Desde 1973, la
acumulación por desposesión paso a primer plano, como contradición principal en la organización imperialista de la acumulación de capital.
Haciéndose patente con Margaret Thatcher, quien junto con Ronald Reagan,
transformaron toda la actividad estatal, apartándola del Estado de
bienestar, para reorientarla hacia el apoyo activo de medidas favorables
a la <
Así también, el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, cambiaron sus marcos de acción casi de la noche a la mañana.
Teniendo como divisa la privatización y la liberalización del mercado,
tales instituciones han respaldado y han servido como instrumentos para
que los bienes públicos, en poder del Estado, hayan sido lanzados al
mercado y el capital sobreacumulado entonces pudiera invertir,
reformarlos y especular con ellos. De forma tal que, se abrieron nuevas
áreas de actividad rentable, contribuyendo así a que al menos durante
algún tiempo se mitigue el problema de la sobre acumulación.
Así, la privatización ha consistido esencialmente en la transferencia de activos públicos1
productivos, hacia empresas privadas. Entre tales activos productivos
se encuentran recursos naturales como: tierra, bosques, agua y hasta el
mismo aire. Todos los cuales el Estado posee en nombre del pueblo al que
dice representar. Pero al arrebatárselos para venderlos a empresas
privadas viene incurriendo en procesos de desposesión.
Casos
concretos de estos hechos se vienen presentando en países como Honduras,
donde la concentración de tierras en lugares como el Bajo Aguán, se
agudizo después de 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola.
Esta ley, dictada por el Banco Mundial, junto a un paquete de políticas
de ajuste estructural, redujo los apoyos a los productores agrícolas
locales, a la vez que incrementó el respaldo al sector de exportaciones,
pero sobre todo permitió vender tierras colectivas a inversores
privados.
De suerte que mediante la Ley de Modernización
Agrícola, se ha favorecido a las principales empresas que producen palma
africana, quienes acapararon las tierras en manos de tres grandes
terratenientes agroindustriales: la familia Facussé de la Corporación
DINANT, René Morales del Grupo Agropalma y Reinaldo Canales, de origen
salvadoreño. Acaparamiento de tierras para el cultivo de la palma
africana, al cual se le suma la ganadería intensiva, los proyectos
mineros, presas hidroeléctricas y complejos turísticos.
El despojo en México, el estado de Oaxaca.
Dentro
del esquema neoliberal que impera actualmente en nuestro país, en el
estado de Oaxaca, se ha impulsado el Corredor Eólico del Istmo de
Tehuantepec. Y mediante este corredor, cerca del 90 por ciento de toda
la energía eólica que se produce hoy en día en el país es captada del
Istmo de Tehuantepec.
Más aun, mediante un comunicado, la
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca (STyDE) señaló
que a través de la Subsecretaría de Industria y Comercio se han
realizado labores de gestión y acompañamiento para la atracción de más
inversiones privadas en el sector eólico. De suerte que recientemente
fue puesta en marcha, el pasado 3 de marzo del Parque Eólico “Sureste I
Fase II” implementado por la empresa italiana Green Power en la
modalidad de Productor Independiente de Energía.
A lo cual agregó
el subsecretario de Industria y Comercio, Víctor Vásquez Bocanegra, que
este centro se extiende en más de 800 hectáreas del municipio de
Asunción Ixtaltepec. Añadiendo que tal centro forma parte de otros 22
que ya operan en el Istmo de Tehuantepec, y que fue posible gracias a
una inversión de 157 millones de dólares2.
A
esto se le suma el hecho de que el 21 de julio de 2014, el gobernador
del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteaguado, la secretaria federal de
Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga y el gerente de la División
de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricistas CFE,
Armando Reynoso Sánchez, firmaron un convenio para invertir 210 millones
de pesos para electrificar los hogares de 17 mil 236 personas en
pobreza, mediante 140 obras en 62 municipios.
A lo cual añadió
Cué, que con el Programa de Electrificación de Viviendas Rurales
Dispersas, se haría posible la electrificación de más de 23 mil
viviendas, diseminadas en localidades de muy alta marginación. De
acuerdo con Cué, dicho programa gracias a la alta capacidad técnica y
tecnológica de CFE, permitiría reducir en un 48% el rezago estatal en
materia de electrificación doméstica, hasta el ejercicio fiscal del
2016. Y a todo lo cual se le sumaba al Programa de Electrificación
Fotovoltaica que el gobierno de Oaxaca inicio en 2012, con el
acompañamiento de Acción Microenergía, Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y así como por parte de la empresa
ILUMéxico3.
Sin
embargo, lejos de tales discursos y no obstante la proliferación de
estos complejos eólicos instalados en la región del Istmo de
Tehuantepec, estos no han impulsado el bienestar social ni el alumbrado
de algunas comunidades donde se encuentran ubicados. Muy por el
contrario, sólo han desatado conflictos intercomunitarios, inseguridad y
denuncias agrarias.
Muestra de ello lo han dado las 120 familias
que habitan en la isla de Cachimbo, Oaxaca. Y que forman parte de otras
48 mil familias que de acuerdo al censo de 2010, viven sin energía
eléctrica en dicho estado, no obstante que a sólo ocho kilómetros de
Cachimbo se encuentra funcionando un aerogenerador de energía eléctrica,
el cual es parte del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, siendo
el más importante del continente.
Y de acuerdo con Juan Regalado
Martínez, comunero de Unión Hidalgo, después de arribar a dicha entidad
empresas como Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex, S.A. de C.V), misma
que es subsidiaria de la compañía española Renovable Energy. Los
beneficios para la población al menos hasta el 2014 eran nulos;
únicamente habían dado cursos de pintura, piñata, tejido de palma,
además de patrocinar un equipo de futbol y otro de volibol, un grupo de
danza folclórica, pero más allá de esto, no había habido ningún
beneficio para la comunidad.
Asimismo, Mariano López Gómez,
integrante de la Asamblea Popular de Pueblo Juchiteco, en 2014 coincidía
en que a más de una década de que se comenzaron a instalar los parques
eólicos, ni un solo foco en los hogares de Juchitán había sido encendido
con el viento de la región. Además de que en lugar de pagar menos por
la electricidad, las tarifas aumentaron, al grado de que en algunas
comunidades se llego a prohibir la entrada de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), mientras que en otras se determino no pagar debido a
que los recibos llegaron hasta por 7 mil pesos, cuando el consumo de
las viviendas solo se limita a cuatro focos, un radio, un televisor y en
algunos de los casos un refrigerador4.
El despojo en Veracruz.
En
el estado de Veracruz, al igual que en otros estados de la república ha
venido ocurriendo, mientras estuvo de gobernador el hoy prófugo de la
justicia, Javier Duarte de Ochoa, proliferaron los hallazgos de fosas
clandestinas y bolsas con restos humanos, como los de Génesis Deyanira
Urrutia Ramírez, Octavio García Baruch y Leobardo Arano5.
En tanto que por otra parte prosperan proyectos mineros. De forma que
según se estima, durante los últimos 22 años se han extraído mil 150
toneladas de oro, casi seis veces más de las que se extrajeron durante
300 años en la época colonial de nuestro país.
Y para lograr tal
extracción de minerales, de acuerdo con el titular de la Comisión para
el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, se ha
despojado de 34 millones de hectáreas de tierra a grupos indígenas,
siendo entregadas dichas tierras a mineras, principalmente canadienses6.
A este respecto, en 2010 se informo que las empresas Almaden Minerals
LTD y Gold Group Resources INC, con el nombre de “Minera Gavilán SA de
CV” tenían el proyecto “Caballo Blanco- El Cobre” en Actopan, que
pretende extraer oro, cobre y plata. Otro proyecto, adjudicado a “Minera
Cardel SA de CV” es el llamado “Rey Negro” también en Actopan, que se
ocupa de buscar oro y plata.
Todo lo cual ha venido ocurriendo
no obstante, las empresas minera canadienses, en más de un caso para
extraer metales con métodos de explotación a cielo abierto y lixiviación
por cianuro, generando un manifiesto rechazo entre la población como el
proyecto, “Caballo Blanco”, en los Cerros de La Paila, Las Cruces y
Bandera en Alto Lucero y Actopan.
Así, también existen otros
proyectos de extracción metálica, minería tóxica, para sacar oro en
Chiconquiaco, entre Xalapa y el estado Puebla, por Perote; además de la
extracción de plata y oro en Los Tuxtlas, que se llama “Bastonal”,
proyecto que se encuentra ubicado en una de las reservas de la biosfera
en el país.
Otro proyecto colindante entre Puebla y Veracruz es
el de “Tatatila- Las Minas”, con minerales como oro, plata, plomo, zinc,
cobre y fierro, entre Xalapa y el estado de Puebla, por Las Vigas. A
estos se le incluyen: Jáltipan con azufre; Tacamichapan con arena sílica
y sales; Almagres y el Uxpanapa, con barita. Todo lo cual son proyectos
canadienses7.
Pero
además, a tales proyectos canadienses se le suman mineras como, Altos
Hornos de México (AHMSA), del Grupo Acerero del Norte, propiedad de
Alonso Ancira; al igual que Peñoles, de Alberto Bailleres, los cuales
transformaron los estatutos colectivos de los trabajadores de sus
empresas en contratos de protección y pactaron con sindicatos que ellos
mismos hicieron a modo de sus intereses.
Así, las grandes
empresas del país han creado sindicatos a modo, para tener contratos
colectivos de protección garantizados, con lo cual reducen el valor de
la mano de obra. El caso de la mina La Herradura, de Peñoles, ilustra la
transformación hacia un contrato de protección, pues cuando tuvo un
contrato real tenía un fondo de resistencia de 9 millones, ahora no
tiene nada; antes había utilidades, ahora no las hay. También
desaparecieron bonos de productividad, niveles o categorías, asambleas,
mientras que por otra parte crece la planta de personal de terceristas.
Dentro
de la misma lógica, Grupo México, de Germán Larrea, primero intentó
destruir al sindicato nacional de mineros y a su dirección, con el apoyo
de los gobiernos panistas, y al no lograrlo le arrebató a este gremio
sus nueve contratos colectivos, con el apoyo del Sindicato Patronal de
Monterrey, el Sindicato Nacional de Exploración, Explotación y Beneficio
de Minas en la República Mexicana. Para todo lo cual conto además, con
el apoyo de la Secretaría del Trabajo8.
Finalmente,
a toda esta ola de saqueo de metales, también se le suman otros
minerales como el mármol, que se encuentra bajo la mira de empresas como
Procesamiento de Mármoles Granados SA de CV, en Tatatila. Y como éste
también se encuentran proyectos para arena y grava en Acayucan; arena
sílica en Coatzacoalcos y San Juan Evangelista; y caolín en
Huayacocotla.
Mercantilización y privatización de la tierra.
De
acuerdo con el último informe de la organización internacional Oxfam,
América Latina es la región más desigual del mundo en la distribución de
la tierra. Lo cual es debido a que más de la mitad de la tierra
productiva de la región está concentrada en el 1 por ciento de las
explotaciones agropecuarias. Mientras que por el otro lado, las pequeñas
unidades agropecuarias, a pesar de representar el 80 por ciento de
todas las explotaciones en la región, ocupan menos del 13 por ciento de
la tierra productiva.
Esto ha sido posible, de acuerdo con el
informe de Oxfam, al extractivismo, raíz de la alta desigualdad del
reparto de la tierra en la región. Tal modelo productivo, concentrado en
las concesiones mineras y petroleras, la ganadería extensiva, y los
monocultivos como la soja y la palma aceitera, se viene apoderando del
territorio latinoamericano. Pero además de ampliar su control sobre
grandes extensiones territoriales, el extractivismo, aumenta su
influencia en las políticas públicas de todos los países9.
Como
se puede observar, en los procesos de “desarrollo” de mineras,
petroleras, cultivos y demás energéticos, la cuestión que atraviesa a
todos estos es, la mercantilización y privatización de la tierra.
Los plantíos exigen una gran inversión inicial en maquinaria agrícola,
semillas, agroquímicos, herbicidas, pero también en la compra o arriendo
de tierras. En tanto que, en el caso de las mega-minerías, estas además
de la inversión básica en enormes capitales, por las grandes
infraestructuras de instalaciones, maquinaria de excavación exclusiva,
vehículos de transportes especiales y el volumen de productos químicos
necesarios para la separación de minerales. Pero para lo cual, también
necesitan obtener extensas concesiones territoriales por parte del
Estado.
En consonancia directa con estos hechos, dentro del
proyecto neoliberal, en México se ha refuncionalizado el uso de la
tierra y los recursos geoestratégicos, para ser explotadas en beneficio
de empresas trasnacionales una vez modificada la Constitución. Carlos
Salinas de Gortari con la reforma decretada al artículo 27 de la
Constitución en 1992, ante un movimiento campesino debilitado y
disperso, pudo poner en práctica su estrategia neoliberal de
privatización de la economía y liberalización comercial, gracias al
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, echado a andar en
1994.
De manera que, el llamado finiquito agrario y la entrega
de certificados que acreditaban la propiedad individual de solares
urbanos y parcelas ejidales abrieron la puerta a la privatización de la
tierra de propiedad social. Privilegiando Salinas la interlocución con
el Congreso Agrario Permanente (CAP) creado por él en 1989, a cambio de
prebendas y corruptelas de varios de sus líderes. Práctica que contrastó
con las recuperaciones de tierras en Chiapas, dirigida por el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con la lucha combativa que
sostuvieron en 2003 organizaciones de El Campo no Aguanta Más10.
Así,
los cambios en la propiedad de la tierra, resultado de las políticas
neoliberales, son el núcleo de las luchas, ante los distintos proyectos
como minería, extracción de petróleo, inmobiliarios, etc. Ocurriendo
así, tanto en México como en otras geografías de América Latina y del
mundo, por lo que se centra hoy más que nunca el conflicto, en la
defensa de la propiedad colectiva de los territorios, frente a la
privatización de la misma, para beneficio de las grandes empresas.
La
lucha por la tierra ha sido el núcleo del levantamiento de los pueblos
de Chiapas en 1994; en la lucha de la Asamblea de los Pobres de
Tailandia por la defensa de sus bosques; en la resistencia del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra ante los proyectos del capital y frente
a la represión en Atenco; en las ocupaciones de tierra y en la
construcción de alternativas del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil;
en la indignación de los ejidatarios de la Comarca Lagunera o de las
tribus mayo-yoreme y yaquis por la incontrolable renta de sus tierras y
la privatización de los pozos de agua; en la experiencia de los
campesinos insumisos de la India y de Corea del Sur frente a las
políticas de expulsión y aniquilamiento; en la determinación de los
comuneros opositores a la presa hidroeléctrica La Parota, de las
mazahuas o de los pueblos de Morelos por la defensa del agua; en la
histórica lucha de los pueblos indios en los Andes y la Amazonía por la
reforma agraria y por su autonomía11.
Bibliografía.
González Ramírez Manuel. El codiciado Istmo de Tehuantepec. Colección Metropolitana, departamento del Distrito Federal, 1973.
Hemerografía.
Rebelión. Entrevista al economista de izquierda Claudio Katz. "En América Latina la confrontación está en curso, el resultado está abierto y veremos qué ocurre". Por: Hernández Mario, 26-10-2016.
Proceso. Número 2000. 1 de marzo de 2015.
Proceso. Número 1969. 27 de julio de 2014.
Proceso. Número 2074. 31 de julio de 2016.
Proceso. Número 2070. 3 de julio de 2016.
Proceso. Número 2009. 3 de mayo de 2015.
Proceso. Número 2041. 13 de diciembre de 2015.
Proceso. Número 2060. 24 de abril de 2016.
Proceso. Número 2033. 18 de octubre de 2015.
Proceso. Número 1781. 19 de diciembre de 2010.
Proceso. Número 2048. 31 de enero de 2016.
Proceso. Número 2021. 26 de julio de 2015.
Proceso. Número 1642. 20 de abril de 2008.
Proceso. Número 2052. 28 de febrero de 2016.
Proceso. Número 2081. 18 de septiembre de 2016.
Proceso. Número 2086. 23 de octubre de 2016.
Proceso. Número 1864. 22 de julio de 2012.
La Jornada. Domingo 18 de septiembre de 2016.
La Jornada. Sábado 1 de octubre de 2016.
La Jornada. Martes 18 de octubre de 2016.
La Jornada. Lunes 10 de octubre de 2016.
La Jornada. Sábado 10 de septiembre de 2016.
Ramón
César González Ortiz es Licenciado en Sociología por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y Maestro en Estudios
Políticos y Sociales por la misma Institución, actualmente es profesor
adjunto en las materias, La sociología en México y Pensamiento Social
Latinoamericano, en la FCPyS de la UNAM.
Notas
1
Los activos hacen referencia a lo que la empresa tiene y los pasivos a
lo que la empresa debe. Un activo es un valor que la empresa dispone y
que puede ser medido, representado o convertido en dinero en efectivo.
Ejemplos de activos pueden ser el mobiliario, los productos para la
venta, las acciones y cualquier tipo de bien que la empresa posea. Los
pasivos de una empresa son lo contrario a los activos. Son las
obligaciones que tiene la organización ya sea con otras empresas, con
personas, con el estado, etc. Todas las deudas comerciales,
obligaciones de pago, créditos tomados, impuestos a pagar, etc., forman
parte del pasivo y por lo tanto son reflejados en el estado de
situación patrimonial de la empresa.
2 Diario de Yucatán. Yucatan.com.mx
3 Proceso. Número 1969. 27 de julio de 2014.
4 Ibíd.
5 La Jornada. Lunes 10 de octubre de 2016.
6 La Jornada. Sábado 10 de septiembre de 2016.
7 https://lavidaolamina.wordpress.com/.../veracruz-en-la-mira-de-empresas...
8 La Jornada. Miércoles 3 de febrero de 2016.
9 Rebelión. América Latina, la región más desigual en el acceso a la tierra. Servindi. 03-12-2016.
10 La Jornada del Campo. Cien años de lucha por tierra y libertad…Y ZAPATA SIGUE CABALGANDO. Por: Plutarco Emilio García Jiménez. 17 de abril de 2010.
11 revistarebeldia.org/revistas/Numero68/05campo.pdf .De sobrevivientes y guardianes. Luchas campesinas en México.
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