Exigen familias de personas desaparecidas y activistas
Activistas
y familiares de personas migrantes desaparecidas en México llamaron al
gobierno mexicano a garantizar que el recién creado Mecanismo
Transnacional de Justicia y la Unidad de Investigación de Delitos para
Personas Migrantes cuenten con recursos suficientes para su
implementación y que estén dirigidos por personas con un perfil
especializado y sensible.
El pasado 18 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo A/117/15 de creación del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, ambos a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, tras la publicación de este acuerdo firmado por la procuradora Arely Gómez González, más de 10 organizaciones civiles y colectivos de familias de personas migrantes víctimas de desaparición en México señalaron, a través de un pronunciamiento público, la necesidad de que se asignen recursos humanos y materiales suficiente tanto para el Mecanismo como para la Unidad.
Fueron enfáticas al decir que la PGR aún tiene los retos de designar a un o una titular con un perfil adecuado; definir sus lineamientos de manera conjunta con las víctimas y la sociedad civil; difundir ampliamente la existencia de ambas instancias; y desarrollar una coordinación inter-institucional de las autoridades mexicanas con las extranjeras.
Asimismo, exigieron que haya un diálogo internacional con los otros países, para que todas las autoridades responsables abonen al buen funcionamiento del acceso a la justicia, y establecer una metodología de trabajo.
Las y los activistas destacaron que si bien la creación de la Unidad especializada es un gran paso, fue una iniciativa que presentaron desde hace varios años las familias de las y los migrantes desaparecidos durante su tránsito por México, quienes tras largas reuniones con las autoridades mexicanas desarrollaron sus objetivos, alcances y diseño.
RECOMENDACIÓN
La creación del Mecanismo Transnacional derivó de una recomendación al Estado Mexicano, que hicieron el Relator sobre los Derechos de las Personas Migrantes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Comité contra la Desaparición Forzada; el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas.
El informe de la CIDH, “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, del cual se desprende esta recomendación, destaca que las niñas, adolescentes y mujeres migrantes en México son atacadas sexualmente durante su tránsito por el país, pero generalmente no reciben la atención que requieren porque deciden no denunciar los hechos, ya que esto implicaría que las deporten o que se queden más tiempo en albergues o estaciones migratorias, sin que eso garantice que reciban justicia.
AGREGADURÍAS EN LAS EMBAJADAS
Familiares y activistas celebraron que el Mecanismo Transnacional de Justicia y la Unidad especializada sea la vía por la que ahora podrán exigir la búsqueda y la justicia desde el país donde se encuentren, a través de las “agregadurías” de la PGR en el exterior.
Y aplaudieron que a partir de la entrada en vigor del Mecanismo Transnacional, toda víctima podrá presentar una denuncia penal –por desaparición, secuestro, homicidio o cualquier otro delito cometido contra una persona migrante en el tránsito por México- directamente ante el “agregado” de la PGR en las instalaciones de la embajada mexicana de su país.
En estas nuevas instancias, las familias y víctimas podrán solicitar acciones de búsqueda inmediata; aportar información relevante a la investigación; presentar y controvertir pruebas y testimonios; participar activamente en audiencias; tramitar quejas; impulsar los mecanismos de apoyo; asistencia, atención y reparación del daño; recibir notificación de los avances de investigación y contar con traducción en caso de que se requiera.
Por su parte, la Unidad concentrará los casos de delitos cometidos contra personas migrantes, con el fin de formar un cuerpo de profesionales y funcionarios que conozcan el contexto de la migración en México y estén suficientemente sensibilizados para enfrentar las circunstancias especiales las personas migrantes por tránsito por este país, dice el acuerdo de la PGR.
Las familias se dijeron satisfechas de que este acuerdo les permita, independientemente del país en el que se encuentren, pedir acciones de búsqueda en lugares específicos de la República Mexicana y que sean parte activa de ellas.
“Este acuerdo plantea un reto para que el Estado mexicano dé respuesta en términos de búsqueda y justicia a todas las familias con migrantes desaparecidos, que desde su país o desde su recorrido por las caravanas vienen solicitando que sus casos sean atendidos, que se busque a sus desaparecidos”, observaron las y los activistas.
Y llamaron a recordar y honrar a todas las personas migrantes que han sido ultimadas y desaparecidas en México en actos como “la masacre de las 72 personas migrantes en Tamaulipas en 2010”; el hallazgo de 47 fosas clandestinas con 193 restos en abril 2011 también en esa entidad; la masacre de Cadereyta, en Nuevo León, con 49 torsos humanos encontrados el 2012, y los cientos de migrantes que siguen desaparecidos hoy en día.
Recordaron también que el mes pasado, integrantes del refugio La 72, en Tenosique, Tabasco, denunciaron públicamente que las migrantes estaban siendo violadas sexualmente en un paraje cercano, y que si bien varias de ellas presentaron denuncias penales, éstas avanzan muy lento. También informaron que el personal del Ministerio Público no es sensible con su situación, ni les hacen las revisiones correspondientes.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-
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