seguro de desempleo? Pretende hacerlo disponiendo de los recursos de los trabajadores, registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), particularmente del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores.
“Desde este momento le anticipamos al presidente de México que el Partido Acción Nacional defenderá los ahorros, las cuentas obrero-patronales de todos los trabajadores de México, no apoyaremos por ningún motivo que sean ellos los que subsidien este nuevo derecho”, advirtió Aguilar en Tribuna.
Aunque no existe un acuerdo al respecto, una de las propuestas es que, en lugar de que se tome el 1% para el fondo no recuperable, sólo se tome el 0.25% y el resto lo financie el gobierno federal.
Será hasta que se procese en el Congreso las leyes reglamentarias cuando se definan estos mecanismos.
La reforma constitucional fue aprobada con 417 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones. Pasa al Senado para su eventual votación.
PENSION DE ADULTOS MAYORES, APROBADA
Los diputados aprobaron cambios constitucionales para que sea posible que todos los adultos mayores de 65 años reciban apoyos de Estado.
“El Estado garantizará los derechos de los adultos mayores, velará porque reciban servicios de salud, y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad.
“Los adultos mayores tendrán el derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez, en los términos y condiciones que determinen las leyes que expida el Congreso de la Unión”, expone lo aprobado.
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