Gabriela Rodríguez
Después
de analizar la resolución del caso de acusación y expulsión al profesor
José Enrique González Ruiz de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, un grupo de feministas decidimos dirigir una carta a la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Tratándose de
promover un juicio correcto a quien es acusado de acoso sexual por una
mujer, debo compartir a mis lectores que hemos recibido múltiples
cuestionamientos por parte de compañeras del movimiento. Sin embargo,
importa aclarar que algunas de quienes dedicamos nuestras mejores
energías a promover el respeto a los derechos de las mujeres,
experimentamos el mismo coraje ante actos de injusticia contra los
hombres. Porque más allá de saber que la condición de mujer determina
ser víctima de discriminación y violencia por razones culturales y
políticas –toda vez que la construcción cultural del sexo y del género
se establece en torno al prestigio que hacen los actores masculinos
socialmente dominantes–, este conocimiento no impide que de facto, algunas
mujeres pudieran eventualmente utilizar perniciosamente el marco de
protección del derecho a la igualdad, a la integridad personal y de
lucha contra la violencia de género, un marco que ha costado años de
construcción y movilización feminista. Aquí el texto de la carta
entregada el día de ayer.
Estimada doctora Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal:
Las y los abajo firmantes, como defensoras/es de derechos humanos,
en especial de las mujeres, queremos expresarle nuestra indignación por
la falta al debido proceso a la cual ha sido sometido el profesor José
Enrique González Ruiz, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.
Es muy indignante que sin pruebas se haya enjuiciado y expulsado al
doctor González Ruiz, tal como queda asentado en la resolución del caso
de acusación de hostigamiento sexual presentada por Clemencia Correa y
Carmen Rodríguez. En el oficio UACM/OAG/314/2014 suscrito por el
licenciado Federico Anaya Gallardo, encargado del despacho de la
oficina del abogado general de la UACM, en la página 34, numeral
quinto, a la letra dice que ninguna
de las dos acusadoras puede acreditar, mediante pruebas gráficas ni documentales y tampoco con testimonio, los varios incidentes en los que argumentan haber sido hostigadas sexualmente por el profesor González Ruiz.
En la descripción de los hechos hay inconsistencias y secuencias
inverosímiles. Se recurre, además, a argumentos falaces y ridículos al
hacer la presunción de discriminación de género. Tal como se asienta en
la página 35, numeral 5.1, el abogado hace alusión al “ambiente adverso
al ejercicio de los derechos de las mujeres en el espacio académico en
el cual habrían ocurrido los hechos denunciados (… toda vez que…) en el
posgrado no hay ambiente de paridad, por lo tanto hay discriminación
indirecta en contra de las mujeres”. En la página 36 se agrega que
“debe concluirse que el ambiente de inequidad prevaleciente en el
posgrado (…) constituye un contexto en el cual las imputaciones de las
presuntas víctimas son creíbles” (se asienta eso como parte de una
corroboración periférica).
Considerando
de manera estricta la perspectiva de género, la falta de paridad por
sexo en un equipo académico no acredita de manera automática la
presencia de discriminación de género. Es necesario argumentar con base
en nociones políticas y normativas, así como del orden simbólico y
subjetivo, la presencia de actos de discriminación de género. La falta
de paridad tampoco puede ser única fuente de credibilidad ni da razón
de verdad al discurso de una mujer o de las mujeres.
Por las razones expuestas, contamos con que la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal a su digno cargo coadyuvará para
recomendar en este caso un juicio correcto, respeto al derecho al
debido proceso y reincorporación al empleo del profesor González Ruiz,
en caso de que proceda. Es importante recomendar también que cese la
persecución y hostilidad hacia los integrantes del posgrado en
promoción y defensa de los derechos humanos de la UACM.
La carta la firman, además de quien suscribe estas líneas, líderes
de la estatura de Rosario Ibarra de Piedra, María Consuelo Mejía, Mary
Carmen de Lara, Jesusa Rodríguez, Ana Esther Ceceña, Marylena
Bustamante, así como destacadas/os académicas/os y defensoras/es de
derechos humanos.
Cambio de tema. No puedo dejar de mencionar el retroceso en el
derecho al aborto sufrido por las mujeres de Guerrero y Nuevo León. La
posición de los partidos es patética; el PAN siempre ha comulgado con
principios antagónicos a los derechos de las mujeres, el PRI navega con
cara de laico pero pareciera que negoció respaldar la agenda del
Vaticano a cambio de apoyo electoral. Y la división de las izquierdas
es dolorosa: si se comprendiera que penalizar el aborto es criminalizar
la pobreza hubiesen votado todos los partidos por despenalizarlo. En
particular lamento la posición de López Obrador, cuya lucha contra las
desigualdades es ejemplar. En Guerrero afirmó que es más importante
combatir la pobreza y que
habría que consultar al pueblo sobre el aborto, que no se imponga nada. Él no se ha percatado que el aborto como derecho no obliga a nadie a realizarlo y que su garantía no puede someterse a las mayorías; tal vez por no haber experimentado la maternidad y la energía que se invierte en la crianza de un bebé, no alcanza a valorar que el derecho a decidir es clave para que las mujeres pobres puedan acceder a un vida más digna.
Twitter: @Gabrielarodr108
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