Aportes federales entre 2013 y 2014
Ante la imposibilidad de notificarles personalmente, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer a través de
edictos que indaga desvíos y falta de comprobación del destino de más de
191 millones de pesos que fueron aportados por el gobierno federal
entre 2013 y 2014 al gobierno de Javier Duarte en Veracruz, y que entre
los presuntos involucrados en estos actos de corrupción se encuentra el
ex diputado federal priísta Antonio Tarek Abdalá Saad, quien hoy forma
parte de los testigos colaboradores de la Fiscalía General de la
República (FGR).
Tarek Abdalá es señalado por el Ministerio Público Federal como
integrante de una red de servidores públicos del estado de Veracruz que
incurrieron en desvío de recursos a empresas fachada y que beneficiaron a
personas cercanas al ex mandatario veracruzano.
En días pasados, en el Diario Oficial de la Federación se dieron a conocer diversos avisos judiciales sobre procedimientos de
fincamiento de responsabilidad resarcitoria.
Entre los acuerdos publicados se difundieron dos que involucran a
Tarek Abdalá, uno de ellos en el que se menciona que durante su
cargo como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz omitió administrar adecuadamente los recursos financieros asignadosa la institución,
lo que provocó que durante su gestión dicha dependencia realizara transferencias de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2014, por la cantidad de 11 millones 500 mil pesos.
De acuerdo con la publicación, los recursos fueron transferidos a dos cuentas
sin que durante la auditoría practicada por esta ASF, dicha secretaría acreditara haber contado con la documentación justificativa y comprobatoria que permitiera constatar que el destino dado a dichos recursos se encontrara dentro de los objetivos permitidos para su ejercicio. Todo ello se enmarca dentro del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias DGRRFEM/A/06/2019/14/199, que tiene a su cargo la Dirección General de Responsabilidades de la ASF.
El otro acuerdo publicado en contra del testigo colaborador de la
FGR, en su carácter de tesorero de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del gobierno del estado de Veracruz, es porque
no administró ni llevó el control de los ingresos y egresos respecto de los recursos del Fondo Metropolitanoen el periodo del 30 de septiembre al 14 de noviembre de 2014, y se detectó que se transfirieron a dos cuentas no vinculadas con la institución gubernamental 149 millones 81 mil 794 pesos, sin que los hubieran entregado a los Fideicomisos Públicos de Administración e Inversión de las Zonas Metropolitanas de Acayucan, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa, ni que se hayan
aplicado a los programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento.
Esto generó un daño a la hacienda pública federal por 12 millones 781
mil 245 pesos, además de 4 millones 88 mil 233, otro por 11 millones
451 mil 842 pesos, además de un cargo más por 52 mil 16 pesos y los 149
millones 81 mil 794.
Asimismo, se indaga a Gerardo Mantecón Rojo, ex director general de
Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Veracruz, por desviar recursos del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2014, por montos
que están desglosados de la siguiente manera: 945 mil 905 pesos para el
pago de una obra no autorizada, otro cargo por 149 mil 326 pesos por
concepto de adquisición de materiales y suministros de laboratorio, y la
disposición irregular de 200 mil pesos para el pago de viáticos
nacionales.
Además, en contra de Arnulfo Octavio García Fragoso, ex tesorero de
la Secretaría de Finanzas y Planeación en 2014, se inició un
procedimiento por ser responsable de actos u omisiones al no acreditar
con la documentación que permitiera constatar el reintegro a la
Tesorería de la Federación de recursos que le fueron entregados al
amparo del Convenio de Apoyo Financiero en el marco del Programa de
Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior,
por 10 millones 295 mil 762 pesos.
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
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