Pero un día, por razones ignotas,
inexplicables o incomprensibles, el célebre multimillonario decide
incrementar su ya enorme fortuna mediante la comisión de distintos
tipos de fraudes.
El primero consistió en obtener cuantiosos
préstamos para capitalizar su empresa aérea. Sólo que destinó los
créditos a incrementar su fortuna personal, lo que por esa y otras
razones, condujo a la quiebra de Mexicana de Aviación. Esta conducta
implicó no pagar a sus múltiples acreedores, no cumplir con sus
obligaciones fiscales e incumplir los compromisos laborales que tenía
con sus empleados y con los jubilados de la empresa.
Por si
todo ello no hubiera sido suficientemente enriquecedor, se apoderó de
los fondos de un multimillonario fideicomiso propiedad de los
trabajadores de la empresa aérea.
Hoy Gastón Azcárraga es
prófugo de la ley. Se encuentra en Estados Unidos, donde fue localizado
por la Interpol, a disposición de las autoridades migratorias de ese
país. El empresario ha solicitado asilo político a Washington con el
fin de evitar su ya solicitada extradición a México. Y en cosa de
semanas o meses se sabrá si la autoridad migratoria estadounidense le
concede o le niega el asilo solicitado.
Hasta aquí el asunto no
pasa de ser un caso de nota roja o policiaca. Pero la médula de la
cuestión radica en saber si al empresario le podrán (o le querrán)
probar los delitos que se le imputan y si, consecuentemente, recibirá
la sanción establecida en el código penal.
La experiencia
mexicana enseña que es muy improbable que el inculpado termine en
prisión y, todavía más importante, que repare el daño económico
cometido contra sus acreedores, el fisco y sus ex empleados. En México
pueden citarse innumerables casos de impunidad plena para miembros
destacados de la oligarquía.
Este es el centro de la
cuestión. No es que la justicia mexicana sea particularmente
ineficiente. Se trata más bien de un sistema judicial que discrimina
por partida doble: la aplicación de la ley para los pobres que no
pueden pagar el precio de la impunidad; y la aplicación de la ley para
los oligarcas que han cometido el error de convertirse en adversarios
del régimen.
Y este no es el caso de Gastón Azcárraga. Podrá
ser un ladrón y el peor de los delincuentes, pero no es enemigo del
sistema político mexicano. Y tampoco es el caso de Cuauhtémoc
Gutiérrez, el tristemente célebre líder del PRI, hoy acusado de dirigir
una red de prostitución con dinero público. Podrá ser un enriquecido
lenón, pero no es adversario ideológico, político o partidista del
régimen, de modo que también en él la impunidad está garantizada.
Casos
muy distintos éstos a los de, por ejemplo, la antigua lideresa del
sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo. Durante años se enriqueció
desmedidamente al apoderarse del dinero propiedad de su gremio. Pero
también durante décadas no hubo castigo. Y no lo hubo porque se trataba
de una amiga, una compañera, un importante personaje del sistema
político mexicano.
Bastó, sin embargo, que se indisciplinara,
que se negara a obedecer las órdenes de Los Pinos y que amenazara con
tornarse adversaria del régimen para que sufriera en carne propia los
rigores de la persecución judicial y de la cárcel, donde todavía se
encuentra.
Blog del autor: www.miguelangelferrer-mentor.com.mx
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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