Negativo el balance de activistas
A
tres años de que se promulgara la reforma constitucional en materia de
Derechos Humanos, el 10 de junio de 2011, activistas, académicos y
funcionarios afirmaron que aún hay mucho trabajo para consolidar el
respeto a las garantías fundamentales en México.
En un foro organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Secretaría de Gobernación, expertos en el tema dijeron que es necesario seguir exigiendo que se apliquen los principios de esta reforma.
A decir de estos activistas una modificación constitucional de esta naturaleza debería ser base para investigar y sancionar casos de tortura, atender los casos de personas desaparecidas, evitar el arraigo, reparar el daño a víctimas y para que las y los juzgadores garanticen el acceso a la justicia, entre muchos otros temas.
Al respecto Edgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, dijo que si bien la reforma no resuelve todos los problemas es importante que se cumpla y por tanto acotó que es hora de exigir que se ponga en práctica para que sea efectiva.
“Hay necesidad de que esta reforma se convierta en una reforma cultural, es decir que los Derechos Humanos empiecen a entrar en nuestra vida cotidiana”, dijo.
En opinión de Cortez es primordial que esta modificación constitucional impacte en otros ámbitos de la vida pública, por ejemplo, que sirva para reorganizar el trabajo de las instituciones, las secretarías de Estado, los municipios y los congresos.
“Tuvimos una reforma legal y ahora hay que convertirla en reforma de funcionamiento de las instituciones y en referente de la cultura jurídica. Nos falta mucho, tres años es el primer paso”, consideró.
Cabe decir que el decreto que se publicó en 2011 en el Diario Oficial de la Federación reformó diversos artículos constitucionales e incluyó los principios “pro-persona”, la “interpretación conforme” y la obligación de aplicar los derechos contenidos en los tratados internacionales.
En opinión de Mario Patrón, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) esta reforma generó una plataforma para exigir el respeto de los derechos pero lamentó que aún no sea una realidad.
“La reforma no ha logrado permear como un eje transversal en los distintos poderes, tanto federales como en los estados y por lo tanto todavía no hay este cambio de chip”, destacó el defensor.
Explicó que en la aplicación del derecho, en el acceso a la justicia y en la defensa de casos concretos, como el de Claudia Medina e Israel Arzate, ambos víctimas de tortura por agentes estatales, es difícil conseguir que se respeten y reconozcan los Derechos Humanos.
Una forma de lograr que los principios constitucionales tengan resultados, consideró el también abogado, es generar mecanismos y procesos de rendición de cuentas que indiquen cómo es que los organismos y las instituciones están aplicando estas garantías.
En tanto, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil así como la lucha de las víctimas ha hecho que el Estado reconozca que tiene la obligación de respetar principios básicos.
En este contexto mencionó que la reforma fue el fruto de la tenacidad de mucha gente pero criticó que en muchos estados del país no se asumen estos cambios constitucionales.
“Sigue sin tomarse en serio esta reforma y creo que hay una serie de inconsistencias al querer aplicarla. A la Montaña (de Guerrero) todavía no llega ese movimiento que ha nacido con fuerza en el centro del país”, dijo el activista.
Otros temas que se tocaron en aquel decreto fueron el respeto de los DH en el sistema penitenciario y de las personas extranjeras así como la prohibición de restringir o suspender el ejercicio de estos derechos, temas que de acuerdo con organizaciones civiles en poco han cambiado.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.
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