Hace cinco años, el 16 de noviembre de 2005, la Secretaría de la Función Pública, bajo el mando de Eduardo Romero Ramos, ejerció su facultad de atracción sobre varias auditorías e investigaciones que se llevaron a cabo en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), cuyo titular era Héctor Reyes Retana, y que involucraban a unas 12 empresas en fraudes por 38 millones de dólares, algo así como 500 millones de pesos, al presentar documentación apócrifa para la obtención de créditos.
Eduardo Romero es un panista de Chihuahua que siempre estuvo cobijado por su paisano y antecesor en Función Pública, Francisco Barrio Terrazas. Fue él directamente quien ordenó al director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Jesús María Robledo Sosa, enviar el oficio DG/311/2008/2005 al Órgano Interno de Control en el Bancomext, solicitándole la remisión del expediente original y todas sus constancias, mismo que fue enviado mediante el oficio 06/305/OIC-139/05, con fecha 23 de noviembre de 2005.
Esos casos con pruebas de evidente corrupción se han mantenido en el anonimato durante cincos años (el último año del sexenio de Vicente Fox y los cuatro que lleva el gobierno de Felipe Calderón). Por eso es relevante dar cuenta de ellos ahora, pues esos expedientes atraídos por el secretario de la Función Pública fueron ocultados y guardados en los archivos de esa Secretaría de Estado para proteger a funcionarios corruptos y encubrir millonarios desfalcos cometidos por empresarios cómplices en perjuicio del patrimonio del Bancomext.
¿Cuántos casos más oculta la Secretaría de la Función Pública para proteger a funcionarios que en lugar de servir a la nación se han servido del presupuesto público para enriquecerse junto con amigos y familiares? ¿Cómo confiar en Felipe Calderón, cuando habla de honestidad y combate a la corrupción, si permite y avala estos abusos con el dinero del pueblo? Sin duda esto explica por qué hay millones de familias mexicanas sumidas, desde hace muchos años, en la pobreza extrema, mientras que los llamados servidores públicos se enriquecen cada sexenio.
En el FACE se fraguó el fraude
El 27 de marzo de 2001, se solicitó al Consejo Directivo del Bacomext la autorización del esquema de Financiamiento Automático de la Cartera de Exportación (FACE), bajo el supuesto de que esta institución no asumiría riesgos crediticios en estas operaciones porque recaían en la aseguradora de crédito o en la empresa garante.
Pero omitieron informar al Consejo que la aseguradora únicamente indemnizaría hasta el 90 por ciento de la pérdida neta y sólo cubría el riesgo de mora prolongada, quiebra o suspensión de pagos del comprador, a pesar de lo cual el Consejo autorizó instrumentar el FACE.
El conflicto de interés radicó en que los mismos funcionarios del Banco que habían hecho la propuesta al Consejo integraban la administración de la aseguradora de crédito.
Desde el inicio de la presentación y operación del FACE, hubo múltiples fallas, como efectuar el descuento de documentos sin realizar el estudio de crédito y el Banco quedaba al margen de la cobertura del seguro al no comprobar la revisión o validación de los documentos presentados por las empresas, muchos de los cuales eran apócrifos.
Como consecuencia de las fallas estructurales y operativas, funcionarios del Bancomext en complicidad con empresarios cometieron irregularidades administrativas en perjuicio del patrimonio de la institución.
Las operaciones del FACE se iniciaron en 2001, cuando el director general del Bancomext era José Luis Romero Hicks, y para el 31 de marzo de 2005 había 45 empresas acreditadas por 74 millones de pesos y 34.7 millones de dólares, de los cuales se enviaron confirmaciones a 21 empresas y se determinó que 12 compañías presentaron documentación apócrifa para disponer de 457 millones de pesos.
Un ejemplo fue lo ocurrido en 2003, cuando funcionarios del Banco tuvieron conocimiento de que el cliente final de la acreditada Ditumex no existía y el área jurídica del Bancomext no informó al área de promoción de crédito del fraude cometido, a fin de que ésta estableciera los controles necesarios para evitar nuevos quebrantos patrimoniales. En aquella ocasión, sólo presentaron una denuncia de hechos en contra de Ditumex, que ocasionó un perjuicio al Banco por 1.7 millones de dólares.
En el periodo 2003-2004, se descubrieron siete acreditadas del programa FACE que cayeron en cartera vencida por un monto de 60.9 millones de pesos, pero, en opinión del área jurídica, en seis casos había fraude con utilización de facturas falsificadas. En marzo de 2005, hubo un caso más de cartera vencida y fraude por 107.9 millones de pesos.
Prácticamente, en el Bancomext se había conformado una red de corrupción que utilizaba el financiamiento crediticio para beneficiar a empresas que omitían sus responsabilidades y falseaban documentos con la complicidad de funcionarios que, hasta la fecha, siguen impunes.
En algunos casos se otorgaron líneas de crédito adicionales a las existentes sin evaluar el riesgo en el que se incurría. Desde 2003, el Banco tuvo conocimiento de las operaciones fraudulentas y nunca promovió alguna acción para corregir o cancelar el programa FACE, el cual generó incumplimientos y operaciones fraudulentas por cerca de 40 millones de dólares, sólo a septiembre de 2005.
Ante la relevancia de este caso, analizaremos en próximas entregas una por una las empresas involucradas en hechos que causaron perjuicios patrimoniales al erario.
*Periodista
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