Desprestigia mucho a la izquierda ser “socialistas” en los dichos pero ser burgueses en los hechos

Pedro Echeverría V.

1. Defiendo a la izquierda luchadora, la que está en las calles poniendo en riesgo su trabajo, su libertad, su vida; no a los que “se dicen de izquierda y cobran con la derecha”, como me han escrito los muchos críticos que me han enviado cartas a raíz de mis artículos sobre guerrilleros y Guatemala. Aunque reconozco la gran valía de los Tupamaros, de la brasileña Dilma, de los Sandinistas, de las FARC, EZLN, EPR, de los exguerrilleros latinoamericanos, incluso de la lucha independista del ETA, cuyos gritos ha sido y son anticapitalistas y antiimperialistas; no puedo deducir que todos sean socialistas y que nadie cometa errores, pero no son éstos los que definen. Hay “errores” que se convierten en sistema, en engaño, en cinismo, que no pueden permitirse, pero no se puede decir que la izquierda es igual que la derecha. He escrito mil veces que no es lo mismo estar en las barricadas y en la oposición que estar en el gobierno y el poder.

2. Asumir el gobierno dentro del sistema capitalista, para un izquierdista es casi imposible por las concesiones y los cambios ideológicos que debe hacer que siempre terminan convirtiéndolo en más de lo mismo, en una pieza más del engranaje. El sistema capitalista es toda una estructura de gobierno, empresarial, de valores –también el sistema socialista, que nunca ha existido, es una estructura- y no se puede gobernar en beneficio de la población si no se cambian en serio las instituciones y la ideología. Desde que a mediados de los sesenta me alejé de la “propaganda socialista” y comprendí las revoluciones (francesa, rusa, china y cubana) nunca más hablé de “países socialistas” porque las relaciones de producción predominantes en ellos nunca dejaron de ser capitalistas. Si no se cuenta con las fuerzas de masas de los trabajadores, el sistema económico y de valores capitalistas terminan tragándose a cualquiera.

3. Dicen por aquí que “para que la cuña apriete debe ser del mismo palo” y parece una verdad en todos los campos políticos: Quien más mal hace al socialismo son los que se dicen así mismos “socialistas” y actúan y viven como capitalistas. No se trata que los políticos socialistas deban disfrazarse y vivir como pobretones si no lo son, pero tampoco dilapidar riquezas sociales que controlan de alguna manera. Mientras los malditos propietarios privados, llenos de dinero, creen que lo que atesoran es suyo porque se lo “ganaron” explotando, engañando y haciendo negocios, lo gobernantes creen que por ocupar un cargo pueden disponer a su antojo sobre dineros públicos, en salarios, compensaciones y viáticos. Con ese comportamiento no puede haber diferencia entre un político capitalista de derecha y uno socialista y de izquierda. Respondo a los reclamos que he recibido por ser “acritico” o “festinar” a las izquierdas en el gobierno.

4. Los políticos y gobernantes de derecha y de centro por propia formación e ideología, han sido siempre los modelos de corrupción, autoritarismo, represión, despilfarro y engaño. Pero hemos creído que todos los izquierdistas –por formación propia que combate la acumulación de riquezas y la corrupción- no se les ocurriría nunca hacer lo mismo que la burguesía; pero luego nos encontramos –como si los seres humanos no tuviéramos remedio- que muchos de izquierda son aplicados alumnos de los derechistas. Marcusse, el filósofo, escribió: Si el trabajador y su jefe se divierten con el mismo programa de TV y visitan los mismos hoteles de veraneo; si la taquígrafa viste tan elegante como la hija de su jefe; si el negro tiene un Cadillac; si todos leen el mismo periódico, entonces esta asimilación indica no la desaparición de las clases sino la medida en que las necesidades y satisfacciones sirven para preservar el establecimiento.

5. A principios de los años sesenta recuerdo que Jruschov, el gobernante de la URSS, peleaba con Kennedy, el presidente de EEUU, en una coexistencia pacífica y una competencia económica y cifraba su batalla en demostrar al mundo que pueblo tenía más riquezas; algo así como quién tenía más aviones, más refrigeradores, más comodidades. Luego los “comunistas” Carlos Rafael Rodriguez y creo que Blas Roca discutían en Cuba con el Che Guevara sobre los estímulos materiales (bicicletas, refrigeradores) o estímulos morales (reconocimientos sociales) a los trabajadores que produzcan más, según Che. La realidad es que nunca se comprendió suficientemente que el socialismo no es una sociedad capitalista con aires acondicionados, automóviles, elegantes mansiones y dinero para todos; sino una sociedad libre igualitaria, con valores y necesidades que nada tienen que ver con el capitalismo y los privilegios.

6. A mi me parece muy difícil, por no decir imposible, que gobiernos como los de Brasil, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Bolivia, Ecuador, incluso Cuba, que de alguna manera han planteado querer construir el socialismo en su país, lo puedan hacer mientras grandes países capitalistas poderosos, como los del G Siete, que controlan la economía y política mundial. Puede haber una enorme voluntad, pueden aliarse –como sucedió de los años cincuenta hasta los ochenta con el llamado “bloque oriental”- pero no representan ni un diez por ciento de la fuerza necesaria frente al poder de G Siete. Mientras tanto lo único que podrán hacer son pequeñas reformas sin trascendencia dentro del mismo campo capitalista. Con el gran apoyo de masas se pueden hacer reformas profundas en algunos países, pero para acabar con el capitalismo se requieren gigantescos cambios internacionales hacia ese rumbo.

7. Ni las grandes luchas electorales, ni las grandes batallas guerrilleras han llevado nunca al socialismo o a la sociedad igualitaria. Se pueden hacer reformas agrarias, instituciones públicas de servicios de salud y educativos, así como construir miles de viviendas baratas y lograr más gasto social. Se podrá reducir el desempleo y elevar los salarios, así como ofrecer tiempos de ocio y diversión; todo será mejor que no hacerlas, pero eso no es socialismo ni necesariamente nos encaminará hacia esa meta. El socialismo tiene que ver con que todos los seres humanos sean realmente libres, que tengan derechos iguales, que todos trabajen sin disgusto y gocen de la alimentación necesaria. Quizá por ese rumbo hay que caminar, pero en las condiciones actuales lo único que se hace por los progresistas que están en el gobierno es cuidarse de las agresiones de los capitalistas e imperialistas mientras realizan algunas reformas.

http://pedroecheverriav.wordpress.com

Las limosnas de Washington

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

Tardíamente, el titular del Ejecutivo federal fue directo y claridoso sobre la naturaleza del combate al narcotráfico y al crimen organizado. A saber: “No les estamos pidiendo limosnas a los americanos –sic que solicita que alguien le informe que el gentilicio corresponde a todos los nativos de América--, estamos exigiendo que cumplan con la parte de responsabilidad que les corresponde en un tema que no es nacional, es multinacional y particularmente que tiene su origen entre otras cosas en el fuerte consumo en Estados Unidos y en el suministro de armas a todo el mundo y particularmente a los criminales que operan en México”.

Felipe Calderón consideró que los estadunidenses “tienen que poner su parte y el presidente (Barack) Obama ha tenido una preocupación seria sobre este tema, nos han ayudado en buena medida sobre todo en capacitación e intercambio de información de inteligencia”.

El más que justificado reclamo tiene que ver con la conducta miserable del gobierno y el Congreso estadunidenses de regatear los recursos comprometidos para una guerra que impusieron al gobierno mexicano, para que el Ejército y la Armada actúen como cuerpos policiacos frente a las bandas delincuenciales, en tanto que los gobernadores de los estados de la Unión Americana no se atreven a afrontarlos siquiera con la Guardia Nacional. Y mientras la demanda y el consumo más vigoroso de la aldea, el de EUA, no tiene freno significativo, entre otras cosas porque los gigantescos intereses monetarios que están en juego son intocables. Amén de que la estadunidense es una sociedad más gobernable con ciudadanos alienados y dependientes de los narcóticos.

Recientemente, Calderón Hinojosa ilustró al Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla --integrado por México, Centroamérica y Colombia--, que en la Iniciativa Mérida “todavía, desgraciadamente, vamos muy retrasados. (...) Están por darnos un par de helicópteros”. En tanto que su gobierno gasta 10 mil millones de dólares al año, Estados Unidos no ha entregado siquiera la mitad de los mil 400 millones de dólares prometidos por el Congreso.

El aumento de los decibeles en el discurso presidencial está a tono con la nueva y atinada conducta demandante de los gobiernos de la región, sobre todo los más aliados y hasta subordinados a Washington. En el plano local, se explica el plausible discurso por la creciente presión de los corporativos criminales, como lo ejemplifica el violentísimo viernes 5 que padecieron aterrorizados los habitantes de Morelia, Michoacán, y de Matamoros, Tamaulipas; el tan persistente como miserable regateo de Estados Unidos para cumplir los compromisos suscritos, mientras el poderoso complejo militar-industrial hace su agosto con la venta de armas a los poderosos cárteles aztecas.

Influye también en la pertinente beligerancia discursiva de Los Pinos la falta de resultados tangibles en cuanto a menor inseguridad pública con la guerra próxima a cumplir cuatro años, más allá de la captura, abatimiento y hasta asesinato de varios capos. Y qué decir de los decomisos de drogas que enseguida de trascender que iban a la baja con respecto a los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox --en base a documentación del IV Informe de Gobierno--, se realizó el decomiso de mariguana más grande en la historia del país.

Además está la terca percepción ciudadana que no ve los resultados que divulga a diestra y siniestra Alejandro Poiré. Percepción que se refrenda con el no involucramiento ciudadano en esta aventura presidencial que no rebasará el 30 de noviembre de 2012, por más Diálogos por la Seguridad que se organicen para lucimiento personal de Calderón en las televisoras del duopolio y las radiodifusoras del oligopolio, y para embaucar párvulos.

Acuse de recibo

Organismos civiles de defensa y promoción de los derechos humanos condenaron el asesinato del reportero Carlos Alberto Guajardo Romero, la mañana del día 5 en Matamoros, Tamaulipas, durante el enfrentamiento que sostuvieron elementos de la Armada y sicarios de Ezequiel Cárdenas Guillen, capo del cártel del Golfo quien perdió la vida tras ocho horas de tiroteos… Con Guajardo Romero suman cuatro los colegas asesinados en una década y Matamoros ocupa el primer lugar en Tamaulipas… La Asociación Mundial de Radios Comunitarias comunicó que Héctor Camero fue “sentenciado a dos años de prisión y multa de más de 15 mil pesos por ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión”, en la radio comunitaria Tierra y Libertad, en la colonia obrera del mismo nombre, en Monterrey, Nuevo León. Para Amarc, capítulo México, “Con esta decisión el Poder Judicial incumple con las obligaciones en materia de libertad de expresión y derechos humanos signadas por el Estado Mexicano”… Falleció la señora María Luisa Aguilar Montero, madre de la reportera Gloria Analco... Agradecible observación del doctor Octavio Rodríguez Araujo a EUA: Rechazo al statu quo (5-XI-10): “Estimado Eduardo: ¿votantes jóvenes y de color? ¿De qué color? ¿Hay incoloros? Saludos”.

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La confianza

Samuel Schmidt
schmidt@mexico.com

Escuchamos con frecuencia que la sociedad debe tenerle confianza al gobierno, porque supuestamente los políticos tienen un conocimiento y entendimiento de la realidad que les permiten tomar decisiones correctas, pero encontramos de manera cotidiana que sucede exactamente lo contrario.

Los políticos toman decisiones erróneas, no miden el efecto de las mismas porque se basan en elementos caducos para entender la realidad, carecen de buenos conocimientos tecnológicos para intervenir en la modificación social y porque sus acciones están motivadas por el egoísmo, o sea que actúan motivados por su beneficio personal el que anteponen al de la nación.

Llega al extremo la trivialización de la tecnología que Felipe Calderón piensa que llega a la sofisticación porque usa twitter para mandar mensajes. Mientras que su gobierno demuestra carecer de instrumentos para entender la complejidad social y económica lo que les dificulta percibir las transformaciones que se han dado y prevenir las que se darán.

Por supuesto que los gobernantes carecen de capacidad autocrítica, están convencidos que todo lo que hacen está bien hecho y no pueden aceptar que sus errores tienen consecuencias negativas; por eso mismo, fallan al no considerar escenarios negativos o catastróficos. ¿Habrá sido esta una de las causas que no consideró Obama y que redundó en una derrota brutal para su partido político y potencialmente catastrófica para Estados Unidos y el mundo, esto último debido al peso desmedido de Estados Unidos sobre el mundo.

Un factor extremo es el distanciamiento que tienen los políticos respecto a la realidad. Al gobernar con egoísmo consideran a la sociedad en términos abstractos como votantes y nada más, por eso, la relación con el votante existe solamente en función de las elecciones y no la conducción del país.

Obama decidió que lo importante para sus decisiones era que debían contar con consensos amplios y decidió sacrificar tiempos y procesos pensando más en las elecciones y menos en el impacto social. Tomemos por ejemplo la reforma de salud que fue aprobada reducida para no forzar a los republicanos que defendían los intereses específicos de las aseguradoras. Ahora que perdió la elección se enfrentará al riesgo de que la reforma conseguida con tanto esfuerza sea echada atrás.

El mismo caso es el de sus programas de recuperación económica. No solamente le falló indicar que el pozo en el que se encuentra la economía estadounidense y su impacto en el mundo se debe a la falta de regulación propiciada por los republicanos, así como a pelear en guerras que han sido funestas para la economía y graves derrotas simbólicas porque no han logrado sus objetivos.

Para ser justos hay que mencionar la política migratoria. No solamente los hispanos fueron clave para su victoria presidencial, sino que como se vio ahora fueron clave para lograr triunfos sustanciales como la elección en California. Sin embargo, no solamente no ha presentado una iniciativa seria de reforma migratoria, sino que ha reforzado la capacidad militar en la frontera, y su gobierno ha deportado más mexicanos de lo que hizo su antecesor. El freno de las deportaciones es una decisión ejecutiva, a la que se ha negado, como si las acciones de la migra fueran autónomas del gobierno.

Los gobiernos le han perdido la confianza a la sociedad, piensan que el individuo de a pie es incapaz de entender las complejidades de las grandes decisiones, luego entonces les parece que lo mejor es ignorarlos, mientras toman decisiones que se revelan funestas.

En el libro que esta por aparecer, George Bush dice haberse sentido mal al descubrir que no había armas de destrucción masiva en Iraq, luego entonces, sería interesante si se disculpara ante los estadounidenses y el mundo por haber iniciado una guerra insensata que ha destruido la estabilidad de una región del mundo y desquició la economía mundial, si acaso, solamente porque lanzó el precio del petróleo por los cielos, pero entonces tendría que reconocer que benefició a una industria en la cual tiene intereses personales.

Los políticos son por decir lo menos cínicos, mienten con frecuencia rogando que no los descubran y si los descubren, utilizan las herramientas políticas a su favor para evadir el peso de la justicia. ¿Quién puede olvidar la frase famosa de Bill Clinton: “yo no tuve sexo con esa mujer”? Y es que resulta que a los demócratas no les convenía que cayera el presidente porque perderían la próxima elección, lo que finalmente sucedió.

Los políticos son groseros, insolentes, hipócritas, engañan, escudados en que supuestamente ellos si saben lo que hay que hacer.

Un físico escribió un libro sobre la ciencia que debe conocer el próximo presidente de Estados Unidos y tiene razón, sin conocer la importancia científica las decisiones estratégicas se dificultan, pero antes de eso habría que hacerlos leer aunque sea un libro de ética, ojala lo entiendan.

El “desmantelamiento” del IPN

Flor Goche

Considerar “usuarios de servicios educativos” a los alumnos, reconocer los estudios parciales mediante “certificados de competencias técnicas” o “títulos de técnicos superiores” y promover la migración de los estudiantes más talentosos son algunas de las reformas en puerta en el Instituto Politécnico Nacional. “La gran columna vertebral de la modernización del trabajo educativo institucional”, como define Efrén Parada –secretario académico del Instituto– a dicho proyecto, representa para profesores y estudiantes el “desmantelamiento” del proyecto educativo mexicano más importante del siglo XX

Desmantelar al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para convertirlo en un centro privado de capacitación técnica al servicio de las trasnacionales es el verdadero objetivo del Proyecto de Reglamento General de Estudios (PRGE) impulsado, desde mayo pasado, por la actual administración politécnica a cargo de Yoloxóchitl Bustamante Díez, concluyen profesores y estudiantes de esta institución educativa.

La autoridad politécnica, en voz de Efrén Parada Arias, secretario académico del IPN, no está de acuerdo. Para el funcionario, se trata de “confusiones interesadas” de “algunos grupos”. Asegura, en cambio, que “el Politécnico seguirá siendo una institución revolucionaria –por su origen y por su base filosófica– y que estará dirigida a trabajar, como desde el principio, con los sectores más desprotegidos de la población”.

Parada Arias señala que se trata, simplemente, de modificar los “aspectos operativos” de ingreso, trayectoria, permanencia y egreso de los estudiantes de esta casa de estudios. Las reformas, a decir del doctor en tecnología de alimentos, responderían a necesidades normativas en materia de movilidad, cooperación e internacionalización y a las nuevas exigencias sociales y laborales.

“Mercantilizar” la educación

El proyecto, elaborado por la Secretaría Académica y que actualmente se encuentra en fase de “consulta”, incorpora términos que han generado polémica entre la comunidad politécnica. En el artículo 3 del proyecto se integra el término “servicios educativos”, con lo que transforma a los alumnos en “usuarios de servicios educativos”.

“En nuestro país existe una tendencia general de trastocar el sistema de derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, culturales y sociales, entre éstos el de la educación, para suscribirlos como mercancías”, asegura Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quien imparte el taller El Derecho a la Educación.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México, Estados Unidos y Canadá en la última década del siglo pasado, sería el origen de la “mercantilización”, a decir del doctor en educación por la Universidad de Harvard, Hugo Aboites.

“En la legislación mexicana ya se utilizaba la palabra servicio, pero con otro sentido: como servicio a la comunidad o servicio social. Sin embargo, el TLCAN no sólo le quita a la educación el carácter de derecho, sino que la vuelve una mercancía, lo que tiene implicaciones muy fuertes”, agrega el investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco.

Reglamentar cobros

Aunque los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional garantizan la gratuidad de la educación, los “donativos” impuestos a los estudiantes son, en realidad, pagos obligatorios. Así, por este concepto ingresan alrededor de 1 mil 700 millones de pesos –el 10 por ciento de su presupuesto total–, asegura Luis Niño de Rivera, profesor con 40 años de antigüedad en el Instituto. La legislación universitaria, expedida por el Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1981, señala en su artículo quinto: “La educación que imparta el Instituto Politécnico Nacional será gratuita”.

Sin embargo, inscribirse en un programa académico, aprender un idioma, recibir atención médica, presentar un examen, practicar un deporte, todo implica pagar cuotas obligatorias, documentan alumnos del IPN. Su preocupación es que, de aprobarse el PRGE, estas prácticas se “reglamenten”.

La autoridad politécnica, en voz del secretario académico, niega que el PRGE atente contra la educación pública. Efrén Parada dice que, en el IPN, no existe ninguna asignación de cuotas por contraprestación de servicios, pero reconoce que la Secretaría de Hacienda les exige, al igual que a otras instituciones federales, ciertas “aportaciones”.

“Hay un catálogo de servicios en donde la propia Secretaría establece tarifas. Eso está mucho más allá de lo que quisiéramos hacer en esta materia porque forma parte de la estructura hacendaria.”

¿Usuarios o alumnos?

Efrén Parada señala que alumnos son las personas inscritas en algún programa académico. Y dice que usuarios, de acuerdo con el PRGE, serían quienes “atienden a una oferta específica”, como los servicios educativos complementarios: lenguas extranjeras, cursos, educación continua.

Sin embargo, en la última versión del PRGE se define como “servicios educativos” a todo lo que ofrece el Instituto, incluidos los programas académicos. Es decir, un alumno es también un usuario. Parada confirma lo anterior: “Un servicio educativo puede ser parte de lo que nosotros tenemos en la estructura académica regular; no necesariamente tiene que ser un diseño aparte”.

Las “salidas laterales”

El secretario académico del IPN acepta que el término “salida lateral” –incluido en la primera versión del PRGE– resulta polémico.

Se trata de la propuesta para que el IPN reconozca los estudios parciales de nivel medio superior o superior mediante un “certificado de competencias técnicas y/o laborales o un título de profesional asociado”.

Efrén Parada explica que no obstante haberse suprimido de la versión más reciente del PRGE, en la práctica las “salidas laterales” se mantienen. Incluso se encuentran vigentes las “carreras” de profesional asociado en telemática; profesional asociado en automatización; profesional asociado en manufactura, y profesional asociado en biónica. Se imparten en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas.

Cuestionado al respecto, Parada considera que las “salidas laterales” no rebajan la calidad de la educación. Antes bien, obedecen a la necesidad de brindar una oportunidad a los jóvenes que no logran terminar sus carreras: obtener un título intermedio que los ampare para ejercer profesionalmente.

“Que no quede en el reglamento significa que queda al interés del joven aceptarlo o no. No es una cosa que se imponga por norma, pero no podemos dejar a los jóvenes sin la oportunidad, simplemente porque hay una crítica sobre la propuesta.”

Los profesores politécnicos agrupados en la Unión Sindical Democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (USD-SNTE) consideran que las “salidas laterales”, además de desvalorizar la educación superior y depreciar la fuerza de trabajo profesional, representan la renuncia, por parte de la institución y del Estado mexicano, de asegurar la calidad de los egresados y de resolver el problema de la deserción escolar.

Víctor Moreno, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dice que mientras la legislación vigente ofrece a los alumnos “mecanismos y alternativas que garantizan la culminación de su formación académica”, el PRGE reduce las opciones de aprobación de los estudiantes, y los orilla a optar por las “salidas laterales”, a las que califica de “falsas salidas”.

Por ejemplo, el artículo 34 de la segunda versión del PRGE refiere que “cuando se modifiquen los planes de estudio de los niveles medio superior o superior, no podrá afectarse retroactivamente a los alumnos”. Sin embargo, más adelante, el mismo artículo limita este beneficio a dos ciclos escolares, incluso condiciona la inscripción al nuevo plan al cupo disponible.

Este modelo va a tecnificar más la educación que imparte el IPN, previene Hugo Aboites. “De por sí el bachillerato tecnológico bivalente del Politécnico tiene una inclinación muy fuerte a la cuestión técnica; con esto se fortalece todavía más esa idea”.

Los estudiantes agrupados en el Colectivo 23 de Septiembre consideran que el objetivo de este proyecto es hacer del Politécnico un centro de capacitación técnica al servicio de las trasnacionales, en contraste con lo que mandata su Ley Orgánica: “El IPN es la institución educativa del Estado creada para consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la Nación (…)”.

“¿Cómo van a explicar esto a los jóvenes originarios de otros estados de la república que, ante la imposibilidad de obtener títulos de licenciados o ingenieros en provincia, hacen un gran esfuerzo por venir a estudiar al Politécnico?”, se pregunta Gabriel, estudiante de ingeniería en comunicación electrónica en la ESIME-IPN, plantel Culhuacán.

Deterioro del nivel académico

Académicos señalan que la aplicación del Nuevo Modelo Educativo –que ahora con el PRGE se pretende reglamentar– ha deteriorado la calidad de la educación que imparte el Politécnico.

“Si yo comparo el nivel de mis estudiantes que actualmente llegan a posgrado y que son buenos estudiantes –tienen promedio de 8 y están becados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología– con los estudiantes que tenía hace 10 años, la diferencia es notable”, confiesa Luis Niño de Ribera, profesor en la maestría de microelectrónica y en el doctorado en comunicación electrónica en la ESIME Culhuacán.

Golpear las matemáticas, “el lenguaje fundamental para poder hablar y entender la ingeniería”, es para el catedrático el motivo principal de que el nivel de los cursos que ahora imparte en el posgrado sea el que impartía en licenciatura.

“Esto no se puede entender más que como un acto deliberado para golpear la formación de los jóvenes en aspectos fundamentales de las matemáticas, para que en México no se desarrolle tecnología y ciencia.”

Durante las últimas dos décadas, Niño de Ribera ha sido testigo de las medidas emprendidas por las autoridades politécnicas en este sentido: reducir el número de horas de matemáticas en la enseñanza de las ingenierías, no invertir en el nivel vocacional (“donde se cultiva la semilla de las matemáticas fundamentales”) y permitir que ingresen al nivel superior del Politécnico estudiantes de otras escuelas que no tienen el mismo nivel de matemáticas.

A decir de Víctor Moreno, profesor politécnico con 15 años de docencia en la institución, el criterio ha sido modificar los planes de estudio con el propósito de eliminar ciertos contenidos, los “impertinentes”, para sustituirlos por los “pertinentes”, en función de los intereses de las trasnacionales.

Niño de Ribera, quien de 2008 a 2009 fue miembro del Consejo General Consultivo –máximo órgano colegiado de consulta del IPN–, recuerda la contestación de José Enrique Villa Rivera cuando, en una de las sesiones de este Consejo, se le increpó sobre el evidente deterioro en la formación de ingenieros calificados: “Lo que nos está pidiendo Man Power y las empresas de contratación es otra cosa”, fue la respuesta del entonces director.

Movilidad, fuga de cerebros

La movilidad académica que, de acuerdo con el PRGE, consiste en el intercambio de estudiantes entre las unidades académicas del IPN y de éste con otras instituciones –del mismo país o del extranjero– contribuye también al desmantelamiento del IPN, asegura el profesor Víctor Moreno. Se trata, en realidad, de un mecanismo para institucionalizar la fuga de cerebros, pues sólo los estudiantes regulares (los que no adeudan materias) pueden participar en estos intercambios.

Pensar que en el Politécnico se genera todo el conocimiento mundial y, por tanto, cerrarse ante experiencias como ésta “sería fatal para la institución”, asegura Efrén Parada, quien define “movilidad” en términos de mejorar la formación de los estudiantes y la calidad del servicio educativo.

La movilidad significa, en el fondo, reforzar el mercado de estudiantes, asevera Hugo Aboites, estudioso del campo de la educación por más de tres décadas.

Educación a distancia

Además, el PRGE incorpora por primera vez la educación a distancia en el IPN. La define como la que “utiliza diversos medios de comunicación y sus combinaciones, proporcionando distintas posibilidades para el estudio, aun cuando alumnos y profesores se encuentren distantes”. Sin embargo, se preguntan los académicos cómo se enseñarán las disciplinas politécnicas cuando para éstas son necesarias las prácticas en los laboratorios.

Uno de los problemas históricos de la educación a distancia –desde los cursos por correspondencia en la década de 1950– ha sido que “mucha gente se inscribe y muy pocos continúan”, pues se requiere de un contexto social favorable o, en su caso, de una “disciplina de monje”, asegura Hugo Aboites.

Si bien, la educación a distancia no se sostiene por sí misma, puede resultar útil como complementaria al proceso presencial, se pronuncia el investigador.

Del modelo de educación a distancia planteado en el PRGE se desprende la figura del “profesor asesor”, que caracteriza al docente como un “facilitador”, lo que implica un cambio sustancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se trata, a decir de Víctor Moreno, de la fórmula constructivista “aprender a aprender”, que concentra la carga del proceso educativo en el aprendizaje, no en la enseñanza. “El problema es que pretenden quitarle toda la obligación a la institución y a los profesores para dejársela a los estudiantes”.

Efrén Parada sonríe espontáneamente al conocer el argumento anterior; lo rebate. Mejorar la actuación del profesor frente a la formación de los jóvenes, pero sobre todo, dotar a los estudiantes de las herramientas que les permitan mantenerse actualizados por sí mismos, es el objetivo de recurrir a la técnica moderna del autoaprendizaje, expone el funcionario.

Figuras académicas como la de “profesor asesor” o “profesor tutor” –contempladas en el PRGE, no así en el Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico del IPN vigente– pueden resultar en “algo bueno” o, en su defecto, en una absoluta irresponsabilidad institucional, considera Hugo Aboites.

Un sistema bien estructurado de apoyos y de tutorías sería excelente, manifiesta el también profesor universitario. No obstante, en éste y otros puntos, el PRGE es muy ambiguo. Además, al tratarse de un proyecto que no parte de los profesores, sino de la autoridad, las figuras de “profesor asesor” y “profesor tutor” quedarán en el nivel de iniciativas, pues, aunque se aprueben, para el sector académico no tendrán sentido.

Formación de emprendedores

La existencia de dos centros de apoyo al fomento y desarrollo empresarial –la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial y el Centro Incubador de Empresas de Base Tecnológica–, así como del Programa Institucional de Formación de Emprendedores y Promoción de Empresas Innovadoras, prueba que los planteamientos del PRGE, en este caso, el de formación de emprendedores, no son nuevos en el IPN.

Se trata de llevar a las aulas la visión neoliberal de la economía, cuyo objetivo es que los estudiantes sientan que deben ser empresarios, expone Víctor Moreno. “Es por eso que introducen una serie de materias chatarra, que en realidad son contenidos ideológicos neoliberales. Por ejemplo, en este momento, en la Escom (Escuela Superior de Cómputo) hay un curso de liderazgo”.

El Proyecto, en marcha

En los hechos, aun sin fundamento legal aprobado, “las cosas están echadas a andar”, denuncia Rosario Trejo, secretaria General del Sindicato Docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del IPN. Otros sectores de la comunidad la secundan: la autoridad del Instituto ha venido aplicando diversas medidas que atentan no sólo contra la Constitución Política del país, sino también contra una legislación de carácter federal, expedida por el Congreso de la Unión, como lo es la Ley Orgánica del Politécnico.

Efrén Parada rechaza que el PRGE sea ilegal, pero reconoce que, efectivamente, pretende legalizar una serie de prácticas derivadas del Nuevo Modelo Educativo –rebautizado en el IPN como Modelo Educativo Institucional– que, desde hace más de una década, se aplican en el Instituto. Así, de aprobarse dicho proyecto, tendrán que modificarse también normatividades secundarias vigentes, aunque, por ahora, no se ha hablado de cambiar la Ley Orgánica ni el Reglamento Interno, refiere el funcionario.

Consulta simulada

A pesar de que la autoridad politécnica asegura que el PRGE es fruto de un proceso democrático y, por tanto, responde a los intereses del conjunto de los politécnicos, estudiantes y docentes, entre éstos los que integran la Fraternidad de Catedráticos de la Unidad Profesional Santo Tomás –asociación civil que agrupa a los 70 profesores del IPN con experiencia mínima de 25 años–, manifiestan que no fueron tomados en cuenta.

Rubén del Cano –exsubdirector académico de la Escuela Superior de Comercio y Administración y presidente de la Fraternidad de Catedráticos– denuncia que la denominada Consulta del PRGE, impulsada por la autoridad politécnica desde el 27 de mayo, es una mera simulación, pues, en realidad, “nos han hecho a un lado”.

La consulta se dio poco antes de finalizar el semestre, cuando profesores y estudiantes tienen mayor carga de trabajo y los estudiantes tenían escasos 30 minutos para leer y comentar una centena de artículos. Profesores y alumnos señalan que los académicos afines a la autoridad dictaban a sus alumnos lo que debían opinar, y algunos jefes de carrera obligaban a los estudiantes a firmar un documento en el que manifestaban su conformidad con el PRGE. Agregan que la consulta no cuenta con un marco metodológico transparente.

Efrén Parada no se inmuta al escuchar las críticas. Precisamente por esas “observaciones” y por esos “errores”, provocados por alguna “mala interpretación de operar las cosas”, se decidió ampliar el plazo de la consulta (que hasta el 9 de agosto habría logrado recabar entre 50 y 60 mil opiniones); además, para que los estudiantes de nuevo ingreso tengan la oportunidad de participar en ésta, manifiesta el funcionario.

Asimismo, en un oficio dirigido a Juan Manuel Cantú, secretario General del IPN, estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que el pasado 20 de mayo pretendían realizar una feria politécnica en las instalaciones de esta escuela, denunciaron que Rosalía Torres, su directora General, intentó condicionar la realización de este evento sociocultural a garantizar, por escrito, que “no se hablaría del nuevo reglamento de estudios”.

Efrén Parada se niega a emitir cometarios al respecto; se trata de asuntos que competen a la Secretaría General del Instituto, arguye. Explica, en cambio, que el proceso de aprobación de este proyecto es aún largo: una vez concluida y sistematizada la información de la segunda etapa de consulta, se integrará una tercera versión del PRGE que llegará a la Comisión Revisora de Proyectos Legislativos para, finalmente, ser sometida al pleno del Consejo General Consultivo.

Efrén Parada se muestra orgulloso del proyecto. Al fin, fue diseñado por la Secretaría que encabeza, apoyada “por grupos técnicos que existen en cada una de las áreas de la gestión institucional, particularmente las que tienen que ver con los asuntos de escolaridad, académicos y con la parte de la gestión administrativa. Es un grupo grande de unos 50 compañeros”.

“Salidas laterales”

Empleadores rechazan “técnicos” y el Instituto Politécnico Nacional es lo que pretende formar con las “salidas laterales”: otorgar certificados de competencias técnicas o títulos de profesional asociado a quienes no concluyen sus estudios.

La medida podría parecer progresista, pero la realidad desenmascara el discurso, explica Hugo Aboites.

El sistema de universidades tecnológicas –establecido en México en 1992–, que ofrecía títulos de técnico superior universitario, luego de cursar carreras de dos años, fracasó. Quince años después de su fundación, la matrícula de las 65 universidades tecnológicas creadas no había alcanzado, siquiera, los 60 mil estudiantes, refiere el investigador.

Asimismo, los resultados del estudio Escolaridad y oferta de trabajo en una megaurbe moderna en la era de la globalización muestran que los empleadores de la zona metropolitana de la ciudad de México solicitan personal con nivel de licenciatura y, mucho menos, de nivel técnico.

Datos del estudio, correspondientes a 2002, señalan que 243 empleadores buscan personas con nivel de secundaria; 648, técnicos; 159, comerciales; 63, egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; 820, de bachillerato; 2 mil 221, de licenciatura, y 68, técnicos superiores universitarios.

Educación privada, el punto de referencia

El vocabulario de los reglamentos del Tecnológico de Monterrey tiene una gran similitud con los que se busca que adopte el Instituto Politécnico Nacional (IPN), incluido el Proyecto de Reglamento General de Estudios, observa Hugo Aboites.

Esto se debe, explica el doctor en educación, a que las políticas educativas en México (basadas en el modelo académico que en 1999 se gestó en la Unión Europea) apuntan a “uniformizar” u “homologar” la educación que se imparte en el país. Se trata, señala, de establecer un modelo de competencias comunes: habilidades, conocimientos y valores, cuyo punto de referencia es la educación privada.

“Lo peor”, asegura Aboites, ha sido la “patética” reacción de la educación pública que, en su afán de competir, ha optado por parecerse a la educación privada, sacrificando su identidad y su misión social. Esto es parte del desmantelamiento del Politécnico, apunta el profesor Víctor Moreno; al despojarlo de su esencia, el IPN “sería indistinguible de cualquier escuela particular”.

Contralínea 207 – 7 de Noviembre de 2010

Carta a los relatores de la OEA y la ONU

Álvaro Cepeda Neri

No cesan las embestidas contra editores y periodistas, sobre todo en los municipios en los que histórica y jurídicamente se origina la forma de gobierno republicano, representativo y popular, y base geopolítica del federalismo mexicano al ser la división territorial y organización política y administrativa del Estado federal (principios que buscan anular la propuesta calderonista de una policía única para dar paso al Estado unitario o Estado centralista, con o sin el golpe de Estado militar que se gesta en el militarismo de facto y al margen del artículo 29 constitucional). Varios periódicos del Norte (Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, con el ataque al diario Noroeste) y en la capital del país (la agresión a la reportera Bertha Teresa Ramírez) han padecido esas embestidas que, al aparecer, no serán las últimas en la violencia generalizada que aprovechan las pandillas fundamentalistas y el clero político. Esa ofensiva llega a los homicidios, cuya tendencia cuantitativa y cualitativa ha aumentado desde hace 10 años, con el ascenso de la derecha panista-yunquista a la sombra y protección del foxismo y el calderonismo.

Tan grave es que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) enviaron, del 9 al 24 del pasado agosto, a los relatores para la Libertad de Expresión Catalina Botero y Frank La Rue. Sólo Calderón se negó a recibirlos, porque su apretada agenda para estar en su computadora chateando con su esposa no le dejó tiempo para la entrevista. Los funcionarios cumplían con su tarea diplomática de escuchar su punto de vista. Esto no fue necesario ya que los relatores recabaron información durante 15 días, más los agravios, entre homicidios y desaparecidos que ha sufrido la comunidad periodística y que una carta abierta, dirigida a ellos y suscrita por el Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión (La Jornada, 24 de agosto de 2010), sintetizó.

Los relatores recogieron miles de testimonios de la aterradora situación que a diario viven los sobrevivientes del trabajo periodístico en México, expuestos a los abusos de gobernantes de todos los niveles. Incluyendo que de cada 10 delitos contra periodistas, dos ocurren en la capital del país, como informó el ombudsman del Distrito Federal, Luis González Placencia (La Jornada, 24 de agosto de 2010). El expediente que integraron los relatores es como para que, a la brevedad, la ONU y la OEA emitan sendos documentos que reprueben el gobierno de Calderón (y al foxismo), ya que desde 2000, “México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo”. En un reporte preliminar de 24 páginas, que entregaron al gobierno federal por Oficialía de Partes (porque los funcionarios de Calderón y él mismo se negaron a recibirlo, en abierto desprecio a la OEA y la ONU, reflejando su altanería ante la prensa mexicana), están las conclusiones que habrán de completarse y publicarse en breve.

Calderón odia a los periodistas hasta imponer inquisiciones administrativas a los medios de comunicación, para que no informen (está harto de las “cantaletas” contra su militarismo-policiaco, le refregó a la prensa de manera altanera), y arrogante, no recibió a los relatores de la ONU y la OEA, pues sabe que su informe final es suficiente para recibir una muy dura reprobación por su mal gobierno que ha permitido, por omisiones o con intención, que los periodistas sean, con cientos de miles de mexicanos más, víctimas de ataques gubernamentales y de las delincuencias. En particular, contra los reporteros: oídos, ojos y lengua de la prensa que han de investigar para informar a la opinión pública de la nación y el resto del mundo de todo lo que acontece en el país.

La carta abierta a Catalina Botero y Frank La Rue, suscrita por el Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, es una atenta misiva para confirmar que, “en los tres años siete meses del gobierno del presidente Felipe Calderón, la prensa enfrenta uno de los periodos más críticos: se multiplicaron en forma alarmante las agresiones violentas contra periodistas en el contexto de su guerra contra el narcotráfico”.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Contralínea 207 – 7 de Noviembre de 2010

Feminicidio en Juárez: cerca de la verdad

Santiago Gallur Santorum

Santiago Gallur Santorum* / Sexta y última parte

Una cruda realidad. Los medios de comunicación ubicaron 1993 como referencia de los feminicidios. Olvidaron que, en 1989, ellos mismos habían publicado notas muy parecidas entre sí sobre asesinatos de mujeres en Juárez. Sin embargo, ni siquiera esta fecha sirve de aproximación para acercarnos a los asesinatos de mujeres de forma masiva, ya que la única referencia que hay es la de los medios que únicamente informan algo cuando lo consideran consumible por el público, lo cual no quiere decir que esto no haya ocurrido antes, sólo que no era un tema atractivo para la gente. ¿Por qué? Porque las autoridades no investigaban ese tipo de sucesos, pues no eran considerados delitos, ni a la gente le importaban, porque los hombres eran los importantes.

Parte del siglo XX, México vivió un periodo de estancamiento político que provocó que determinados desarrollos sociales de otras partes del mundo ni si quiera fueran imaginados en este país. Y mientras se desarrollaba la idea de la veneración a la madre y el cortejo romántico a la novia, mujer o pareja, las novias, mujeres, parejas, hijas, hermanas, primas, amigas y amantes de otros eran aniquiladas de forma aterradora. Quedan incluso resquicios en las leyes de algunos estados de la república en los que un hombre puede asesinar legalmente a su mujer si ella le es infiel. Son los llamados crímenes de honor. El problema es que hay más “vacíos legales” de este tipo, que han contribuido a crear en el imaginario colectivo la idea de que las mujeres son seres prescindibles, cuya vida aún hoy no vale nada o casi nada, dependiendo del poder económico de la víctima y su familia. Es más, una frase popular describe muy bien la situación: “Todas las mujeres son unas putas menos mi madre y mi hermana”. La coherencia está absolutamente ausente en esta afirmación, ya que toda mujer es madre o hermana de alguien. Aun así, conseguimos entrever que, para una mayoría de la población, las mujeres todavía son ciudadanas de segunda, aunque puntualmente se las sitúe en el centro de una rueda de mariachis para demostrarle el amor de un hijo o de una pareja.

Cifras sospechosas

Ciudad Juárez es simplemente la punta del iceberg de algo muchísimo más complejo y delicado. Cuando se hizo público el tema del feminicidio, los medios tardaron poco en establecer comparaciones entre otras localidades y Juárez, afirmando rotundamente, y cientos de veces, que tal lugar superaba en “feminicidios” a la urbe fronteriza. Curiosamente, si uno prestaba atención a estas noticias se daba pronto cuenta de que un gran número de localidades, en las que se empezó a informar de este fenómeno, superaban con mucho el número de asesinatos de mujeres de Juárez que daban como oficial las autoridades. Por lo cual, se vio claramente que la relevancia mediática de la localidad sacó a la luz una problemática muy compleja y macabra que está ocurriendo a lo largo y ancho de todo el país: se asesinan mujeres de forma masiva y con total impunidad.

Si se le pregunta a las autoridades de Chihuahua, e incluso a las federales, dirán que estas cifras se sitúan dentro de la normalidad de los datos de asesinatos de violencia doméstica y de género en todo el país. El problema es que esos datos son falsos y manipulados por las mismas autoridades que investigan los crímenes, que ni siquiera han registrado como categoría legal el término feminicidio, el cual es reclamado como sinónimo de genocidio contra las mujeres por algunas feministas. Sin embargo, detrás de esta terminología, aparentemente sin importancia, se esconden la negligencia y la impunidad con la que operan las autoridades y que permite, por ejemplo, disfrazar el homicidio de una mujer, llevado a cabo con extrema violencia, con muerte natural, como han hecho ya en muchas ocasiones (Casa Amiga Centro de Crisis, Estudio Hemerográfico). Es más, si se comparan los asesinatos de mujeres registrados por las autoridades desde 1993 y los revelados por los medios locales, se puede apreciar fácilmente un importante número de crímenes no registrados por las autoridades y otra cifra igualmente relevante de asesinatos en los que la policía no informó de ellos a los medios, en una clara estrategia para ocultar información a la opinión pública.

Pero las cosas van más allá cuando analizamos el siguiente dato: según las autoridades del estado de Chihuahua, de las cerca de 4 mil 500 mujeres desaparecidas hasta 2008, la administración estatal logró localizar a la mayoría de ellas en tan sólo cuatro o cinco años (Procuraduría General de Justicia del Estado, Homicidios de mujeres en Ciudad Juárez). Lógicamente, tal información es dudosa: si algo así fue posible, estaríamos hablando de una de las policías más eficientes del mundo. El problema es que, en realidad, estamos ante una de las policías con los índices de corrupción más altos, lo cual nos indica no sólo su falta de profesionalidad, sino su facilidad para ser comprada. Así, por una suma de dinero se pueden borrar las huellas de cualquier acto delictivo. Si analizamos esto, nos damos cuenta fácilmente que una parte de la sociedad mexicana consiente, fomenta y protege la corrupción policial cada vez que intentan sobornar a las autoridades.

Más allá de lo aparente

Resulta increíble la conexión del feminicidio de Juárez con el satanismo, narco, corrupción, militares de elite, sicarios, Guerra Sucia, Brigada Blanca, violaciones masivas, guerra de baja intensidad, Escuela de las Américas, machismo, racismo, clasismo y negligencias constantes.

El narco controla, como si de una gran empresa se tratase (cosa que es en realidad), la prostitución, el tráfico de personas, la pederastia, la esclavitud sexual de niños y niñas, e incluso su venta. Lo curioso es que esto se da en las grandes ciudades, desde los barrios más pobres y degradados, hasta los más ricos. Se debe tener en cuenta que las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez eran menores de edad (hasta de siete años), que sufrieron torturas brutales, como: violaciones masivas por ambas vías, amputación de senos o pezones, empalamientos, mordiscos, golpes brutales en distintas zonas, estrangulamiento, apuñalamiento, etcétera. Estos casos son los englobados dentro de la categoría de “feminicidio sexual sistémico” (Monárrez, Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez, páginas 89-149). Precisamente aquellos en los que más negligencias se comenten, alrededor de los cuales se fabricaron los chivos expiatorios y los que nunca han sido ni serán resueltos por las autoridades. Aunque no se encuentran todas estas características en todos los crímenes contra menores de edad, sí suelen compartir algunas de estas torturas. Por todo ello, el no querer ver la relación evidente que existe entre la venta de drogas, el tráfico de niñas, la esclavitud sexual de las mismas y su aniquilamiento mediante tortura nos convierte en voluntariamente ciegos al dolor y a la tortura.

Culpables

El intentar analizar un fenómeno como éste implica la necesidad de acercarse desde todas las perspectivas posibles a nuestro objeto de estudio: se hace un análisis de los medios de comunicación, de todos los libros publicados, de los informes, se llevan a cabo entrevistas, es decir, se investiga todo aquello que aporta algo nuevo sobre el tema. El problema es que a veces se pierde la perspectiva y no se ve lo más importante, aquello en lo que el problema que estamos analizando está inmerso: la sociedad. Evidentemente, detrás de algunos de los casos del feminicidio de Ciudad Juárez está involucrado el narco, en connivencia con autoridades y ciertos empresarios y políticos prominentes de la zona. Sin embargo, responsabilizar totalmente al narcotráfico de un fenómeno tan grave no sería honesto, ya que en la sociedad en la que vivimos se esconde la clave para entender el problema en su totalidad. ¿Por qué no se han llevado a cabo investigaciones profesionales sobre el tema? ¿Por qué no se han encarcelado a los verdaderos responsables? ¿Por qué se ha consentido durante más de 16 años la fabricación de pruebas falsas, el ocultamiento de las verdaderas y la creación de chivos expiatorios? ¿Por qué después de todo este tiempo ya no se habla del tema, como si ya estuviese solucionado? Pues por una sencilla razón: ¡a nadie le importa en realidad este problema, porque la mayoría de las víctimas son mujeres, pobres y con rasgos indígenas o mestizos! Una parte de la sociedad es machista, racista y clasista, por lo que si muere una mujer casi no importa; si es indígena no importa nada y si además es pobre, importa todavía menos. Y todo esto, sumado al poder incalculable del narco, a la gran corrupción de la policial y a la creación y fomento en el pasado (por parte de Estados Unidos) de grupos paramilitares entrenados en torturas aplicadas a civiles, hace que la desidia de la población ponga la guinda a la tarta, permitiendo que centenares de sus propias madres, hermanas, hijas, compañeras, amigas y amantes sean asesinadas y torturadas de la peor forma imaginable.

¿Quiénes son los culpables de estos brutales crímenes? En realidad, los culpables, además de los que cometen el crimen, son cada una de las personas que consiente que este sistema machista y racista siga existiendo sin intentar un cambio; cada una de las personas que toleran la violencia cotidiana contra las mujeres; cada una de las personas que ejerce o fomenta la explotación sexual de niñas, niños y mujeres; cada una de las personas que corrompen, con “mordidas”, a la policía; cada una de las personas que aporta dinero al todopoderoso narco a través del consumo de drogas. Los culpables indirectos somos tú y yo, que preferimos seguir con nuestras vidas en vez de intentar detener algo que ya es demasiado grande como para mirar hacia otro lado; tú y yo, que no nos manifestamos día tras día para obligar a las autoridades a que atrapen a los verdaderos asesinos; tú y yo, que intentaremos olvidar este tema mientras no nos toque tan de cerca que ya no podamos evitar implicarnos.

Fuentes

Todo el seguimiento llevado a cabo sobre el tema por Comunicación e Información de la Mujer, AC, en: http://www.cimacnoticias.com/especiales/ciudadjuarez/; http://www.cimacnoticias.com/site/Caso-Ciudad-Juarez.193.0.html.

Casa Amiga Centro de Crisis, A C, Estudio Hemerográfico (Diario de Juárez), realizado por el Grupo Ocho de Marzo de Ciudad Juárez 1993-2009. Ciudad Juárez, 2009, http://www.casa-amiga.org/feminicidio.html.

Procuraduría General de Justicia del Estado, Homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Se hace justicia combatiendo la impunidad. México, DF, 2008, http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/pgje/uploads/SUPLEMENTO%20JUAREZ.pdf.

Monárrez Fragoso, Julia Estela, Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez. México, DF, El Colegio de la Frontera Norte, 2009.

Entrevistas realizadas del 13 al 28 de agosto de 2010 en el Distrito Federal a autoridades y personas vinculadas con la investigación sobre el feminicidio de Ciudad Juárez, el tráfico de drogas y la situación de violencia y discriminación hacia las mujeres.

*Doctorante en historia contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, España

Contralínea 207 – 7 de Noviembre de 2010

Licitación 21: proceso sucio en un país sin leyes

Marcos Chávez

La turbulenta y fétida evolución seguida por la llamada licitación 21 –que, por el momento, llevó a la ruptura de la alianza establecida entre los cuestionados ganadores, Nextel y Televisa, en virtud de la medida cautelar emitida por un juez que declara la nulidad de la empresa NII Digital que habían formado para explotar el bloque de 30 megahertz (Mhz) [por ejecutar actos habitualmente ilícitos], demanda “la liquidación inmediata de la misma” e impide realizar cualquier operación con la concesión– no es más que una consecuencia de un conjunto de factores de suyo preocupantes, por turbios, que no se solventan con dicha resolución ni se subsanarán con una nueva licitación más pulcra. Aún falta ver que el divorcio legalmente forzado no impida que Nextel conserve la concesión, porque probablemente el acuerdo no existía más que de palabra, situación desconocida porque Juan Molinar ha escondido, como secreto de Estado, los términos de la autorización. Que no sea parte de una maquinación más para tratar de limpiar el proceso y dejársela a Nextel para consolidar su monopolio. O que, después, Televisa se apodere de ella con una nueva licitación mejor maquillada para evitar nuevas impugnaciones y, sobre todo, otra avalancha de recursos de amparo como hizo Ricardo Salinas Pliego, a través de Iusacell, que en esta ocasión interpuso nada menos que 72 demandas.

Nada garantiza que estemos ante el gatopardismo: cambiar todo para que nada cambie, porque no se ha resuelto de fondo el problema.

Desde luego que las sentencias del juez vigésimo Séptimo de lo Civil con sede en la capital, que formuló el 15 de octubre las medidas citadas previamente, y del el segundo juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales con sede en Toluca, que un día antes había concedido la suspensión definitiva de la concesión y los actos jurídicos derivados de ella, son evidentemente importantes. Porque como escribió el diputado panista Javier Corral, “era imposible tanta impunidad, como el engaño mismo en la forma de constitución del consorcio que, ahora sabemos, nunca existió. ¿Cómo resolvió entonces la autoridad?”: por la “parcialidad y falta de seguridad jurídica con que se decide la materia de telecomunicaciones; por la misma ilegalidad e inmoralidad con que se llevó a cabo el proceso [de concesión de] 30 Mhz del espectro radioeléctrico nacional a Televisa y Nextel” (El Universal, 19 de octubre de 2010).

El problema es que “tanta impunidad”, “engaños”, “parcialidad y falta de seguridad jurídica”, como señala Corral, no sólo son “imposibles”, son la norma. Es la manera como ha funcionado el sistema, tanto con los priistas como con los panistas. Porque la alternancia no llegó acompañada con el imperio de las leyes; no instauró por primera vez el estado de derecho en México. Jurídicamente se opera con las mismas arbitrariedades del viejo régimen para alcanzar los fines perseguidos, sin que existan las instituciones ni los mecanismos que impongan los límites a los excesos del bloque dominante, el propio gobierno, integrado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los grupos de poder; que los obligue a respetar y someterse a la legalidad constitucional; y que se les apliquen severas sanciones cuando las violenten. Quizá lo novedoso sea que la oposición y la movilización de algunos legisladores, como Corral, y la sociedad, algunos resolutivos de la Corte, los jueces o los tribunales hayan obligado al gobierno a recular en sus desmesuras. Pero esas situaciones son excepciones que no modifican la naturaleza del statu quo, el autoritarismo del sistema político presidencialista y el capitalismo mafioso que ha sentado sus reales en el país. Eso lo sabe Corral.

También es claro que la licitación 21 –como la desaparición de la empresa eléctrica del centro y la cesión del servicio a empresas privadas, o los contratos de servicios múltiples en Petróleos Mexicanos, por citar algunos ejemplos– se debe a que los gobiernos de su propio partido han trabajado por y para los empresarios; a sus tentaciones autoritarias para administrar sin respetar la Constitución, porque no hay manera de impedirlo; a su debilidad que les ha obligado a mantener una relación promiscua con los priistas, la cual, a su vez, es compartida por ambos partidos que, en una simbiosis, también mantienen una igualmente promiscuidad con la oligarquía. Desde el Ejecutivo y el Legislativo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) han defendido sus intereses, en este caso los de los empresarios que concentran las telecomunicaciones: Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.

La privatización de los espacios públicos propiedad de la nación y la monopolización de los medios de comunicación de masas se realizaron al amparo de los gobiernos priistas y panistas. Ellos permitieron su creación, desarrollo y consolidación, con procesos de cuestionable legalidad. No como un “cuarto poder”, como lo calificó Edmund Burke –a quien se le endosa la acuñación del término; considerado el padre del liberal-conservadurismo británico–, expresión que ahora se extiende a la televisión, la radio y los servicios de transmisión de datos. En correspondencia, los empresarios defendieron, a través de los medios, a los priistas mientras gobernaron, y han cobrado espléndidamente sus favores. Ahora protegen a los panistas. ¿Quién olvida su postura ante las campañas oficiales en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Santiago Creel, Corral o los movimientos sociales? Desde luego que, al respaldarlos, también defienden sus intereses que sienten amenazados.

La concentración económica conlleva la concentración de privilegios. Telmex, Televisa y TV Azteca son verdaderos oligopolios que controlan las telecomunicaciones, que les permiten manipular los mercados, los precios, la publicidad, la calidad y cobertura de los servicios, el tipo de tecnologías empleadas y el ritmo de aplicación e impedir la entrada de otros competidores. Son enemigos de la libre competencia, con la complicidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que nada hacen para democratizar las telecomunicaciones. Al contrario, le otorgan mayores beneficios. Telmex concentra el 80 por ciento de la telefonía fija, y su participación en la móvil y lo servicios de internet no son desdeñables. El 93 por ciento de la televisión abierta es controlada por Televisa, el 65 por ciento, por medio de 225 estaciones que le fueron concesionadas y 32 afiliadas; TV Azteca, el 28 por ciento restante. Ambos también participan en la telefonía y la transmisión de datos. Televisa posee el 95 por ciento de la televisión de satélite con la empresa Sky, el 50 por ciento de la de cable –Cablevisión, Cablemás y TVI Multimedios–, pese a que existen más de 200 compañías en el país, y es dueña de 30 canales de televisión restringida. Su presencia externa es importante. En ningún lugar del mundo existe ese dominio de la telefonía y la televisión. Pero además controlan la radio, medios escritos y tienen presencia en otras actividades, como los servicios financieros, y de apuestas.

La concentración económica les ha dado un gran poder político que les permite manipular los contenidos, la información, el acceso a la publicidad de las empresas o las opiniones diferentes a las suyas: degradar la cultura. Son parte de los aparatos informales de dominación del Estado. Su poder e influencia y manipulación social los ha convertido en grandes aliados indispensables y a la vez temibles para el gobierno y los partidos afines, que aprovechan para influir u obstaculizar la toma de decisiones económicas y políticas, posición reforzada con sus legisladores propios, interferir en la vida de los partidos y los procesos electorales. Adquirieron un poder político que les permite actuar por encima de instituciones y partidos, imponer sus intereses –en un acto delincuencial, TV Azteca tomó y se robó violentamente el canal 40 y no pasó nada–, vender, otorgar o negar legitimidad a las políticas públicas, alabar, desacreditar y aplastar a funcionarios, gobiernos completos, opositores o enemigos de sus negocios. Son enemigos de la democracia.

El rechazo judicial para que Televisa y Nextel usufructúen los 30 Mhz es producto de una feroz lucha entre monopolios que quieren apoderarse del espectro radioeléctrico y reforzar su control, que nada tiene que ver con la competencia, la cobertura, la calidad y los precios, que imponen arbitrariamente y que son pésimos y onerosos. Ninguno se escapa. La medida, además, evidenció otra perversidad del sistema judicial: quien tiene dinero puede llegar a buen puerto.

No limpia un proceso turbio iniciado en el Congreso. Para subsanar el rechazo de la Corte a la llamada Ley Televisa, que no fue corregida como requirieron los ministros –y compensar la reducción de la publicidad electoral que había enfurecido a Salinas Pliego y Azcárraga–, los legisladores que quisieron imponerla con su fuerza mayoritaria, encabezados por el priista Manlio Fabio Beltrones, inventaron las licitaciones, una con dedicatoria exclusiva para ellos. Felipe Calderón, por medio de Juan Molinar, su patiño Mony de Swaan y Eduardo Mota terminaron de diseñarle el vestido, sin importarles retorcer cuanta ley se les puso por el camino.

¿Por qué razón actuaron así? Por una sencilla: Calderón, el PAN y el PRI requieren de los servicios de Azcárraga para los procesos electorales. El exsubsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth señaló a Proceso que la licitación fue “el resultado de un acuerdo del gobierno de Felipe Calderón con Televisa, con miras a las elecciones de 2012”. El PRI, porque trata de imponer en la Presidencia a Enrique Peña Nieto. De lograrlo, Azcárraga, que lo proyecta –hasta esposa le consiguió–, tendría su primer presidente.

Azcárraga y Salinas Pliego sometieron y convirtieron en sus vasallos al Ejecutivo y al Legislativo del PRI-PAN-Partido Verde Ecologista de México-Partido Nueva Alianza, que no dudaron en sacrificar parcialmente a Slim para beneficiarlos. En 2002, Vicente Fox, ilegalmente les regaló el tiempo fiscal que dispone el Estado en radio y televisión: lo redujo de 12.5 por ciento a 1.25 por ciento. Les regaló casi 30 mil millones de pesos en su sexenio. También privilegió a Televisa con la publicidad estatal: 15.4 por ciento del total, en promedio, comparado con el 2.5 por ciento que recibieron los medios públicos. En 2004, Fox le dio gratuitamente a Televisa y TV Azteca más de 400 “canales espejo” para que los utilizaran hasta 2021, que les permitirá difundir las señales de televisión digital, la tecnología que sustituirá a la actual (analógica). Entre ambas empresas, poseen 874 canales reservados hasta 2021, con un valor de 2 mil 370 millones de dólares (http://jenarovillamil.wordpress.com/2010/04/21/television-en-mexico concentracion-como-en-la-era-del-pri/).

Ahora Calderón les dará un regalo adicional: con cargo al presupuesto, subsidiará la compra de convertidores de señal analógica. Asimismo, turbiamente les cedió a precio de regalo más de 20 kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad a Televisa-Megacable-Telefónica.

Y quieren más. Son insaciables, y el gobierno, generoso.

Todo iba bien hasta que se atravesó Salinas Pliego y echó abajo el negocio de Nextel-Televisa. No porque le preocupe la competencia, sino porque no se lo dieron a él.

Queda en pie el sucio proceso: la suciedad del Congreso y el Ejecutivo; la licitación arreglada; el quebranto al erario y la nación que estuvo a punto de realizarse. Su limpieza implica: 1. Imponer la ley, castigar y destituir a los implicados en el fraude: Calderón, Molinar, de Swaan, Mota, Gustavo Cantú de Nextel, Azcárraga, los legisladores involucrados; 2. Establecer la competencia en las telecomunicaciones, que implicará desmantelar los monopolios, entre ellos Telmex, Televisa y TV Azteca, reducir su presencia, y democratizar el sector con una participación tripartita: empresarios, Estado y sociedad.

Pero eso es una ilusión en un país autoritario y propiedad de los monopolios.

Contralínea 207 – 7 de Noviembre de 2010

La Supervía Poniente, a la luz de los derechos humanos

Miguel Concha Malo

El Gobierno del Distrito Federal dio a conocer, en diciembre del año pasado, el decreto mediante el cual se anunció la intención de construir un Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur-Poniente en la ciudad de México. Llamó la atención sobre la necesidad de otorgar una concesión para explotar y administrar una vía de comunicación urbana de peaje. Poco después, en marzo de 2010, se publicó, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2010, que plantea el establecimiento de alternativas de transporte público sustentables y de calidad en favor de la ciudadanía.

Sin embargo, la Supervía Poniente contradice en los hechos el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes, ya que la realización de la obra no toma en cuenta la interdependencia de los derechos humanos; en cambio, sí violenta el cumplimiento del derecho a la vivienda, a un medio ambiente sano, a la información y a la participación. Además, con base en los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 19 de octubre en la colonia La Malinche, también se observa con preocupación la probable criminalización de la protesta social y el uso excesivo, sin justificación, de la fuerza pública.

Desde un inicio, el proyecto ha estado repleto de irregularidades, pues carece de justificaciones técnicas, jurídicas y sociales que lo sustenten. Resalta igualmente la falta de transparencia en la licitación y en la toma de decisiones de las autoridades, ya que los estudios técnicos que deberían fundamentar la figura jurídica de “utilidad pública”, bajo la cual se pretenden hacer las expropiaciones, no han sido revelados.

Entre las principales quejas de los colonos, se observa, en efecto, la falta de acceso a la información de quienes se ven directamente perjudicados, lo que les ha impedido armar una estrategia jurídica para defender su derecho a la vivienda.

Asimismo, bajo el argumento de que “ya está hecho”, las autoridades han presionado a los vecinos de las colonias afectadas para que desalojen sus viviendas y acepten el pago por las expropiaciones. Junto con la introducción de maquinaria pesada y el avance de las obras, han creado inclusive una guerra sicológica, con la que pretenden despojar de su patrimonio a cientos de familias.

El proyecto contempla además una cuota de 28 pesos por cada viaje, lo que representaría algo inviable para los residentes cercanos a la ruta de la Supervía. Y ante la falta de opciones de viabilidad, las ya de por sí saturadas vías de comunicación de la zona se volverían aún más intransitables, cuando supuestamente lo que se busca es la movilidad.

Dado que la Supervía Poniente no beneficia a todos y, por el contrario, ha desatado un conflicto social en el que se mezclan violaciones a los derechos humanos, como herramienta de exigibilidad de sus derechos, diversos grupos, colectivos e individuos conformaron el Frente Amplio Opositor a la Supervía Poniente, como un movimiento que mantiene un plantón permanente en la colonia La Malinche. Sin embargo, el pasado 19 de octubre trabajadores enviados por la Dirección General de Obras del Gobierno del Distrito Federal se presentaron, según miembros del Frente Amplio, con la intención de comenzar la construcción de la obra, inclusive haciendo uso de la violencia. El enfrentamiento, que se prolongó a lo largo del día, dejó un saldo de 15 personas heridas, entre ellas dos mujeres. Por ello es preocupante y de suma gravedad el uso de métodos represivos para resolver un conflicto social, en el que los involucrados defienden legítimamente sus derechos humanos, exigiendo un diálogo responsable, pacífico y documentado.

Pese a que, en el Distrito Federal, el discurso de las autoridades pone énfasis en la importancia de contar con un programa de derechos humanos, el conflicto en torno a la construcción de la Supervía Poniente revive el debate sobre la importancia del cumplimiento efectivo de los derechos humanos por encima de la productividad y el desarrollo económico en la planeación de las políticas públicas; aunque esta idea no predomine aún en el accionar del gobierno.

*Filósofo, sociólogo y teólogo; fundador y director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC

Contralínea 207 – 7 de Noviembre de 2010