Existe impunidad sistémica pese a las reformas recientes, subrayó
Está bajo seria amenaza en México, por lo que debe ser un tema de prioridad nacional, indica
Fernando Camacho
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de junio de 2014, p. 15
En México, las violaciones al derecho a la vida cometidas contra grupos vulnerables siguen ocurriendo a nivel
alarmantemente alto, en medio de una impunidad sistemática, a pesar de las reformas legales impulsadas por el gobierno en años recientes.
Así lo advirtió el relator especial de la Organización de Naciones
Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,
Christof Heyns, quien mañana presentará los resultados de su visita del
22 de abril al 2 de mayo de 2013, durante la cual estuvo en el Distrito
Federal, Chihuahua, Guerrero y Nuevo León.
En el documento de 22 páginas, el especialista sudafricano valora
como gesto positivo que el gobierno mexicano haya promovido diversas
iniciativas legales para mejorar la protección de los derechos humanos
de sectores vulnerables. Sin embargo, advierte,
las violaciones del derecho a la vida de esos grupos siguen teniendo lugar a un nivel alarmantemente alto. La impunidad sigue siendo una preocupación seria a nivel individual y sistémico.
Según Heyns, este fenómeno se debe, entre otros factores, a las
deficiencias en el sistema de administración de justicia y el aumento
de actividades de los grupos del crimen organizado y el tráfico de
drogas.
Asimismo, influyen la falta de voluntad o capacidad de las policías
y los fiscales para investigar, así como la carencia de confianza de
los ciudadanos en el sistema judicial y de castigo a los perpetradores
de un delito.
Por todo ello, el relator subrayó de manera especial la necesidad de
acabar con la impunidad, para lo cual hace falta limitar cada vez más
la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales,
asegurarse de que sean las cortes civiles y no las castrenses las que
juzguen a los soldados que violen derechos humanos y definir estándares
claros de uso de la fuerza.
Además,
subrayó, es igual de importante prevenir las violaciones al derecho a
la vida que pudieran suceder en el futuro, como asegurarse de que los
crímenes ocurridos en décadas anteriores también sean castigados.
La gravedad de la situación actual debe ser enfrentada de lleno: el derecho a la vida está bajo seria amenaza en México y abordar este tema debe ser prioridad nacional. Con un enfoque de mano dura a través del Ejército es poco probable que la situación mejore. Lo que se necesita es un fortalecimiento sistemático, holístico y comprensivo del estado de derecho, enfatizó Heyns.
Tras detallar que las autoridades mexicanas le informaron que de
diciembre de 2006 a noviembre de 2012 ocurrieron 102 mil 696 homicidios
intencionales, el funcionario describió las condiciones que enfrentan
diversos grupos vulnerables, entre ellos las mujeres, migrantes
indocumentados, periodistas, defensores de derechos humanos, niños,
reclusos y miembros de la diversidad sexual.
Entre las recomendaciones de Heyns al gobierno mexicano se
encuentran acelerar la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia
adversarial, dar mayor independencia y facultades a los organismos
públicos de derechos humanos y crear una institución de servicios
médicos forenses y una base de datos sobre homicidios desagregada por
entidad, sexo y edad.
De igual forma, sugirió investigar las ejecuciones extrajudiciales durante la guerra sucia
y castigar a los culpables; retirar a las fuerzas armadas de tareas de
seguridad pública; limitar el fuero castrense; asegurarse de que los
miembros de la Gendarmería Nacional estén bien capacitados para tratar
con civiles, y realizar investigaciones prontas y efectivas de los
asesinatos de miembros de grupos vulnerables.
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