La
PGR dividió en cuatro grupos la incidencia de las desapariciones, a
partir de las averiguaciones abiertas en dos años por la Unidad
Especializada hoy convertida en Fiscalía. Además, revela que PF y
Ejército concentran 75% de los casos de desaparición forzada.
Por primera vez, el gobierno federal reveló una radiografía oficial de las desapariciones en México basada en investigaciones en curso, que confirma que Veracruz y Tamaulipas son los estados con el mayor número de casos ocurridos, mientras que las fuerzas federales son las que encabezan las denuncias por desaparición forzada.
El
mapa fue elaborado por la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas
Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (que ya se convirtió en Fiscalía tras el acuerdo publicado el 9 de octubre) y está sustentado en los expedientes abiertos para el rastreo de poco más de 600 personas desaparecidas en un lapso de dos años.
A
diferencia del Registro Nacional de Personas Extraviadas o
Desaparecidas que no está depurado, este diagnóstico parte de
averiguaciones previas en donde está confirmada la desaparición
de la persona y la posible intervención del crimen organizado. La
información fue publicada en el Tercer Informe de Labores que la PGR
entregó al Congreso.
En el tema específico del delito de desaparición forzada, la Unidad sustentó su análisis en 17 averiguaciones previas ya en integración por casos ocurridos en un lapso de veinte años.
Cabe destacar que entre esos casos no figura el de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa,
debido a que la averiguación se mantuvo más de un año a cargo de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO), sin que se diera acceso a los especialistas de la
referida Unidad que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
En
octubre, el subprocurador de derechos Humanos de PGR, Omar Betanzos,
confirmó que el expediente pasará de la SEIDO a su oficina, lo que
permitirá a la fiscalía especializada intervenir también en esta
investigación.
Cuatro grupos de desaparecidos
Para mostrar el nivel de incidencia de las desapariciones la PGR determinó dividir en cuatro grupos los casos que tiene bajo investigación a partir del sitio en el que se registraron los hechos.
Se
trata, según la explicación que da la Unidad especializada, de las
zonas con mayor o menor incidencia y también se incluye a Estados
Unidos, Honduras y Guatemala por la cercanía con México. Yucatán y Campeche no aparecen en ningún grupo, ya que no se tienen averiguaciones registradas en esas entidades.
El Grupo 1 está conformado, de acuerdo con el informe oficial, por los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Coahuila. Solo estos cuatro estados acumulan 46% de todas las investigaciones por desaparición que ha iniciado en dos años la unidad especializada, es decir, prácticamente la mitad de todos los casos.
En su informe, la PGR no detalló cantidades específicas por estado; sin embargo, una revisión hecha por Animal Político a través de solicitudes de transparencia a la base de datos de la Unidad, arroja que Veracruz es la entidad con la mayor proporción de desapariciones con un 24%. Esto significa que prácticamente 1 de cada 4 desapariciones en México ocurre en el estado gobernado por Javier Duarte.
Tamaulipas
y Coahuila, que también forman parte del grupo 1, concentran el 18 y
16% de los casos bajo investigación respectivamente.
El Grupo 2 definido por la Unidad Especializada lo conforman los estados de Michoacán, Jalisco, Estado de México y el Distrito Federal con una incidencia de 20% del total de las desapariciones en el país, o lo que es lo mismo una quinta parte del total de las averiguaciones.
El Grupo 3 concentra un porcentaje más bajo, con 12% de casos, ocurridos en Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Morelos y Durango.
Finalmente
el Grupo 4 tiene una incidencia más elevada con 22 por ciento de las
averiguaciones abiertas pero aquí se contemplan quince entidades federativas en total además de Honduras, Guatemala y Estados Unidos.
La
PGR destacó que a través de esta organización se han conformado equipos
de trabajo especializados lo que ha permitido obtener mejores
resultados. Destacó que en el último año se consiguió la localización de
48 personas, 36 con vida y 12 sin vida. Las personas fueron ubicadas
principalmente en el estado de México, Distrito Federal, Guerrero y
Veracruz.
Por otra parte la Unidad Especializada de la PGR reportó que en los últimos doce meses se tiene registro de la desaparición de 39 personas de nacionalidad extranjera, principalmente franceses, ecuatorianos, peruanos y argentinos.
Federales lideran desaparición forzada
La Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR también reveló que en sus dos años de existencia inició 17 averiguaciones previas por caso específicos de presunta desaparición forzada, es decir, desapariciones en donde presuntamente estuvieron involucradas autoridades facultadas para realizar detenciones.
La
mayoría de los expedientes corresponden a casos ocurridos entre los
años 2013 y 2014, con un total de doce. No obstante, hay dos
averiguaciones relacionadas con desaparición forzada que habrían
acontecido en 2012 y tres más por hechos de 1994, es decir, hace más de
veinte años.
El reporte de la PGR reveló que no son las
autoridades locales sino las federales las que encabezan las denuncias
por desaparición forzada que están bajo investigación. Acumulan 76% de los casos.
La
Policía Federal es la institución involucrada en el mayor número de
casos con siete denuncias seguida del Ejército Mexicano con seis. En cambio, apenas tres casos corresponden a la Policía Municipal y uno a la Policía Estatal.
“Las
entidades federativas donde se denuncia un mayor número de personas
desaparecidas con presunta responsabilidad de autoridades federales o
locales son Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz” señala el informe
entregado al congreso.
La Unidad Especializada no detalló los
casos que se encuentran bajo investigación con excepción del de la joven
Nitza Paola Alvarado, la cual presuntamente fue detenida ilegalmente por elementos del Ejército mexicano en diciembre del 2009 en Chihuahua, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
En este caso la PGR subrayó que existe “un plan de búsqueda” de esta joven
al que ya se comprometió el estado mexicano con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, y subrayó que se trata de una
averiguación previa que sigue en integración.
Otro caso de
desaparición forzada que será asumido en breve por la Unidad
Especializada ya como Fiscalía es el de los 43 normalistas de
Ayotzinapa. Siguiendo la recomendación de organizaciones civiles y de
expertos independientes la SEIDO declinó su competencia en el asunto
para ser remitido a la Subprocuraduría de Derechos Humanos donde está
radicada la Fiscalía especializada.
Cabe señalar que en poco más de un año, y aunque la investigación oficial apunta a que policías municipales intervinieron en la detención ilegal de los normalistas, la SEIDO no pudo reunir los elementos suficientes para realizar las consignaciones por el delito de desaparición forzada.
Solo cinco estados con bases homologadas
El pasado 26 de octubre la PGR anunció la puesta en marcha
de un nuevo protocolo denominado AM/PM (Ante Mortem – Post Mortem)
diseñado por la Cruz Roja Internacional, con el objetivo de acelerar la
búsqueda de personas desaparecidas.
Fundamentalmente, explicó la
PGR, se trata de un software alimentado por dos bases de datos, que
cruza información genética de personas muertas sin identificar con datos
de familiares de desaparecidos.
“La PGR trabaja en la
capacitación del personal encargado de operar la base de datos AM/PM y
se realizan las actualizaciones necesarias para atender los
requerimientos técnicos de la plataforma digital para que el software
opere en todas las Delegaciones de la PGR de las entidades federativas”
dijo la dependencia.
La Procuraduría no especificó en su
comunicado cuantos y cuales estados ya estaría funcionando este nuevo
sistema pero el informe presentado al Congreso revela que son apenas
cinco entidades, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, el estado de México y el
Distrito Federal, los que ya estandarizaron sus bases de datos.
En
abril de 2015, agrega el reporte se recibió un versión mejorada del
software AM/PM por parte de la Cruz Roja, pero aún no se completa al
cien por ciento su implementación pues continúan las capacitaciones y
adecuaciones técnicas.
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