· Exime a grandes empresas beneficiarias del outsourcing de sus responsabilidades frente a las y los trabajadores
· De aprobarse la reforma laboral se legalizaría lo que hoy se considera violación de derechos laborales
· Urgente informar y movilizar para evitar la imposición de esta infamia
México, D.F., 20 de marzo de 2011
Es mentira que la reforma laboral propuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), —en complicidad con Acción Nacional (PAN), gobierno federal, grandes empresarios y mafias sindicales—, pretenda normar el outsourcing; lo que en realidad busca es legitimar jurídicamente la perversa práctica de la subcontratación que, de facto, ya despoja a millones de trabajadoras y trabajadores de su derecho a un salario justo, a beneficios y prestaciones, así como a su derecho a organizarse.
Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que buscan desesperadamente aprobar estos partidos, no son más que una simulación que pretende diluir las responsabilidades de la empresa beneficiara de la subcontratación, en su mayoría grandes compañías, y con ello burlar los derechos de las y los trabajadores, puesto que no se establecen de manera clara y concreta las garantías básicas para evitar el abuso contra éstos.
La coincidencia del PRI, PAN y gobierno federal en relación con el outsourcing no es nueva y responde a su interés de establecer un nuevo marco legal en materia del trabajo que permita al gran capital extranjero y nacional mejores condiciones de rentabilidad, mano de obra barata y paz laboral en México, de tal modo que se sienten las bases para que la subcontratación sea el paradigma, el núcleo duro de las relaciones laborales mexicanas.
A pesar de ser una práctica ilegal, desde hace años, y en paralelo con la imposición del neoliberalismo, en México se ha expandido la subcontratación de personal, de manera especial en la industria manufacturera y en los sectores público, financiero y de servicios. La reforma priista a lo que aspira —de ahí que sea aplaudida y avalada por el panismo, el gobierno federal y los grandes empresarios—, es a dar un marco jurídico para que las violaciones de derechos laborales que se vienen cometiendo dejen de serlo, en perjuicio de unos tres millones de mexicanas y mexicanos que están bajo ese régimen.
En México, actualmente, existen unas tres mil compañías que proporcionan personal a otras empresas. Ya en 2004 alrededor de ocho por ciento del empleo nacional se ofrecía bajo subcontratación; de entonces al 2009 el crecimiento de este fenómeno llegó a 95 por ciento y en la actualidad 40 por ciento de las y los trabajadores están, bajo alguna de sus modalidades, en condición de subcontratados.
Por otro lado, las cifras indican que del total de unidades económicas en México, sólo cinco por ciento tienen más de 50 dependientes —grandes empresas—, y es en ellas donde se ubica 70 por ciento de los subcontratados.
Copia de lo propuesto antes por el PAN, el documento priista retoma las aspiraciones patronales de reducir costos a través del abaratamiento de la mano de obra y de la omisión de obligaciones empresariales. En la modificación al artículo 13 de la LFT invierte los roles, porque ahora será el subcontratista quien asuma en primera instancia las responsabilidades directas ante los trabajadores; de ese modo, la empresa beneficiaria queda, apenas, como “responsable solidaria”.
Esta situación provoca una irresuelta contradicción: ¿cómo el intermediario —que según el primer párrafo del art. 13 es quien no tiene elementos suficientes para cumplir con los compromisos contraídos frente a las y los trabajadores— puede ser el responsable de esas obligaciones? A las empresas beneficiarias solamente les delega la responsabilidad de verificar que el intermediario sea una persona física o moral legalmente constituida y en cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Libera también a la empresa beneficiaria de sus responsabilidades dejando muy en claro que en el régimen de subcontratación los trabajadores involucrados están “bajo la dirección” del contratista (y sólo de él). En la práctica es imposible que el subcontratado no reciba órdenes directas del patrón beneficiario.
Tampoco se menciona siquiera alguna medida de protección a la materia de trabajo de los trabajadores de planta, es decir no se fija, por ejemplo, un tope en porcentaje de la plantilla laboral accesible a los trabajadores subcontratados o las actividades que podrían ser sujetas de subcontratación. Además, en ninguna parte se menciona la relación y los derechos que tienen los trabajadores subcontratados con respeto al sindicato de la empresa beneficiaria. Con esto se atenta objetivamente contra la libertad de asociación, haciéndola materialmente imposible.
Como en todo su contenido la exposición de motivos de la reforma PRI-PAN-gobierno federal, en su afán de servir a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, intenta engañar al exponer que con ella se busca generar empleos cuando lo cierto es que dividirá el escaso empleo en puestos de trabajo de tiempo parcial y temporales, cada vez más precarizados y alejados de la definición de “trabajo decente” formulada por la Organización Internacional de Trabajo.
Los primeros y más afectados de consumarse la reforma serán los jóvenes mexicanos. Un millón de ellos se incorpora al mercado laboral anualmente y lo hará bajo este esquema de precariedad salarial y laboral. A estos hay que sumarles los que ya desde hace años trabajan en condiciones de semiesclavitud, con remuneraciones míseras, sin prestaciones, bajo contratos temporales y que son despedidos a voluntad del patrón, como en el caso de los call-center, los cines, tiendas de autoservicio, por poner algunos ejemplos.
La evidente condición propatronal de esta reforma y su turbia negociación entre quienes la apoyan, incluidas las mafias sindicales que nuevamente traicionan a sus afiliados, han propiciado una prisa desmesurada por aprobarla antes de que las y los trabajadores conozcan su contenido y, por tanto, la rechacen.
Es indispensable frenar las maniobras que pretenden imponer fast track esta reforma; los sindicatos y organizaciones independientes deben movilizarse rápidamente, informar a las y los trabajadores de todos el país acerca de esta infamia; salir a las calles a movilizarse masivamente para evitar este nuevo golpe contra millones de mexicanas y mexicanos que serán arrastrados a una miseria mayor.
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