Autor: Marcos Chávez * @marcos_contra
México llega al 77 aniversario de su expropiación petrolera sin soberanía energética: el monopolio estatal del petróleo terminó con la aprobación de la reforma energética. Pemex, en virtual quiebra técnica. El colapso petrolero se observa en el precio medio de la mezcla de exportación, que cayó de 98.79 dólares por barril en junio de 2014 a 40.47 dólares en enero de 2015
1. El despojo de la responsabilidad exclusiva del manejo integral de los hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex) como representante del Estado. La relevancia constitucional de la empresa es reducida al mínimo. Deja de ser un organismo descentralizado y es convertido en una simple “empresa competitiva”, con una actividad limitada a la exploración y explotación de unas cuantas áreas petroleras y la producción de unos cuantos productos derivados, la cual estará restringida por escasos recursos financieros, sus onerosos pasivos y la excesiva carga fiscal, además de que estará ambiguamente regulada, lo que le permitirá a sus administradores mantener la opacidad sus operaciones y dificultará la supervisión de las mismas, como es común en una sociedad democrática. Pemex será un jugador más del mercado y su futuro es incierto, ya que, en condiciones desfavorables –tecnológicas, en infraestructura, operativas, financieras–enfrentará un escenario competitivo adverso.
2. La apertura de toda la cadena
productiva petrolera a la participación del capital privado local y
trasnacional, por medio de una diversidad de contratos, desde la
exploración y explotación de hidrocarburos hasta la comercialización de
los productos terminados, y la redistribución de la renta petrolera
desde el Estado hacia los nuevos participantes de la industria.
La reforma energética cierra la
dilatada parábola de desmantelamiento y reprivatización petrolera
iniciada por Miguel de la Madrid, que en 1986 cedió al empresariado la
producción de 40 de los 70 productos petroquímicos básicos; medida
seguida por la fragmentación de Pemex, los proyectos de impacto
diferido en el registro del gasto (Pidiregas) zedillistas y los
“contratos incentivados de servicios” calderonistas, entre otras, con
los que se pretendió resolver los problemas operativos y financieros
que caracterizan a la industria referida, revertir el deterioro
tecnológico y de la infraestructura, la declinación de las reservas y
la producción crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos; de las
exportaciones.
Dos proyectos de nación
A menudo, el contraste de los
resultados arrojados por dos proyectos de nación distintos, que dicen
aspirar a los mismos objetivos por diferentes senderos, resulta
francamente odioso. Sobre todo para aquellos cuyos saldos son
palmariamente desastrosos.
Ése es el caso de Argentina y
México, por ejemplo, cuyos gobiernos profesan credos ideológicos,
políticos y económicos diametralmente distintos. Aquel milita en el
bando antineoliberal. Éste en la internacional neoliberal. Ambos, con
sus reformas energéticas radicalmente opuestas, prometen avanzar
estratégicamente hacia la soberanía y la autosuficiencia petrolera de
sus países.
Cristina Fernández busca alcanzar
esas metas a través de la nueva nacionalización de la empresa
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Carlos Menem la había
subastado en 1992, amparándose en la supuesta ineficiencia del
organismo, la cual sería subsanada con su conversión en una virtuosa
entidad privada y extranjerizada. No obstante, en abril de 2012, la
presidenta argentina la recupera para el Estado. Responsabiliza a la
española Repsol, que se había apoderado de YPF en 1999, de la crítica
situación energética de su país: la caída drástica de las reservas
probadas de petróleo y gas, debido a su sobreexplotación y la falta de
inversiones destinadas a su reposición y el mantenimiento de la
infraestructura de la industria; la reducción de la producción de esos
productos, que obliga a importarlos en 2011, por primera vez desde
1994, para compensar los problemas de abastecimiento interno; la
especulación de los precios domésticos de sus derivados; la pérdida de
ingresos fiscales del Estado; la “política de vaciamiento” financiero
de la filial YPF, con la transferencia de sus utilidades a hacia la
matriz.
Caso argentino
¿Cuáles han sido los frutos de
esas estrategias opuestas? Para Argentina la cosecha no es
despreciable. Según Miguel Galuccio, responsable de la era reestatizada
de YPF, en 2014 las reservas probadas de su país aumentan 11.9 por
ciento con relación a 2013, año en que habían subido 10.6 por ciento.
El índice de reemplazo de reservas, que mide la relación entre los
hidrocarburos extraídos y las nuevas reservas incorporadas, es de 163
por ciento. En 2013 el índice había sido de 153 por ciento y fue
considerado como el más alto de los últimos 14 años. Cuando el índice
supera el ciento por ciento, indica que se incorporan más reservas de
las que se extraen.
La producción de hidrocarburos se
eleva 13.5 por ciento, el nivel más alto en la historia de la compañía,
superando el récord de 2013, cuando había aumentado 10.6 por ciento; la
de petróleo crudo crece 5.3 por ciento y la gas 25 por ciento. Esa
mejoría se debe a la ampliación de la inversión pública (llega a 58.9
mil millones de pesos argentinos), 97.3 por ciento más que en 2013.De
ese monto, 49.1 mil millones se destinan a la exploración y producción
(sector upstream), 115 por ciento más, y 8.4 mil millones a la
refinación del crudo y procesamiento y purificación del gas natural, la
comercialización y distribución de sus derivados (gasolinas, querosén,
diésel, gas natural y licuado, petroquímicos (sector downstream), 71
por ciento más.
La utilidad operativa de YPF en
2014 es de 19.7 mil millones de pesos, 64.3 por ciento más que en 2013.
El beneficio antes del pago de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones (EBIDTA, por su sigla en inglés) crece 73 por ciento. La
utilidad neta, después del pago de esos conceptos es de 9 mil millones
de pesos, 59 por ciento más que en 2013. Dos años de ganancias
consecutivas y ascendentes, pese al desplome de los precios
internacionales del crudo en 2014.
Al momento de recuperar el Estado
el control de YPF –que en 2011 contribuye con el 36 por ciento de la
producción nacional de crudo y condensados y el 23 por ciento del gas–,
la situación energética de Argentina es crítica. Los indicadores
petroleros básicos muestran que en ese momento “el modelo privatista
está agotado”, como señalan los economistas Agustin Crivelli y Andrés
Asiain en su informe La explotación de hidrocarburos en Argentina.
Estudio de caso: YPF, SA, postura compartida por Mariano Barrera en su
trabajo La lógica de acumulación del sector hidrocarburífero en
Argentina. El gobierno tiene dos opciones: aceptar resignadamente la
pérdida de la autosuficiencia y la soberanía petrolera, debido a la
decisión de Repsol que, de acuerdo con su interés privado y no el de la
nación huésped, decide maximizar la extracción de los campos
adjudicados, sin realizar nuevas inversiones requeridas para restituir
el agotamiento de reservas explotadas, pese al compromiso asumido con
la reprivatización; o revocarle la concesión.
Según
los expertos citados, entre 1989 y 2010 el horizonte estimado de vida
de las reservas de petróleo (relación entre la producción anual y las
reservas, que incluye las probadas y la mitad de las probables) cae de
14 años a 9.5 años y la de gas de 34 años a 7 años. Datos de la Agencia
Internacional de Energía estadunidense indican que las reservas
probadas caen de 12.6 años a 10.9 años entre 1998 y 2011. La Secretaria
de Energía argentina indica que la producción de crudo de YPF-Repsol
declina 3.5 por ciento en promedio anual entre 1999 y 2011. Sin
embargo, entre 2004 y 2011 decrece cada año y promedia una caída anual
de 6.7 por ciento.
Entre 1998 y 2011 las
exportaciones de Repsol pasan de 904 millones de dólares a 669 millones
de dólares; caen en 26 por ciento. Las importaciones aumentan de 96
millones a 1 mil 180 millones, en 1 mil 125 por ciento. Su saldo pasa
de un superávit de 808 millones a un déficit de 510 millones. La
balanza energética total pasa de un saldo positivo por 1.5 mil millones
de dólares a 3.7 mil millones. En 2013 llega a 8.1 mil millones de
dólares y en 2014 a 7.4 mil millones de dólares. Es el coletazo
postrero de la privatización petrolera.
Asiain y Crivelli sostienen que
el creciente agotamiento de reservas de YPF “no es consecuencia de una
ineficiente gestión empresarial, sino fruto de una estrategia global de
la multinacional española”. Repsol obtiene sus mayores ingresos en
Argentina, pero reparte más de 90 por ciento de sus dividendos e
invierte en Alaska (Estados Unidos), en el Golfo de México, en el
Caribe y en el Norte de África. “Usan las ganancias que les dejan los
pozos descubiertos en la época en que YPF era estatal para fondear
inversiones en otros países”. “Se trata de una lógica predatoria que
hace caer las reservas en forma vertiginosa”. Barrera llega a la misma
conclusión: “El problema es que en las últimas 2 décadas las empresas
petroleras no reinvirtieron utilidades ni generaron inversiones de
riesgo. Sólo explotaron yacimientos ya conocidos”.
Los resultados de YPF en 2014
validan económica y políticamente la nacionalización de la empresa y al
proyecto de desarrollo que lo sustenta: la recuperación estratégica de
los hidrocarburos. Se necesitaba un golpe de mando como lo hicieron
Rusia, Bolivia, Ecuador o Venezuela, por mencionar algunos gobiernos
progresistas.
Caso mexicano
En México, el gobierno federal
prefirió la reprivatización. El Reporte de resultados 2014 de Pemex,
del 27 de febrero, y los indicadores petroleros de enero de 2015
muestran a una empresa en virtual quiebra técnica y un sector de
hidrocarburos en incontenible declive.
El estado de resultados
consolidado de Pemex reproduce su incesante deterioro contable,
registrado desde la década de 1980, como consecuencia de crisis de la
deuda gubernamental externa, los agobios financieros del Estado, la
petrodependencia fiscal y las pérdidas arrojadas por la empresa casi
todos los años en sus hojas de balance después del cúmulo de impuestos
pagados a la hacienda pública.
En 2014, el segundo año peñista,
Pemex es doblemente víctima. Por un lado, por el agravamiento de sus
contribuciones fiscales. En 2013 sus impuestos pagados superan en 24
por ciento al total de sus rendimientos. En 2014 en 55 por ciento.
Por otro lado, es víctima de la
disputa por el mercado petrolero y los conflictos geopolíticos entre
las grandes potencias y los principales productores de crudo que llevan
a una guerra de precios. La cotización marcadora del crudo promedio
(Brent, West Texas Intermediate y Dubai Fateh) se derrumba de 105.49
dólares por barril en junio de 2014 a 47.45 dólares por barril, su
nivel más bajo desde 2005. En febrero de 2015 se ubica en 54.93 por
ciento.
El
colapso petrolero arrastra hacia el abismo el precio medio de la mezcla
de exportación. Cae de los 98.79 dólares por barril en junio de 2014 a
40.47 dólares por barril en enero de 2015. Su cotización más baja desde
abril de 2005, cuando fue de 39.86 dólares por barril.
La combinación del menor precio
con la sistemática declinación del volumen de las exportaciones y el
aumento de las importaciones de petrolíferos, gas y petroquímicos,
reduce de manera importante el superávit comercial de Pemex y su
rendimiento bruto, que cae 6 por ciento. El incremento de los gastos
administrativos disminuye su rendimiento de operación en 15 por ciento.
Lo mismo ocurre con su rendimiento antes de impuestos y derechos, que
declina 31 por ciento, afectado por el alza de los intereses pagados
por sus pasivos internos y externos y por las pérdidas cambiarias.
Una vez cubierto los compromisos
tributarios (derechos sobre extracción de petróleo, gravámenes a los
rendimientos petroleros, impuesto sobre la renta y otros), las
menguadas ganancias se desvanecen en la bóveda hacendaria y Pemex
aparece con una pérdida neta: 263.8 mil millones de pesos, 55 por
ciento más que en 2013.
Si a esos números rojos se añade
el concepto de “otros resultados integrales” (inversiones disponibles
para la venta, las ganancias o pérdidas actuariales por beneficios a
empleados y efectos por conversión), la pérdida integral de Pemex se
eleva a 532.7 mil millones, equivalente a 36.2 mil millones de dólares.
En 2013 había sido superavitaria.
Cada año, entre 1998 y 2014, Pemex presenta pérdidas después del pago de impuestos, con excepción de 2006 y 2012.
Como es natural, la precariedad
financiera de Pemex tiene al menos un par de efectos. Le obliga a
endeudarse crecientemente para compensar sus restricciones
presupuestales. En 2014, su deuda financiera total se eleva 36 por
ciento más, ubicándose en 77.7 mil millones de dólares, similar a la
del gobierno federal, que es de 78.6 mil millones y equivale a 6.3 por
ciento del producto interno bruto (PIB).
Su balance general consolidado
muestra que sus pasivos totales superan a sus activos, lo que arroja un
balance patrimonial negativo por 770 mil millones de pesos, 52 mil
millones de dólares. Esa cantidad es 315 por ciento peor que en 2013.
Con indicadores de esa naturaleza
y sin una estrategia razonable que la vuelva sustentable financiera y
operativamente, que garantice utilidades netas aceptables después del
gasto de impuestos, cualquier empresa será considerada en quiebra
técnica. Hace tiempo hubiera declarado en bancarrota. La reforma
energética peñista vuelve inviable el futuro de Pemex y no sería
extraño su ulterior extinción.
El otro efecto es su incapacidad
para cumplir sus metas operativas. Prácticamente todos sus indicadores
evidencian su creciente deterioro: declinan los pozos terminados y el
promedio de los pozos en operación y los equipos de exploración. Cae la
extracción de crudo y la producción de petrolíferos –gasolinas
automotrices, combustóleo, diésel, gas licuado de petróleo (GLP),
turbosina y otros– y petroquímicos básicos y secundarios. La
precariedad productiva tiene que ser compensada con la creciente
importación de los mismos para evitar el desabasto del mercado interno.
Con el castigo presupuestal al
que ha sido sometida la exparaestatal desde 1983, y la sobrecarga
fiscal que padece desde 1998, difícilmente podría esperarse un
desenlace distinto. Pero esa situación no es más que la expresión de un
proyecto de nación que supone que la reestructuración energética y
petrolera transita por el desmantelamiento de la estructura
paraestatal, la reducción de la rectoría estatal al papel de
administradora de concesiones –que no recaerá en Pemex–, la
reprivatización y la transnacionalización. Al interés privado del
capital se le trasfiere el interés nacional de la “modernización
energética”.
Dos años difíciles
Por si no fueran suficientes los
tormentos de Pemex de los 33 años precedentes, su tragedia se agudizará
en 2015 y 2016, merced al desplome de los precios internacionales del
crudo, iniciado en el segundo semestre de 2014 y el cual se ha
mantenido en el primer trimestre del año en curso; sus secuelas
desestabilizadoras sobre las finanzas públicas y el programa económico
propuesto para el tercer año peñista, el cual es desbordado por la
realidad petrolera desde su discusión en el Congreso de la Unión; el
ajuste fiscal ortodoxo impuesto el 30 de enero ante la pérdida de
divisas e ingresos fiscales petroleros (el recorte del gasto público
por 124.3 mil millones de pesos, equivalente a 0.7 por ciento del PIB),
y los esperados en lo que resta del año, ya que la pérdida de recursos
estatales pueden ser del orden de 200 mil millones de pesos; y la
carencia de un plan contingente anticrisis gubernamental que guie una
economía que navega a la deriva.
Es
el retorno de los tiempos de la improvisación de la infausta fortuna.
Como en los dorados tiempos del neoliberalismo criollo, aferrados al
madero del destino inescrutable.
El presupuesto para 2015 fue
planeado, primero, sobre la base de un precio de 82 dólares por barril,
en promedio, el cual, luego, es reducido a 81, y posteriormente a 79
dólares. Aun cuando éste cierra 2014 en 52.36 dólares, la plataforma de
producción y exportación es estimada en 2.4 millones de barriles
diarios y 1.09 millones de barriles, respectivamente.
Sin embargo, según Pemex, el
precio en enero se ubica en 40.15 dólares por barril, 49 por ciento por
debajo del estimado, en 39 dólares menos. La producción de crudo es de
2.3 millones de barriles diarios y las exportaciones de 1.3 millones de
barriles diarios.
El saldo comercial se derrumba 75
por ciento al pasar de 1 mil 547 millones de dólares a 392 millones, lo
que representa una pérdida de 1 mil 155 millones de petrodivisas.
Los ingresos petroleros del
sector público presupuestario se desploman 43 por ciento, en términos
reales, el déficit crece exponencialmente: de 4.9 mil millones de pesos
en enero de 2014 a 95.1 mil millones de pesos en el mismo mes de 2015,
el cual tuvo que ser financiado con el endeudamiento externo, que se
dispara en 77 por ciento, en términos reales, pasa de 72 mil millones
de pesos a 131 mil millones de pesos. El saldo negativo del gobierno
federal pasa de un superávit por 10 mil millones de pesos a un déficit
por 40.4 mil millones de pesos, según datos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Ante el desorden de los ingresos
públicos, las nulas probabilidades de que el precio del crudo de
exportación recupere su nivel presupuestalmente previsto (salvo que
ocurra una contingencia relevante que los impulse hasta ese nivel) y el
escaso oficial por elevar los impuestos para compensar los ingresos
perdidos, sólo quedaba la opción del ajuste fiscal ortodoxo: recortar
el gasto.
En la redistribución de los
costos del ajuste dentro de la administración pública, a Pemex, que
proporciona un tercio de los ingresos estatales, le corresponde la
mayor carga: el 49 por ciento del total. Es decir, su gasto se reducirá
en 62 mil millones de pesos, equivalente a 11.5 por ciento del total
originalmente presupuestado para 2015 (540 mil millones de pesos, 35.5
mil millones de dólares).
En esas circunstancias, la
flamante “empresa competitiva” llega al mundo abollada. Al iniciar su
segundo año de vida el infante se verá obligado a postergar parte de
sus inversiones productivas y operativas, de acuerdo con Emilio Lozoya,
director de Pemex.
En el efecto en cascada, la misma reforma petrolera ha sido afectada.
Ante las escasas posibilidades de
que llegue la avalancha de inversiones privadas previstas, estimadas
oficialmente en unos 35 mil millones de dólares anuales, y cuyo monto
ha sido reducido en 10 mil millones, prácticamente han sido cancelados
los proyectos en aguas profundas y en los yacimientos de esquisto, en
espera de mejores tiempos.
El problema es que podría consumirse el sexenio peñista sin que ellos lleguen.
El consejo de Chicago: aprovechar la conmoción
Milton Friedman siempre aconsejó
aprovechar las épocas de crisis porque éstas “facilitarían el proceso
de ajuste”. Asimismo, recomendó que las medidas deberían aplicarse
rápidamente. Como un “tratamiento de choque” económico.
Los
gobiernos mexicanos han sabido aprovechar plenamente las adversidades.
Y el actual no parece ser la excepción: aprovechará la conmoción fiscal
para avanzar en la reprivatización y transnacionalización petrolera.
Podrían retrasarse la concesión
de contratos privados en aguas profundas y en lulitas. Pero no en aguas
someras, mientras Pemex, inhibido por el recorte presupuestal, está
obligado a retrasar sus programas de inversión en exploración y
extracción, procesamiento y distribución.
“Como hay menos dinero, tenemos que disminuir el ritmo de inversión de estos proyectos”, dijo Lozoya.
Por ejemplo, Fomento Económico
Mexicano (Femsa) acaba de anunciar la ampliación de sus puntos de venta
de gasolinas. En el reparto de la renta petrolera, Pemex compartirá un
proyecto de licuefacción de gas natural ubicado en su terminal de
recibo, almacenamiento y regasificación Energía Costa Azul, localizada
en Ensenada, Baja California, con las empresas Infraestructura
Energética Nova, SAB de CV (IEnova) y su filial Sempra LNG.
También habría perdedores. La
decisión de Pemex por cambiar su estrategia de transporte de
combustibles por ductos, con el objeto de evitar los robos, podría
perjudicar la calidad que afectaría a los consumidores.
Pero quizá lo más relevante hasta
el momento sea la oportunidad que se tiene para llevar adelante un
aspecto importante de la reforma petrolera: despedir a trabajadores
petroleros, modificar el contrato colectivo de trabajo y privatizar las
pensiones de los futuros trabajadores del ramo, entre otras medidas.
Los trabajadores petroleros serán sometidos a la lógica del mercado
laboral, que no ha sido generoso con el resto de los trabajadores.
La próxima importación de 100 mil barriles diarios de crudo acelerará la integración energética a Estados Unidos.
Marcos Chávez M*, @marcos_contra
*Economista
No hay comentarios.:
Publicar un comentario