Considerar “usuarios de servicios educativos” a los alumnos, reconocer los estudios parciales mediante “certificados de competencias técnicas” o “títulos de técnicos superiores” y promover la migración de los estudiantes más talentosos son algunas de las reformas en puerta en el Instituto Politécnico Nacional. “La gran columna vertebral de la modernización del trabajo educativo institucional”, como define Efrén Parada –secretario académico del Instituto– a dicho proyecto, representa para profesores y estudiantes el “desmantelamiento” del proyecto educativo mexicano más importante del siglo XX
Desmantelar al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para convertirlo en un centro privado de capacitación técnica al servicio de las trasnacionales es el verdadero objetivo del Proyecto de Reglamento General de Estudios (PRGE) impulsado, desde mayo pasado, por la actual administración politécnica a cargo de Yoloxóchitl Bustamante Díez, concluyen profesores y estudiantes de esta institución educativa.
La autoridad politécnica, en voz de Efrén Parada Arias, secretario académico del IPN, no está de acuerdo. Para el funcionario, se trata de “confusiones interesadas” de “algunos grupos”. Asegura, en cambio, que “el Politécnico seguirá siendo una institución revolucionaria –por su origen y por su base filosófica– y que estará dirigida a trabajar, como desde el principio, con los sectores más desprotegidos de la población”.
Parada Arias señala que se trata, simplemente, de modificar los “aspectos operativos” de ingreso, trayectoria, permanencia y egreso de los estudiantes de esta casa de estudios. Las reformas, a decir del doctor en tecnología de alimentos, responderían a necesidades normativas en materia de movilidad, cooperación e internacionalización y a las nuevas exigencias sociales y laborales.
“Mercantilizar” la educación
El proyecto, elaborado por la Secretaría Académica y que actualmente se encuentra en fase de “consulta”, incorpora términos que han generado polémica entre la comunidad politécnica. En el artículo 3 del proyecto se integra el término “servicios educativos”, con lo que transforma a los alumnos en “usuarios de servicios educativos”.
“En nuestro país existe una tendencia general de trastocar el sistema de derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, culturales y sociales, entre éstos el de la educación, para suscribirlos como mercancías”, asegura Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quien imparte el taller El Derecho a la Educación.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México, Estados Unidos y Canadá en la última década del siglo pasado, sería el origen de la “mercantilización”, a decir del doctor en educación por la Universidad de Harvard, Hugo Aboites.
“En la legislación mexicana ya se utilizaba la palabra servicio, pero con otro sentido: como servicio a la comunidad o servicio social. Sin embargo, el TLCAN no sólo le quita a la educación el carácter de derecho, sino que la vuelve una mercancía, lo que tiene implicaciones muy fuertes”, agrega el investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco.
Reglamentar cobros
Aunque los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional garantizan la gratuidad de la educación, los “donativos” impuestos a los estudiantes son, en realidad, pagos obligatorios. Así, por este concepto ingresan alrededor de 1 mil 700 millones de pesos –el 10 por ciento de su presupuesto total–, asegura Luis Niño de Rivera, profesor con 40 años de antigüedad en el Instituto. La legislación universitaria, expedida por el Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1981, señala en su artículo quinto: “La educación que imparta el Instituto Politécnico Nacional será gratuita”.
Sin embargo, inscribirse en un programa académico, aprender un idioma, recibir atención médica, presentar un examen, practicar un deporte, todo implica pagar cuotas obligatorias, documentan alumnos del IPN. Su preocupación es que, de aprobarse el PRGE, estas prácticas se “reglamenten”.
La autoridad politécnica, en voz del secretario académico, niega que el PRGE atente contra la educación pública. Efrén Parada dice que, en el IPN, no existe ninguna asignación de cuotas por contraprestación de servicios, pero reconoce que la Secretaría de Hacienda les exige, al igual que a otras instituciones federales, ciertas “aportaciones”.
“Hay un catálogo de servicios en donde la propia Secretaría establece tarifas. Eso está mucho más allá de lo que quisiéramos hacer en esta materia porque forma parte de la estructura hacendaria.”
¿Usuarios o alumnos?
Efrén Parada señala que alumnos son las personas inscritas en algún programa académico. Y dice que usuarios, de acuerdo con el PRGE, serían quienes “atienden a una oferta específica”, como los servicios educativos complementarios: lenguas extranjeras, cursos, educación continua.
Sin embargo, en la última versión del PRGE se define como “servicios educativos” a todo lo que ofrece el Instituto, incluidos los programas académicos. Es decir, un alumno es también un usuario. Parada confirma lo anterior: “Un servicio educativo puede ser parte de lo que nosotros tenemos en la estructura académica regular; no necesariamente tiene que ser un diseño aparte”.
Las “salidas laterales”
El secretario académico del IPN acepta que el término “salida lateral” –incluido en la primera versión del PRGE– resulta polémico.
Se trata de la propuesta para que el IPN reconozca los estudios parciales de nivel medio superior o superior mediante un “certificado de competencias técnicas y/o laborales o un título de profesional asociado”.
Efrén Parada explica que no obstante haberse suprimido de la versión más reciente del PRGE, en la práctica las “salidas laterales” se mantienen. Incluso se encuentran vigentes las “carreras” de profesional asociado en telemática; profesional asociado en automatización; profesional asociado en manufactura, y profesional asociado en biónica. Se imparten en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas.
Cuestionado al respecto, Parada considera que las “salidas laterales” no rebajan la calidad de la educación. Antes bien, obedecen a la necesidad de brindar una oportunidad a los jóvenes que no logran terminar sus carreras: obtener un título intermedio que los ampare para ejercer profesionalmente.
“Que no quede en el reglamento significa que queda al interés del joven aceptarlo o no. No es una cosa que se imponga por norma, pero no podemos dejar a los jóvenes sin la oportunidad, simplemente porque hay una crítica sobre la propuesta.”
Los profesores politécnicos agrupados en la Unión Sindical Democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (USD-SNTE) consideran que las “salidas laterales”, además de desvalorizar la educación superior y depreciar la fuerza de trabajo profesional, representan la renuncia, por parte de la institución y del Estado mexicano, de asegurar la calidad de los egresados y de resolver el problema de la deserción escolar.
Víctor Moreno, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dice que mientras la legislación vigente ofrece a los alumnos “mecanismos y alternativas que garantizan la culminación de su formación académica”, el PRGE reduce las opciones de aprobación de los estudiantes, y los orilla a optar por las “salidas laterales”, a las que califica de “falsas salidas”.
Por ejemplo, el artículo 34 de la segunda versión del PRGE refiere que “cuando se modifiquen los planes de estudio de los niveles medio superior o superior, no podrá afectarse retroactivamente a los alumnos”. Sin embargo, más adelante, el mismo artículo limita este beneficio a dos ciclos escolares, incluso condiciona la inscripción al nuevo plan al cupo disponible.
Este modelo va a tecnificar más la educación que imparte el IPN, previene Hugo Aboites. “De por sí el bachillerato tecnológico bivalente del Politécnico tiene una inclinación muy fuerte a la cuestión técnica; con esto se fortalece todavía más esa idea”.
Los estudiantes agrupados en el Colectivo 23 de Septiembre consideran que el objetivo de este proyecto es hacer del Politécnico un centro de capacitación técnica al servicio de las trasnacionales, en contraste con lo que mandata su Ley Orgánica: “El IPN es la institución educativa del Estado creada para consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la Nación (…)”.
“¿Cómo van a explicar esto a los jóvenes originarios de otros estados de la república que, ante la imposibilidad de obtener títulos de licenciados o ingenieros en provincia, hacen un gran esfuerzo por venir a estudiar al Politécnico?”, se pregunta Gabriel, estudiante de ingeniería en comunicación electrónica en la ESIME-IPN, plantel Culhuacán.
Deterioro del nivel académico
Académicos señalan que la aplicación del Nuevo Modelo Educativo –que ahora con el PRGE se pretende reglamentar– ha deteriorado la calidad de la educación que imparte el Politécnico.
“Si yo comparo el nivel de mis estudiantes que actualmente llegan a posgrado y que son buenos estudiantes –tienen promedio de 8 y están becados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología– con los estudiantes que tenía hace 10 años, la diferencia es notable”, confiesa Luis Niño de Ribera, profesor en la maestría de microelectrónica y en el doctorado en comunicación electrónica en la ESIME Culhuacán.
Golpear las matemáticas, “el lenguaje fundamental para poder hablar y entender la ingeniería”, es para el catedrático el motivo principal de que el nivel de los cursos que ahora imparte en el posgrado sea el que impartía en licenciatura.
“Esto no se puede entender más que como un acto deliberado para golpear la formación de los jóvenes en aspectos fundamentales de las matemáticas, para que en México no se desarrolle tecnología y ciencia.”
Durante las últimas dos décadas, Niño de Ribera ha sido testigo de las medidas emprendidas por las autoridades politécnicas en este sentido: reducir el número de horas de matemáticas en la enseñanza de las ingenierías, no invertir en el nivel vocacional (“donde se cultiva la semilla de las matemáticas fundamentales”) y permitir que ingresen al nivel superior del Politécnico estudiantes de otras escuelas que no tienen el mismo nivel de matemáticas.
A decir de Víctor Moreno, profesor politécnico con 15 años de docencia en la institución, el criterio ha sido modificar los planes de estudio con el propósito de eliminar ciertos contenidos, los “impertinentes”, para sustituirlos por los “pertinentes”, en función de los intereses de las trasnacionales.
Niño de Ribera, quien de 2008 a 2009 fue miembro del Consejo General Consultivo –máximo órgano colegiado de consulta del IPN–, recuerda la contestación de José Enrique Villa Rivera cuando, en una de las sesiones de este Consejo, se le increpó sobre el evidente deterioro en la formación de ingenieros calificados: “Lo que nos está pidiendo Man Power y las empresas de contratación es otra cosa”, fue la respuesta del entonces director.
Movilidad, fuga de cerebros
La movilidad académica que, de acuerdo con el PRGE, consiste en el intercambio de estudiantes entre las unidades académicas del IPN y de éste con otras instituciones –del mismo país o del extranjero– contribuye también al desmantelamiento del IPN, asegura el profesor Víctor Moreno. Se trata, en realidad, de un mecanismo para institucionalizar la fuga de cerebros, pues sólo los estudiantes regulares (los que no adeudan materias) pueden participar en estos intercambios.
Pensar que en el Politécnico se genera todo el conocimiento mundial y, por tanto, cerrarse ante experiencias como ésta “sería fatal para la institución”, asegura Efrén Parada, quien define “movilidad” en términos de mejorar la formación de los estudiantes y la calidad del servicio educativo.
La movilidad significa, en el fondo, reforzar el mercado de estudiantes, asevera Hugo Aboites, estudioso del campo de la educación por más de tres décadas.
Educación a distancia
Además, el PRGE incorpora por primera vez la educación a distancia en el IPN. La define como la que “utiliza diversos medios de comunicación y sus combinaciones, proporcionando distintas posibilidades para el estudio, aun cuando alumnos y profesores se encuentren distantes”. Sin embargo, se preguntan los académicos cómo se enseñarán las disciplinas politécnicas cuando para éstas son necesarias las prácticas en los laboratorios.
Uno de los problemas históricos de la educación a distancia –desde los cursos por correspondencia en la década de 1950– ha sido que “mucha gente se inscribe y muy pocos continúan”, pues se requiere de un contexto social favorable o, en su caso, de una “disciplina de monje”, asegura Hugo Aboites.
Si bien, la educación a distancia no se sostiene por sí misma, puede resultar útil como complementaria al proceso presencial, se pronuncia el investigador.
Del modelo de educación a distancia planteado en el PRGE se desprende la figura del “profesor asesor”, que caracteriza al docente como un “facilitador”, lo que implica un cambio sustancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se trata, a decir de Víctor Moreno, de la fórmula constructivista “aprender a aprender”, que concentra la carga del proceso educativo en el aprendizaje, no en la enseñanza. “El problema es que pretenden quitarle toda la obligación a la institución y a los profesores para dejársela a los estudiantes”.
Efrén Parada sonríe espontáneamente al conocer el argumento anterior; lo rebate. Mejorar la actuación del profesor frente a la formación de los jóvenes, pero sobre todo, dotar a los estudiantes de las herramientas que les permitan mantenerse actualizados por sí mismos, es el objetivo de recurrir a la técnica moderna del autoaprendizaje, expone el funcionario.
Figuras académicas como la de “profesor asesor” o “profesor tutor” –contempladas en el PRGE, no así en el Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico del IPN vigente– pueden resultar en “algo bueno” o, en su defecto, en una absoluta irresponsabilidad institucional, considera Hugo Aboites.
Un sistema bien estructurado de apoyos y de tutorías sería excelente, manifiesta el también profesor universitario. No obstante, en éste y otros puntos, el PRGE es muy ambiguo. Además, al tratarse de un proyecto que no parte de los profesores, sino de la autoridad, las figuras de “profesor asesor” y “profesor tutor” quedarán en el nivel de iniciativas, pues, aunque se aprueben, para el sector académico no tendrán sentido.
Formación de emprendedores
La existencia de dos centros de apoyo al fomento y desarrollo empresarial –la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial y el Centro Incubador de Empresas de Base Tecnológica–, así como del Programa Institucional de Formación de Emprendedores y Promoción de Empresas Innovadoras, prueba que los planteamientos del PRGE, en este caso, el de formación de emprendedores, no son nuevos en el IPN.
Se trata de llevar a las aulas la visión neoliberal de la economía, cuyo objetivo es que los estudiantes sientan que deben ser empresarios, expone Víctor Moreno. “Es por eso que introducen una serie de materias chatarra, que en realidad son contenidos ideológicos neoliberales. Por ejemplo, en este momento, en la Escom (Escuela Superior de Cómputo) hay un curso de liderazgo”.
El Proyecto, en marcha
En los hechos, aun sin fundamento legal aprobado, “las cosas están echadas a andar”, denuncia Rosario Trejo, secretaria General del Sindicato Docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del IPN. Otros sectores de la comunidad la secundan: la autoridad del Instituto ha venido aplicando diversas medidas que atentan no sólo contra la Constitución Política del país, sino también contra una legislación de carácter federal, expedida por el Congreso de la Unión, como lo es la Ley Orgánica del Politécnico.
Efrén Parada rechaza que el PRGE sea ilegal, pero reconoce que, efectivamente, pretende legalizar una serie de prácticas derivadas del Nuevo Modelo Educativo –rebautizado en el IPN como Modelo Educativo Institucional– que, desde hace más de una década, se aplican en el Instituto. Así, de aprobarse dicho proyecto, tendrán que modificarse también normatividades secundarias vigentes, aunque, por ahora, no se ha hablado de cambiar la Ley Orgánica ni el Reglamento Interno, refiere el funcionario.
Consulta simulada
A pesar de que la autoridad politécnica asegura que el PRGE es fruto de un proceso democrático y, por tanto, responde a los intereses del conjunto de los politécnicos, estudiantes y docentes, entre éstos los que integran la Fraternidad de Catedráticos de la Unidad Profesional Santo Tomás –asociación civil que agrupa a los 70 profesores del IPN con experiencia mínima de 25 años–, manifiestan que no fueron tomados en cuenta.
Rubén del Cano –exsubdirector académico de la Escuela Superior de Comercio y Administración y presidente de la Fraternidad de Catedráticos– denuncia que la denominada Consulta del PRGE, impulsada por la autoridad politécnica desde el 27 de mayo, es una mera simulación, pues, en realidad, “nos han hecho a un lado”.
La consulta se dio poco antes de finalizar el semestre, cuando profesores y estudiantes tienen mayor carga de trabajo y los estudiantes tenían escasos 30 minutos para leer y comentar una centena de artículos. Profesores y alumnos señalan que los académicos afines a la autoridad dictaban a sus alumnos lo que debían opinar, y algunos jefes de carrera obligaban a los estudiantes a firmar un documento en el que manifestaban su conformidad con el PRGE. Agregan que la consulta no cuenta con un marco metodológico transparente.
Efrén Parada no se inmuta al escuchar las críticas. Precisamente por esas “observaciones” y por esos “errores”, provocados por alguna “mala interpretación de operar las cosas”, se decidió ampliar el plazo de la consulta (que hasta el 9 de agosto habría logrado recabar entre 50 y 60 mil opiniones); además, para que los estudiantes de nuevo ingreso tengan la oportunidad de participar en ésta, manifiesta el funcionario.
Asimismo, en un oficio dirigido a Juan Manuel Cantú, secretario General del IPN, estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que el pasado 20 de mayo pretendían realizar una feria politécnica en las instalaciones de esta escuela, denunciaron que Rosalía Torres, su directora General, intentó condicionar la realización de este evento sociocultural a garantizar, por escrito, que “no se hablaría del nuevo reglamento de estudios”.
Efrén Parada se niega a emitir cometarios al respecto; se trata de asuntos que competen a la Secretaría General del Instituto, arguye. Explica, en cambio, que el proceso de aprobación de este proyecto es aún largo: una vez concluida y sistematizada la información de la segunda etapa de consulta, se integrará una tercera versión del PRGE que llegará a la Comisión Revisora de Proyectos Legislativos para, finalmente, ser sometida al pleno del Consejo General Consultivo.
Efrén Parada se muestra orgulloso del proyecto. Al fin, fue diseñado por la Secretaría que encabeza, apoyada “por grupos técnicos que existen en cada una de las áreas de la gestión institucional, particularmente las que tienen que ver con los asuntos de escolaridad, académicos y con la parte de la gestión administrativa. Es un grupo grande de unos 50 compañeros”.
“Salidas laterales”
Empleadores rechazan “técnicos” y el Instituto Politécnico Nacional es lo que pretende formar con las “salidas laterales”: otorgar certificados de competencias técnicas o títulos de profesional asociado a quienes no concluyen sus estudios.
La medida podría parecer progresista, pero la realidad desenmascara el discurso, explica Hugo Aboites.
El sistema de universidades tecnológicas –establecido en México en 1992–, que ofrecía títulos de técnico superior universitario, luego de cursar carreras de dos años, fracasó. Quince años después de su fundación, la matrícula de las 65 universidades tecnológicas creadas no había alcanzado, siquiera, los 60 mil estudiantes, refiere el investigador.
Asimismo, los resultados del estudio Escolaridad y oferta de trabajo en una megaurbe moderna en la era de la globalización muestran que los empleadores de la zona metropolitana de la ciudad de México solicitan personal con nivel de licenciatura y, mucho menos, de nivel técnico.
Datos del estudio, correspondientes a 2002, señalan que 243 empleadores buscan personas con nivel de secundaria; 648, técnicos; 159, comerciales; 63, egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; 820, de bachillerato; 2 mil 221, de licenciatura, y 68, técnicos superiores universitarios.
Educación privada, el punto de referencia
El vocabulario de los reglamentos del Tecnológico de Monterrey tiene una gran similitud con los que se busca que adopte el Instituto Politécnico Nacional (IPN), incluido el Proyecto de Reglamento General de Estudios, observa Hugo Aboites.
Esto se debe, explica el doctor en educación, a que las políticas educativas en México (basadas en el modelo académico que en 1999 se gestó en la Unión Europea) apuntan a “uniformizar” u “homologar” la educación que se imparte en el país. Se trata, señala, de establecer un modelo de competencias comunes: habilidades, conocimientos y valores, cuyo punto de referencia es la educación privada.
“Lo peor”, asegura Aboites, ha sido la “patética” reacción de la educación pública que, en su afán de competir, ha optado por parecerse a la educación privada, sacrificando su identidad y su misión social. Esto es parte del desmantelamiento del Politécnico, apunta el profesor Víctor Moreno; al despojarlo de su esencia, el IPN “sería indistinguible de cualquier escuela particular”.
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