Arturo Alcalde Justiniani
Con
motivo de la 103 Asamblea General de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) realizada en Ginebra, Suiza, que
concluyó esta semana, el secretario del Trabajo y Previsión Social ,
Alfonso Navarrete Prida ( Reforma, 9/6/14, Negocios p. 9),
expresó la intención del gobierno mexicano de recomponer la imagen de
la política laboral del país en el exterior. Es justificada la
preocupación, pues las prácticas laborales existentes han generado una
creciente condena fuera de nuestras fronteras, en virtud de que
contradicen los principios básicos que promueve la comunidad
internacional. No es posible a estas alturas tapar el sol con un dedo.
En los últimos años, especialmente a partir de la firma del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se generó un flujo de
información y visitas de representantes gremiales de diversas partes
del mundo al país, particularmente de Estados Unidos y Canadá, lo que
permitió que se conociera una realidad que había venido siendo
encubierta mediante una política deliberada en la que participaba el
gobierno, el sector empresarial y las centrales corporativas,
especialmente la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Hacia
fuera se ostentaba una cara democrática, hacia dentro se daba cauce a
un sistema de control, corrupción y simulación.
Todo indica que la única manera de cambiar la imagen laboral de
México al interior y exterior del país, sería modificar la realidad por
lo menos en tres sentidos.
El primero consiste en atender un tema que da origen a buena parte
de los vicios existentes: crear las condiciones para que los
trabajadores puedan decidir libremente cuál es el sindicato que los
represente en la contratación colectiva, esto es, que cuando un gremio
pretenda la firma de un contrato colectivo con o sin emplazamiento de
huelga, los trabajadores sean consultados para conocer si están
conformes con dicho gremio, prefieren otro, o simplemente no desean
afiliarse a ninguno. Esta consulta es elemental y existe en todo el
mundo; sin embargo, en México los trabajadores son ignorados y es el
patrón quien escoge al sindicato de su preferencia como una imposición
que pervierte todo el proceso laboral; aquí nacen los llamados
contratos de protección patronal que han provocado que las centrales
obreras no consideren la opinión de sus supuestos representados y sus
líderes se dediquen a congratularse con los empresarios para ser
seleccionados al momento de la firma de los contratos colectivos.
El cambio que se intentó en la última reforma laboral mediante el
conocido artículo 388 bis, que fue aprobado por la mayoría del Senado y
estuvo a punto de aprobarse por los diputados, daría legitimidad a los
procesos de representación, crearía opciones democráticas en los
gremios y favorecería al sector del empresariado que es víctima del
chantaje y la violencia que ejerce gran número de membretes sindicales
para obligarlos a firmar contratos colectivos y a cubrir cuotas de
protección periódicas al estilo de la delincuencia organizada.
Una
segunda propuesta es someter a revisión el sistema de justicia laboral
que se ejerce mediante las juntas de Conciliación y Arbitraje. Todos
sabemos que cuando se trata de temas colectivos y relevantes, estas
juntas se limitan a cumplir la decisión del gobernador o Ejecutivo
federal en turno; no son árbitros que cuenten con el atributo esencial
de imparcialidad. La forma tripartita de justicia es una ficción, ya
que prevalece la voluntad del tercer voto, el del gobierno, que se
ejerce a través del presidente de la junta, quien es el encargado de
ejecutar las órdenes de su superior jerárquico. Por esta razón, ya no
existen este tipo de instituciones en el mundo, sino jueces o
tribunales autónomos encargados de aplicar la ley. La ausencia de un
sistema de justicia confiable, inhibe cualquier posibilidad de cambio.
Una tercera propuesta está relacionada con la necesidad de que el
gobierno asuma una actitud distinta frente a las quejas ante la OIT,
que cancele su política de engaño a los órganos de aplicación de las
normas internacionales vigentes. No se les puede mentir con argumentos
falaces, como
la violación no existe porque esa conducta no está autorizada en la leyo presumir un diálogo social inexistente. Esto ha sucedido, por ejemplo, en el caso 2694, presentado por la IndustriALL Global Unión, quien representa a 50 millones de trabajadores y 700 sindicatos de 140 países, quien junto con la Confederación Sindical Internacional (CSI), ha reclamado al gobierno mexicano
abrir un diálogo en relación con las persistentes violaciones a los derechos fundamentales en México.
Un tema adicional se relaciona con los conflictos concretos en los
que se exhibe la complicidad del gobierno con los grandes empresarios
para ahogar a organizaciones que luchan por sus derechos; tal es el
caso del Sindicato Nacional Minero que ha sido víctima de un acoso
constante por algunos grupos empresariales de este sector, contando con
el apoyo de diversos funcionarios gubernamentales; ambos pretenden
doblegar la voluntad de los trabajadores mineros e imponer
representaciones dóciles, sometidas a su capricho.
La violación de los derechos laborales es una constante en todo el
país: en Chihuahua, los trabajadores de Conalep se quejan del despido
del comité ejecutivo de un sindicato que obtuvo su registro tras una
larga jornada que incluyó cuatro amparos ante las instancias federales;
en Tabasco, los representantes locales del Sindicato del Instituto
Nacional de Educación de Adultos fueron desconocidos y despedidos por
la actitud caprichosa de la titular en esa entidad; en Colima no ha
habido intención política alguna para atender dos peticiones
elementales en el entorno de una larga huelga de hambre; transparencia
en los fondos pensionarios y respeto a la autonomía del gremio
universitario para decidir sobre su representación legítima.
El gobierno mexicano debe incluir en su agenda prioritaria la
necesidad de promover cambios para tener derecho a ser parte de una
comunidad internacional que exige el respeto a los derechos humanos en
el mundo del trabajo.
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