EDGAR CORTEZ
Desde 1979 una docena de países incorporaron el derecho internacional de los derechos humanos a las constituciones de América Latina. México se sumó a este proceso hace apenas tres años con la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, aprobada el 11 de junio de 2011.
Esta misma Reforma, además de ser un cambio jurídico, debe convertirse en una reforma cultural y en una reforma orgánica. Reforma cultural para consolidar nuestro ser de ciudadanos, personas que se saben poseedoras de derechos y establecen su relación con el Poder público exigiendo tales derechos; y reforma orgánica para dar paso al rediseño, e incluso cambiar totalmente, algunas instituciones públicas para que trabajen en una efectiva lógica de respeto y protección de los derechos humanos.
Bajo estas dos premisas, entonces sí, la Reforma tendría el enorme potencial de dar lugar a una efectiva Reforma del Estado.
Pero ¿en dónde se encuentra actualmente la implementación de la Reforma? Luego de tres años de iniciada su vigencia se puede decir que casi todo está por hacerse. El PNDH en la parte diagnóstica señala que: “La falta de articulación y coordinación de los órdenes federal y local, así como entre los Poderes de la Unión, ha limitado sus efectos. Entre el servicio público y entre la población, persiste el desconocimiento del contenido y alcances de la Reforma, lo que limita las posibilidades para su aplicación en las instituciones y la exigibilidad de los derechos en México”.
El mismo PNDH propone, como su primer objetivo, la efectiva implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos; sin embargo nada dice respecto de cómo lograrlo. ¿Cómo conseguir entonces que el “potencial transformador” de la Reforma no se esfume?
Quizás el ejemplo del poco interés por implementar la Reforma lo representa el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, y que ha documentado el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). Dice el organismo que a partir de la Reforma hasta marzo del año en curso, ha capacitado a tan sólo 106 de sus servidores públicos. Indica además, que ha impartido 40 capacitaciones externas en este tema durante el mismo periodo. Incluso, el titular del organismo público señaló en su séptimo informe que durante 2013 se capacitó a 89 mil personas, entre servidores públicos y representantes de la sociedad civil.
Sin embargo, mediante una solicitud de información pública el CEPAD requirió al organismo a proporcionar copia de los manuales, materiales, documentos y cualquier otro relacionados con los talleres de capacitación referidos con la Reforma, siendo la respuesta a dicha solicitud como INEXISTENTE.
En este contexto complejo habría que señalar algunos de los retos que el Poder Ejecutivo debe enfrentar para contribuir a la efectiva implementación de esta Reforma.
Una condición previa tiene que ser la existencia de un claro liderazgo por parte del Gobierno Federal en cuanto al impulso efectivo de su implementación, esto supondría por ejemplo que directamente el Secretario de Gobernación tome bajo su responsabilidad la tarea. En la actualidad eso no sucede pues, a pesar de que contar con un presupuesto de 44.1 millones de pesos para ello, la prioridad de esta Secretaría es la seguridad, y los derechos humanos sólo están en el discurso, pero no son el eje de la política interna.
Este liderazgo debe estar acompañado de una propuesta renovada de coordinación entre las instancias del gobierno Federal, y algo más amplio y potente entre la Federación y los estados.
Es necesario que la implementación de la Reforma se lleve adelante con la participación de las servidoras públicas y los servidores públicos, es decir ellos tienen que ser parte central de los cambios que deben suceder, y es necesario también trabajar en la protección y garantía de sus derechos humanos.
Es indispensable que el Gobierno Federal dé muestra que su compromiso con los derechos humanos es efectivo y alcanza resultados. Tal cosa supone identificar un problema y trazar una ruta de trabajo que arroje resultados en el menor tiempo posible. Sin resultados concretos y verificados por cualquier persona los compromisos gubernamentales no serán más que palabras huecas.
@EdgarCortezm
@IMDHyD
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